Un documento judicial dado a conocer hace poco relata la serie de desmanes que dos venezolanos habrían cometido en la administración de ese banco en Puerto Rico, que al colapsar dejó deudas todavía sin pagar a 3.500 ahorristas. Las irregularidades incluyeron desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta la solicitud, una vez intervenida la entidad, de una comisión para recobrar los fondos perdidos. Aún en medio de la debacle, sus dueños se las arreglaron para participar en la construcción de al menos una lujosa torre de oficinas en Las Mercedes, Caracas.
En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más conspicuo y habitual de la jerarquía chavista, el exministro El Troudi, obtuvo el visto bueno de un tribunal local. Pero que la justicia oficial vea a otro lado no quiere decir que las revelaciones se detengan: ahora se conoce que en Suiza los fiscales detectaron transferencias millonarias de la constructora brasileña para el entorno del general Gustavo González López.