El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.
Anticipando la tormenta que asomaba en el horizonte, algunos directivos de Monómeros Colombo Venezolanos S.A buscaron resguardo en beneficio propio, pero en desmedro de la empresa. Sólo eso explica que el exgerente general de esa filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), se convirtiera en accionista de una compañía privada a la que benefició con un contrato cuando estaba por dejar su puesto y meses antes de que la junta ad hoc, nombrada por el Gobierno interino de Juan Guaidó, tomara control de ese activo en Colombia.
Todo comenzó en diciembre de 2018, cuando ni siquiera la oposición venezolana pensaba que podría pasar a administrar los bienes de la República en el exterior, pero continuó durante 2019 en medio de la disputa política que golpeó a Monómeros y que también alcanza a actores políticos y económicos de Barranquilla, donde tiene su sede principal la empresa.
Como si fuese una partida de ajedrez, Pedro José Lugo Gómez, un empleado de carrera en Pequivén y quien dirigía a Monómeros desde finales de 2013, fue moviendo fichas para garantizar su futuro. El 10 de diciembre de 2018, Pedro Lugo, en su condición de gerente general de Monómeros, firmó un contrato por tres años para la “maquila de yeso agrícola” con Insapro S.A.S. Casi un año después, Lugo y otros dos exdirectivos de la estatal venezolana figuraban como dueños de Insapro, en lo que ahora parece una retirada estratégica.
Al momento de suscribir el acuerdo con Insapro, los rumores sobre la salida de Pedro Lugo eran incesantes dentro de la compañía. Ese ruido se confirmó sólo diez días después, el 20 de diciembre de 2018, con un decreto de Nicolás Maduro publicado en la Gaceta Oficial 41.550, que anunció la designación de Ronald Alexander Ramírez Mendoza como presidente de Monómeros.
Ronald Ramírez, quien posee vínculos comerciales con Alex Saab Morán, el principal contratista de Maduro, a través de la sociedad Adon Trading FZE, nunca asumió el cargo al ser “inadmitido” el 30 de enero de 2019 por las autoridades migratorias colombianas, lo que prorrogó unos meses la estadía de Pedro Lugo en la productora y comercializadora de fertilizantes en Barranquilla, pese a haber firmado el “acta de entrega” de su cargo el 8 de enero de 2019.
Pedro Lugo finalmente permaneció en el cargo hasta el mes de junio, conviviendo un par de meses con la primera junta administradora nombrada por Guaidó y que tomó posesión el 11 de abril de 2019, como consecuencia del reconocimiento del Gobierno colombiano al interinato de Juan Guaidó y el desconocimiento a la figura de Nicolás Maduro. Con su renuncia, Lugo escapó a la tormenta administrativa que dejó en el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, sólo por detrás de Citgo, y huyó también del posterior sacudón que provocó a finales de 2019 Humberto Calderón Berti, ex embajador del Gobierno interino en Bogotá, al denunciar una politización en la compañía.
El expediente mercantil de Insapro muestra que Pedro Lugo no estuvo solo en la mudanza desde Monómeros. A Lugo lo acompañan como accionistas otros dos exdirectivos de la estatal venezolana: Ricardo Cera Corrales y Eduardo Rodríguez González. Este último, también venezolano y con carrera en Pequiven, fue gerente comercial de Monómeros hasta noviembre de 2019, cuando fue removido por la junta administradora designada por Guaidó.
Un cuarto accionista, según consta en el acta número 10 de asamblea extraordinaria, es otro empresario venezolano de nombre George Komander Gómez, propietario además de Sophia Chemical Trading Group y de Sunder Holding Group, las cuales usan la misma dirección de Insapro en Barranquilla. Komander Gómez explicó que Insapro es un “emprendimiento propio” y que es el accionista mayoritario. Negó que Pedro Lugo y Eduardo Rodríguez fueran propietarios, como demuestra el acta de accionistas que reposa en el expediente de la empresa en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Indicó que los exgerentes de Monómeros solo son “asesores sin sueldo de parte de Insapro”, pero nunca aportó los documentos para respaldar su versión.
El acuerdo sellado en diciembre de 2018 con Insapro obligaba a Monómeros a pagar 145.220 pesos colombianos, unos 41 dólares americanos, por cada tonelada de yeso producida. Entre 2019 y 2020 los pagos de la estatal venezolana a Monómeros rondan los 600 millones de pesos, unos 170.000 dólares, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Armando.Info. Esos mismos papeles revelan que entre 2017 y 2018 hubo pagos de Monómeros a Insapro por otros 1.900 millones de pesos colombianos, poco más de 500.000 dólares, por contratos previos a los que no se tuvo acceso al cierre de esta edición.
Pero
el contrato otorgado a Insapro en diciembre de 2018, cuando estaba a punto de
salir de Monómeros, no es el único lunar en esta historia. Insapro fue fundada
en marzo de 2016 por María Claudia Pérez Sarabia, hija de Reginaldo Pérez Pérez,
un renombrado empresario de Barranquilla, dueño del holding Grupo Merco,
ampliamente beneficiado por la gestión de Lugo en
Monómeros.
De la estrecha relación en los últimos años entre Monómeros y Grupo Merco hay testimonios en la prensa de Barranquilla, así como de proyectos conjuntos o encuentros en eventos de las directivas de ambas empresas.
A Consorcio Merco Logistic Group, Opermec, Ingeopro y Servitransa, todas bajo el paraguas de Grupo Merco, el entonces gerente general de Monómeros, Pedro Lugo, le otorgó contratos que suman el equivalente a unos 30 millones de dólares por la prestación de servicios logísticos, de mantenimiento, operaciones portuarias o alquiler de equipos, entre otros conceptos, según los documentos obtenidos para este reportaje.
“Se observa una clara concentración en un solo grupo económico de operaciones medulares del proceso productivo de Monómeros. Esto representa un riesgo para la organización, ya que cualquier problema económico y/o legal que pudiera presentarse en esas empresas, afectaría significativamente las operaciones de Monómeros”, concluye un informe preparado por la junta ad hoc de Monómeros.
Fuentes, que prefirieron el anonimato, explicaron que desde hace semanas abogados de ambas partes, Monómeros y Grupo Merco, están en negociaciones para saldar esa relación comercial heredada de la administración de Pedro Lugo. Aunque se trata de un asunto legal entre las partes, los efectos han trascendido los muros de la empresa en Barranquilla.
Uno de los coletazos contra la gestión y decisiones de la junta administradora ad hoc salió el pasado 13 de abril. Ese día el senador colombiano por el partido de la U, José David Name Cardozo, publicó una dura columna con el título “Hay que rescatar Monómeros”, en la que exhortaba al Gobierno de Iván Duque a “intervenir cuanto antes” a la compañía.
El senador refirió un “manejo turbio de los recursos”, una “desconfianza por la forma en la que actualmente se administra la empresa”, el incumplimiento de los “estatutos de la empresa” por parte de la junta directiva y hasta de gastos de entre “tres y cuatro millones de dólares al año” en dietas por parte de la actual directiva.
El pronunciamiento de Name Cardozo causó sorpresa en la opinión pública ya que fue el propio senador quien en enero de 2019 hizo gestiones para impedir la llegada de Ronald Ramírez Mendoza, el presidente designado por Nicolás Maduro para sustituir a Pedro Lugo, y posteriormente celebró el ascenso de la junta administradora ad hoc en abril de 2019.
A los pocos días de la publicación de la columna, Monómeros emitió un comunicado en el que rechazó y desmintió el escrito de Name Cardozo al considerarlo “sin fundamento y con graves vacíos de información”, destacando además que la compañía venía del “saqueo de la anterior administración” que reportó dividendos en 2018 por 20 millones de dólares “a pesar de registrar una pérdida por ese mismo valor”.
Asimismo, la estatal indicó haber generado utilidades en el segundo semestre de 2019 por casi 8.000 millones de pesos colombianos y recordó, además, que fue a mediados de 2019 que el Departamento del Tesoro norteamericano otorgó licencias a la compañía, lo que permitió comprar materia prima en mercados internacionales, así como obtener créditos en la banca colombiana.
La respuesta de Monómeros surtió efecto y el senador barranquillero se retractó. “Esta aclaración la realizo a partir de la nueva información que he recibido y que evidencia que dicha columna fue redactada a partir de información que no se encontraba actualizada, pues los reportes con los cuales contaba no correspondía a la nueva administración de la cual ustedes hacen parte”, rectificó en otro escrito el pasado 28 de abril.
A lo interno de Monómeros, atribuyeron las afirmaciones del senador a la ruptura de los contratos con el Grupo Merco por la posible cercanía entre el empresario Reginaldo Pérez Pérez y el senador Name Cardozo, anotada en alguna oportunidad por la prensa barranquillera. En los datos del Consejo Nacional Electoral de Colombia también consta que Reginaldo Pérez aportó 6 millones de pesos para la campaña al senado de Name Cardozo en 2014.
En cualquier caso, Pedro Lugo, en su nueva calidad de copropietario de Insapro, ha escapado también a esa polémica. Ahora desde la acera de enfrente hasta compite con la propia Monómeros, que aún domina el 40% del mercado de fertilizantes en Colombia, y despacha los productos de la marca Nutricampo a Venezuela.
Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
