APÓYANOS

Ni las mascotas están a salvo del ‘Sippenhaft’

En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.

30 julio 2023
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A Ariana Granadillo funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la hicieron dormir en el suelo con las muñecas atadas con cinta adhesiva. Entonces la patearon en las costillas. Sucedió en febrero de 2018, pero no fue la única vez. En mayo de ese año, los mismos funcionarios volvieron por ella y sus padres a la casa del coronel Oswaldo García Palomo, a quien acusaban de un intento de magnicidio, y como no lo encontraron ni a él ni a su familia directa, se llevaron secuestrados a estos primos lejanos que le cuidaban la casa.

Los Granadillo –oriundos de Bocas de Río Chiquito, un pueblo del norte del estado Monagas– se habían mudado a la casa del coronel García Palomo, en la urbanización Monte Bello del municipio Carrizal, estado Miranda, para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde Ariana debía culminar pasantías para graduarse de médico. Pero después del segundo secuestro y la retahíla de torturas de la que su hija fue objeto, decidieron abandonar el país sin que ella terminara la carrera. El 24 de junio de 2018 se presentaron en la frontera del estado Táchira, en los Andes del suroccidente de Venezuela, para seguir camino a Colombia. No esperaban entonces que Ariana fuera detenida, esta vez con una orden de captura que la solicitaba “por rebelión militar”.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, subió a sus redes sociales el anuncio del arresto junto a la foto de la joven de 21 años. Funcionarios de ese organismo la detuvieron y trasladaron a Caracas en un periplo de una semana en la que pernoctó en calabozos de comisarías de ocho estados (Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Lara).

“Ellos decían que si vivíamos en su casa era porque sabíamos dónde estaba él”, recuerda Ariana Granadillo, ahora desde Washington DC, Estados Unidos. El suyo es un vivo ejemplo de que en la República Bolivariana de Venezuela el gobierno detiene y tortura de manera sistemática a familiares de disidentes y presos políticos, convirtiéndolos también en presos políticos.

Armando.info identificó 25 casos de parejas, madres, padres, hijos y hasta una prima tercera –en el caso de Ariana Granadillo– que fueron insultados, amenazados de muerte y torturados con golpizas, asfixias, descargas eléctricas y agresiones sexuales, para que confesaran el paradero de los suyos.

La coerción y el secuestro de familiares se volvió práctica común entre oficiales y comisarios de la Venezuela de hoy, al amparo de los tribunales. “Es un sistema organizado, donde hay una complicidad necesaria porque no pudiera trascender más allá si no estuviera en consonancia con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los propios organismos policiales”, advierte Joel García, abogado penalista y representante de varios presos políticos.

No en vano, los tribunales de control –la primera instancia para ir a juicio– tienen ese nombre: deben controlar el respeto a las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. Para García, esta connivencia activa se extiende hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando, hasta llegar al primer mandatario nacional.

En efecto: el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general de división Manuel Cristopher Figuera, asegura que el propio Nicolás Maduro le ordenó detener a la mamá del dirigente opositor Juan Guaidó.

Fue la última semana de febrero de 2019 en el Palacio de Miraflores. “Me mandó a meter presa a la mamá de Guaidó y al otro día fui a hablar con él en su despacho y le dije: ‘Mire, voy a necesitar un equipo médico. ¿Usted está en cuenta de que esa señora está en un tratamiento oncológico en el Centro Médico Docente La Trinidad?’.  Y el tipo tuvo un momento de reflexión y me dijo: ‘no, no, bueno, mete preso al hermano’”.

Al final, Gustavo Guaidó pudo salir del país sin ir preso, pero los últimos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas,  han documentado decenas de casos de familiares que han sufrido agresiones que evocan fantasmas de la Alemania nazi.

“Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la Dgcim lo torturaron y le dijeron que aplicarían el ‘Sippenhaft’ (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis)”, advirtió la misión en su informe del 17 de septiembre de 2021. El Sippenhaft también extiende la responsabilidad de un imputado a sus familiares y el testimonio añadió que la amenaza se cumplió al detener y apresar a dos hermanas y a un cuñado de la víctima durante 32 días en el cuartel general de la Contrainteligencia Militar en Caracas, ubicado en la urbanización Boleíta Norte.

En total, las conclusiones de los informes de 2020, 2021 y 2022 mencionan 107 veces las palabras “familia” y “familiares”, asociándolas en casi la mitad de los casos a represalias y torturas contra ellos.

El informe de la ONU de 2020 destaca entre varios, el Caso 18, que recuenta todas las torturas contra los familiares del coronel Oswaldo García Palomo.

La ONU destaca el testimonio de una víctima, a quien agentes de contrainteligencia se refirieron textualmente al término alemán Sippenhaft, empleado por los nazis, y amenazaron con aplicárselo a él y a su familia.

El general Christopher Figuera conoce al monstruo por dentro. Fue parte de los servicios de inteligencia de la Venezuela bolivariana y está convencido de que se trata de una práctica tropicalizada en el Caribe. Desde el exilio, al que salió tras el fallido levantamiento contra Maduro del 30 de abril de 2019, del que formó parte, dice que son cosas que no están escritas en un manual, pero que les han dado resultados y que “vienen de Cuba”, cuyos funcionarios de contrainteligencia a su vez fueron formados en la antigua República Democrática Alemana (RDA), la Alemania comunista.

“No es que lo llamen así y le pongan ese nombre alemán (Sippenhaft); eso es a lo criollo: ‘mira, agárrate a alguien y lo traes aquí’”, aclara. No es casual, a su juicio, que estas prácticas hayan aparecido principalmente en la Dirección de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim justo después del año 2014, cuando sus integrantes regresaron de la isla –en diferentes oleadas– tras completar el mismo Curso de Estado Mayor en el que, unos años antes, el propio general Christopher Figuera aprendió técnicas de interrogatorios e ingeniería social que ahora se emplean en Venezuela.

Una de las principales lecciones de entonces era la de obtener datos que ayudaran a perfilar el modo de vida, los gustos y detalles aparentemente insignificantes de sus objetivos. “Ese dato es relevante porque por allí pueden atacar la psiquis de la persona; buscan su punto débil, buscan quebrarte, y hemos visto que hasta hubo casos en los que atacaron familiares de sus víctimas”, dice.

Es conocido que la Cuba castrista tiene tradición en el tema. En los ochenta llegó a condicionar el libre tránsito de los familiares del célebre preso político, Armando Valladares, cuyo confinamiento se prolongó por más de dos décadas y polarizó el debate internacional en tiempos de la guerra fría. “Su madre, hermana y cuñado, quien fue también preso político, pueden ser considerados rehenes del Gobierno cubano”, lamentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso 2300 en la resolución N° 2/82, el 8 de marzo de 1982. “Aunque tienen visas extranjeras, el Gobierno les negó el permiso de salida. Las autoridades de la prisión han informado a Valladares que tendrá que firmar una carta renegando sus denuncias para que su familia pueda salir del país”.

Susana Vásquez, periodista y antropóloga cubana e investigadora de Cubalex, organización dedicada a documentar y asistir a víctimas de violaciones contra los derechos humanos en la isla, advierte de varios casos en los que –entre las décadas de los sesenta y los ochenta– se llevaron por delante a los familiares de los imputados. Es difícil cuantificar cifras, pero las formas ayudan a dimensionar la magnitud del Sippenhaft a la cubana. Como en el caso de Juan Carlos Álvarez Aballí, que terminó fusilado por el “delito” de ser el cuñado de Juan Maristany, quien participó en el asalto de un cuartel en busca de armas, junto a otros dos cubanos. Para salvarse de un juicio sumario contra un golpista, Maristany se refugió en la embajada de Brasil en La Habana, pero no sabía que así estaba firmando la sentencia de muerte de su cuñado, explica Vásquez: “El destacamento de la Seguridad del Estado tocó entonces la puerta de al lado y detuvo a Álvarez Aballí, quien no estaba involucrado en actividades subversivas”.

“El abogado defensor, en un acto de valor, se atrevió a presentar una carta del cuñado, certificada por el embajador, en la que se hacía único culpable de una sustracción de armas y explicaba con detalles hechos que demostraban la inocencia de Álvarez Aballí. El tribunal rechazó rotundamente la carta de Juan Maristany y planteó que si éste salía de la embajada y se entregaba a las autoridades, entonces cambiarían la sentencia”, recordó el propio Valladares en sus memorias, Contra toda esperanza. Pero nada revirtió la condena a muerte de Álvarez Aballí.

“Un castigo ejemplarizante”, concluye Susana Vásquez, segura de que estos desmanes han logrado instalar el miedo en la sociedad cubana, como una suerte de aviso para quien todavía hoy se anote en la resistencia. En la actualidad, la persecución a familiares se caracteriza por interrogatorios prolongados (más de cinco horas, con tres o cuatro interrogadores para una sola persona), así como amenazas de detención, sobre todo a hijos de activistas, explica Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex. “Es una técnica selectiva que busca aislar a la persona de sus familiares para quebrarla”.

Algo similar está emergiendo en otras dictaduras de América Latina. En Nicaragua encarcelaron en septiembre de 2022 y luego condenaron, en enero de 2023, al círculo más cercano del opositor Javier Álvarez, por los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas” en redes sociales. Los oficiales no encontraron a Álvarez en su residencia de Managua y, al constatar que había huido a Costa Rica, capturaron primero a su esposa, Jeannine Horvilleur Cuadra, e hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, quienes tienen doble nacionalidad, nicaragüense y francesa. Luego fueron por su yerno, Félix Roiz.

Los tres permanecieron presos durante seis meses hasta que el 9 de febrero fueron incluidos entre los 222 desterrados políticos que el mandatario Daniel Ortega montó en un avión, sin regreso, vía Estados Unidos.

En su origen, el término alemán Sippenhaft traduce “responsabilidad colectiva” y la historia señala que, a partir de 1944, esa responsabilidad colectiva fue propagada abiertamente por Heinrich Himmler –jefe de los escuadrones de la SS y uno de los arquitectos del Holocausto–, dando lugar a alrededor de 300 detenciones basadas en el principio de responsabilidad familiar, afectando principalmente a esposas, hijos y hermanos de los combatientes de la resistencia.

A diferencia de Alemania, donde se judicializó el Sippenhaft, en Venezuela, muchos casos no han pasado por los tribunales. Suelen ser torturas off the record que se llevan a cabo en el más absoluto secreto. Pero hay excepciones, como la de Ariana Granadillo, prima tercera del coronel García Palomo, a quien involucran en la llamada Operación Armagedón, un supuesto golpe militar abortado en 2018.

El de García Palomo puede ser el mejor ejemplo del Sippenhalft criollo. Entre el 2 y 6 de febrero de 2018, agentes de la Dgcim detuvieron a su esposa, hijo, cuñado, nuera y primos, recluyéndolos en una de esas casas de torturas clandestinas que también denuncian los informes de Naciones Unidas. Los separaron en espacios reducidos, algunos incluso debajo de unas escaleras donde no podían ni acostarse ni mantenerse de pie. Les propinaron palizas y los amenazaron de muerte en esa suerte de purgatorio extrajudicial. Los agentes ahogaban sus gritos encendiendo licuadoras y subiendo al máximo el volumen de los televisores.

“Los oficiales le dijeron a la Sra. (Sorbay) Padilla que era culpa de su marido que ella estuviera en esa situación. ‘El Capitán’ se enfadó y le tiró del pelo. Una de las agentes mujeres golpeó a la Sra. Padilla en la cara. Le administraron ocho descargas eléctricas, en sus costillas, piernas, pecho y espalda. Sus interrogadores la agarraron repetidamente de la cara, arrancándole una corona dental, que se tragó”.

Así quedó asentado en el informe de Naciones Unidas del 15 de septiembre de 2020 sobre las agresiones contra la esposa del coronel y eso reitera ella hoy, al otro lado del teléfono, desde Montreal, Canadá: “Yo escuchaba desde el lavandero de la casa cómo torturaban a mi hijo; le pusieron gas, lo dejaban en el piso y le daban con las botas diciéndole que él tenía que saber dónde estaba su papá; que nos iban a matar, que nos iban a violar, que iban a tirar los cadáveres al [río] Guaire”.

A ratos, los funcionarios los torturaban y a ratos trataban de convencerlos de que eran amigos. Primero allanaron su casa y luego los trasladaron vendados al centro de tortura donde, paradojas de esta historia, encontraron a los captores vestidos con la ropa del propio coronel García Palomo. “Al que llamaban ‘El árabe’ llevaba una chemisse Hugo Boss azul marino y los zapatos azul marino con rayitas verdes de mi esposo”, dice refiriéndose a sus torturadores. “‘El ingeniero’ cargaba una gorra de Mercedes Benz negra, que también habían sacado de mi casa”.

Los agentes se llevaron hasta los perros del coronel. Uno de ellos, Thor, murió luego de estar en cautiverio y todo indica que el otro, Arpa, es el mastín napolitano que ahora se ve entre la manada de perros realengos que habita en el estacionamiento de El Helicoide, el futurista edificio de los años cincuenta devenido cárcel de presos políticos, entre los que se encontraba el coronel García Palomo después de que lo apresaran en 2019. Luego fue trasladado a la Dgcim.

El abogado penalista Joel García se ha topado con la mascota cuando visita a alguno de sus defendidos. “Un funcionario me dijo que ese era el perro de García Palomo”, comenta.

En Los Juristas del horror, un repaso en clave de mea culpa que analiza los excesos de los tribunales del Tercer Reich, Ingo Müller recuerda que la justicia nazi condenó a un individuo por el “testimonio” de un animal. A falta de testigos, el Tribunal Especial de Posen –entonces Alemania, hoy la ciudad de Poznan en Polonia– resolvió en sentencia del 4 de diciembre de 1941 que el carpintero polaco Ignatz Kazmierczak había sido el agresor del perro, por la reacción del animal. “El perro, por su parte, enfureció de inmediato y se lanzó sobre el acusado. La conducta del acusado prueba que fue él quien apuñaleó al perro, y lo que es más, el perro reconoció a su enemigo de inmediato", apunta el libro. 

Ocho décadas después, en la República Bolivariana de Venezuela, las autoridades no han llegado a ese extremo, pero mantienen a las mascotas de sus disidentes en las cárceles como trofeos de guerra.


En el nombre del padre

Por: PATRICIA MARCANO

Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.

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