La semana pasada fue capturada en Miami una banda de delincuentes de Maracay que viajaba con regularidad al sur de Florida para robar en viviendas de lujo. Al menos uno de sus integrantes tenía antecedentes en Venezuela. Pero la justicia lo dejó libre en régimen de presentación hace ocho años, con lo que le permitió seguir su carrera de fechorías.
A Alberto Colmenares lo pescaron a punto de fugarse a Venezuela. Hasta entonces había pasado ileso los trámites de migración en los Estados Unidos, pero, a escasos minutos de embarcar un avión, fue arrestado la semana pasada –la tarde del viernes 21 de agosto– en el Aeropuerto Internacional de Miami junto a su “colega” Carlos Depablos. Entonces tuvieron que posar de frente y de perfil ante las cámaras de la policía, que llevaba tiempo investigándolos, y que ahora los presenta como dos de los miembros de una banda de venezolanos que robaban mansiones y lujosos apartamentos en el sur de la Florida.
“Estos hombres eran muy sofisticados y estaban muy bien organizados”, dijo el sargento Lensley Noel, detective de la policía de Bay Harbor, una fastuosa localidad costera del condado de Miami-Dade. “Ellos venían específicamente de Venezuela a robar condominios de lujo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach”.
Iban y venían con el botín. Desde hace dos años viajaban al estado de Florida, donde llegaron a apoderarse de bienes por al menos cuatro millones de dólares en joyas y dinero en efectivo, a lo largo de una racha de robos en una treintena de viviendas de lujo en el sur de la Florida. Lo suyo, de cualquier modo, no era nuevo; el método que utilizaban para sus fechorías dejaba entrever una larga práctica. Algunos incluso tienen cuentas pendientes con la justicia venezolana.
Por ejemplo, la primera vez que el propio Alberto Colmenares se presentó ante un juez fue en Venezuela. Era finales de 2007, cuando tenía 26 años de edad y un alijo de joyas robadas que encontraron en el apartamento donde vivía en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, a una hora y media al oeste de Caracas. Se trataba de once relojes de diferentes marcas y dos pares de yuntas que dos semanas antes habían desaparecido de un pent house en el Alto Hatillo, una zona de clase alta al sureste de la capital venezolana. La vivienda era de un ejecutivo que formaba parte del equipo directivo del Banco Occidental de Descuento (BOD), la entidad que preside el magnate Víctor Vargas.
La denuncia quedó formulada en una investigación policial que inició el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con el código N° 05-F6-2510-07. “Cuando entramos, la vivienda estaba aparentemente normal”, indicó una de las víctimas al momento de rendir su testimonio. “Luego mi esposo se percató que personas desconocidas se habían introducido en nuestro apartamento y habían sustraído dinero en efectivo, prendas de oro y varios relojes de dama y caballeros”.
El robo incluyó billetes de dólares y euros equivalentes entonces a 500 millones de bolívares; de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha, serían más de 230 mil dólares en efectivo. Fue el fin de semana del 8 y 9 de diciembre del año 2007 y aunque del dinero no hay noticias, muchas de las joyas aparecieron doce días después, pero en el apartamento 3F del edificio Apamate, que Colmenares habitaba en el sector San Jacinto de Maracay.
“El ciudadano alegó que dichos relojes y yuntas se los habían dado a guardar hace varios días una persona de quien no quiso aportar datos sobre su identidad ni de dónde podía ser ubicado”, según señala el expediente S5-08-2343 que reposa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Un par de semanas antes de su arresto en Florida, Colmenares y su secuaz, Depablos, fueron grabados por las cámaras de seguridad de un lujoso edificio de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, algo más al norte de Miami. Del mismo modo, en 2007, Colmenares había quedado registrado por el circuito cerrado de televisión del parque residencial Mirador del Hatillo, en la calle El Paují del sector Cantarrana. En el lugar del crimen, sin embargo, no quedan ni registros ni memoria del suceso de ocho años atrás. De hecho, prefieren no hablar. El vigilante de la garita no da chance siquiera de preguntar por el incidente. “Aquí ya no viven los dueños de ese apartamento”, dice. Tampoco deja consultar a la conserje. “Se fue del país”, añade.
Tampoco están los ladrones. Se fueron a robar a Miami.
Además de Colmenares y Depablos, completaban la pandilla otros cuatro integrantes. Todos entraron varias veces a Estados Unidos y viajaban a Venezuela con parte del botín, de acuerdo con los reportes policiales facilitados por la Oficina de la Procuraduría de la Florida, con sede en Tallahassee, la capital del estado. El reciente regreso a Miami de varios de ellos alertó a las autoridades locales, por lo que empezaron a ser seguidos con agentes encubiertos.
El jueves 20 de agosto, desde las seis de la mañana, detectives de Fort Lauderdale montaron vigilancia a dos sujetos sospechosos. Ambos se desplazaban en un vehículo alquilado desde Sunrise –también en el condado de Broward– hasta la exclusiva ciudad de Key Biscayne, ya en Miami-Dade. Alrededor de las 5:00 de la tarde, los dos entraron al edificio Crandon Tower, forzaron la cerradura de un apartamento cuyos habitantes no se encontraban, y robaron varias pertenencias.
Poco después de que los ladrones cruzaron el puente Rickenbaker Causeway, que comunica el cayo con tierra firme, los agentes arrestaron en La Pequeña Habana a los dos sujetos, identificados como Andrés Solano y Wilmer Gamboa, ambos venezolanos, de 36 y 45 años respectivamente.
El quinto integrante conocido de la banda, Eduardo Martínez, de 44, fue arrestado el domingo pasado en Doral, la ciudad predilecta de los venezolanos al oeste de Miami. Las autoridades dejaron saber que todavía un sexto componente del grupo se mantiene prófugo, pero se reservaron su identidad para no entorpecer los esfuerzos por capturarlo.
El reciente 15 de marzo, Colmenares y Depablos llegaron en una camioneta alquilada, una Toyota Highlander blanca, al edificio Seascape Club Condo, ubicado a solo una cuadra de la estación policial de Bay Harbor. Lograron colarse al edificio por una puerta trasera de servicio y, luego de forzar una puerta de vidrio del patio posterior, lograron ingresar al apartamento de Christina y Rodolfo Kellerman. Depablos permaneció en el patio para vigilar, mientras Colmenares se las arreglaba para extraer una caja fuerte y mercancía por unos 400.000 dólares.
Rodolfo Kellerman, nicaragüense de 75 años, se disculpó el jueves por no ofrecer declaraciones a El Nuevo Herald ya que las investigaciones se mantenían en curso. Pero cuatro días antes su esposa ya había expresado ante la prensa su pesar por el accionar de la banda. “Todo esto es muy doloroso”, dijo Christina Kellerman durante una conferencia de prensa en Bay Harbor. “Por un lado uno se siente que [su intimidad] fue violada […] Sientes que has sido observada. Uno no sabe por qué le ocurre a uno y no a alguien más”.
Tanto Colmenares como Depablos confesaron ser los autores de ese robo. El primero –según el reporte de arresto elaborado por el detective Noel– cuando fue capturado en el aeropuerto de Miami tenía en su posesión mercadería que procedía de robos en Palm Beach, Broward y Miami-Dade.
Todos los arrestados en Miami tienen domicilio registrado en Maracay. No fue posible obtener alguna versión por parte de funcionarios de la policía judicial en Aragua; resultaron infructuosos como tampoco hubo respuestas de sus superiores en Caracas. Sin embargo, en la capital venezolana se encuentra una rendija para conocer el origen del grupo: el caso de Colmenares en 2007, cuyo expediente reposa en tribunales.
La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ratificó el 25 de septiembre de 2008 una decisión anterior que le iba a permitir ser juzgado en libertad, pero reiteró una medida que lo obliga –aun ahora que no tiene sentencia firme– a presentarse “cada ocho (08) días ante la oficina del Alguacilazgo”.
El beneficio fue concedido a Colmenares, quien contó con la ciudadana Yaritza Machado como fiadora. Pero en la gestión la mujer, en lugar de dar recibos de su domicilio a manera de constancia de residencia, los presentó –hace ya más de siete años– a nombre de un viejo conocido: Carlos Depablos, el mismo compañero de faenas de Colmenares con el que cometió fechorías hasta que los atraparon la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de Miami.
(*) Esta historia fue cubierta y publicada en simultáneo con El Nuevo Herald de Miami.
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Durante los años 2012 y 2015, la empresa de camiones Kamaz lideró los registros de envíos desde Rusia a Venezuela. Chasis, motores y diversos repuestos ingresaban continuamente al país a través del intermediario local J.C International 2004, C.A, empresa en la que sus más recientes socios se dedican también al negocio de la distribución de carnes. Durante años, el gobierno venezolano y Kamaz han prometido la construcción de una ensambladora en el país pero esta sólo ha quedado en planes, así como también la idea de llenar las carreteras de Venezuela con vehículos de esta marca.
Mundo Digital USA, una empresa creada en Florida, y relacionada con otra compañía asentada en Madrid, está usufructuando casi todo el acervo musical de Venezuela luego de una sospechosa y poco clara operación. Se trata de una situación derivada del cambio de paradigma de consumo de las canciones y de cierta displicencia de las principales casas disqueras y los encargados de sus sellos, quienes no supieron advertir a tiempo los cambios legados por la tecnología. Los afectados -cantantes, compositores- siguen siendo los damnificados de siempre. El dinero que deberían devengar por sus creaciones llega incompleto y, a veces, nunca llega.
Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
