El viacrucis de los desaparecidos (y de quienes los buscan)

No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.

14 diciembre 2022

Horas. Días. Semanas. En una detención como la que describen los testimonios de los familiares de los desaparecidos en Venezuela luego de una aprehensión irregular, dar con el paradero de la víctima es una búsqueda prolongada por estaciones y centros policiales y de seguridad del Estado: “No está aquí”. El detenido queda fuera del radar de sus familiares y abogados.

Nueve días estuvo N.R. -familiar de una víctima de desaparición forzada, que pidió reservar su nombre por razones de seguridad- recorriendo las morgues de distintos hospitales y la de Bello Monte, en el sureste de Caracas, en búsqueda del cuerpo de su hermano, quien fue sometido a una desaparición forzada pocos días después de declararse la pandemia de la covid-19. También visitó las dos sedes capitalinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la principal de Plaza Venezuela y la de El Helicoide, así como la de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta Norte. En ninguno de estos lugares obtuvo respuesta.

“Me mandaban fotos de motorizados arrollados”, relata que ocurría luego de publicar en sus redes sociales una foto de su familiar anunciando que estaba desaparecido.

Lejos de ser una excepción o un episodio vinculado con la improvisación o el azar, la desaparición forzada es un patrón común en las detenciones de disidentes políticos, una rutina donde los centros de detención clandestina, que como se mostró en la primera entrega de esta serie de reportajes están dispersos en zonas residenciales de Caracas, son un punto clave.

Los procedimientos de detención en estos casos son irregulares y arbitrarios. Ocurren sin orden judicial, los funcionarios abordan a la víctima con armas largas y ocasionan destrozos y robos cuando irrumpen en su domicilio. 

Al hermano de N.R. lo interceptaron funcionarios de la Dgcim alrededor de las siete de la noche, luego de hacer unas compras en la farmacia cerca de su casa. Los detalles de esta detención los pudo obtener N.R. a través de información que le suministró el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) tres días después de la desaparición. Por las cámaras de seguridad del lugar, los investigadores observaron que varios funcionarios encapuchados y vestidos de negro se bajaron de unas camionetas blancas y lo agarraron por los brazos mientras se subía a su moto.

Durante las detenciones arbitrarias, los cuerpos de seguridad del Estado dejan fuera del radar de sus familiares y abogados a los capturados. Los allegados pasan días visitando morgues y las cárceles políticas del país sin obtener respuesta. Crédito: Yuri CORTEZ / AFP

Con la desaparición se evade el mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución vigente, de 1999, de presentar en tribunales a todo detenido antes de que pasen 48 horas luego de su aprehensión. En estos casos, cuando la persona es por fin presentada ante el juez de control, militar o de la jurisdicción penal, aparecen forjadas en las actas del expediente la orden judicial de detención y las actas policiales, para que parezca que la persona no lleva más tiempo detenida de lo que dicta la ley.  

Mientras ocurre la desaparición forzada, en simultáneo, los familiares del perseguido también pueden sufrir represalias. En el caso de N.R., 20 funcionarios vestidos de negro, sin identificación y portando armas largas, intentaron ingresar al edificio donde se encuentra su apartamento, en una urbanización del sureste de Caracas, en el que vive con sus padres. Mientras, otras tres personas, vestidas con bata blanca y tapabocas, llamaban por el intercomunicador. Esto ocurrió a las 11 de la noche, cinco horas después del secuestro de su hermano.

“Tenían un manojo de llaves e iban probando cada una para intentar abrir la puerta. En el edificio nadie entendía lo que pasaba. Mis padres son conserjes y no hay nada de valor en nuestra casa que les pudiese atraer. Por suerte, solo llegaron hasta la planta baja del lugar y un vecino llamó a la policía y se fueron”, contó N.R.

Lo mismo sucedió con los familiares de Vasco Da Costa, hoy fallecido activista de oposición, quien estuvo en desaparición forzada en abril de 2018. Uno de sus hermanos fue golpeado mientras el Sebin y la Dgcim allanaban la casa del dirigente del Movimiento Nacionalista y tumbaban al piso todos los muebles del hogar. Sus hermanos no supieron de su paradero por 11 días, durante los cuales fue torturado en una casa clandestina en la urbanización Los Naranjos, en el municipio El Hatillo de Caracas.

Hay casos en los que también los familiares de los disidentes políticos han sido objeto de la desaparición forzada y trasladados a casas clandestinas de tortura, como método para intimidar u obtener información sobre el paradero de un opositor al régimen de Nicolás Maduro.

También a principios de 2018, a la esposa del coronel retirado Oswaldo García Palomo, así como a su hijo y la novia de este, los secuestraron funcionarios de la Dgcim para trasladarlos a una casa clandestina de tortura en la zona de Los Dos Caminos y obtener de ellos información sobre la ubicación del militar. Esto ocurrió luego de que llegaron a su hogar, vaciaron todas las gavetas y estantes de la casa, lanzaron al piso todo lo que encontraban en los clósets y se robaron computadoras y tres vehículos de esta familia.

Franklin Caldera, padre del teniente del ejército del mismo nombre, actualmente detenido en la prisión militar de Ramo Verde, denunció que fue torturado por cinco días en diciembre de 2019, en un sitio clandestino en Naguanagua, estado Carabobo, pocos días después de que su hijo fuera señalado de participar en el asalto al 513 Batallón Infantería de Selva Mariano Montilla del Ejército, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, frontera con Brasil. 

El acoso fue inmediato. A Caldera, padre, quien vivía en ese momento en San Diego, también en el estado Carabobo, lo interceptaron al llegar a su hogar. Funcionarios de la Dgcim, quienes se bajaron de dos camionetas Toyota Fortuner negras, lo encapucharon y esposaron. Recuerda un traslado corto a una urbanización cercana. 

“Me quitan la capucha por unos segundos y veo que estoy en el estacionamiento techado de una quinta de dos pisos”, recuerda Caldera.

Segundos después, le vuelven a tapar la cara con una tela negra y lo llevan hasta el segundo piso de la casa.

- ¿Dónde está el teniente Caldera?, le preguntaban los oficiales.

Como no respondía, llegaron más funcionarios para torturarlo. Lo colgaron de los brazos. Fue golpeado, cacheteado y asfixiado en tobos de agua. 

- Eres un traidor-, le repetían entre cada acto de tortura. 

Para esta investigación, relató que luego de lo ocurrido en Naguanagua, sufre de ataques de pánico constantes y episodios severos de ansiedad, así como temor a los espacios cerrados y a las alturas. Sobre su hijo, en numerosas ocasiones, lo amenazan diciéndole que está desaparecido y lo mantienen incomunicado. Hasta la fecha, su familia sigue bajo vigilancia de la inteligencia militar venezolana. 

El testimonio de Caldera, padre, aporta indicios sobre la existencia de centros clandestinos de detención en otras ciudades del país, además de Caracas. Una fuente militar que pidió mantener su nombre en reserva señala que han operado centros “no oficiales” de detención, bajo el mando de la Dgcim, en Carabobo, Cojedes y Táchira.

La ONG Justicia Venezolana, en su informe semestral de marzo a agosto de 2021, registró los nombres de 250 militares procesados por razones políticas. De ellos, al menos 114 vivieron una desaparición forzada breve al momento de la detención. De la lista de 134 personas secuestradas por el Estado que documentó la organización de derechos humanos Provea entre 2013 y 2018, 51 padecieron desapariciones forzadas solo en 2018 por un período de entre dos a 11 días.

“Las desapariciones se han repetido mucho en los tres últimos años [del 2018 al 2021], yo creo que no hay casi ninguna persona detenida por motivos políticos que no haya sufrido una desaparición”, señaló un activista de derechos humanos, quien por seguridad prefirió reservar su nombre. 

De esas 51 personas desaparecidas temporalmente, la Dgcim detuvo a 46, lo que sería un indicio de su protagonismo en estas irregularidades. En su informe presentado en septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU informó que había investigado 122 casos de militares, exmilitares y familiares que habían sido arrestados y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. También estudió otros 90 casos donde actuó el Sebin, el cuerpo de policía política.

El Instituto Casla, que consolidó en un informe el testimonio de 83 víctimas entre 2016 y 2019, también señaló a la Dgcim como el organismo con mayor protagonismo en las detenciones arbitrarias. 

Las detenciones en las que participó la Dgcim por lo regular se producían de día, en el lugar de trabajo del detenido o en una base militar, o al convocar a la persona a una reunión. Los funcionarios no se identificaban y era frecuente que se cubrieran el rostro y utilizaran sobrenombres. En el caso del Sebin, el método fue vigilar a la persona por un tiempo y luego detenerla, en el hogar o un lugar público. Actuaron sin orden judicial, utilizando la fuerza o la violencia para allanar las viviendas, incautar artículos, derribar puertas y entrar por las ventanas.

La Misión de la ONU describe en su informe que en varios casos hubo discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de la detención o de la orden correspondiente: “En el acta oficial se solía consignar la fecha de la detención dentro de las 48 horas anteriores a la comparecencia inicial, supuestamente para que pareciera que se cumplía el plazo establecido por la ley”. 

Así ocurrió con el hermano de N.R. El 27 de marzo de 2020 lo presentaron ante tribunales, señalando que fue detenido dos días antes, cuando en realidad ya sumaba casi diez días desaparecido, desde el 18 de marzo, cuando fue interceptado. Durante ese período permaneció en una casa clandestina, donde fue torturado.

“Durante esos nueve días lo quemaron con cigarrillos, lo guindaron en una reja desnudo y pasando frío toda la noche. Luego, lo subieron al segundo piso de esta casa, donde lo sentaron en una silla y lo golpearon con palos de golf y luego con un martillo en los dedos de los pies, manos, tobillos, rodillas y talones. Cuando se desmayaba del dolor, lo despertaban con un balde de agua fría”, cuenta su hermana.

En 2021, la Misión de la ONU señaló que los jueces y fiscales participaban en la emisión retroactiva de órdenes de aprehensión y en la inclusión sistemática de actas de detención “inexactas o engañosas” en el expediente judicial. “En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual”, se lee en el informe del organismo. 

Este es un patrón que organismos internacionales, ONG y activistas de derechos humanos han documentado desde 2014, y que intentan siempre que quede registrado ante el tribunal de cada caso y el Ministerio Público. “Siempre tratamos de dejarlo documentado en las actas de presentación”, dijo un abogado y defensor de los derechos humanos, quien prefirió reservar su nombre por seguridad. 

Aunque los procesados narren cómo fueron detenidos y presenten “información creíble sobre las irregularidades o ilegalidades en las detenciones”, eso nunca garantiza el inicio de una investigación, concluye el informe de 2021 de la Misión de la ONU.

Patrón de tortura

El patrón de persecución y tratos crueles, incluyendo el uso de centros clandestinos, ha sido utilizado por los cuerpos de seguridad para ir contra quienes consideren una amenaza para la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. 

El perfil de los detenidos reúne a críticos del gobierno, activistas sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos de oposición, disidentes y militares, familiares y amigos del círculo cercano de estas personas. Se les suele acusar de participar en rebeliones, intentos de golpe de Estado, terrorismo, traición a la patria. 

El mismo abogado y defensor de derechos humanos mencionado anteriormente señala que los patrones pueden variar según sea el funcionario u organismo que lleve a cabo la investigación. Las decisiones parecen ser discrecionales, de acuerdo con el activista: “No hay un criterio de la víctima. Tiene que ver con los funcionarios que en ese momento estén actuando y si quieren o no torturar a la persona”. 

Tanto el Instituto Casla como la Misión de la ONU, tras documentar decenas de casos de torturas en Venezuela, coinciden en sus descripciones sobre los patrones que los organismos represivos siguen. La desaparición temporal o de corta duración posibilita la tortura, que es utilizada para obtener “confesiones o información” o “para obligar a los detenidos a incriminarse a sí mismo o a otras personas” antes de comparecer ante un tribunal. 

La violencia utilizada por los funcionarios también se incrementó. “Los casos examinados por la misión sugieren que los métodos utilizados por los agentes de la Dgcim para infligir dolor han evolucionado entre 2014 y 2020, con un marcado aumento de los niveles de violencia a partir de 2017”, se lee en el informe de 2020 de la Misión de la ONU.

De acuerdo con el documento la tortura se ejerció en presencia de funcionarios superiores y de alto nivel de otras dependencias. “Se ha sistematizado la tortura. Lo lamentable es que jueces y fiscales son indiferentes ante esta práctica. No hay investigación seria, tienen carta blanca para torturar. Es una práctica común que se ha institucionalizado y que nadie cuestiona”, señala la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una ONG de defensa de presos políticos y de denuncia de la tortura en Venezuela. 

Aunque también ha habido denuncias de tortura en las sedes oficiales de la Dgcim y de otros organismos estatales, el uso de centros clandestinos favorece la impunidad, porque las detenciones se hacen al margen de cualquier mecanismo de control que puede activarse en recintos oficiales, como por ejemplo registros oficiales, libros de novedades y cámaras de seguridad, observa el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, en la actualidad en el exilio. 

“Nada más propicio para poder evadir cualquier fórmula de indagación y de investigación. No estás en un recinto que sea oficial de la Dgcim, no estás en una instalación policial militar, nadie te ha leído derechos, no hay institucionalidad. Hay personas armadas actuando al margen de la ley y que te tienen en cautiverio, en secuestro”, dice Mundaray.

El nulo avance de la justicia

Los hechos parecen mostrar una conexión clara entre las desapariciones forzadas, el funcionamiento de centros clandestinos de detención y la escalada de la represión contra la disidencia política. Las denuncias sobre la existencia de estas casas clandestinas figuran en los documentos oficiales de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Misión de Independiente Determinación de Hechos de la ONU, así como en las denuncias realizadas en instancias públicas venezolanas. 

Sin embargo, hay muy poca información pública sobre las casas de seguridad, los inmuebles utilizados para llevar a los perseguidos políticos, su adjudicación a organismos represivos del Estado y su administración, así como sobre las investigaciones para esclarecer las denuncias de los casos de tortura que tuvieron lugar allí.

Es lo que ocurre con los casos varios de los detenidos que han sido vinculados con el denominado “espía americano”, Matthew John Heath, quien fue acusado por presunto terrorismo y asociación para delinquir y otros delitos como tráfico de arma de guerra.  A M.A., uno de ellos, lo detuvo el Dgcim en noviembre de 2020 mientras compraba pan. Un grupo de funcionarios, vestidos de negro y encapuchados, lo abordaron en Punto Fijo, en el estado Falcón. De allí fue trasladado a la sede de la Dgcim en la región, para luego llevarlo a las oficinas centrales ubicadas en Boleíta Norte, en Caracas. 

La abogada de M.A, quien pidió reservar su identidad por seguridad, contó que su defendido estuvo desaparecido durante 14 días. Después de ser enviado a Caracas, lo sacaron del centro oficial para llevarlo a “una casa en Caracas que no sabe cómo describir”. Como tenía los ojos vendados, apenas alcanzó a mirar paredes blancas y ventanas selladas. En ese lugar estuvo durante siete días.

A M.A. le dieron algo de tomar al momento de ser trasladado, lo interrogaron y luego se sintió aletargado hasta perder el sentido. En esa semana recibió descargas eléctricas, lo acostaron en un jergón de metal a la que le pegaban unos bornes para baterías. Le daban una comida diaria: unos frijoles casi en estado de descomposición.  

Después de 14 días, M.A. tuvo su audiencia de presentación. En este tiempo, durante el cual abogados y familiares no pudieron conocer su paradero, se interpuso un recurso de amparo: “Este fue remitido a un tribunal que no tenía despacho porque no tenía juez nombrado”, dijo la abogada de M.A. La desaparición también fue denunciada en el Ministerio Público, donde tampoco hubo respuesta. En el acta, la fecha de detención que aparece es la misma del día de presentación. 

La audiencia de presentación de M.A. estuvo a cargo de la jueza Carol Padilla. Ese día, M.A. contó que estuvo desaparecido, que lo llevaron a un centro clandestino donde fue torturado y que le hicieron tomar una sustancia desconocida. 

En marzo de este año, M.A. tuvo una audiencia donde el juez ordenó el inicio de una investigación por las torturas que denunció: la víctima reconoció a quien lo trasladó en la unidad de la Dgcim y a otros tres funcionarios que se quedaron con él en el centro clandestino. De estos se conocen los nombres de tres: Reinaldo Hernández, sub inspector del Dgcim; Jhondre Caldera, sub inspector del Dgcim; y Joan Sandoval, cuyo cargo se desconoce. 

“Todavía no sabemos quién es el fiscal que conoce el caso, aunque nos hemos dirigido a la Dirección de Derechos Humanos”, dijo la abogada. “El Ministerio Público no ha citado a nadie”, agregó. 

Entre los casos relacionados de operaciones represivas realizadas en estas casas clandestinas, también destaca el del asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien murió a consecuencia de las torturas que se le infligieron en uno de los centros administrados por la Dgcim. Dos de los acusados oficialmente por este crimen, el sargento segundo de la Guardia Nacional, Estiben José Zárate Zoto, y el teniente del mismo cuerpo militar, Ascanio Antonio Tarascio Mejía, ambos adscritos a la Dgcim, fueron condenados el pasado 4 de febrero a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio calificado.

En el expediente del caso, que fue analizado por la ONG Amnistía Internacional, no hay mayor información sobre el lugar a donde fue trasladado Acosta Arévalo durante el periodo en el que estuvo en desaparición forzada, que transcurrió entre el 21 y el 28 de junio de 2019, cuando se le ocasionaron las heridas por las que tuvo que ser hospitalizado y por las que a la postre falleció, la madrugada del 29 de junio. Testimonios y filtraciones han señalado que el sitio a donde fue conducido fue la finca situada en La Mariposa, conocida como Sorocaima.

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU de 2022 vio como un avance significativo que se hubiera logrado la condena en el caso de Acosta Arévalo, pero también señaló que esto “debería conducir a esfuerzos más sostenidos para investigar las denuncias de tortura o malos tratos, incluso en el nivel de responsabilidad del mando”.

Sin embargo, los avances en ese sentido son muy limitados o nulos. De acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, los obstáculos para denunciar son una constante que encuentran las víctimas y sus familiares en todos los casos. 

En la actualización de su informe sobre torturas en Venezuela, presentada en 2022, la organización señala que los funcionarios desconocen tanto la ley especial para la prevención de la tortura como las normas internacionales sobre el tema, y que no aplican los procedimientos previstos en esa normativa. Indican que 80% de los casos que manejan no han tenido respuesta de las autoridades venezolanas y, en el restante 20%, la respuesta que han recibido se limita a una solicitud para que amplíen la información. 

Uno de los organismos a los que señala de no haber respondido a sus cuestionamientos es la Comisión para la Prevención de la Tortura, creada en 2013 a raíz de la aprobación de la ley especial sobre esa materia por la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo y presidida por Diosdado Cabello, el llamado número dos del régimen. 

Entre las atribuciones de esta comisión figura la de realizar visitas a penales y centros de detención preventiva y acceder a la información sobre los centros de detención y las personas que hayan sido detenidas allí. Mientras se elaboraba este reportaje, se solicitó una entrevista con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para saber las gestiones de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura sobre las denuncias contenidas en esta investigación, pero hasta la fecha de publicación no había respuesta.

Entre los 124 casos de denuncias de crímenes de lesa humanidad que forman parte del expediente sobre Venezuela que investiga la Corte Penal Internacional (CPI), están incluidos episodios de torturas que tuvieron como escenario los centros de detención clandestina de la Dgcim. Entre ellas figura el asesinato de Acosta Arévalo, así como los casos del teniente primero del Ejército, Franklin Caldera, Vasco Da Costa y el coronel retirado Oswaldo García Palomo. 

(*) Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Próxima (y última) entrega: viernes 16 de diciembre de 2022

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