No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de crudo en una coyuntura de crisis diplomática y energética, optó deliberadamente por dejar sin pago más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, monto al que definió como “un regalo del pueblo venezolano”. Y Caracas dejó eso así.
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Mucho antes del reciente escándalo de los intermediarios utilizados por el régimen de Nicolás Maduro para colocar el petróleo venezolano en mercados extranjeros, que han quedado debiendo a Pdvsa cifras superiores a los 13.000 millones de dólares, otra deuda -también colosal y manejada “entre amigos”- estableció no sólo un antecedente muy claro sobre la inoperancia de la autodenominada Revolución Bolivariana a la hora de cobrar a sus deudores. Sino, peor aún: que la morosidad le podía resultar aceptable a las autoridades de Caracas, siempre y cuando el deudor se mantuviera como un aliado político.
Ese antecedente tuvo como beneficiario al régimen de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y considerado como el último dictador de Europa. Solo se conocen ahora los detalles del impago por documentos filtrados y obtenidos recientemente por una coalición periodística conformada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), el Centro de Investigación de Bielorrusia (BIC, por sus siglas en inglés) y Armando.info.
De acuerdo a la documentación, Bielorrusia quedó debiendo, deliberadamente, un pago restante que supera los 1.400 millones por cargamentos de crudo venezolano recibidos en medio de una amenazante crisis político-energética con su vecino oriental, Rusia, que le había cerrado las fuentes de suministro.
Fueron un total de 9,2 millones de toneladas (equivalentes a 65,8 millones de barriles) las vendidas por Pdvsa a Minsk mediante una fórmula de 80% de pago al contado, y 20% diferido. Este último fue el tramo que Bielorrusia nunca pagó.
La operación se inició en 2010. En una de sus periódicas riñas, los gobiernos de Minsk y Moscú -aliados a veces mal avenidos, que a menudo planean federarse en una sola nación para enseguida enemistarse- estaban distanciados. La Rusia de Putin se negaba a seguir vendiendo crudo a la Bielorrusia de Lukashenko a precios subvencionados. Eran otros tiempos para los hoy socios en la guerra de Ucrania.
Ante ese virtual cerco, Lukashenko acudió al presidente Hugo Chávez. Que encontrara la solución en Venezuela, a miles de kilómetros, podía lucir extravagante y escasamente factible. Pero aún así tenía visos de realidad: de hecho, desde 2007, ambas partes ya habían firmado y puesto en práctica diversos acuerdos de cooperación, que si a la larga resultaron estériles, en lo inmediato habían convertido a Minsk en un proveedor de Caracas en materia de tecnología, camiones, tractores, y construcción.
En uno de los documentos revisados por la alianza periodística, suscrito originalmente por siete gerentes de Pdvsa y otros tantos de la bielorrusa JSC Belarusian Oil Company, se deja asentado que la estatal venezolana se comprometía a surtir de crudo tipo “Santa Bárbara o cualquier otro crudo de mutuo acuerdo” a su par bielorrusa entre 2010 y 2012. Los despachos serían pagados de la siguiente forma: 80% de cada cargamento a un máximo de 35 días después de recibido y “el 20% restante se abonará en la cuenta del vendedor y el uso de esta cantidad se definirá entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bielorrusia en un acuerdo diferente”.
Pero otro documento posterior, esta vez interno del régimen de Lukashenko, obtenido por BIC y fechado en mayo de 2015, admitía que de aquella fórmula 80-20, a Pdvsa nunca le llegó el pago correspondiente al tramo final. El documento bielorruso lo expresaba en contante y sonante: Pdvsa había dejado de recibir un poco más de 1.440 millones de dólares. Eso representaba 20% de la factura total de 7.057 millones de dólares, el precio de las 9,2 millones de toneladas de crudo que Venezuela había suministrado.
Sin embargo, en el mismo documento, el gobierno bielorruso declara su posición sin ruborizarse: considera esa deuda como una “asistencia” del gobierno venezolano y, por lo tanto, no la pagará.
Minsk acepta en el documento “declarar su voluntad, de conformidad con las obligaciones contractuales entre JSC y Pdvsa, de establecer un grupo de trabajo intergubernamental para liquidar la deuda existente (…). Como posible alternativa, en respuesta a la asistencia venezolana en 2010, considerar la posibilidad de proporcionar asistencia a la parte venezolana (por ejemplo, mediante la organización de suministros periódicos de bienes de consumo no vendidos como productos químicos de uso doméstico, medicamentos, etc.), sin vincular el importe de la asistencia al importe de la deuda”.
La conformación de ese “grupo de trabajo”, todavía según el mismo documento, había sido propuesta por el entonces ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, en 2014.
Ramírez respondió desde su exilio a las preguntas de los autores de este reportaje, con la advertencia de que hablaba "de memoria porque no tengo acceso a los documentos". Con todo, recuerda que los bielorrusos "en algún momento comenzaron a negarse a pagar eso. Sobre todo cuando el presidente Chávez estaba enfermo. Cuando Chávez muere, lo primero que le digo a Nicolás Maduro es: 'hay una deuda de Bielorrusia con Venezuela, está documentada, ahí están los documentos, y tú como presidente tienes que hacer la presión ahí'. Maduro no hizo nada. Recuerdo que la única vez que hice una gira con Maduro estuvimos en Bielorrusia y él no me dejó entrar a la reunión porque sabía que yo iba a cobrar esa deuda (...) Los bielorrusos dijeron una cosa insólita.. Que eso era un acuerdo de Chávez y Lukashenko y que si se Chávez se murió ellos no.... Y claro, nos faltó, del lado venezolano, que Maduro como presidente exigiera a su contraparte bielorruso que pagara esa deuda, sobre todo porque los bielorrusos a partir de la muerte de Chavez, y antes, incluso, tenían interés de vender equipos militares".
Asegura Ramírez que durante su gestión en Pdvsa el acuerdo con Minsk se asumió como un intercambio de petróleo por bienes y servicios. Pero "creo que se aprovecharon mucho de la buena voluntad de Chávez, tuvimos muchos problemas con las obras que ejecutaban en Venezuela y al final hubo una situación de acumulación de deudas. (...) Ese monto de 1.400 millones [de dólares en deuda] a mí suena más a 2.000 millones, que es el monto que yo tengo en la cabeza".
Ante esas deficiencias en las contraprestaciones bielorrusas, siempre según Ramírez, Pdvsa debía aguardar la extinción del contrato por incumplimiento, lo que no significó que se quedara de brazos cruzados. "Creo recordar que suspendí el suministro de petróleo ante el incumplimiento de la compañía y, bueno, lo que procedía era una demanda, pero yo ya no estaba allí (...) Hice la alerta a nivel de jefes de Estado. Si el gobierno bielorruso no quiere cumplir porque dice esta cosa loca de que Chávez se murió, entonces corresponde demandar a esta empresa bielorrusa (...) Ahora, ¿a quién correspondía demandar? Al gobierno nacional, los que quedaron después en la junta de Pdvsa". Según Ramírez, el acuerdo original de venta de petróleo fue firmado por Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez y hoy también expresidente de Pdvsa, pero la relación con Bielorrusia la habría llevado el ministro Ricardo Menéndez -"que tiene ya como 50 años en el gobierno", apunta Ramírez- en coordinación con el viceprimer ministro, Vladimir Semashko, por la parte bielorrusa.
Los periodistas no encontraron pruebas de que se hubiera redactado algún otro acuerdo para el pago del 20% restante. Anatol Kotov, que trabajaba en la oficina del presidente Aleksandr Lukashenko en aquel momento, declaró que nunca se puso nada por escrito sobre el cierre del saldo. “Al final no se registró sobre el papel. De hecho, fue un acuerdo verbal entre Lukashenko y Chávez. Y en general, digamos, para Minsk oficialmente el problema de la deuda con Venezuela no existe en absoluto. Porque pagó 80% del precio y todo lo demás se consideraba un regalo. Tras la muerte del comandante [Chávez], en general, la postura oficial fue que se trataba de un regalo del hermano pueblo venezolano al pueblo bielorruso”, dijo a BIC.
Pdvsa no registró la deuda de Bielorrusia en un documento público y oficial más allá de una mención de su existencia en el informe anual de 2011 de la petrolera, sin mayores precisiones. La cifra superior a los 1.400 millones de dólares, según los cálculos de Minsk reflejados en los documentos, nunca se hizo pública.
Por su parte, Mikhail Kostechko, director general de la JSC Belarusian Oil Company, la petrolera estatal bielorrusa implicada en el acuerdo, afirmó que no existía tal deuda. "No sé en absoluto de qué tipo de deudas están hablando", dijo. Comunicaciones enviadas a Pdvsa y a la embajada de Bielorrusia en Caracas solicitando información o comentario al respecto no fueron respondidas.
La existencia de una deuda de esta magnitud poco sorprende a estudiosos de la relación entre Venezuela y Bielorrusia, sobre todo por el carácter informal y populista de sus líderes. El analista bielorruso, Pavil Slukin, lo explica de esta forma: “No sabemos en realidad cuánto pagó Lukashenko en petróleo y cuánto pagó Venezuela por esos servicios. Sólo la gente de adentro [lo puede saber]. Puedo imaginar que fue bueno para ambos. La razón es el poder sin control. Lukashenko no está controlado por la gente, no comparte información. Lo mismo ocurría con Chávez. (…) Lukashenko estaba contento de recibir petróleo barato y Chávez estaba contento de recibir tecnologías que, aunque no eran las mejores del mundo, eran bastante buenas para Venezuela. Todos estaban contentos, pero desde mi punto de vista era más interesante para Lukashenko, porque las empresas bielorrusas no tenían que invertir y todo se hacía con dinero venezolano. Eran servicios muy bien pagados”.
En esa relación desigual, donde Bielorrusia podía ufanarse de estar ganando más, la construcción de viviendas de interés social en Venezuela fue un desaguisado emblemático.
Un documento interno del gobierno venezolano muestra que entre 2008 y 2010 ambos países pactaron en diez acuerdos la construcción de al menos 27.000 viviendas. En ese total, los proyectos más renombrados eran los de la promesa de construcción de 6.968 unidades en los sectores de Guasimal y la Base Libertador, en el estado Aragua -80 kilómetros al oeste de Caracas-, y el de otras 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna, en Caracas. Por Venezuela firmó el Ministerio de Vivienda y Hábitat y, por Bielorrusia, la empresa Belzarubezhstroy.
En 2014, Loymar Díaz se mudó a un apartamento de tres habitaciones junto a su primer hijo, que apenas tenía un año, y su madre, en el complejo construido en Guasimal. La vivienda le fue adjudicada dos meses después de haber hecho la solicitud formal ante el programa gubernamental Misión Vivienda, y aunque no deja de mostrar gratitud, hace un comentario llamativo: “No puedo quejarme. No tenía vivienda y ahora sí. El problema son los acabados. Pareciera que el dinero se acabó a mitad de construcción”.
Pero para esa construcción en particular había suficiente dinero, al menos asignado. Los documentos oficiales muestran que para las viviendas en Aragua el gobierno venezolano pagaría 695 millones de bolívares en 2008, que al cambio oficial de entonces representaba 323,3 millones de dólares, lo que equivalía a un costo prorrateado para cada vivienda de 46.403 dólares.
Casi nueve años después de mudarse, Díaz muestra las paredes de su apartamento, manchadas por el agua que se filtra por las paredes al quedar depositada en las juntas de la fachada. Las fisuras en las tuberías forman burbujas en el friso. “Los primeros edificios que entregaron están en mejores condiciones que estos. El problema son los acabados y quizá los materiales que se usaron para finalizar el proyecto”, aventura Díaz una hipótesis con sus pocos conocimientos de construcción y plomería. El proyecto de Guasimal consistió en la fabricación y entrega de 2.520 viviendas proyectadas, 720 en un primer lote y las 1.800 restantes en un segundo lote, en el que estuvo la que finalmente sería la residencia de Díaz.
No llegó Chávez a ver la totalidad de las construcciones bielorrusas en Fuerte Tiuna, como tampoco lo ha hecho Nicolás Maduro, aunque en junio del año pasado hizo un acto simbólico de entrega de viviendas en el que banderas venezolanas y bielorrusas colgaban del edificio mientras una banda tocaba música folclórica tradicional. Tras chocar los puños con una cantante de 12 años, Maduro entregó las llaves a un grupo de niños, que condujeron a sus familias a las nuevas viviendas.
Los apartamentos formaban parte de los 21.000 (de los 27.000 pactadas inicialmente) que la constructora estatal bielorrusa, Belzarubezhstroy, había acordado construir. En Fuerte Tiuna, la principal guarnición militar del país, en el suroeste de Caracas, menos de una décima parte de los 10.000 apartamentos prometidos están habitados. Una vista efectuada en diciembre de 2022 por Armando.info permitió comprobar que los edificios recién inaugurados por Maduro seguían vacíos. Los esqueletos inacabados de una docena de otros edificios se alzaban en las inmediaciones.
Según los documentos revisados, una orden de pago firmada por el ministro venezolano de Vivienda en 2011, Ricardo Molina Peñaloza, explicaba al detalle los números de cuenta para pagar a Belzarubezhtroy: 227 millones de dólares “correspondientes al 30% del anticipo con cargo al Fonden” para “la construcción de 10.000 viviendas en Fuerte Tiuna en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, según el convenio Venezuela – Belarús”. Esta orden implica que el costo total del proyecto era de 756 millones de dólares, lo que dejaría a cada vivienda, si se cumpliera el proyecto de construir 10.000 de estas, a un costo de 75.600 dólares cada una.
A mediados de 2011, un documento obtenido por BIC muestra que a Belzarubezhtroy se le transfirieron unos 525 millones de bolívares, aproximadamente 120 millones de dólares a la tasa oficial de la época. El trabajo se detuvo seis meses después, mientras Belzarubezhtroy esperaba otro desembolso de 227 millones de dólares, según un informe del gobierno de una reunión entre Chávez y Lukashenko en junio de 2012.
Una fuente familiarizada con el caso dijo que el ministro de Vivienda de Venezuela ordenó el pago después de la reunión, pero nunca se recibieron los fondos. Al final, la empresa bielorrusa señala haber construido 912 apartamentos, 20 guarderías y 40 pequeños locales comerciales. Los cálculos basados en estos datos muestran que cada unidad habría costado unos 122.000 dólares, según el tipo de cambio oficial de la época.
Esto es más del doble de lo que, según los expertos, deberían haber costado. Un informe de 2018 de la Cámara Venezolana de la Construcción estimó que para levantar una unidad de vivienda social no deberían hacer falta más de 45.000 dólares. En el caso de Fuerte Tiuna, el presidente de la cámara, Enrique Madureri, estima que cada unidad debería haber costado aún menos, alrededor de 30.000 dólares. "Hemos hecho antes estimaciones de precios de las viviendas de interés social y 45.000 dólares por vivienda es un número muy conservador, que incluye, por supuesto, los costos del terreno, el financiamiento de la obra y el costo de la vivienda en sí. Tomando en cuenta que para construir en Fuerte Tiuna no había que hacer pagos de terrenos urbanizados, financiamiento, seguros, promoción y venta, podríamos decir que cada vivienda debió haber costado unos 30.000 dólares por unidad", afirmó.
Otro experto en urbanismo en Venezuela y estudioso de la Misión Vivienda, que pidió tener su nombre en reserva, señaló que de todas las construcciones de ese proyecto elaboradas en la zona metropolitana de Caracas, la de Fuerte Tiuna “fue la más ineficiente, simplemente porque fue donde más se prometió y donde menos se construyó”.
Por su parte Kotov, el funcionario bielorruso que trabajaba en la oficina de Lukashenko en el momento de los acuerdos, afirmó que Belzarubezhtroy cobró más del doble de lo que deberían haber costado las viviendas. Un cuestionario con preguntas dirigido a la empresa para aclarar los costos del proyecto nunca fue respondido por Belzarubezhtroy, ni las fuentes consultadas accedieron a aclarar el costo unitario real de cada una de las casas construidas o cuánto dinero recibió del gobierno venezolano.
En todos los escenarios de cálculo, incluso si se calcula al precio del dólar paralelo para la época, el costo de las viviendas hechas por Bielorrusia en Fuerte Tiuna excede la estimación de 45.000 dólares por unidad. Un sobreprecio que para Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, es uno de los grandes motores que impulsó la crisis económica del país.
“La Gran Misión Vivienda fue una de las grandes culpables de la crisis que vive Venezuela y no porque lo diga yo o lo digan los periodistas, sino porque lo dijo [el ex ministro de Planificación, Jorge] Giordani en aquella carta en que dijo que Chávez había quebrado al país con la Misión Vivienda para ganar las elecciones. Los montos a los que llegamos a tener acceso eran tan increíbles que uno no podía creer en lo que veía de las construcciones, tan deficientes. Sobre el manejo de los recursos públicos me faltan palabras para explicar lo terrible. Primero, para los temas de contratación no había formato de contratación ni exigencias básicas conocidas o condiciones, ni necesidades de permisos para los servicios de luz, agua, conectividad, transporte, el urbanismo. Eso no se consideró ni se exigió a las empresas que contrataban. Los acuerdos se firmaron sin tener en cuenta el tesoro de Venezuela o sus leyes anticorrupción, y ahora es difícil encontrar información sobre dónde fue a parar el dinero”.
El Ministerio de Vivienda y Hábitat en Venezuela tampoco respondió a las preguntas.
Sobre ese contexto queda casi como una anécdota el incidente en el que el jefe de Belzarubezhtroy, Viktor Shevtsov, aliado de Lukashenko, fue detenido por la inteligencia bielorrusa en 2011, acusado de malversar unos diez millones de dólares de proyectos de construcción en Venezuela. La investigación se archivó y fue puesto en libertad al año siguiente, según informaron los medios bielorrusos. No está claro si entre los fondos malversados estuvieron algunos correspondientes a la construcción en Fuerte Tiuna, y Shevtsov no respondió a las peticiones de comentarios.
La deuda pendiente y el proyecto de viviendas muy bien pagadas pero nunca terminadas no son los únicos temas pendientes de aquella cooperación entre Chávez y Lukashenko. Otras manifestaciones de esa asociación no solo atraen la atención sino que muestran el alcance del despilfarro de modos más que elocuentes.
En el último kilómetro antes de llegar, en la localidad de San Silvestre del estado Barinas, entidad llanera que fue tierra natal de Chávez, el paisaje advierte lo que viene. La vía, llena de huecos, flanqueada por altos pastizales, comienza a mostrar letreros desgastados por el sol y el agua. Uno apenas dice “Veneminsk” y otro, metros más allá, “Mazven”, conjunciones de las palabras Venezuela y Minsk -la capital bielorrusa- y de Venezuela con el acrónimo de “Minski Autamabilny Zavod” (MAZ) de los famosos camiones bielorrusos.
Con estos nombres fueron bautizadas dos empresas que, una frente a otra, pretendieron ser la perla de un “eje productivo” creado por Chávez y Lukashenko, abiertas en 2012 y cuyas enormes instalaciones hacen más intensa la soledad del único custodio del lugar. Veneminsk y Mazven, empresas mixtas que construyeron algunos tractores -la primera- y algunos camiones -la segunda- hoy están casi abandonadas a pesar de un exiguo intento de reactivación anunciado en marzo de 2022 de lo que también se ha bautizado como el Complejo Industrial Santa Inés. Las plantas debían fabricar miles de vehículos al año, pero la producción se retrasó desde el principio.
Desde su inauguración hasta 2015, las fábricas, aunque con una capacidad instalada para producir 10.000 vehículos por año, produjeron menos de un tercio de los más de 13.700 vehículos que tenían programados, según cifras de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias que no se volvieron a publicar después de ese año. Específicamente, para 2012 y 2013 tenían programado producir 1.344 vehículos cada año pero se hicieron 100 y 605 respectivamente, para 2014 la meta eran 1.566 vehículos pero se hicieron 367 y en 2015, para la meta de 2500 apenas se alcanzaron a hacer 325.
Pero aquel relanzamiento de marzo de 2022, con la foto de 12 tractores en período de prueba (de un total de 30 recién ensamblados) que buscó ser la imagen del fin de cuatro años de paralización de una empresa creada para producir 18 tractores diarios, no fue más que otro gesto publicitario. La reactivación ha sido exigua, según confirmó un trabajador de Veneminsk. “No hay producción, lo que hacen es servicio de mantenimiento. Hay comedor. El personal unos se han retirado y otros que son de nuevo ingreso. Me dicen que Mazven está igual. Eso está todo parado, ahí no hay nada”.
No está claro cuánto invirtió finalmente cada país en el proyecto. Bielorrusia calculó que la construcción de las dos fábricas costaría 55 millones de dólares, de los que Venezuela asumiría el 60% y Bielorrusia el resto. No está claro cuánto invirtió finalmente cada país en el proyecto pero en 2014 -apenas dos años después de su puesta en marcha- el entonces ministro de Agricultura de Venezuela, Yván Gil, hoy Canciller, visitó las plantas y pidió que se invirtieran 70 millones de dólares adicionales para mejorar su decaída producción.
En 2016 y 2017, el medio digital del chavismo crítico, Aporrea.org, denunció que Venezuela llevaba años sin suministrar materia prima a las plantas, lo que casi paralizó la producción. A finales de 2021, el ministro de Industria de Venezuela visitó una de las plantas, Veneminsk, y prometió que la producción se "reactivaría". Y en 2022 una comisión parlamentaria inspeccionó la fábrica tras ser denunciada por supuestas irregularidades, pero todavía no muestra signos reales de recuperación.
El Ministerio de Industria de Venezuela, responsable de las fábricas, no respondió a una solicitud de comentarios.
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Este reportaje se hizo con el apoyo de Isayén Herrera.
Addenda: En la versión original de este reportaje, publicada el miércoles 12 de abril de 2023 a las 11:00 am de Caracas, no aparecían declaraciones del exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño. Ramírez habló con los reporteros luego de la publicación, y en consecuencia se agregaron al texto, a las 8:00 am del jueves 13 de abril (hora de Caracas), algunos segmento de esa conversación, editados para su mejor comprensión.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
Muchas viviendas en poco tiempo; tecnología y experiencia del extranjero: eran los atractivos de las casas prefabricadas como solución al déficit habitacional en Venezuela. En la danza de millones de dólares correspondiente a los contratos otorgados por el Gobierno, tomaron parte iraníes, uruguayos, portugueses y, según ahora aparece, hasta la empresa de la tesorera del club de fútbol Barcelona. Pero la improvisación y la falta de controles por parte de las autoridades desembocaron en retrasos, incumplimientos, pleitos judiciales y, en definitiva, la frustración del sueño de vivienda propia de miles de venezolanos.
Desde 2007 el gobierno venezolano ha tenido entre sus socios predilectos a Bielorrusia al momento de crear empresas mixtas. En este proceso, el Estado bielorruso impuso como socio e interlocutor de la parte venezolana a un cuestionado empresario privado, Viktor Shevtsov, señalado desde hace años por autoridades de Estados Unidos como lavador de dinero y perro de la guerra. Sus negocios en el país van desde la constitución de compañías de portafolio hasta grandes proyectos de construcción. Y, según recientes trascendidos, lo van a llevar a enfrentar, bajo cargos de fraude, a la oscura justicia de su país. ¿Cómo llegó Venezuela a tener un socio así?
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Presidente de Bielorrusia desde 1994 de forma ininterrumpida. Conocido como “el último dictador de Europa”.
Presidente de Venezuela entre 1999 y marzo de 2013, cuando falleció por enfermedad.
