A pesar del esfuerzo de las autoridades venezolanas por borrar cualquier evidencia, una exhaustiva compilación y reconstrucción de los hechos ocurridos en El Junquito el 15 de enero de 2018 indica que Oscar Pérez, quien se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro junto a su Movimiento de Equilibrio Nacional, y sus compañeros, fueron asesinados a pesar de que intentaron rendirse en medio de un operativo caótico en su coordinación y desproporcionado en su despliegue. Este informe fue elaborado por el equipo de investigación de Bellingcat en colaboración con Forensic Architecture, quienes construyeron un modelo digital navegable de tres dimensiones de El Junquito, que permitió ubicar más de 60 piezas de evidencia en tiempo y espacio. En Venezuela ArmandoInfo, Efecto Cocuyo y El Pitazo pusieron a disposición sus plataformas y convocan a sus lectores a complementar con material sobre el caso que tengan a su disposición .
El célebre piloto Oscar Perez y su grupo pudieron haber sido ejecutados. Esa es la conclusión final de un extenso informe elaborado por Forensic Architecture, una agencia de investigaciones que reúne a profesionales de distintas disciplinas y Bellingcat, una plataforma de periodismo de investigación que trabaja con la información pública disponible en la web y en las redes sociales, establecidas ambas en Inglaterra, a partir de la construcción de un modelo que simuló la balacera ocurrida en El Junquito, un suburbio montañoso del Oeste de Caracas, donde estaban atrincherados Pérez y sus lugartenientes.
Bellingcat
y Forensic Architecture han trabajado desde hace cuatro meses en este modelo,
que busca iluminar las zonas oscuras que ha dejado adrede el régimen venezolano
de Nicolás Maduro. Las plataformas han identificado, recopilando, analizando, y
geolocalizando más de 60 piezas: videos, fotografías, archivos de
sonido y tuits. Este modelo no solo sirve para intentar entender qué ocurrió
aquella ajetreada mañana del 15 de enero de 2018, sino también para que
cualquier persona la use para llevar a cabo su propia investigación.
¿Cómo se desarrolló esta operación, que recibió el nombre clave de Operación Gedeón? ¿Quiénes fueron los actores involucrados? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de Pérez, la de sus seis compañeros y de los dos oficiales de seguridad del Estado? ¿Fueron ejecutados Pérez y los miembros de su movimiento que se escondían en la casa segura?
Aunque la evidencia recopilada y analizada demuestra que es probable que Pérez y sus compañeros hayan sido ejecutados, todavía quedan puntos ciegos. La falta de evidencia convincente prohíbe formular declaraciones definitivas. Sin embargo, estas son algunas de sus conclusiones:
Pérez y todos los miembros de su grupo fueron asesinados entre las 11:15 de la mañana y el mediodía de ese 15 de enero de 2018.
Según certificados oficiales de defunción disponibles en las redes sociales o retransmitidos por periodistas venezolanos, Pérez y sus compañeros fueron asesinados con disparos en la cabeza, a excepción de uno de sus lugartenientes, quien recibió un balazo en el cuello. Pérez declaró repetidamente en sus videos que quería rendirse ante las autoridades, pero sus lesiones y las de sus compañeros sugieren que es probable que hayan sido víctimas de asesinatos extrajudiciales. Comunicaciones filtradas de los equipos de seguridad de ese mismo día también sugieren que Pérez tal vez negoció su entrega. Sus repetidos llamados a entregarse y las heridas que Pérez y sus compañeros recibieron abren la posibilidad de que ellos fueran víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tienen reputación de participar en ejecuciones extrajudiciales y torturas. Entre mayo y junio de 2017, los agentes de FAES mataron a 124 personas durante fuertes operativos de seguridad. El FAES formó un importante contingente de 500 agentes de seguridad involucrados en el allanamiento del escondite de Pérez.
Aunque tanto los rebeldes como las fuerzas de seguridad se enfrentaron durante el ataque, es imposible saber quién inició el tiroteo. Por un lado, en los videos grabados durante el asedio dentro de su escondite, Pérez confesaba que quería rendirse ante las autoridades. Por otro lado, el gobierno venezolano afirma que respondió a los ataques de Pérez y su grupo.
Las fuerzas de seguridad tenían, en el mejor de los casos, un control precario sobre la operación ya de por sí desorganizada. Los videos grabados por los servicios de seguridad durante el ataque muestran a los oficiales descargando sus armas salvajemente en dirección al escondite y riéndose de emoción ante la exhibición de potencia de fuego. Las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad que fueron interceptadas también revelan una imagen caótica, ya que los oficiales gritaban repetidamente en sus radios el cese de fuego o para que movieran los vehículos que bloqueaban el paso de otros contingentes, a menudo sin éxito. También sabemos, gracias a estas comunicaciones que una de las granadas propulsadas por cohetes (RPG) disparadas por los equipos de seguridad no dio en el blanco y casi impacta contra otro grupo de oficiales.
Al
menos un miembro de un grupo armado civil progubernamental, conocido como
colectivo, participó en el ataque: Heiker (o Heyker) Leobaldo Vásquez Ferrera
del colectivo armado Tres Raíces proveniente del barrio 23 de enero de Caracas.
La muerte de Vásquez en el ataque fue confirmada por altos funcionarios del
partido gobernante venezolano, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
que incluye a Freddy Bernal, ministro del Poder Popular para la Agricultura
Urbana y Periurbana (MPPAUP) y Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen y
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, el
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(MPPRIJP) no incluyó a Vásquez como una de las víctimas en el enfrentamiento.
Toda la evidencia compilada sugiere que Heiker Vásquez se desempeñó como miembro
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bajo el nombre de Andriun Domingo
Ugarte Ferrera, fallecido identificado por el MPPRIJP.
El gobierno venezolano y sus funcionarios han actuado como si su objetivo hubiera sido eliminar cualquier rastro de lo que sucedió ese día. La casa donde se escondían Pérez y otros seis rebeldes cuando fueron atacados, fue arrasada. Personal de seguridad del gobierno evitaron que civiles, periodistas y familias estuvieran presentes en los entierros. Finalmente, funcionarios y el propio presidente Nicolás Maduro han acuñado una narración simplificada acerca de Pérez y sus compañeros: Eran terroristas que renunciaron a sus derechos cuando atacaron al Gobierno. Para el gobierno venezolano, el caso está cerrado.
Traducción
por: Micaela Andrea Di Julio
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
