La suerte de la dupla empresarial colombiana parece terminar. La sanción del Departamento del Tesoro los coloca en el ojo del huracán y los vincula directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011, pero a partir de 2013, con Maduro en la presidencia, se multiplicaron. Amigos de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, terminaron siendo los grandes beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), herederos en la sombra de la red de Abastos Bicentenario, recibieron de Pdvsa un millonario contrato para explotación petrolera y hasta en la presidencia de la estatal Minerven llegó un exempleado suyo. Su eventual derrumbe puede alcanzar a la pareja presidencial.
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Parecía solo cuestión de tiempo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar este jueves a Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio), el dúo de hombres de negocios colombianos que acumuló poder y fortuna en Venezuela, especialmente desde que Nicolás Maduro se convirtió en presidente de la República en 2013, mientras el país se hundía en una crisis socioeconómica sin precedentes. Puede que sea no solo el final de sus negocios, sino el comienzo de un estruendo que impacte a la propia familia presidencial.
La administración de Donald Trump los acusa de encabezar una “vasta red corrupción” con una “sofisticada red de compañías fantasmas” detrás de las importaciones de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), negocios que además lograron por su relación con el círculo íntimo de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Departamento del Tesoro los vincula directamente con Walter, Yosser y Yoswal Flores, hijos de Cilia Flores, y conocidos también como los chamos, así como con Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama y ex tesorero de la nación y de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre otros cargos.
Es un paso más en una relación con el chavismo que comenzó en 2011, que se consolidó con los años y se hizo evidente con decenas de negocios otorgados por Maduro al dúo empresarial a partir de 2013 y que los terminó convirtiendo en una columna financiera del propio Gobierno. “No necesita de mí, habla más fácil con Maduro que cualquiera”, declaró sobre Alex Saab en octubre pasado a El Tiempo de Bogotá la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, cercana también a Álvaro Pulido, y a quien diversas fuentes señalan como la responsable de abrirle la puerta de los negocios con la revolución bolivariana aún en tiempos de Hugo Chávez.
Todo comenzó hace ocho años. En 2011 Alex Saab selló en el palacio presidencial de Miraflores ante el propio Chávez y el entonces canciller Maduro, en representación de la empresa Fondo Global de Construcción, un contrato por alrededor de 600 millones de dólares con el Gobierno para la construcción de una urbanización de viviendas populares en los Valles del Tuy, mediante la importación de casas prefabricadas desde Ecuador. El negocio se realizaría a través del sistema de compensación de pagos Sucre ideado por Chávez con el Ecuador de Rafael Correa. ¿Por qué Ecuador y no cualquier otra nación aliada del proceso bolivariano? Porque en el marco del Sucre se permitía el pago de las exportaciones ecuatorianas a otras naciones del Alba en la moneda corriente en ese país, el dólar estadounidense.
Esa actividad fue investigada por la fiscalía ecuatoriana tras sospechar diversas irregularidades como lavado de dinero, exportaciones ficticias de material a Venezuela o sobrefacturación en los envíos. Aunque en Ecuador los empresarios lograron sortear la investigación e incluso recuperar dinero que estuvo congelado en cuentas bancarias, un tribunal del Sur de Florida también investigaba este negocio y este mismo jueves abrió un juicio contra Saab y Pulido por un cargo de intento de lavado de dinero y otros siete cargos.
Esa estructura de Fondo Global de Construcción, con presencia en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero cuyo propietario final se escondía en la mediterránea isla de Malta, apenas fue el comienzo de un ascenso jamás explicado por Maduro o algún otro funcionario. Esos millonarios y opacos negocios movidos con sociedades de papel alrededor del mundo los terminaron por colocar en el radar de unidades de inteligencia financiera de varios países.
A partir de abril de 2013, luego de que Maduro asegurara la silla presidencial tras su cuestionada victoria contra Henrique Capriles, la pareja empresarial colombiana fue beneficiaria de las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong que también fueron proveedoras de la red estatal Abastos Bicentenario; de un contrato petrolero por poco más de cuatro mil millones de dólares para la desconocida Trenaco, con sedes en Colombia y Suiza; de convenios para el suministro de commodities y materia prima con la panameña Global Foods Trading; de los millonarios contratos para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera de Maduro, con Group Grand Limited de Hong Kong y México, primero, y luego la turca Mulberry Proje Yatirim, ambas incluidas en la lista de activos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; herederos de la red estatal de Abastos Bicentenario gracias a Salva Foods 2015, creada en Venezuela, y a Mezedes Holding, inscrita en Emiratos Árabes Unidos.
En casi todos los casos se repite la fórmula: estructuras empresariales opacas, empleados de confianza y familiares que terminan firmando papeles y contractos. Son los casos de Shadi Nain Saab y Emmanuel Rubio González, hijos de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, respectivamente, y quienes también fueron incluidos hoy en la lista de sancionados de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense).
El poder acumulado por la dupla empresarial con Maduro fue tal que a mediados del año pasado este designó presidente de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) a Adrián Perdomo Mata, un ex empleado de confianza de Alex Saab y Álvaro Pulido. Su nombramiento llegó justo cuando el Gobierno de Maduro, en un intento por esquivar algunas de las sanciones financieras de la administración de Donald Trump, comenzó el intercambio de oro por comida con países aliados como Turquía. Perdomo Mata fue sancionado por la OFAC en marzo pasado y su paso por Minerven es más bien fantasmal. De hecho, se desconoce si sigue al frente de la compañía.
Aunque de bajo perfil o no del todo conocidos, sus negocios colocaron a Alex Saab y Álvaro Pulido en primera plana al convertirse en sostén financiero del propio Gobierno, así como del entorno de Maduro, lo que terminó de encender las alarmas en distintos países. El año pasado la fiscalía colombiana abrió una investigación contra de Alex Saab por el caso de una empresa familiar que el empresario manejó en su Barranquilla natal antes de iniciar sus negocios a gran escala con el chavismo, mientras que desde México señaló directamente a su red de empresas por haber incurrido en sobreprecios y exportación a Venezuela de productos de mala calidad para las cajas CLAP. Ambas investigaciones están aún abiertas.
Las sanciones del Departamento del Tesoro pueden frenar lo que parecía un ascenso sin límites. Con su caída, además, puede comenzar una investigación mayor que termine conduciendo a las figuras de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritario de oposición. En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los Clap. Durante el tour, que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de chaperón un asociado a Saab y su clan, dueño también de la agencia de viajes donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional.
El domingo 5 de enero de 2020 el chavismo juramentó, contra viento y marea, a una Junta Directiva "paralela" para la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del estado Yaracuy, Luis Parra. Justamente fue Parra quien, junto a otros parlamentarios recientemente expulsados de partidos de oposición -algunos también parte de esta directiva "a la medida" del oficialismo-, conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP. Este reportaje, publicado el pasado 1 de diciembre, puso a la luz estas irregularidades que llevaron a que el público bautizara al grupo de diputados como la "Fracción CLAP".
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
