Turquía aterriza en el carbón del Zulia y el oro de Guayana

El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Tan
solo con 25 años, Lorenzo Antonelli figura al frente de Marilyns Proje Yatirim,
una empresa turca que debuta en Venezuela para explorar y extraer el oro del sur
del país. De nacionalidad italiana y con una reputación inadvertida en los
mercados globales, el novel empresario aparece como director de la firma
radicada en Estambul y que el gobierno venezolano presentó el mes pasado en
sociedad como aliada de la estatal CVG Minerven en una sociedad mixta de nombre
Minería Binacional Turquía-Venezuela.
Su
negocio con el gobierno de Nicolás Maduro fue convenido a espaldas de la
Asamblea Nacional, el opositor Poder Legislativo de Venezuela. Se aprobó
mediante el decreto presidencial número 3.598 difundido en la Gaceta Oficial 41.472, de fecha 31 de
agosto, que estaba acompañado de otras dos disposiciones del Ejecutivo,
numeradas como 3.597 y 3.599, que declara al carbón como mineral estratégico
para su exploración y explotación y autorizan la creación de otra compañía mixta
entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat llamada Carbones
Turquía-Venezuela, respectivamente.
Las
empresas privadas extranjeras ostentan 45% de las recién fundadas binacionales,
mientras que el Estado venezolano maneja 55% administrado por el Ministerio de
Industrias y Producción Nacional. Así, Tareck El Aissami, el titular de ese
ministerio, se convierte en la contraparte venezolana de Antonelli y de la
italiana Patrizia Fiore, directora de Glenmore Proje Insaat ante los registros
mercantiles de Estambul.
Ninguna
de las compañías y socios a las que el Gobierno de Venezuela otorgó poder sobre
las estatales mineras es reconocida. Ni siquiera figuraban en algún negocio
varado en alguna otra parte del mundo, aunque los hilos que tejen sus redes se
encuentren dispersos en otras latitudes. Las corporaciones Glenmore Proje Insaat
y Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 por directores
diferentes en Estambul, pero ambas señalan la misma dirección fiscal. No es
casual. Las sociedades también tienen sus espejos en el Reino Unido con un mismo
beneficiario: Lorenzo Antonelli. Todos los caminos conducen a él.
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El
empresario estrella en el acuerdo con Venezuela es el principal accionista de
Marilyns Capital Limited y de Glenmore Solutions Limited, ambas con la misma
dirección en Londres, y también las socias de sus firmas homónimas en Turquía.
Pero aún más lejos, el hombre apunta su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.
El
oro y el carbón de Venezuela está en sus manos. Al menos, una buena parte a
pesar de que Glenmore Solutions Limited había
sido manejada antes por otra directiva envuelta precisamente en casos de
corrupción de España y Brasil. Se trata de la panameña Lilia Judith Tovar de
León que estuvo como directora hasta 2014. Un año después figuró como posible
testaferro en las investigaciones de la justicia española contra Rodrigo Rato,
exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía de España,
por blanqueo de dinero. Fue directora de sociedades relacionadas con los
sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente de Coast Helicopter Inc, y
otras usadas por ocho familiares de la princesa de Parma María Cristina de
Borbón para repartir su herencia sin tener que declarar impuestos, según
investigaciones periodísticas de los llamados Papeles de la
Castellana
elaborada
conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal y
publicada el 7 de junio de 2016.
Tovar
encabeza las juntas directivas de decenas de compañías, varias radicadas en
Reino Unido y Panamá, y también como cliente del bufete Mossack Fonseca con una
sociedad, Oxalia Management, creada en Malta en 2013. En este entramado destaca
el exgerente de Marilyns Capital Limited, Bunyamin Altun, oriundo de Turquía y
residenciado en los Emiratos Árabes Unidos, porque su nombre se halla en la base
de datos de los conocidos Paradise Papers por dirigir Parakon Holdings Limited,
establecida también en Malta desde 2011. Esos antecedentes y ligeros nexos entre
empresarios no generaron desconfianza en el Gobierno venezolano al momento de
consignar socios para las joyas mineras del país, Carbozulia y
Minerven.
El impotente motor minero
Los
principales aliados históricos del chavismo en los negocios son los chinos, los
rusos y recientemente los turcos. A mediados de este mes, Maduro improvisó una
gira por China y Turquía para establecer nuevos acuerdos de los que no se
conocieron detalles. Del viaje solo fue polémica su paso por el lujoso
restaurante del chef Nusret Gokce, viralmente conocido como Salt Bae, en
Estambul. Pero más allá de la cena, en Turquía se cocinan otros platos
fuertes.
Víctor
Cano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, declaró a la
agencia de noticias Reuters, el pasado 19 de julio, que el Banco Central de
Venezuela optó por exportar y refinar oro en Turquía y no en Suiza producto de
la “preocupación” por las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos.
El
intercambio comercial ha sufrido algunas modificaciones en la última década.
Maduro ha retornado a negocios que parecieran distar de los lineamientos del
fallecido presidente Hugo Chávez que hace siete años había aprobado un
decreto-ley que reservaba al Estado venezolano la exploración y explotación del
oro en el país o que en 2007 se opuso a la explotación carbonífera en la Guajira
por los daños ambientales. Su maniobra sucede en medio del ocaso de Petróleos de
Venezuela, una crisis económica sin precedentes en el país, el aumento de las
sanciones internacionales y varios escándalos de corrupción.
El
derrumbe de Carbozulia y Minerven no es menos notorio. El 26 de agosto, Maduro
ordenó una reestructuración de la aurífera con la intención de depurar “vicios
internos”. Dos meses antes habían sido detenidos el vicepresidente de esa
empresa, Doarwin Alan Evans, y otras seis personas por presunto contrabando de
oro, mientras la Fiscalía venezolana solicitó la
captura de 28 más.

La
carbonífera, entretanto, considerada la cenicienta de la minería, tiene un
historial de infortunios. La empresa ha sido administrada por Petróleos de
Venezuela, la Corporación del Estado de Zulia, el Ministerio para el Desarrollo
Ecológico y ahora el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ningún ente
ha logrado salvarla de su mengua. Aunque el Gobierno había anunciado su
reimpulso como una estrategia para potenciar al “motor” minero, hasta ahora el
pacto no ha tenido mayores beneficios para la estatal occidental. Al contrario,
su producción fue de 650.000 toneladas en 2017, pese al millonario
desembolso.
Según
un informe de gestión del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, entre
la producción de Carbozulia y de Carbosuroeste (30.000 toneladas) se generaron
48.960.000 de dólares americanos ese año. La explotación carbonífera tampoco
parecía prosperar en 2018. Félix Merchán, presidente del sindicato de la
compañía, declaró al diario regional La
Verdad, según una nota publicada el 22 de junio de 2018, que hasta junio
solo se había producido unas 90 mil de las 8 millones toneladas métricas que
se solían extraer al
año. Su denuncia se hacía en medio de una acalorada protesta de los
trabajadores de esa empresa por un aumento de los salarios y la reactivación de
las minas occidentales. Entonces, muchos empleados cargaban con pancartas en las
que se leía “basta de corrupción y miseria” y “Víctor Cano, persona no grata en
Zulia”.
Meses
antes de que Carbones del Zulia se fusionara con la empresa turca, Glenmore
Proje Insaat, había firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con las
sociedades Inter American Coal, China CAMC Engineering CO LTD y Yang Guang Group
para restaurar la producción de minas. Fue bendecido por Maduro, Tareck El
Aissami, entonces vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, en
ese momento ministro para el Desarrollo Ecológico, y el propio Cano que se
desempeñaba como viceministro de para Exploración e Inversión Ecominera y que
sería declarado persona no grata en la región occidental. De aquel pacto se
extendió un secreto a voces: ninguna clausulas beneficiaba al
país.

Los
que hojearon el documento coinciden en que se pierde el control de los
yacimientos occidentales. “Se crea un comité de inversionistas que decide con
tres votos, quedando prácticamente fuera del juego la empresa del Estado”, dice
un exfuncionario del Ministerio para el Desarrollo Ecológico. Agrega que a las
compañías extranjeras también se les facultó para crear un plan de explotación,
capaz de ejecutar y diseñar a su criterio; estar a cargo del manejo y la
comercialización de las minas activas Norte y Paso Diablo, en Zulia, durante 10
años; mientras que la estatal sí asumía las responsabilidades ambientales,
gastos laborales, operativos y se despoja de la inversión social en las zonas
explotadas.
En
un comunicado anónimo difundido en julio se detalla que la empresa
colombo-holandesa Inter American Coal se quedaría
con 10% de las ganancias por cada buque de carbón como “contraprestación” o pago
a la inversión. “Se necesita que el fiscal Tarek William Saab investigue estos
contratos y el manejo de estos dólares y bolívares. (…) Investiguen los nexos de
Interamerican Coal (…) que son bastante interesantes”, pedía el escrito. Justo
el día que se divulgó la denuncia, Tania Ríos, presidenta de Carbozulia, se
separó de su cargo.
Ríos
fue contactada por ArmandoInfo, pero no quiso ofrecer su versión. Dos fuentes
coinciden en que el “verdadero” negocio no está en la explotación carbonífera,
sino en un entramado de operaciones financieras que involucran a Carbozulia
Internacional, registrada en Panamá, y otras empresas. Acotan que la ruta del
dinero comenzaría con operaciones swap entre BOI Bank de Antigua, el Banco
Occidental de Descuento y la compañía de corretaje de valores Plus Capital
Market, también registrada en Panamá. Ambas entidades bancarias son propiedad de
Víctor Vargas, uno de los banqueros más consentidos por el Estado venezolano.
El
interés de empresas foráneas en el carbón mineral venezolano es que es
calificado de alta calidad por los mercados internacionales. No es como el
extraído en otras zonas del Caribe, sino que se trata de un carbón bajo en
azufre, cenizas y con alto poder calorífico. Un tesoro sobre el que aterriza
Turquía sobre dos empresas en
las que se estrena un empresario de tan solo 25 años.