De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.
“Ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemiga; así como contribuir con la investigación penal en el ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y la seguridad de la FANB”: tal es la misión que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según publica en su sitio web oficial.
Sin embargo, en los últimos años, en el cumplimiento de esta misión, la Dgcim ha ejercido el uso excesivo de la fuerza y de la violencia, que deriva en torturas y tratos crueles e inhumanos. Estos actos son cometidos tanto en su sede oficial en Boleíta como en centros de detención clandestinos en distintas zonas de Caracas.
El reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU reveló que, desde la llegada de Nicolás Maduro, la Dgcim “empezó a atacar a las enemigas y los enemigos reales o percibidos de la FANB [por Fuerza Armada Nacional Bolivariana]”, un cambio en su enfoque original, desde la mera recopilación de información sobre el enemigo externo, a la de contrainteligencia frente al enemigo interno.
Los casos que la Misión investigó incluyen los de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles vinculados con ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y septiembre de 2022. En ese lapso, el período entre 2017-2019 fue el que presentó el mayor número de detenciones, que ocurrieron sin órdenes de arresto, incumpliendo el debido proceso y llevando a las víctimas a la desaparición forzada.
Testimonios de 14 víctimas entrevistadas para esta investigación y que fueron torturadas en sitios no oficiales, coincidieron en que el órgano responsable de sus detenciones fue la Dgcim. Solo en algunos casos, actuaba junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana).
La Dgcim, que hasta 2011 se conocía como la Dirección General de Inteligencia Militar, forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En la actualidad, el presidente de la República es quien detenta su control funcional y organizativo, en su rol de Comandante en Jefe de la FANB.
Nueve meses después de asumir la presidencia, Nicolás Maduro designó al general Iván Hernández Dala como nuevo director en la Dgcim, según se difundió en la Gaceta Oficial N°40.333. Hernández Dala en junio de 2018 fue sancionado por la Unión Europea y en febrero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
"Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha reprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otro uso brutal de la fuerza", dijo ese año el entonces secretario del Tesoro de la administración Trump, Steven Mnuchin.
Un abogado y especialista en Derecho Penal, quien ha llevado decenas de casos de militares y civiles detenidos por la Dgcim y reserva su nombre por seguridad, asevera que este organismo ha distorsionado su función en la última década: “Antes no era un órgano policial represor ni de investigación en el proceso penal. En los ultimos tiempos, se ha dedicado a trabajar como organización auxiliar de investigación, extralimitando su funciones, aplicando intimidación y tortura y actuando, además, por encima del Ministerio Público. Esto afecta la institucionalidad de la justicia y de la Fuerza Armada y lo convierte en un organismo que actúa a favor de un sector político”.
En los últimos cuatro años, cifras de organismos locales arrojan que la Dgcim ha tomado un rol protagónico en las detenciones y torturas. En 2018, Provea informó que 75 % de los torturados de ese año habían sido militares y que la Dgcim fue el cuerpo encargado de capturarlos.
La Dgcim detiene, recluye y tortura. La Misión de la ONU, en su informe de 2022, al dar cuenta de los 122 casos en los que las víctimas fueron sometidas a tratos crueles y degradantes por miembros de este cuerpo represivo, también señala que esto se practica en centros clandestinos. Aunque hay denuncias sobre ellos desde el menos 2013, a partir de 2018 se intensifica su uso. La Misión refiere que, al menos, 24 personas fueron torturadas en esos centros “no oficiales”.
“Desde el 2017 la Dgcim ha venido ocupando un papel cada vez más estelar en la maquinaria represiva de Nicolás Maduro. Solo en 2018 este organismo élite estuvo involucrado en 431 casos de violaciones a la integridad personal que incluyeron torturas; tratos y/o penas crueles, inhumanas y degradantes; allanamientos ilegales; heridas y/o lesiones; y amenazas y hostigamiento”, puntualizó la ONG Provea ese año.
Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una ONG de defensa de presos políticos y de denuncia de la tortura en Venezuela, comentó que los casos de detenciones que ha llevado desde 2019, han sido todos ejecutados por la Dgcim: “Hay un mecanismo de persecución contra todo aquel considerado un peligro para la estabilidad del régimen”.
La mayoría de las detenciones de los militares ejecutadas por la Dgcim ha sido contra aquellos que habrían participado en supuestos planes conspirativos. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado este patrón. “El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo en 2019 José Miguel Vivanco, en ese entonces director para las Américas de HRW. Agregó Vivanco que los detenidos por la Dgcim sufrieron “abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones”.
“Hay un mecanismo de persecución contra todo aquel considerado un peligro para la estabilidad del régimen”.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia recalca que, desde 2017, los patrones de tortura han variado y que la Dgcim adoptó un rol más activo. “Desde ese año empezamos a escuchar en los casos la inyección de sustancias psicotrópicas a los capturados. Por otro lado, aumentó la detención a militares, ya que hay un malestar en las Fuerzas Armadas. Pero el que tenga un mensaje contrario al Gobierno o se queje, es detenido”, señaló una integrante de esta organización, quien prefirió reservar su nombre por seguridad.
Desde esta organizacion explicaron que hay una tortura generalizada que incluye: desgarramiento de las uñas, cortes en la piel, golpes con piedra y bates en pies y tobillos para imposibilar la caminata. “Se ha institucionalizado la tortura. Es una práctica común que nadie cuestiona, lo que le da carta blanca a la Dgcim para continuar actuando de esta manera”, dijo.
El segundo al mando de la Dgcim es el Director General Adjunto. Esta posición la ocupó el general Manuel Cristopher Figuera desde 2014 hasta el 26 de octubre de 2018, cuando pasó a ser director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin embargo, un año después, se separó del gobierno de Maduro y tras el fracaso de la intentona del 30 de abril de ese año huyó a Estados Unidos, donde ha reconocido en distintas entrevistas que en las sedes de estos organismos se torturaba.
Figuera fue sustituido por el general Ramón Rafael Blanco Marrero, sancionado en 2019 tanto por el gobierno de Estados Unidos como por la Unión Europea. Lo reemplazó en agosto de 2020 el general Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, quien se desempeña en el cargo todavía en la actualidad.
Esta estructura de mando de la Dgcim comprende distintas direcciones. Sin embargo, es la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) la que acapara los señalamientos por parte de defensores de derechos humanos, abogados, víctimas y antiguos empleados de la Dgcim. De acuerdo con el último informe de la Misión de Naciones Unidas, es un “grupo de choque” que no figura en su jerarquía formal y que actúa como una “fuerza paramilitar separada”.
Esta misma investigación resalta que la DAE tiene dos bases en Caracas, una en Los Naranjos, en la avenida sur 3, Quinta La Fontana, y la otra en Lomas de las Mercedes, donde operan dos subgrupos: Chacao y Petare. Ambas locaciones se encuentran en urbanizaciones de clase media-alta del sureste de Caracas. Siempre según la Misión, estos lugares también han sido utilizados como centros de detención clandestinos, donde se tortura a disidentes. Además, la DAE tiene varias oficinas bajo la fachada de una supuesta Dirección de Seguridad Integral, que trabaja con empresas del Estado, como Minerven, Carbozulia y Petrozamora, donde se fabrican y comercializan productos estratégicos.
“Estas casas empezaron a tener más uso en 2017, en la época de las protestas y el control lo tenía la Dirección de Acciones Especiales. La orden era utilizar estos sitios para desaparecer a la víctimas, torturarlas y obtener información. Antes se usaban para reuniones clandestinas o fiestas privadas”, dijo un antiguo funcionario de la Dgcim para esta investigación. Fue a finales de ese mismo año de 2017 en el que, por más de tres meses, hubo manifestaciones en contra de Nicolás Maduro en varias ciudades del país, cuando Alexander Granko Arteaga asumió las riendas de la DAE.
El inicio de su período de mandato constituye un parteaguas en la trayectoria de la contrainteligencia militar y de la DAE. Coincide con múltiples denuncias del uso de sitios ocultos para torturar a disidentes y de prácticas violentas por parte del organismo. Según la Misión, Hernández Dala da órdenes directamente a esta oficina, pasando a menudo por encima de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Deipc). Un exempleado de la Dgcim reveló a la Misión que la DAE tiene prioridad por sobre la Deipc para llevar a cabo investigaciones sobre “disidentes reales o percibidos”. En algunos casos, solicita el apoyo de la GNB o de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluidas sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Otro exempleado de la Dgcim le refirió a la Misión que la DAE es conocida internamente como la mano negra de Hernández Dala.
Las 14 víctimas entrevistadas para esta investigación fueron torturadas en sitios clandestinos entre 2010 y 2018 por la Dgcim. De ellas, por ejemplo, Vasco Da Costa, activista fallecido hace poco y entrevistado para esta cobertura antes de su deceso, recuerda que, cuando fue detenido en abril de 2018, Granko Artega lo torturó en El Castillito, entonces sede del opositor Movimiento Nacionalista en la urbanización San Román del sureste de Caracas, antes de trasladarlo a una casa clandestina en Los Naranjos. “Me ahogaba con una bolsa de plástico”, contó. Entre varios ahogamientos, Da Costa se desmayó y al despertar fue colgado de una escalera, para luego apalearlo por todo el cuerpo.
Lo mismo ocurrió con T.S., militar detenido en mayo de 2018 en Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar de la región capital. Inmediatamente, lo llevaron a la sede oficial de la Dgcim en Boleíta Norte, en donde asegura que vio a Granko Arteaga, quien ordenó le taparan la cara con una funda negra para luego ser trasladado a una casa clandestina, también en Los Naranjos, donde permaneció pocas horas.
Abogados entrevistados para esta investigación, que llevan casos de víctimas detenidas por la Dgcim, coinciden en que Granko Arteaga figura como uno de los principales torturadores tanto en sitios clandestinos, como en la sede oficial.
Según la Misión, durante el tiempo en que Granko Arteaga ha sido director de la DAE, al menos 52 personas fueron víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para el reciente informe, recopilaron siete testimonios de personas detenidas por la Dgcim entre 2017 a 2022, que coinciden en apuntar a Granko Arteaga como autor con participación directa y personal en actos de tortura, violencia sexual y tratos inhumanos.
Según estas víctimas, en muchas de las sesiones de tortura, Granko Arteaga no se cubría la cara como otros funcionarios de la Dgcim. “Él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura, al tiempo que daba órdenes y supervisaba las acciones de sus subordinados. Estas órdenes incluían actos de violencia sexual, como golpes y descargas eléctricas en los genitales de los detenidos y desnudez forzada”, se lee en el informe.
El informe de la Misión revela que Granko Arteaga administra las casas de seguridad y que los capitanes que responden a sus órdenes se encargan de la logística y el suministro de materiales utilizados para llevar a cabo la tortura. Igualmente, resaltan que nadie entra en estas casas si no está autorizado por los capitanes.
(*) La presente es la tercera y última entrega de la serie 'La tortura es la vecina', investigación que fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
A pesar del esfuerzo de las autoridades venezolanas por borrar cualquier evidencia, una exhaustiva compilación y reconstrucción de los hechos ocurridos en El Junquito el 15 de enero de 2018 indica que Oscar Pérez, quien se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro junto a su Movimiento de Equilibrio Nacional, y sus compañeros, fueron asesinados a pesar de que intentaron rendirse en medio de un operativo caótico en su coordinación y desproporcionado en su despliegue. Este informe fue elaborado por el equipo de investigación de Bellingcat en colaboración con Forensic Architecture, quienes construyeron un modelo digital navegable de tres dimensiones de El Junquito, que permitió ubicar más de 60 piezas de evidencia en tiempo y espacio. En Venezuela ArmandoInfo, Efecto Cocuyo y El Pitazo pusieron a disposición sus plataformas y convocan a sus lectores a complementar con material sobre el caso que tengan a su disposición .
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
