Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.
Cuesta imaginar que de un fundo perdido en el camino a Caicara del Orinoco salieron las patillas más grandes del estado Bolívar. Donde había yuca, melón y otras siembras, ahora lo que sobra es monte. El paisaje es único: la maleza hoy arropa casi todas las 290 hectáreas por las que Franklin Brito murió en huelga de hambre.
En La Iguaraya -donde todo comenzó- no hay nada. Si no fuera por las fotos de antes, solo algunos ingenuos podrían creer que de ese fundo salieron las mejores cosechas de patilla que recuerdan en la población del Guarataro.
Enclavada en la mitad del camino que conduce de Ciudad Bolívar a Caicara del Orinoco, Guarataro es un pueblo en el que no hay mucho más que casas y conucos a un lado de la carretera. Hasta hace seis años, cuando el boom de los celulares inteligentes bullía por todo el país, los más de 7.000 habitantes de la zona se las arreglaban con un teléfono público de la Cantv.
Más célebre por sus suelos fértiles que por cualquier otra cosa, los agricultores destacan que en 1998 del Guarataro salieron más de 40 millones de kilos de ñame. Fueron tantos los guacales que ese año viajaron de allí incluso al exterior, que terminaron por coronar a ese rincón del estado Bolívar como la tierra del ñame.
No hay muchas más referencias para un lugar en el que -aún en pleno siglo XXI- faltan estaciones de gasolina y emisoras de radio local. Ni siquiera se vislumbra un terminal de buses. Franklin Brito, sin embargo, puso a ese pueblo en el mapa: en 1994 estableció allí el fundo Iguaraya y por esas mismas tierras, más tarde emprendió una cadena de siete huelgas de hambre, que llegaron a ser noticia en la prensa mundial.
Primero protestó los documentos que permitieron a sus vecinos repartirse el espacio de la vía de arena que conducía a su fundo. Más tarde, cuando logró reabrir la entrada, exigió precisar el origen de los fondos que dispuso el Gobierno para indemnizar sus demandas. Algo que no ha conseguido ni después de muerto.
"Lo que pedía era que anularan las cartas agrarias y que el Gobierno dijera por qué y bajo qué condiciones le querían beneficiar", concluye Elena, la viuda de Brito. "En 2007 le otorgan un tractor a crédito sin haberlo solicitado, que luego apareció como un comodato. Entonces Franklin les dijo: 'Yo quiero que me expliquen eso porque más adelante no me gustaría verme involucrado en un hecho de corrupción'".
No es que el Gobierno no haya hecho absolutamente nada por Franklin Brito. En el año 2005 obligó a los vecinos que ocupaban parte del fundo a replegarse y abrir otra vez el camino, pero hasta allí. ¿Cómo ignorar después de todo a un hombre que viajó de Guayana para acampar en el centro de Caracas; que llegó a cortarse un dedo en un morboso espectáculo improvisado frente a varias cámaras de televisión; que se cosió la boca y, por si faltaba algo, emprendió la primera de siete huelgas de hambre?
En julio de 2004 se le vio por primera vez en huelga de hambre en la plaza Miranda de Caracas. Al año siguiente prometieron cumplirle sus demandas, luego de retomar otra vez la protesta. Fue así como volvió a su casa ya no con los 105 kilos habituales sino con 98, pero con un papel que le garantizaba poder sembrar otra vez.
El Ministerio de Interior y Justicia, a la cabeza de Jesse Chacón, reconoció en 2005 los derechos de Brito sobre su propiedad y conminó a los vecinos a echar su cerca otra vez a un costado de la carretera. Sin embargo, al final nunca formalizaron el hecho. Ni siquiera ahora...
El 30 agosto del año pasado Brito murió en el Hospital Militar. El próximo mes habrá transcurrido un año y las famosas cartas agrarias que motivaron su protesta siguen vigentes; en el papel sus vecinos aún tienen derechos sobre 24 hectáreas de su fundo.
Elena Brito cree que el Gobierno nunca quiso admitir que el Instituto Nacional de Tierras cometió un error: "El Ministerio de Interior y Justicia reconoció la propiedad, pagó 70 millones de bolívares para volver a acondicionar el terreno, pero nunca devolvió las tierras, porque mi esposo no firmó un documento en el que le pedían decir que no le habían invadido".
Franklin José Brito Rodríguez nació en Irapa, estado Sucre, en 1960. Se mudó a Caracas para estudiar Biología en la Universidad Central de Venezuela; hizo prácticas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; trabajó en el Centro Médico Docente La Trinidad y, en algún momento, convirtió su carro en taxi.
En 1994 animó a su esposa a vender el apartamento que tenían en Caricuao para probar suerte en un pueblo del estado Bolívar. "Fue un cambio totalmente radical", cuenta hoy su viuda. "Queríamos luchar para tener un futuro mejor, y en el fundo depositamos todo para dejarle un patrimonio a nuestros cuatro hijos".
Si las colas para llamar por teléfono eran difíciles, mucho más la poca luz. A falta de cableado, el Guarataro dependía de una planta eléctrica. Allí llegaron los Brito. Sobre ese pueblo Franklin instaló La Iguaraya como homenaje a su esposa, Elena Iguaraya Rodríguez, y en ese mismo punto comenzó el primero de una retahíla de desencuentros que en 2007 lo mostraron protestando frente al TSJ con poco más de 60 kilos.
Se trata de una sucesión de eventos que Elena atribuye a un pase de factura del entonces alcalde del municipio Sucre, Juan Carlos Figarella: una plaga había arrasado con el ñame del Guarataro y frente a la proximidad de las vacas flacas, el funcionario introdujo ante la Corporación Venezolana de Guayana un proyecto agrícola al que Brito se enfrentó en nombre de la Federación Campesina de la zona.
Seguro de que era mejor sembrar otra variante de la misma especie antes que aplicar agroquímicos, Brito rechazó la solución oficial y planteó otra. "La alcaldía por eso dejó de percibir 1.000 millones de bolívares, yo imagino que a raíz de eso empezó todo", cuenta Elena.
Brito llevó su propuesta agrícola hasta la Asamblea Nacional. Ya se veía que no era persona de quedarse callado. Quienes lo conocieron por el pueblo lo definen como alguien conversador y amante de la naturaleza. Se identificaba con la izquierda por su papá, de quien siempre dijo que formó parte de la resistencia que el Partido Comuntista armó contra Pérez Jiménez en el estado Sucre. Además, era empecinado; aunque no lo dicen así lo pintan como terco.
Sea lo que sea, Jairo Torres cree el Guarataro no entendió la lucha de Brito. "Aquí pudo venir Vargas Llosa y lo hubieran visto como un tonto más, puede llegar Obama que sería cualquiera", dice sentado en el porche de su casa, donde conversaba con Brito.
Por supuesto, a nadie le alegró su muerte. Aunque cada elección el chavismo demuestra quién manda en casa, nadie del Guarataro celebró el final de este caso. Muchos, sin embargo, todavía rechazan las banderas de Brito. "A Frank le decían 'El rey de la patilla' y aquí se le reconoció más por eso que por su defensa por los derechos humanos", lamenta Torres. "Aquí el más bravo es el que se mete en una montaña y saca un millón de kilos de ñame y Frank lo hizo y consiguió las mejores cosechas de patilla de la zona".
En el liceo del pueblo, por su parte, algunos empleados no entienden por qué además de dar clases de biología, matemática y física, conminada a la población estudiantil a reclamar. "Alborotaba a los alumnos". Dicen que una vez los motivó a saltar la cerca de la institución educativa para protestar por mejores instalaciones.
Tiempo después Brito estaría al frente de otra clase de protestas. Aún en terapia intensiva radicalizó la huelga de hambre. Una semana antes de morir, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, fue a visitarlo y garantizó que todo se iba a resolver. Pero ese mismo día los sedantes ocasionaron problemas respiratorios que obligaron a entubar al paciente.
"Yo le pedí al ministro que, si iban a arreglar el problema que no mandara a nadie a hablar con Franklin, que le viera la cara si era que él podía engañarlo nuevamente", relata Elena. "Y Loyo fue, le dijo que todo se iba a resolver, que pusiera de su parte y nunca más volvió".
Brito al final llegó a pesar 33 kilos. "Yo misma lo cargaba", dice su hija Ángela. La autopsia indica que murió el 30 de agosto del año pasado de un shock séptico. Los familiares agregan que la temperatura de la terapia intensiva y las drogas que le dieron contra su voluntad fueron una tortura. En mayo por eso se les vio llevando una nueva denuncia al TSJ.
"Una vez encontré en la papelera un frasquito de Aloperidol", señala Elena. "Nosotros le exigimos al director de la terapia intensiva que nos explicara por qué le estaban poniendo una droga para gente con problemas de esquizofrenia, cuando Franklin siempre estuvo consciente".
Todavía la semana pasada había gente en El Guarataro que se refería a él como "El loco". Incluso algunos de los vecinos que llegaron a ocupar parte de su fundo. Son pocos los que quieren declarar a la prensa sobre el tema. Tal vez nadie quiere restregarle a su familia que no vale la pena sacrificar la vida, tal vez un año sea muy pronto para destacar su causa.
(*) Este reportaje fue originalmente publicado en El Universal el 31 de julio de 2011, a un año de la muerte de Franklin Brito.
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Más de 50 millones de bolívares se evaporaron en las “casas de cultivos protegidos”. Un buen día aparecieron estructuras importadas para sembrar a un costado de la Regional del Centro y otras de las autopistas venezolanas, pero resulta que no eran para el clima ni para el campo de esta parte del mundo.
Una de las pocas historias de relativo éxito en las comunas socialistas que el Gobierno venezolano impulsa en propiedades rurales incautadas por todo el país es El Maizal, en el estado Lara. Pero desde diciembre pasado una decisión del Tribunal Supremo, que llegó a anular los efectos de un documento entregado por Hugo Chávez, ha puesto en entredicho la propia existencia del proyecto. Si bien el fallo está en revisión, dejó lastimados sin remedio a la autonomía de la justicia, a los derechos de los antiguos dueños, y a los productores agrarios, presas por igual de un proceso confiscatorio compulsivo.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
