Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Cuesta imaginar que de un fundo perdido en el camino a Caicara del Orinoco salieron las patillas más grandes del estado Bolívar. Donde había yuca, melón y otras siembras, ahora lo que sobra es monte. El paisaje es único: la maleza hoy arropa casi todas las 290 hectáreas por las que Franklin Brito murió en huelga de hambre.
En La Iguaraya -donde todo comenzó- no hay nada. Si no fuera por las fotos de antes, solo algunos ingenuos podrían creer que de ese fundo salieron las mejores cosechas de patilla que recuerdan en la población del Guarataro.
Enclavada en la mitad del camino que conduce de Ciudad Bolívar a Caicara del Orinoco, Guarataro es un pueblo en el que no hay mucho más que casas y conucos a un lado de la carretera. Hasta hace seis años, cuando el boom de los celulares inteligentes bullía por todo el país, los más de 7.000 habitantes de la zona se las arreglaban con un teléfono público de la Cantv.
Más célebre por sus suelos fértiles que por cualquier otra cosa, los agricultores destacan que en 1998 del Guarataro salieron más de 40 millones de kilos de ñame. Fueron tantos los guacales que ese año viajaron de allí incluso al exterior, que terminaron por coronar a ese rincón del estado Bolívar como la tierra del ñame.
No hay muchas más referencias para un lugar en el que -aún en pleno siglo XXI- faltan estaciones de gasolina y emisoras de radio local. Ni siquiera se vislumbra un terminal de buses. Franklin Brito, sin embargo, puso a ese pueblo en el mapa: en 1994 estableció allí el fundo Iguaraya y por esas mismas tierras, más tarde emprendió una cadena de siete huelgas de hambre, que llegaron a ser noticia en la prensa mundial.
Primero protestó los documentos que permitieron a sus vecinos repartirse el espacio de la vía de arena que conducía a su fundo. Más tarde, cuando logró reabrir la entrada, exigió precisar el origen de los fondos que dispuso el Gobierno para indemnizar sus demandas. Algo que no ha conseguido ni después de muerto.
"Lo que pedía era que anularan las cartas agrarias y que el Gobierno dijera por qué y bajo qué condiciones le querían beneficiar", concluye Elena, la viuda de Brito. "En 2007 le otorgan un tractor a crédito sin haberlo solicitado, que luego apareció como un comodato. Entonces Franklin les dijo: 'Yo quiero que me expliquen eso porque más adelante no me gustaría verme involucrado en un hecho de corrupción'".
No es que el Gobierno no haya hecho absolutamente nada por Franklin Brito. En el año 2005 obligó a los vecinos que ocupaban parte del fundo a replegarse y abrir otra vez el camino, pero hasta allí. ¿Cómo ignorar después de todo a un hombre que viajó de Guayana para acampar en el centro de Caracas; que llegó a cortarse un dedo en un morboso espectáculo improvisado frente a varias cámaras de televisión; que se cosió la boca y, por si faltaba algo, emprendió la primera de siete huelgas de hambre?
En julio de 2004 se le vio por primera vez en huelga de hambre en la plaza Miranda de Caracas. Al año siguiente prometieron cumplirle sus demandas, luego de retomar otra vez la protesta. Fue así como volvió a su casa ya no con los 105 kilos habituales sino con 98, pero con un papel que le garantizaba poder sembrar otra vez.
El Ministerio de Interior y Justicia, a la cabeza de Jesse Chacón, reconoció en 2005 los derechos de Brito sobre su propiedad y conminó a los vecinos a echar su cerca otra vez a un costado de la carretera. Sin embargo, al final nunca formalizaron el hecho. Ni siquiera ahora...
El 30 agosto del año pasado Brito murió en el Hospital Militar. El próximo mes habrá transcurrido un año y las famosas cartas agrarias que motivaron su protesta siguen vigentes; en el papel sus vecinos aún tienen derechos sobre 24 hectáreas de su fundo.
Elena Brito cree que el Gobierno nunca quiso admitir que el Instituto Nacional de Tierras cometió un error: "El Ministerio de Interior y Justicia reconoció la propiedad, pagó 70 millones de bolívares para volver a acondicionar el terreno, pero nunca devolvió las tierras, porque mi esposo no firmó un documento en el que le pedían decir que no le habían invadido".
Franklin José Brito Rodríguez nació en Irapa, estado Sucre, en 1960. Se mudó a Caracas para estudiar Biología en la Universidad Central de Venezuela; hizo prácticas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas; trabajó en el Centro Médico Docente La Trinidad y, en algún momento, convirtió su carro en taxi.
En 1994 animó a su esposa a vender el apartamento que tenían en Caricuao para probar suerte en un pueblo del estado Bolívar. "Fue un cambio totalmente radical", cuenta hoy su viuda. "Queríamos luchar para tener un futuro mejor, y en el fundo depositamos todo para dejarle un patrimonio a nuestros cuatro hijos".
Si las colas para llamar por teléfono eran difíciles, mucho más la poca luz. A falta de cableado, el Guarataro dependía de una planta eléctrica. Allí llegaron los Brito. Sobre ese pueblo Franklin instaló La Iguaraya como homenaje a su esposa, Elena Iguaraya Rodríguez, y en ese mismo punto comenzó el primero de una retahíla de desencuentros que en 2007 lo mostraron protestando frente al TSJ con poco más de 60 kilos.
Se trata de una sucesión de eventos que Elena atribuye a un pase de factura del entonces alcalde del municipio Sucre, Juan Carlos Figarella: una plaga había arrasado con el ñame del Guarataro y frente a la proximidad de las vacas flacas, el funcionario introdujo ante la Corporación Venezolana de Guayana un proyecto agrícola al que Brito se enfrentó en nombre de la Federación Campesina de la zona.
Seguro de que era mejor sembrar otra variante de la misma especie antes que aplicar agroquímicos, Brito rechazó la solución oficial y planteó otra. "La alcaldía por eso dejó de percibir 1.000 millones de bolívares, yo imagino que a raíz de eso empezó todo", cuenta Elena.
Brito llevó su propuesta agrícola hasta la Asamblea Nacional. Ya se veía que no era persona de quedarse callado. Quienes lo conocieron por el pueblo lo definen como alguien conversador y amante de la naturaleza. Se identificaba con la izquierda por su papá, de quien siempre dijo que formó parte de la resistencia que el Partido Comuntista armó contra Pérez Jiménez en el estado Sucre. Además, era empecinado; aunque no lo dicen así lo pintan como terco.
Sea lo que sea, Jairo Torres cree el Guarataro no entendió la lucha de Brito. "Aquí pudo venir Vargas Llosa y lo hubieran visto como un tonto más, puede llegar Obama que sería cualquiera", dice sentado en el porche de su casa, donde conversaba con Brito.
Por supuesto, a nadie le alegró su muerte. Aunque cada elección el chavismo demuestra quién manda en casa, nadie del Guarataro celebró el final de este caso. Muchos, sin embargo, todavía rechazan las banderas de Brito. "A Frank le decían 'El rey de la patilla' y aquí se le reconoció más por eso que por su defensa por los derechos humanos", lamenta Torres. "Aquí el más bravo es el que se mete en una montaña y saca un millón de kilos de ñame y Frank lo hizo y consiguió las mejores cosechas de patilla de la zona".
En el liceo del pueblo, por su parte, algunos empleados no entienden por qué además de dar clases de biología, matemática y física, conminada a la población estudiantil a reclamar. "Alborotaba a los alumnos". Dicen que una vez los motivó a saltar la cerca de la institución educativa para protestar por mejores instalaciones.
Tiempo después Brito estaría al frente de otra clase de protestas. Aún en terapia intensiva radicalizó la huelga de hambre. Una semana antes de morir, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, fue a visitarlo y garantizó que todo se iba a resolver. Pero ese mismo día los sedantes ocasionaron problemas respiratorios que obligaron a entubar al paciente.
"Yo le pedí al ministro que, si iban a arreglar el problema que no mandara a nadie a hablar con Franklin, que le viera la cara si era que él podía engañarlo nuevamente", relata Elena. "Y Loyo fue, le dijo que todo se iba a resolver, que pusiera de su parte y nunca más volvió".
Brito al final llegó a pesar 33 kilos. "Yo misma lo cargaba", dice su hija Ángela. La autopsia indica que murió el 30 de agosto del año pasado de un shock séptico. Los familiares agregan que la temperatura de la terapia intensiva y las drogas que le dieron contra su voluntad fueron una tortura. En mayo por eso se les vio llevando una nueva denuncia al TSJ.
"Una vez encontré en la papelera un frasquito de Aloperidol", señala Elena. "Nosotros le exigimos al director de la terapia intensiva que nos explicara por qué le estaban poniendo una droga para gente con problemas de esquizofrenia, cuando Franklin siempre estuvo consciente".
Todavía la semana pasada había gente en El Guarataro que se refería a él como "El loco". Incluso algunos de los vecinos que llegaron a ocupar parte de su fundo. Son pocos los que quieren declarar a la prensa sobre el tema. Tal vez nadie quiere restregarle a su familia que no vale la pena sacrificar la vida, tal vez un año sea muy pronto para destacar su causa.
(*) Este reportaje fue originalmente publicado en El Universal el 31 de julio de 2011, a un año de la muerte de Franklin Brito.
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Más de 50 millones de bolívares se evaporaron en las “casas de cultivos protegidos”. Un buen día aparecieron estructuras importadas para sembrar a un costado de la Regional del Centro y otras de las autopistas venezolanas, pero resulta que no eran para el clima ni para el campo de esta parte del mundo.
Una de las pocas historias de relativo éxito en las comunas socialistas que el Gobierno venezolano impulsa en propiedades rurales incautadas por todo el país es El Maizal, en el estado Lara. Pero desde diciembre pasado una decisión del Tribunal Supremo, que llegó a anular los efectos de un documento entregado por Hugo Chávez, ha puesto en entredicho la propia existencia del proyecto. Si bien el fallo está en revisión, dejó lastimados sin remedio a la autonomía de la justicia, a los derechos de los antiguos dueños, y a los productores agrarios, presas por igual de un proceso confiscatorio compulsivo.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
