De 2005 a 2007, más de 12.000 millones de dólares del erario estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza. Así lo revela la Lista Falciani, que abrió un canal a la institución financiera y la expuso a investigaciones en varios países. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco.
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La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. El Gobierno nacional depositó entre 2006 y 2007 –al menos– más de 12.000 millones de dólares en la filial que el banco HSBC tiene en Ginebra, la oficiosa capital suiza de los negocios. Y se sabe ahora solo porque figuran entre las casi 85.500 cuentas cuyos datos se filtraron desde el interior de la misma institución financiera.
Como sucedió con los escándalos de los WikiLeaks y los Luxleaks, esta tercera filtración masiva de datos confidenciales que llega a la prensa, y que ya aspira al título de SwissLeaks, surge de un insider que descargó las bases de datos de un ente financiero, en este caso, la sucursal suiza del banco HSBC. La filtración expuso a la luz pública miles de nombres de clientes: entre ellos figuran astros del jet set, multimillonarios de todo el mundo y hasta personajes enjuiciados por tráfico de armas.
Los clientes proceden de 203 países incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití. En total, los latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000 millones de dólares, casi la mitad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas fortunas la ubican de tercera, solo detrás de las cuentas de la propia Suiza y del Reino Unido.
De los 14.800 millones de dólares registrados que corresponden a cuentas de venezolanos, la gran mayoría es dinero del Estado. Casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro.
La del Banco del Tesoro, por ejemplo, fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de ministro para las Finanzas y vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento.
Dos meses después la Oficina Nacional del Tesoro también inició operaciones en Ginebra. Fue el 8 de diciembre de 2005 a las 10:49 de la mañana, según el reloj suizo. Así quedó asentado en el banco y así se lee ahora en una serie de archivos que aparecieron en medio de una historia que empezó en 2008 con Hervé Falciani y su llamada lista Falciani, una de las más grandes filtraciones de los últimos tiempos, que hoy publica Armando.info, en alianza con una red de periodistas de más de 45 países motorizada por el diario Le Monde de París y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington DC.
Sospechoso de haber robado la data del banco en el que trabajaba, la Policía Federal de Suiza arrestó al informático Hervé Falciani el 22 de diciembre de 2008. Allanaron su casa, registraron su computadora y lo conminaron a declarar en un interrogatorio que se prolongó hasta la noche.
Las autoridades le permitieron ir a dormir a su casa con la condición de regresar al día siguiente, pero Falciani alquiló un carro esa misma noche y recogió a su esposa y a su hija para emprender camino a la frontera francesa, donde se convirtió en testigo protegido de un escándalo en el que seis años después ha venido documentando –a través de HSBC– casos en los que la banca suiza se ha hecho de la vista gorda para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción, el contrabando de minerales y hasta el narcotráfico.
Agazapada entre nombres de banqueros reconocidos y empresarios tradicionales, la filial suiza de HSBC guardaba una cuenta de 31 millones de dólares ligada al ex ministro de Industria y Comercio de Epipto, Rachid Mohamed Rachid, condenado por despilfarro y especulación por la justicia de su país, en un juicio celebrado en su ausencia luego de que en febrero de 2011 huyera de El Cairo hacia Dubai en medio de la revueltas contra el gobierno de Hosni Mubarak.
Entre tantas otras cuentas figura el nombre de Aziza Kulzum, a quien han llegado a llamar la Reina del Coltán y sobre quien pesa una condena de la Organización de Naciones Unidas, por conflictos como el de Burundi y el Congo. También el español Arturo del Tiempo, sentenciado a siete años de prisión por tráfico de cocaína.
También hay rastros de dos cuentas de Horacio Cartes, presidente de Paraguay, y por mucho tiempo señalado como uno de los cabecillas del entramado de contrabando de cigarrillos desde el país sureño.
Junto a ese tipo de clientes, y en la misma entidad –cuya sede se encuentra al pie del río Ródano en el 9-17 del muelle de Bergues de la ciudad de Ginebra– las autoridades venezolanas de finanzas colocaron el dinero público. Y lo mantuvieron allí al menos hasta el año 2007, cuando Falciani descargó la data del banco.
El diario Le Monde obtuvo la base de datos de cada una de las cuentas –a través de fuentes dentro del gobierno de Francia– y la compartió así con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), para coordinar una red que ayudara a jerarquizar y poner en perspectiva la masiva nómina.
El Congreso de Estados Unidos puso en tela de juicio el nombre de HSBC y, tras una investigación en el seno del Senado, señaló en 2012 laxitud en los controles de la filial suiza de esa institución financiera. Tanto así que advirtió sobre millones de dólares de los carteles de la droga de América Latina, que fueron a parar a las arcas de la banca suiza.
HSBC, con sede central en Londres, nació en 1865 en Hong Kong –bajo el nombre de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation– como vehículo para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. Casi 150 años después, se ha mantenido a la vanguardia de los servicios financieros del mundo, por eso sus directivos atajaron el escándalo cancelando casi 2.000 millones de dólares en Estados Unidos para evitar que las denuncias del Congreso terminaran en un juicio.
Mientras las autoridades de Francia y Estados Unidos tomaban cartas en el asunto, los fondos públicos venezolanos hacían escala en las bóvedas del HSBC en el país alpino. “¿Por qué tenemos que enterarnos dónde están las cuentas del erario por una filtración periodística?”, se pregunta el diputado Andrés Velásquez, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela. “El Gobierno puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado, pero también debe explicar con detalle a qué responden esos recursos”.
Velásquez, diputado de la oposición por el partido Causa R, aprovecha para preguntar dónde están los 500 millones de dólares que el gobierno chino entregó a sus aliados venezolanos para oxigenar la economía del sur de Venezuela por medio de las empresas básicas de Guayana. “Dijeron que esos fondos habían sido depositados en la filial libanesa del Gazprombank de Rusia pero luego desaparecieron”, denuncia. “El Gobierno nos tiene acostumbrados a no informar y, entretanto, ahora resulta que aparecen dos cuentas en un banco suizo”.
Las autoridades venezolanas no han dado luces sobre el tema. Tampoco los funcionarios que aparecen a cargo de las cuentas suizas. Aunque se intentó en repetidas oportunidades consultar al ex tesorero nacional, Alejandro Andrade, a través de contactos en el sur del estado de Florida, Estados Unidos, no fue posible localizarlo para obtener un comentario.
Fue Andrade uno de los funcionarios que manejó los casi 700 millones de dólares que aparecen colocados en el HSBC suizo. El resto de los recursos suman 11.900 millones de dólares a nombre del Banco del Tesoro, un banco del Estado nacido en revolución, según presenta su propio eslogan en una retahíla de cuñas que abundan en la radio y la televisión venezolana.
Al menos hasta 2007, esa institución financiera disponía de 9.500 millones de dólares en una cuenta principal y otros 2.200 millones repartidos en un par de cuentas espejo, que fueron creadas cinco meses después de la principal, la noche del 15 de marzo de 2006.
Conocidas en el argot de la banca como cash pooling, las cuentas espejo sirven –de acuerdo con varios especialistas consultados– bien para dar transparencia y seguridad sobre el monto principal o, precisamente, para simularlo y poder tener libertad para desviar los recursos a otros instrumentos financieros.
En agosto de 2011, cuando Hugo Chávez aún gobernaba el país, informó que sacaría las reservas de oro depositadas en Europa y Estados Unidos, para guardarlas en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV). En medio de esos anuncios, varias voces empezaron a advertir sobre una serie de rumores que, finalmente, el chavismo confirmó: las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela pasarían, a partir de ese momento, a bancos de la órbita de aliados como Brasil, China y Rusia.
"¿Qué está pasando que no sabemos los venezolanos?”, cuestionó en ese momento el diputado de la oposición, Julio Montoya, tras filtrar documentos oficiales que daban cuenta de la intención de transferir las reservas de la Nación. Esa misma pregunta ahora la hace su homólogo Andrés Velásquez, quien desde ya anuncia solicitar una investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para precisar qué pasó con los recursos que, al menos hasta 2007, estaban en Ginebra al resguardo de la sucursal que HSBC mantiene en Suiza.
Como en Estados Unidos y Francia, la llamada lista Falciani, o lo que ya se conoce como los SwissLeaks, han fomentado investigaciones sobre la data de HSBC-Suiza. Argentina es el primer país que lo hace en la región; su Administración Federal de Ingresos Públicos acusó a HSBC de desarrollar “una plataforma ilegal” que involucra al menos 3.000 millones de dólares con el fin de evadir impuestos.
Las filtraciones que hoy empiezan a aparecer en los medios imprimen un nuevo capítulo en una serie de señalamientos que ponen a la institución bancaria en el peor escándalo de su historia. Al principio, sus autoridades insistieron al ICIJ que debían destruir la data, pero ahora hacen un mea culpa.
A finales del mes pasado, después de conocer detalles sobre una serie de investigaciones periodísticas que hoy publican en simultáneo en más de 45 países, dieron una respuesta más resignada: “Reconocemos que la cultura de cumplimiento y los estándares de procedimiento en el banco HSBC de Suiza, así como la industria en general, fueron significativamente más bajos que en la actualidad”.
A través de una carta, señalaron que el banco había dado pasos importantes en los últimos años para poner en práctica reformas necesarias. Hablaron incluso de haber sacrificado clientes. “Como resultado de este reposicionamiento, el banco privado suizo HSBC ha reducido su base de clientes en casi 70% desde el año 2007”.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y hospedaje que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
