No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre sus muchos ‘traders’ en mora también se encuentra la dupla de empresarios colombianos, con un monto que asciende a los 1.500 millones de dólares. Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Saab se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. La justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio.
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En Petróleos de Venezuela (Pdvsa) las cuentas no cuadran. El fracaso de la estrategia diseñada desde mediados de 2019 para evadir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos causó un enorme hueco financiero en la petrolera estatal, la renuncia del hasta hace poco muy poderoso Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y la detención de empresarios y exdirectivos de la propia Pdvsa en medio de un escándalo de corrupción inocultable para el propio régimen chavista.
Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.
Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.
El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.
La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.
Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.
“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.
Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020.
Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal. De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras.
Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.
Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa.
Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco.
Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.
Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.
Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.
La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021.
Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.
Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info.
“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.
A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos.
Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.
Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.
El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022.
Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.
Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías.
El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”.
Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019.
La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en los complejos refinadores petroleros, en los que los contratos son aprobados por funcionarios militares cercanos al chavismo.
La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.
Como hongos brotan edificios de gran altura y arquitectura de avanzada en Las Mercedes, ‘zona rosa’ de Caracas que se convirtió en gueto del lujo. Si la tendencia contrasta con la prédica socialista oficial y con las crisis tanto del sector construcción como de la economía, eso no parece disuadir ni a la empresa Constructora HP, con participación en la mayoría de esas obras -en combinación con otros inversionistas de diferentes orígenes y experiencias-, ni a la alcaldía local, nominalmente opositora y exageradamente solícita con las demandas de la compañía.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
socio de Alex Saab en sus negocios con el chavismo desde 2011. Junto a Saab participó en la comercialización de petróleo venezolano desde 2019. Recientemente, el Fiscal Tarek William Saab confirmó el allanamiento a su casa en Caracas.
ha sido durante años el principal contratista de Nicolás Maduro. En 2019 también se le encargó la comercialización de petróleo, pero algunas de las empresas que utilizó para la venta de crudo quedaron debiendo a la petrolera estatal. Fue detenido en el año 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos un año después.
coronel del ejército. Tras un largo recorrido en cargos públicos, llegó a la vicepresidencia de comercio y suministro de Pdvsa. Recientemente fue detenido y señalado como uno de los principales responsables de la corrupción en la petrolera estatal.
Exvicepresidente de la República, ex gobernador y exministro de Petróleo entre 2020 y 2023. Fue una de las figuras más poderosas dentro del chavismo, hasta su defenestración el año pasado, cuando se desmanteló una red de contratistas de Petróleos de Venezuela que desviaron miles de millones de dólares. Detenido esta semana por acusaciones de corrupción.