Ocho años han pasado desde el anuncio de la creación de una fábrica de satélites en el pequeño pueblo de Borburata, en el estado Carabobo (centro de Venezuela). Su apertura se ha retrasado tres veces. En la búsqueda de la “soberanía e independencia tecnológica” para la construcción de este centro de desarrollo espacial, se han invertido más de 125 millones de dólares y la comunidad vecina sigue sin ver los beneficios.
En la entrada de lo que será la fábrica de pequeños satélites no hay vallas informativas ni señales que prohíban el paso. A lo lejos se ven cuatro obreros protegiéndose del sol inclemente en un pequeño tractor. Conversan, se ríen, revisan sus teléfonos celulares, mientras, a su lado, uno de sus compañeros lucha con una sierra manual para cortar lo que, pareciera, servirá como tubería de aguas negras. Al escuchar la pregunta sobre la marcha del proyecto uno de los obreros exclama sin dudar: ¡Ay no, ahora es que le falta!
Un poco más adentro el encargado impide el paso. “Esta es una zona militar. Si un guardia te ve aquí puedes ir presa”. A lo lejos se insinúan las bases que soportarán una estructura y más allá dos edificios terminados pero deshabitados. Nadie da razón de cuándo será la inauguración, ni de cuánto se ha avanzado. “No estamos autorizados, el único que puede hablar es el señor Víctor Cano”, afirma el ingeniero civil Héctor Bravo quien se encontraba en la obra.
Cano es geólogo y fue presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Desde enero de 2013 ejerce como presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), que espera convertirse al cabo de unos años en una suerte de Nasa venezolana. Uno de los proyectos pilares de la agencia es el Centro de Investigación y Desarrollo Espacial, mejor conocido como la pequeña fábrica de satélites, enclavada en el pequeño pueblo costero de Borburata, estado Carabobo, en la región central del país. Todo lo que allí se construye es consecuencia de la aprobación en 2008 de un contrato entre Venezuela y la Corporación Industrial Gran Muralla China (China Great Wall Industry Corporation). El país ya no sólo pondría en órbita satélites, sino que tendría en su territorio una fábrica para construirlos.
Como parte de la búsqueda de la llamada “soberanía e independencia tecnológica”, el gobierno bolivariano –bajo las directrices de la República Popular China– ha lanzado al espacio dos satélites: el Simón Bolívar para telecomunicaciones y el Miranda para observación terrestre. Hace ocho años anunció la construcción de un centro de desarrollo espacial en el país para la fabricación del tercero y demás objetos aeroespaciales. Después de un contrato no público con la corporación China, más de 100 millones de dólares en créditos adicionales y desembolsos del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) y otros entes, la pequeña fábrica de satélites de Borburata sigue sin entrar en funcionamiento.
Lo que podría ser el cambio más resaltante en la marginal historia de ese poblado es apenas una construcción a medio levantar y una lejana promesa de una vida distinta. Entre los parroquianos no podría calar mucho un eslogan del tipo “Independencia tecnológica y desarrollo espacial”. Borburata apenas luce como un pueblo tranquilo y aburrido. El tiempo no es problema aquí. A las diez de la mañana de un martes laborable los obreros descansan al lado de la construcción de lo que será el complejo aeroespacial. Más allá, después de un camino arbolado y sombrío, un par de viejos están sentados en sus respectivas sillas de alambres viendo a la gente pasar.
Es un pueblo de pocas calles, todos se conocen y también todos comparten dos preguntas: ¿qué vino a hacer una fábrica de satélites en Borburata? ¿Por qué si se ha invertido tanto dinero todavía no ven los frutos? “Nosotros esperamos que se culmine el proyecto. El sueño de Chávez era ese. Yo lo escuché en las cadenas diciendo ‘se aprobaron tantos millones para la ensambladora de satélites’. No sé si es un elefante blanco o qué es lo que es”, comenta Nancy Vizcaya del Consejo Comunal El Manglar.
Armando.info solicitó una entrevista con el presidente de la ABAE, Víctor Cano, en la sede administrativa de la agencia en la Base Aérea la Carlota en Caracas, para conocer más sobre el presupuesto invertido en la obra, pero hasta la publicación de este reportaje no se ha recibido respuesta.
Borburata forma parte de la alcaldía de Puerto Cabello y queda a escasos kilómetros del puerto marítimo más importante del país. Pocos conocen que es uno de los pueblos más antiguos de Venezuela con 474 años de fundado y menos que fue el sitio escogido por el gobierno bolivariano para la construcción de la pequeña fábrica de satélites. “Me imagino que debe estar en fase de culminación. Pero aquí no nos han dicho la fecha de inauguración y ni siquiera por qué escogieron a Borburata”, expresa Maryori Meza vecina de la zona.
El ex ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación y ahora vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, durante una entrevista radial en 2012 explicaba, con motivo del lanzamiento del satélite Miranda, que la fábrica en Borburata tendría un costo aproximado de 63 millones de dólares. Eso, en sus palabras, significaba “una inversión a largo plazo para adaptar la ciencia y la tecnología a las necesidades sociales”. Sin embargo, este proyecto sólo en créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional supera ya los 100 millones de dólares.
El primero de los créditos adicionales se aprobó en 2011, y fue publicado en la Gaceta Oficial número 39.717, por un monto de 341 millones de bolívares. Lo que equivalía a un poco más de 79 millones de dólares al cambio oficial del momento. Menos de un año después, a mediados de 2012, a través de un crédito adicional al presupuesto de gastos vigentes del Ministerio de Tecnología, la fábrica de la agencia espacial recibió 149 millones de bolívares más, equivalentes a 23 millones 650 mil dólares al cambio oficial de ese año. Sólo en créditos adicionales son 102 millones de dólares.
Según publicaciones de la Agencia Venezolana de Noticias, el Centro de Diseño Ensamblaje, Integración y Verificación de pequeños satélites también habría recibido fondos del Fonden, entidad creada en 2005 por el Ejecutivo Nacional para invertir el dinero proveniente de la renta petrolera en proyectos sociales. En julio de 2012, el entonces presidente Chávez aprobó en un punto de cuenta otros 24,8 millones de dólares.
El Fondo de Desarrollo Nacional no rinde cuentas a la Asamblea Nacional desde el 2008, tampoco posee un presupuesto asignado fijo por lo que ha sido criticado duramente por sectores de la oposición que lo han catalogado de poco transparente y sin posibilidad de ser auditable.
Además del costo original del proyecto que se desconoce, los créditos adicionales y el dinero proveniente del Fonden, en agosto de 2013 la entonces ministra de Información y Comunicación de Venezuela y ahora canciller, Delcy Rodríguez, informó a través de su cuenta de Twitter que se asignaban nuevos recursos para los proyectos: “Satélite Bolívar, Satélite Miranda y Fábrica de pequeños satélites de la ABAE”. En el tweet adjuntó la firma del documento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, de fecha 17 de agosto de 2013, sin especificar los montos aprobados.
Estos últimos recursos no aparecen publicados en la Gaceta Oficial ni tampoco los términos específicos del contrato con la República Popular China para la construcción de la fábrica. Van más de 125 millones de dólares desembolsados sin incluir el costo inicial del proyecto.
Desde el comienzo de la llamada Revolución Bolivariana en 1998 hasta la actualidad, Venezuela tiene más de 450 contratos y convenios firmados con China, en especial en las áreas de telecomunicaciones y tecnología. En la construcción de una fábrica para ensamblaje de productos aeroespaciales los asiáticos no podían quedar afuera.
El 26 de marzo de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial número 38.896 la aprobación de los términos y condiciones del contrato entre la República Bolivariana de Venezuela con la Corporación Industrial Gran Muralla China, domiciliada en Beijing, para el diseño y puesta en funcionamiento de la pequeña fábrica de satélites.
La Industrial Gran Muralla China es, como parte de la Corporación Aeroespacial China, la organización autorizada por el gobierno de ese país para proveer servicios y tecnología espacial a clientes internacionales. Este grupo ha sido sancionado por los Estados Unidos en diversas oportunidades por exportar misiles a países que son considerados motivo de preocupación, como es el caso de Irán. En Venezuela no sólo tienen el contrato para la puesta en marcha del centro de Borburata, también fueron los encargados de la construcción y el envío al espacio del satélite Miranda en el año 2012.
Y aunque existe un contrato con China, las contratistas a cargo de la obra civil son venezolanas. “La obra ha estado a cargo de varias empresas venezolanas. Estamos cumpliendo estándares chinos y su función es más de asesoramiento. En la parte interna sí ha habido intervención de los chinos, sólo en lo técnico”, explica Lenin Luna, director general de normalización en ABAE.
Unas seis empresas venezolanas han participado en la construcción de la fábrica ya sea en la adecuación del terreno, perforación, seguridad, vialidad o levantamiento del centro, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas. Las dos principales son: Dell' Acqua, C.A. y Construcciones e inversiones Fergo. Ambas explican ante el registro que el servicio que prestan es el de “suministro e instalación y puesta en marcha del centro de investigaciones y desarrollo de la ABAE”.
Dell’Acqua es una empresa de Guayana con más de 50 años de funcionamiento perteneciente a las familias Biocchi y Guardazzi Rivero. Entre sus clientes destacan PDVSA, el Instituto Ferroviario, Ministerio del Ambiente, Siderúrgica del Orinoco y la Gobernación de Monagas. Según su registro nacional de contratistas, entre 2011 –fecha en la que recibieron el contrato– y 2014 avanzaron sólo 29%. Por su parte, la empresa Construcciones e inversiones Fergo, que se unió al proyecto en el año 2012, registra un avance de 70%.
Uno de los procesos que va a mitad de camino es el de la infraestructura de servicios básicos, vialidad interna y sistema de seguridad que está a cargo de la constructora Cadesco,C.A. Según la información en el Registro Nacional de Contratistas han ejecutado 55%.
Debido a los atrasos en la obra, el tercer satélite de Venezuela que seguirá la tradición de sus antecesores llevando el nombre de un prócer venezolano, Antonio José de Sucre, no será ensamblado en el país como se había anunciado. “Había un plan inicial de construir el siguiente satélite en la fábrica, pero por la situación país eso no se logró. Ha habido retraso, pero se ha seguido avanzando bien y estamos en proceso de instalación de equipos ya. El satélite Miranda cumplió tres años, cuando deje de funcionar, en el 2017, se lanzará el Sucre que están construyendo nuestros muchachos en China”, explica Lenin Luna.
La apertura del centro se ha retrasado tres veces. Primero se informó que sería inaugurado en el año 2012, luego la fecha cambio a marzo de 2014 y finalmente se dijo que durante 2015 estaría en funcionamiento. Los vecinos de Borburata esperan que las promesas que hicieron las autoridades se cumplan en su totalidad. “No nos hemos beneficiado. Dijeron que iban a instalar fuente eléctrica y no lo han hecho. Tampoco han mejorado la carretera”, comenta un habitante de la zona, Pedro Rivero, a quien más allá de si se fabrica o no un satélite en Venezuela lo que le interesa es que solucionen otros problemas que para él son prioritarios en su comunidad: salud, vialidad y terrenos invadidos.
En el pueblo existe una especie de nube de humo en relación al proyecto. Muchos rumores y poca información concreta: que si los chinos han desfalcado al Estado, que deforestaron el parque nacional y se llevaron minerales valiosos, que dentro de la construcción hay un cuarto revestido de plomo que puede provocar efectos tóxicos. Mientras tanto, algunos vecinos sólo esperan que la fábrica se inaugure porque, según les informaron, eso mejorará su señal de Directv.
Los vecinos explican que sí han recibido ciertos aportes, pero exigen más de la agencia espacial a cargo del proyecto. Tal como explica Nancy Vizcaya: “no le hemos visto el beneficio social todavía. Pensábamos que nos iban a arreglar la medicatura, a dar una ambulancia, a arreglar la plaza, los colegios, pero nada. El pueblo ha nacido para perder, ellos siempre ganan”.
Gracias a un acuerdo entre gobiernos, la empresa china Haier apoyaría la creación de una fábrica venezolana con insumos y transferencia de 'know how'. Si se hubiera hecho realidad, para este 2021 ya casi todos los hogares venezolanos tendrían una nevera, una lavadora y un aire acondicionado de esa marca hechos en Venezuela. Sin embargo, al tiempo que proyectaba la producción local de electrodomésticos baratos, el gobierno de Hugo Chávez importó 750 millones de dólares de aparatos de la misma marca solo para uno de sus programas sociales, y la fábrica nacional fue una decepción.
La debacle de la gran siderúrgica venezolana, en manos del Estado, rima: Cero Acero. En 2019 no consiguió producir nada. Justo en agosto de ese año se atascó el último intento por salvarla: un proyecto con China para construir una máquina que fabricaría tubos especiales para la actividad petrolera. Quedó sin culminar, a pesar de los casi 100 millones de dólares invertidos. Ahora arriesga en convertirse en un vestigio herrumbroso del sueño de convertir a Guayana en un polo de la industria pesada.
El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
En dos países de regímenes “bolivarianos”, Ecuador y Venezuela, la inversión china ha encontrado durante los últimos diez años unos socios ávidos de negocios. El gigante asiático ha inyectado en ambas naciones ingentes recursos financieros y para obras de infraestructura. Muchas de ellas inconclusas. Pero la otra cara de la moneda está en las condiciones impuestas a los socios en los contratos leoninos que hacen suscribir las entridades y empresas chinas a sus pares locales: en pleno s. XXI, la previsible potencia del futuro impone cláusulas del s. XIX, como la suspensión de leyes laborales, importación de mano de obra, derechos de uso exclusivo, financiamientos más caros, pagos en divisas extranjeras, entre otros privilegios decimonónicos.
El Gobierno de Nicolás Maduro le entregó a China la fabricación a gran escala del cuatro venezolano. Ha privado más la política de masificar el instrumento, con el propósito de sumarlo al archiconocido Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por José Antonio Abreu, que la calidad que supone su artesanal armado. No es, como parece, solo una resignación cultural o una contradicción con el discurso nacionalista de los históricos camaradas de la autodenominada revolución bolivariana. Cada unidad fabricada en el Lejano Oriente es un negocio para los importadores y termina costando casi lo mismo que la guitarrilla fabricada en el país.
La empresa de servicios petroleros Trenaco, registrada en Colombia y Suiza, apareció de la nada en 2015 para alzarse con el más apetecido proyecto de la petrolera estatal venezolana, por 4.500 millones de dólares. Cuando el contrato se cayó, sin embargo, Trenaco desapareció casi como vino. Aunque se desconoce cómo pudo una compañía inexperta y desconocida conquistar una asignación tan colosal como especializada, se supone que estaba bien relacionada. Algunas de esas relaciones se dejan entrever en los llamados Panama Papers.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
