La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Tras ser él mismo sancionado, sale a relucir su vínculo con un joven empresario de Venezuela, vástago de una familia de la alta sociedad caraqueña.
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.
