En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
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A Ariana Granadillo funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la hicieron dormir en el suelo con las muñecas atadas con cinta adhesiva. Entonces la patearon en las costillas. Sucedió en febrero de 2018, pero no fue la única vez. En mayo de ese año, los mismos funcionarios volvieron por ella y sus padres a la casa del coronel Oswaldo García Palomo, a quien acusaban de un intento de magnicidio, y como no lo encontraron ni a él ni a su familia directa, se llevaron secuestrados a estos primos lejanos que le cuidaban la casa.
Los Granadillo –oriundos de Bocas de Río Chiquito, un pueblo del norte del estado Monagas– se habían mudado a la casa del coronel García Palomo, en la urbanización Monte Bello del municipio Carrizal, estado Miranda, para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde Ariana debía culminar pasantías para graduarse de médico. Pero después del segundo secuestro y la retahíla de torturas de la que su hija fue objeto, decidieron abandonar el país sin que ella terminara la carrera. El 24 de junio de 2018 se presentaron en la frontera del estado Táchira, en los Andes del suroccidente de Venezuela, para seguir camino a Colombia. No esperaban entonces que Ariana fuera detenida, esta vez con una orden de captura que la solicitaba “por rebelión militar”.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, subió a sus redes sociales el anuncio del arresto junto a la foto de la joven de 21 años. Funcionarios de ese organismo la detuvieron y trasladaron a Caracas en un periplo de una semana en la que pernoctó en calabozos de comisarías de ocho estados (Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Lara).
“Ellos decían que si vivíamos en su casa era porque sabíamos dónde estaba él”, recuerda Ariana Granadillo, ahora desde Washington DC, Estados Unidos. El suyo es un vivo ejemplo de que en la República Bolivariana de Venezuela el gobierno detiene y tortura de manera sistemática a familiares de disidentes y presos políticos, convirtiéndolos también en presos políticos.
Armando.info identificó 25 casos de parejas, madres, padres, hijos y hasta una prima tercera –en el caso de Ariana Granadillo– que fueron insultados, amenazados de muerte y torturados con golpizas, asfixias, descargas eléctricas y agresiones sexuales, para que confesaran el paradero de los suyos.
La coerción y el secuestro de familiares se volvió práctica común entre oficiales y comisarios de la Venezuela de hoy, al amparo de los tribunales. “Es un sistema organizado, donde hay una complicidad necesaria porque no pudiera trascender más allá si no estuviera en consonancia con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los propios organismos policiales”, advierte Joel García, abogado penalista y representante de varios presos políticos.
No en vano, los tribunales de control –la primera instancia para ir a juicio– tienen ese nombre: deben controlar el respeto a las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. Para García, esta connivencia activa se extiende hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando, hasta llegar al primer mandatario nacional.
En efecto: el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general de división Manuel Cristopher Figuera, asegura que el propio Nicolás Maduro le ordenó detener a la mamá del dirigente opositor Juan Guaidó.
Fue la última semana de febrero de 2019 en el Palacio de Miraflores. “Me mandó a meter presa a la mamá de Guaidó y al otro día fui a hablar con él en su despacho y le dije: ‘Mire, voy a necesitar un equipo médico. ¿Usted está en cuenta de que esa señora está en un tratamiento oncológico en el Centro Médico Docente La Trinidad?’. Y el tipo tuvo un momento de reflexión y me dijo: ‘no, no, bueno, mete preso al hermano’”.
Al final, Gustavo Guaidó pudo salir del país sin ir preso, pero los últimos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas, han documentado decenas de casos de familiares que han sufrido agresiones que evocan fantasmas de la Alemania nazi.
“Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la Dgcim lo torturaron y le dijeron que aplicarían el ‘Sippenhaft’ (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis)”, advirtió la misión en su informe del 17 de septiembre de 2021. El Sippenhaft también extiende la responsabilidad de un imputado a sus familiares y el testimonio añadió que la amenaza se cumplió al detener y apresar a dos hermanas y a un cuñado de la víctima durante 32 días en el cuartel general de la Contrainteligencia Militar en Caracas, ubicado en la urbanización Boleíta Norte.
En total, las conclusiones de los informes de 2020, 2021 y 2022 mencionan 107 veces las palabras “familia” y “familiares”, asociándolas en casi la mitad de los casos a represalias y torturas contra ellos.
El informe de la ONU de 2020 destaca entre varios, el Caso 18, que recuenta todas las torturas contra los familiares del coronel Oswaldo García Palomo.
La ONU destaca el testimonio de una víctima, a quien agentes de contrainteligencia se refirieron textualmente al término alemán Sippenhaft, empleado por los nazis, y amenazaron con aplicárselo a él y a su familia.
El general Christopher Figuera conoce al monstruo por dentro. Fue parte de los servicios de inteligencia de la Venezuela bolivariana y está convencido de que se trata de una práctica tropicalizada en el Caribe. Desde el exilio, al que salió tras el fallido levantamiento contra Maduro del 30 de abril de 2019, del que formó parte, dice que son cosas que no están escritas en un manual, pero que les han dado resultados y que “vienen de Cuba”, cuyos funcionarios de contrainteligencia a su vez fueron formados en la antigua República Democrática Alemana (RDA), la Alemania comunista.
“No es que lo llamen así y le pongan ese nombre alemán (Sippenhaft); eso es a lo criollo: ‘mira, agárrate a alguien y lo traes aquí’”, aclara. No es casual, a su juicio, que estas prácticas hayan aparecido principalmente en la Dirección de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim justo después del año 2014, cuando sus integrantes regresaron de la isla –en diferentes oleadas– tras completar el mismo Curso de Estado Mayor en el que, unos años antes, el propio general Christopher Figuera aprendió técnicas de interrogatorios e ingeniería social que ahora se emplean en Venezuela.
Una de las principales lecciones de entonces era la de obtener datos que ayudaran a perfilar el modo de vida, los gustos y detalles aparentemente insignificantes de sus objetivos. “Ese dato es relevante porque por allí pueden atacar la psiquis de la persona; buscan su punto débil, buscan quebrarte, y hemos visto que hasta hubo casos en los que atacaron familiares de sus víctimas”, dice.
Es conocido que la Cuba castrista tiene tradición en el tema. En los ochenta llegó a condicionar el libre tránsito de los familiares del célebre preso político, Armando Valladares, cuyo confinamiento se prolongó por más de dos décadas y polarizó el debate internacional en tiempos de la guerra fría. “Su madre, hermana y cuñado, quien fue también preso político, pueden ser considerados rehenes del Gobierno cubano”, lamentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso 2300 en la resolución N° 2/82, el 8 de marzo de 1982. “Aunque tienen visas extranjeras, el Gobierno les negó el permiso de salida. Las autoridades de la prisión han informado a Valladares que tendrá que firmar una carta renegando sus denuncias para que su familia pueda salir del país”.
Susana Vásquez, periodista y antropóloga cubana e investigadora de Cubalex, organización dedicada a documentar y asistir a víctimas de violaciones contra los derechos humanos en la isla, advierte de varios casos en los que –entre las décadas de los sesenta y los ochenta– se llevaron por delante a los familiares de los imputados. Es difícil cuantificar cifras, pero las formas ayudan a dimensionar la magnitud del Sippenhaft a la cubana. Como en el caso de Juan Carlos Álvarez Aballí, que terminó fusilado por el “delito” de ser el cuñado de Juan Maristany, quien participó en el asalto de un cuartel en busca de armas, junto a otros dos cubanos. Para salvarse de un juicio sumario contra un golpista, Maristany se refugió en la embajada de Brasil en La Habana, pero no sabía que así estaba firmando la sentencia de muerte de su cuñado, explica Vásquez: “El destacamento de la Seguridad del Estado tocó entonces la puerta de al lado y detuvo a Álvarez Aballí, quien no estaba involucrado en actividades subversivas”.
“El abogado defensor, en un acto de valor, se atrevió a presentar una carta del cuñado, certificada por el embajador, en la que se hacía único culpable de una sustracción de armas y explicaba con detalles hechos que demostraban la inocencia de Álvarez Aballí. El tribunal rechazó rotundamente la carta de Juan Maristany y planteó que si éste salía de la embajada y se entregaba a las autoridades, entonces cambiarían la sentencia”, recordó el propio Valladares en sus memorias, Contra toda esperanza. Pero nada revirtió la condena a muerte de Álvarez Aballí.
“Un castigo ejemplarizante”, concluye Susana Vásquez, segura de que estos desmanes han logrado instalar el miedo en la sociedad cubana, como una suerte de aviso para quien todavía hoy se anote en la resistencia. En la actualidad, la persecución a familiares se caracteriza por interrogatorios prolongados (más de cinco horas, con tres o cuatro interrogadores para una sola persona), así como amenazas de detención, sobre todo a hijos de activistas, explica Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex. “Es una técnica selectiva que busca aislar a la persona de sus familiares para quebrarla”.
Algo similar está emergiendo en otras dictaduras de América Latina. En Nicaragua encarcelaron en septiembre de 2022 y luego condenaron, en enero de 2023, al círculo más cercano del opositor Javier Álvarez, por los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas” en redes sociales. Los oficiales no encontraron a Álvarez en su residencia de Managua y, al constatar que había huido a Costa Rica, capturaron primero a su esposa, Jeannine Horvilleur Cuadra, e hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, quienes tienen doble nacionalidad, nicaragüense y francesa. Luego fueron por su yerno, Félix Roiz.
Los tres permanecieron presos durante seis meses hasta que el 9 de febrero fueron incluidos entre los 222 desterrados políticos que el mandatario Daniel Ortega montó en un avión, sin regreso, vía Estados Unidos.
En su origen, el término alemán Sippenhaft traduce “responsabilidad colectiva” y la historia señala que, a partir de 1944, esa responsabilidad colectiva fue propagada abiertamente por Heinrich Himmler –jefe de los escuadrones de la SS y uno de los arquitectos del Holocausto–, dando lugar a alrededor de 300 detenciones basadas en el principio de responsabilidad familiar, afectando principalmente a esposas, hijos y hermanos de los combatientes de la resistencia.
A diferencia de Alemania, donde se judicializó el Sippenhaft, en Venezuela, muchos casos no han pasado por los tribunales. Suelen ser torturas off the record que se llevan a cabo en el más absoluto secreto. Pero hay excepciones, como la de Ariana Granadillo, prima tercera del coronel García Palomo, a quien involucran en la llamada Operación Armagedón, un supuesto golpe militar abortado en 2018.
El de García Palomo puede ser el mejor ejemplo del Sippenhalft criollo. Entre el 2 y 6 de febrero de 2018, agentes de la Dgcim detuvieron a su esposa, hijo, cuñado, nuera y primos, recluyéndolos en una de esas casas de torturas clandestinas que también denuncian los informes de Naciones Unidas. Los separaron en espacios reducidos, algunos incluso debajo de unas escaleras donde no podían ni acostarse ni mantenerse de pie. Les propinaron palizas y los amenazaron de muerte en esa suerte de purgatorio extrajudicial. Los agentes ahogaban sus gritos encendiendo licuadoras y subiendo al máximo el volumen de los televisores.
“Los oficiales le dijeron a la Sra. (Sorbay) Padilla que era culpa de su marido que ella estuviera en esa situación. ‘El Capitán’ se enfadó y le tiró del pelo. Una de las agentes mujeres golpeó a la Sra. Padilla en la cara. Le administraron ocho descargas eléctricas, en sus costillas, piernas, pecho y espalda. Sus interrogadores la agarraron repetidamente de la cara, arrancándole una corona dental, que se tragó”.
Así quedó asentado en el informe de Naciones Unidas del 15 de septiembre de 2020 sobre las agresiones contra la esposa del coronel y eso reitera ella hoy, al otro lado del teléfono, desde Montreal, Canadá: “Yo escuchaba desde el lavandero de la casa cómo torturaban a mi hijo; le pusieron gas, lo dejaban en el piso y le daban con las botas diciéndole que él tenía que saber dónde estaba su papá; que nos iban a matar, que nos iban a violar, que iban a tirar los cadáveres al [río] Guaire”.
A ratos, los funcionarios los torturaban y a ratos trataban de convencerlos de que eran amigos. Primero allanaron su casa y luego los trasladaron vendados al centro de tortura donde, paradojas de esta historia, encontraron a los captores vestidos con la ropa del propio coronel García Palomo. “Al que llamaban ‘El árabe’ llevaba una chemisse Hugo Boss azul marino y los zapatos azul marino con rayitas verdes de mi esposo”, dice refiriéndose a sus torturadores. “‘El ingeniero’ cargaba una gorra de Mercedes Benz negra, que también habían sacado de mi casa”.
Los agentes se llevaron hasta los perros del coronel. Uno de ellos, Thor, murió luego de estar en cautiverio y todo indica que el otro, Arpa, es el mastín napolitano que ahora se ve entre la manada de perros realengos que habita en el estacionamiento de El Helicoide, el futurista edificio de los años cincuenta devenido cárcel de presos políticos, entre los que se encontraba el coronel García Palomo después de que lo apresaran en 2019. Luego fue trasladado a la Dgcim.
El abogado penalista Joel García se ha topado con la mascota cuando visita a alguno de sus defendidos. “Un funcionario me dijo que ese era el perro de García Palomo”, comenta.
En Los Juristas del horror, un repaso en clave de mea culpa que analiza los excesos de los tribunales del Tercer Reich, Ingo Müller recuerda que la justicia nazi condenó a un individuo por el “testimonio” de un animal. A falta de testigos, el Tribunal Especial de Posen –entonces Alemania, hoy la ciudad de Poznan en Polonia– resolvió en sentencia del 4 de diciembre de 1941 que el carpintero polaco Ignatz Kazmierczak había sido el agresor del perro, por la reacción del animal. “El perro, por su parte, enfureció de inmediato y se lanzó sobre el acusado. La conducta del acusado prueba que fue él quien apuñaleó al perro, y lo que es más, el perro reconoció a su enemigo de inmediato", apunta el libro.
Ocho décadas después, en la República Bolivariana de Venezuela, las autoridades no han llegado a ese extremo, pero mantienen a las mascotas de sus disidentes en las cárceles como trofeos de guerra.
Por: PATRICIA MARCANO
Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
A pesar del esfuerzo de las autoridades venezolanas por borrar cualquier evidencia, una exhaustiva compilación y reconstrucción de los hechos ocurridos en El Junquito el 15 de enero de 2018 indica que Oscar Pérez, quien se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro junto a su Movimiento de Equilibrio Nacional, y sus compañeros, fueron asesinados a pesar de que intentaron rendirse en medio de un operativo caótico en su coordinación y desproporcionado en su despliegue. Este informe fue elaborado por el equipo de investigación de Bellingcat en colaboración con Forensic Architecture, quienes construyeron un modelo digital navegable de tres dimensiones de El Junquito, que permitió ubicar más de 60 piezas de evidencia en tiempo y espacio. En Venezuela ArmandoInfo, Efecto Cocuyo y El Pitazo pusieron a disposición sus plataformas y convocan a sus lectores a complementar con material sobre el caso que tengan a su disposición .
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
Es la esposa del coronel Oswaldo García Padilla, a quien el gobierno de Nicolás Maduro señala de golpista. En febrero de 2018, agentes de contrainteligencia la secuestraron y torturaron, junto a otros familiares, para forzar la entrega de su cónyuge. Al año siguiente encontraron y apresaron al militar.
Dos mastines napolitanos que fueron mascotas de la familia García Padilla. Thor, murió en cautiverio y todo indica que al otro, Arpa, es uno de los perros realengos que se encuentran en El Helicoide
General de División y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar. Salió al exilio tras el levantamiento contra Nicolás Maduro del 30 de abril de 2019, del que formó parte.
Prima lejana del coronel Oswaldo García Padilla que, a quien la Justicia bolivariana procesó por “rebelión militar”. A los 21 años interrumpió sus estudios de medicina para abandonar Venezuela, tras tres secuestros y detenciones cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Coronel retirado de la Guardia Nacional. En 2018 fue señalado de haber conspirado contra el gobierno de Nicolás Maduro y al año siguiente lo detuvieron primero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Helicoide, y posteriormente en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar de la urbanización Boleíta Norte de Caracas.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar es el órgano represor más temido en Venezuela, por ser los que más cometen actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, según investigaciones de Naciones Unidas. En el sótano dos de la sede principal ubicada en Boleíta Norte, en Caracas, es donde se encuentra un área de tortura conocida como “la casa de los sueños”.
Técnica de castigo y tortura, de origen alemán, usada en los años del nazismo. Era definida como “castigo por responsabilidad familiar” y “detención colectiva”. Partía del principio de que las familias comparten la responsabilidad de un delito cometido por uno de sus miembros.
Es el organismo de inteligencia del gobierno venezolano, subordinado a la Vicepresidencia de la República desde 2012. La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas investigó las represiones selectivas de este organismo de seguridad.
