Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.
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Los detalles de una escala de cuatro días cumplida en Bissau, entre el 26 y el 30 de junio reciente, por un avión Dassault Falcon 900EX de Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela, parecen extraordinarios, tanto por lo que sucedió como también por lo que podría haber sucedido.
Aunque no ha sido posible confirmar oficialmente la historia con los gobiernos de Caracas y Bissau, fuentes consultadas esta semana en una reportería colaborativa entre el diario Expresso de Lisboa y Armando.info, ofrecen versiones que permiten bosquejar las inusuales razones para los movimientos de la aeronave, que le llevaron del Caribe a África Occidental.
El envío del avión a Bissau, capital de Guinea Bissau, fue parte de un intento desesperado de Nicolás Maduro por conocer la situación de Alex Saab, su supuesto testaferro y seguro mercader, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, donde permanece en prisión desde el 12 de junio cuando fue detenido por Interpol, y evaluar un posible rescate.
Tanto Cabo Verde como Guinea-Bissau son naciones de habla portuguesa en África Occidental, ex colonias del país ibérico.
Sobre Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, pende un proceso por lavado de dinero abierto en el tribunal federal del Distrito Sur del estado de Florida en julio de 2019. Por esa acusación fue que Estados Unidos solicitó activar la alerta roja de Interpol que desembocó en la detención de Saab al apenas desembarcar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal, una de las que conforma la nación insular de Cabo Verde. Ahora Washington lo pide en extradición mediante un proceso legal que puede extenderse hasta 65 días antes de alcanzar una decisión.
Saab y Pulido Vargas -este último, refugiado en Caracas, según versiones- fueron objeto de una sanción del Departamento de Justicia estadounidense en el verano de 2019 por redituar de la corrupción en el negocio de las llamadas cajas Clap, y no se descarta que se les inicien otros juicios en jurisdicciones norteamericanas por su participación en ese negocio, así como en el comercio ilegal del oro venezolano a países como Turquía. En Colombia hay un auto de detención contra Saab. En México, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera han anunciado una investigación de la red de complicidades tejida en ese país por la dupla de empresarios colombianos en el desarrollo del negocio de suministros de alimentos para los CLAP, mientras se conoce que la justicia del Reino Unido también muestra interés por ellos.
Sin embargo, el trofeo mayor para los servicios de inteligencia occidentales no consiste en el eventual procesamiento de Saab, sino en la información que seguramente tiene sobre el funcionamiento del círculo íntimo de Maduro y sus negocios. Su testimonio podría ayudar a decodificar el entramado que permite oxigenar todavía las finanzas de los jerarcas del chavismo y asestarle un golpe letal. Pero, también por eso, el Gobierno de Venezuela se está moviendo con una premura y un énfasis inusitados para librar a Saab de su cautiverio y traerlo de vuelta a Caracas, algo que se ha convertido para el chavismo en un objetivo prioritario.
En una primera reacción oficial, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a través de un comunicado, afirmó que Saab se encontraba cumpliendo una misión humanitaria y comercial como “agente del Gobierno Bolivariano” para la que detentaba pasaporte e inmunidad diplomática. Luego ha dirigido dos cartas al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. El mandatario africano, en una declaración de calculada ingenuidad, admitió en días pasados que no recordaba haber recibido jamás tantas llamadas de gobiernos extranjeros como desde la detención de Alex Saab, cuyo caso calificó de “delicado” para la justicia de su país por los intereses implicados.
Pero mientras eso ocurría en los canales formales de la diplomacia, Caracas empezó a tomar otras previsiones. Parte de ellas fue el vuelo del avión matrícula YV2486 de Pdvsa, que en enero de este año fue incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro por ser una de las aeronaves en la que se trasladan jerarcas del chavismo. Su solo paso por el archipiélago de Cabo Verde, reflejado en portales especializados en el rastreo de vuelos, desató los rumores en las redes sociales.
El 26 de junio, el Falcon de Pdvsa aterrizó en el aeropuerto internacional Osvaldo Vieira en Bissau, sobre territorio continental de África, que está a unos 1.200 kilómetros de la prisión de San Vicente, la isla de Cabo Verde a la que Saab fue trasladado tras su arresto en Isla de Sal. Según fuentes vinculadas a las autoridades locales, la tripulación del vuelo y sus pasajeros no pasaron por el control aéreo ni se fueron a la ciudad, por lo que no fueron identificados.
Durante toda su estadía en Bissau, entre el 26 y al menos hasta el 30 de junio, los ocupantes del avión fueron alojados en una instalación militar ubicada en el lado norte del aeropuerto. La información establece que el grupo incluía agentes de operaciones especiales.
Antes de aterrizar en Bissau, el avión había estado en Cuba por varios días. Fuentes contactadas por Armando.info sostienen que la presencia de agentes de inteligencia cubanos entre los pasajeros de ese vuelo probablemente indique que la misión del grupo era la de tantear un posible rescate de Saab. Según esta versión, el vuelo también transportaba valores para pagar sobornos.
Otra fuente en Caracas tiene una versión diferente. De acuerdo a su relato, la aeronave llevaba a bordo un grupo de embajadores y personal diplomático, incluido un enviado especial de Maduro. Si ese fuera el caso, resulta difícil de entender por qué los pasajeros permanecieron confinados en instalaciones militares en el aeropuerto Osvaldo Vieira de Bissau durante cuatro días, en lugar de hacer sus gestiones directamente en Cabo Verde.
Después de su largo periplo, el avión de Pdvsa con matrícula YV2486 finalmente regresó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, procedente de Senegal, el pasado 5 de julio, día que coincidencialmente marca la independencia de Venezuela y Cabo Verde.
Las fuentes consultadas por Expresso en Guinea-Bissau refieren que al jet ejecutivo de Pdvsa se sumó otra aeronave en la misión. Se trató de un Airbus A330-323X con matrícula rusa que también estuvo estacionado en el aeropuerto de la capital guineana, pero durante dos semanas. Un barco que estaba anclado cerca de la isla de Suga, una de las integrantes del archipiélago de Bijagós, en el sur del país, también formaba parte de la operación.
Aunque registrado a nombre de I-Fly, una pequeña aerolínea rusa fundada en 2009 con una flota de nueve aviones, el bimotor Airbus A330 habría sido recientemente adquirido por inversionistas de Turquía, información que no se pudo confirmar. Su tripulación y pasajeros tampoco fueron identificados por los funcionarios de Migración del aeropuerto Osvaldo Vieira. El 7 de julio, el avión voló de Bissau a Caracas y de allí, apenas dos días más tarde, a Moscú. Dos días después despegó rumbo a China y aterrizó en la ahora renombrada ciudad de Wuhan, donde se inició a comienzos de año la pandemia del Covid-19.
Según aseguró una fuente a Armando.info, Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, habló directamente con el Primer Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, para informarle sobre los movimientos del jet venezolano y ofrecerle equipo militar para reforzar la vigilancia de la prisión de San Vicente. El reportero de Expresso supo que se enviaron comandos de fuerzas especiales a esa isla, para evitar una posible fuga. Finalmente Saab fue de nuevo mudado a Isla de Sal. Si bien el proceso de extradición de Saab continúa a cargo de un tribunal local, fuentes en Cabo Verde dan por sentado que se fallará pronto a favor de la solicitud de Estados Unidos.
En Guinea-Bissau, entre tanto, ni el Presidente Umaro Sissoco Embaló ni voceros de su Gobierno se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, Expresso conoció que el jefe de Estado llamó personalmente a un periodista local que había publicado algunos artículos en la prensa internacional sobre el tema, con una amenaza: “Ten cuidado. Estás en la mira de mis servicios de información. Me dijeron que estás investigando el asunto de los aviones ruso y venezolano”.
La situación política en Guinea-Bissau es considerada muy delicada por varias organizaciones internacionales. Hasta el momento, Embaló no ha cedido a la solicitud de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de formar, con plazo hasta el pasado 22 de mayo -hace más de un mes-, un nuevo gobierno que respete el resultado de las elecciones parlamentarias de 2019, en las que resultó victorioso el partido opositor PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), movimiento de origen marxista-moscovita fundado en 1956 por el legendario líder caboverdiano Amílcar Cabral.
Alex Saab, por su parte, cumplirá este domingo, 12 de julio, un mes detenido en la lejana Cabo Verde, donde el avión que lo trasladaba a Irán para continuar con sus negocios con el chavismo se detuvo en una escala técnica, que ahora parece no tener fin.
*El presente reportaje es producto de una cobertura conjunta entre el diario ‘Expresso’ de Lisboa, y Armando.info en Caracas y Bogotá.
Se anunció como medida necesaria y casi inflexible para salvar vidas: los vuelos desde y hacia Venezuela quedaron congelados al comienzo de la cuarentena que decretó el gobierno de Nicolás Maduro en marzo para frenar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, un monitoreo revela que las limitaciones se administraron a discreción durante lo que va de pandemia. La estatal Conviasa, por ejemplo, viajó más de un centenar de veces a Cuba, Irán y Rusia, esto es, una frecuencia cuatro veces superior a la de los vuelos calificados como ‘humanitarios’.
Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante de petrodólares, y se quemó. Algunos muy respetados y hasta con piruetas heroicas, no pudieron evadir las consecuencias de contar con una oscura cartera de clientes entre las que despuntan los ministros más buscados del chavismo por la justicia internacional.
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.
El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana pasado, era parte de la flotilla privada, pilotada por ex oficiales de la Fuerza Aérea, de la que disponían para viajes de negocios y placer los dos comerciantes colombianos, proveedores favoritos del régimen de Nicolás Maduro. Si bien sigue siendo un misterio el destino que se le iba a dar al arsenal, hay pistas para sospechar que formaba parte de una maniobra que se iniciaría en el Caribe para liberar a Alex Saab en Cabo Verde.
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Tras ser él mismo sancionado, sale a relucir su vínculo con un joven empresario de Venezuela, vástago de una familia de la alta sociedad caraqueña.
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
