El régimen de Nicolás Maduro acentuó una práctica que ya aplicaba Hugo Chávez: apropiarse de las casas de los opositores obligados al destierro. Entre las propiedades confiscadas de hecho, sin ningún tipo de justificación legal, hay algunas de políticos de alto perfil ocupadas por cuerpos de seguridad, entes del Gobierno y hasta personalidades del Estado chavista. Una nueva ley amenaza con oficializar las arbitrariedades
Los ‘caminos verdes’ que cruzan los límites entre Colombia y Venezuela son un negocio para los grupos irregulares que los controlan y un peligro para quienes se ven obligados a transitarlos. En las últimas décadas, centenares de venezolanos han desaparecido en ellos sin dejar rastro. Los familiares que los buscan deben sortear extorsiones y amenazas de los actores armados y hasta estafas de los pobladores locales, mientras las autoridades del Estado hacen poco o nada para ayudarlos.
El grupo rebelde colombiano ha logrado consolidar su gobierno en algunas zonas fronterizas de esos dos estados venezolanos. Una treintena de entrevistas entre lugareños permitieron constatar el imperio de la llamada ‘familia’, la comunidad que el ELN controla como un padre severo con una cartilla draconiana, repleta de restricciones y penitencias, que le canta a cada quien. Los jóvenes locales se enrolan casi sin chistar en la guerrilla, a la que perciben como su única oportunidad laboral y hasta de crecimiento personal.
Una revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano mostró que se acordaron, al menos, 19 proyectos de transporte, de los que uno, el de una fábrica de autobuses en el estado Yaracuy que produciría 3600 vehículos al año y sería “la más grande de América Latina”, se volvió sumidero para más de 400 millones de dólares. Apenas se completó una fase en un galpón que hoy sirve prácticamente como un taller mecánico.
Aunque el destino final sea Estados Unidos, la de México es la etapa más desafiante del itinerario para los migrantes. Allí, tras sobrevivir al tránsito por caminos peligrosos de otros cinco países, se enfrentan al fraude, la extorsión, la violencia sexual, las coimas, la burocracia y, como se vio hace una semana en Ciudad Juárez, a la muerte. Y eso es para los afortunados. Porque los más desgraciados no pasan de Tapachula, en la frontera sur con Guatemala. En 2022, México triplicó el número de deportaciones de venezolanos, a los que no ahorra maltratos. Esta es la historia de algunos de esos que fueron devueltos en un mismo lote.
De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.
