Los últimos meses de 2016 y el comienzo de año reportan un incremento en el diagnóstico de paludismo en el margen occidental de la provincia selvática venezolana. La crisis económica ha provocado que los habitantes de la frontera –venezolanos, colombianos, brasileños– vean en la explotación ilegal del oro una posibilidad de riqueza instantánea. La tala indiscriminada en la región ha provocado, además de un problema de seguridad por el control, el trabajo redoblado de las autoridades sanitarias. Este es un viaje a la Venezuela profunda, esa que no está en los titulares de los medios ni en la agenda de la dirigencia política
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Un hombre cava un hueco con una pala. Otros tres observan en cuclillas cómo su compañero va desapareciendo a medida que la fosa se hace más profunda y se forma una montaña de tierra afuera. El sol, implacable hace unas horas, ya se despide. Una brisa tibia toca los cuerpos y mueve la lámina roja de zinc que han colocado para cubrir el hueco. “¿Es para el que se murió de malaria?”, pregunta Argenis. “Sí, lo traen en un rato. Lo están velando en su casa”, responde uno de los sepultureros. “Él sabía que tenía malaria y se puso a tomar licor”, susurra Argenis sobre el lomo de su moto, poco antes de partir. Son las cinco de la tarde del 27 de noviembre de 2016 en el cementerio de San Fernando de Atabapo, estado Amazonas.
Esta escena se ha repetido con frecuencia desde finales del año pasado porque desde hace ocho años ha recrudecido la malaria en esa zona del sur selvático de Venezuela. Lo sabe Samuel Iribertegui, sacerdote salesiano presente en la zona desde 1974 y con 22 años de residencia en San Fernando de Atabapo. En una zona de febril actividad minera es común la presencia de la enfermedad, caracterizada por altas fiebres y anemia debido a la picadura del mosquito anófeles. Dice el padre Iribertegui, contextura media, alto y de tez blanca, que no hay un registro de los casos diagnosticados en las comunidades a lo largo del río, aunque intuye que la cifra se ha incrementado por una cuenta que lleva en la institución educativa a la que sirve. “Llegamos a tener 110 casos de paludismo en las últimas semanas de noviembre”, afirma.
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A la latente posibilidad de contraer malaria se ha sumado ahora las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que la ocasiona, los problemas que supone abastecer una geografía agreste y la minería ilegal. Las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, la capital de la provincia, indican que en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. De éstos, 4.157 enfermos buscaban atención médica en el municipio Atabapo al momento de ser diagnosticados. De esa cantidad, 1.100 eran extranjeros. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios, se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos. Los enfermos, que en su mayoría trabajan en las minas ilegales de oro de Venezuela, llegan desde esos lugares en busca de alivio. Pero aquí apenas pueden recibir consuelo.
Un telón de neblina cubre el cielo de Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. Son las seis de la mañana y faltan cuarenta y cinco minutos de carretera para llegar hasta el puerto de Samariapo, desde donde sale el transporte fluvial hacia San Fernando de Atabapo.
—Abre ahí para medir la gasolina —dice uno de los guardias en una de las tres alcabalas que hay que sortear para llegar hasta el puerto.
—Puedes verla en el tablero —responde el taxista, desafiante.
El militar se asoma por la ventana, mira el tablero, y deja ir al conductor. “Si tienes siete Harina Pan te quitan una, si llevas 200 mil bolívares te piden las facturas de la mercancía. Siempre se inventan algo. La tarifa son 15 mil bolívares. Si no tienes los papeles en regla te pueden quitar más”, se desahoga el transportista, una vez superado el retén.
En el Puerto de Samariapo hay varios negocios de comida y un pequeño mercado de verduras que a esta hora de la mañana permanecen cerrados. A las diez llega la lancha, conocida como voladora. Los pasajeros desembarcan en una casa flotante, una estructura de metal, donde hay una pequeña bodega. Un funcionario de la guardia nacional comienza a revisar el equipaje de los pasajeros que embarcan. Al terminar, empieza el recorrido por el río Orinoco y el puerto va quedando atrás. La lancha va un poco hundida y algunas gotas salpican a los pasajeros. La vegetación delimita la serpenteante corriente de agua.
Luego de tres horas aparece el puerto de San Fernando de Atabapo: una orilla corta de arena blanca donde hay otras embarcaciones encalladas. Resalta una pared que tiene escrito en letras muy grandes: “Dios existe”. Justo al lado, sentado a una mesa, está un funcionario de migración anotando en una lista a los recién llegados y un militar, ubicado en otra mesa, revisando nuevamente el equipaje. Con tanto control resulta irónico que este pueblo sea una de las puertas principales de entrada a las minas ilegales de oro, que se concentran alrededor del Parque Nacional Cerro Yapacana. A través de San Fernando de Atabapo pasan embarcaciones repletas con alimentos, gasolina y personas. Todo para la mina. Ya son más de 20 dragas que muerden el lecho del río Atabapo de arriba a abajo y aproximadamente 10 mil personas las que trabajan en las minas ilegales.
San Fernando de Atabapo fue la primera capital del estado Amazonas. Parece un lugar detenido en el tiempo de Tomás Funes, militar y explotador de caucho, quien abusó de los pobladores y atropelló a los indígenas, a quienes masacró y convirtió en esclavos. Con él se inició un período de terror hasta que fue fusilado en 1921. Es aquí, en este lugar sin tiempo, donde anida la pavorosa epidemia de malaria que está diezmando a sus habitantes. Son 9.228 personas entre criollos e indígenas, que, en los últimos meses, cuando advierten los síntomas de la enfermedad, no saben si podrán sobrevivir para contarlo.
El incremento de los casos de malaria pudiera tener su origen en las disputas por el control de los yacimientos. “Hubo un enfrentamiento en una mina y llegaron los mineros en tropel hasta San Fernando de Atabapo. Tenemos minería ilegal en el estado y eso es un problema serio”, asegura Magda Magris, coordinadora de la unidad de investigación de malaria del Servicio Autónomo Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet).
La forma de practicar la minería ilegal en estos lugares, con el uso de motobombas, favorece la formación del hábitat del mosquito que transmite la malaria. En los enormes hoyos que cavan los aventureros se empoza agua estancada. Los asentamientos ilegales donde se instalan los mineros carecen de servicios públicos y condiciones básicas de salubridad que favorecen los criaderos de insectos.
A nadie parece importarle lo que ocurre. El 11 de octubre de 2016 José Largo, coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo, que tiene a su cargo 16 ambulatorios rurales tipo I, le entregó una carta al Comité de Control de Combustible, para solicitar de la reserva para seguridad y defensa a la salud tres mil litros de gasolina y otros 660 de gasoil para la movilización a diferentes sectores de San Fernando de Atabapo y las parroquias Hucata y Yapacana, con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico y las respectivas fumigaciones. Pero no hubo respuesta.
El 4 de noviembre, Largo y el equipo de salud del Hospital María Garrido, ubicado en San Fernando de Atabapo, volvieron a la carga con otra misiva, esta vez dirigida al comandante del destacamento de fronteras y representante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Atabapo. El coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo contabilizaba entonces 595 casos positivos y una muerte ocurrida en la última semana de octubre. Una semana después, el 15 de noviembre, llegó una comisión de salud ambiental formada por Juan Carlos Moreno, subdirector de malaria del estado Amazonas; Arvey Garrido, inspector de salud pública y un fumigador. Según Largo, para este momento ya en el pueblo había más de 900 enfermos.
Moreno advirtió que los pacientes no solo provenían de San Fernando de Atabapo, sino de comunidades más lejanas como Carida, a tres horas en lancha. La mayoría eran niños que estaban infectados con plasmodium, el parásito que entra en la sangre tras la picadura del mosquito. En vista de eso el grupo se trasladó hacia esos lugares.
En Carida hay una base militar. Desde esta zona hay caminerías hechas de tablas por donde pasan las motos que llegan hasta las minas ilegales de oro, lo cual convierte al poblado en uno de los principales focos de malaria. De 137 láminas tomadas, 86 eran de distintos tipos de plasmodium. De allí siguieron a Macuruco, donde detectaron que no había un buen saneamiento. En La Venturosa, donde continuó el recorrido, solo fumigaron porque llegaron muy tarde y no se pudieron tomar muestras. En Santa Bárbara, donde hay un puesto militar, tres oficiales resultaron positivos. En cada poblado encontraron un panorama que desbordaba su capacidad de respuesta. “Nosotros no estábamos preparados para esta epidemia de malaria, porque como en el año 2015 no tuvimos tantos casos de paludismo, se compraron insumos proyectando un escenario similar para 2016. Ahora estamos haciendo recorte de tratamiento, supervisado y vigilado”, dice William Velásquez, quien tras seis años en el cargo de director de Salud Ambiental de Amazonas entregó su renuncia el 9 de febrero de 2017.
Un árbol de Nim, una planta que contiene un ingrediente que sirve para el tratamiento de la malaria, está sembrado detrás de la sede de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho. Sus ramas dan sombra a varias personas, mujeres embarazadas, niños, ancianos y hombres, que están sentados en una fila de sillas en uno de los pasillos. Algunos tienen la mirada perdida, aislados de todo lo que pasa a su alrededor. Otros sostienen sus cabezas tratando de controlar el dolor. Algunos más tiemblan y están abrigados con suéteres y chaquetas pese a una temperatura de casi 29 grados centígrados.
“A mí me ha dado cinco veces, ahora quien tiene es mi mujer”, dice un señor que está sentado en una pila de bloques junto al árbol. “‘Agárrame que me voy para el suelo!’, le gritaba a mi mujer la última vez que contraje malaria. Se me fue el mundo”. Él vive en el barrio Ojo de Agua, saliendo de Puerto Ayacucho, y dice que “allá hay paludismo por demás”.
Cuatro municipios de Amazonas (Atures, Autana, Atabapo y Manapiare) están en epidemia, uno (Alto Orinoco) en alarma, y dos (Maroa y Río Negro) en seguridad. En todos los municipios hay presencia de minería ilegal, excepto en Atures, donde no se practica esta actividad, pero sí recibe a todas las personas con malaria provenientes de las minas, que viajan para abastecerse de alimentos y otros servicios.
El 21 de septiembre 2016 William Velásquez, ex director de Salud Ambiental, envió una carta al entonces director de salud regional, Diony Herey, con copia a la ministra de Salud, donde declaraba al estado Amazonas en epidemia. Pero no recibió respuesta. A finales de noviembre la ministra visitó la entidad y Velásquez le planteó todos los problemas que tenían: “Nosotros trabajamos bien, pero ha habido problemas para hacer el control del vector. No tenemos para hacer rociamiento en las paredes ni un insecticida biológico para echar en los criaderos; tenemos que usar un químico que destruye la flora y la fauna. No tenemos carro, motores fuera de borda, el problema básico de la gasolina y el gasoil para echar el insecticida, bujías y pilas para las máquinas. Yo he tenido que pagar cosas con mis propios recursos. Aquí nadie ha dado nada ni gobierno nacional, ni regional, ni municipal”.
Para el 2 de diciembre de 2016 estaban registradas seis muertes de personas con malaria (una en Atabapo, una en Alto Orinoco y cuatro en Atures). Algunas con complicaciones de dengue hemorrágico y tromboembolismo pulmonar. Velásquez advierte que pueden tener un subregistro de casos porque hay mucha gente que no llega a registrarse, se automedica, o los mismos microscopistas le hacen el diagnóstico, pero no lo registran ni envían la información. Ese mismo mes llegaron 5.000 mineros al municipio Atures y a la institución se le acabó el tratamiento. “Tuvimos que dar medicamento solo por tres días. Ha venido gente hasta de Táchira a trabajar en las minas. Esto sigue peor”, se lamenta el doctor.
Amanaven es un pueblo colombiano del departamento de Vichada, que se levanta sobre una montaña de tierra, y está justo al frente de San Fernando de Atabapo, a cinco minutos de navegación. Para entrar al pueblo hay que subir unas escaleras hechas de tablas. Las pocas casas del lugar están construidas con madera, en forma de palafitos. Debajo de una de las estructuras, una mujer está llenando sacos con tierra que sirven como muro de contención. Este pueblo improvisado pareciera que se puede hundir en cualquier momento, pero no su economía. Venta de ropa, alimentos, juguetes y carteles de “Se compra oro”, pueden verse en varias casas.
En Amanaven el único ambulatorio está cerrado porque el enfermero se murió hace tres meses. Pero a unos cuantos pasos hay una pequeña farmacia donde el también enfermero Ancisar López, de 56 años, hace consultas generales y vende medicamentos, entre estos el de la malaria, que para finales de noviembre costaba ocho mil bolívares. Una niña entra junto a su madre: “Tiene dos días con fiebre”. López le hace un pinchazo en el dedo y toma la muestra de sangre. Ambas salen. “Siguiente”. Otra gente comienza a llegar.
López cuenta que durante el día atiende hasta veinte casos entre venezolanos, colombianos y brasileños provenientes de las minas. La mayoría son del municipio Atabapo. “Todos los que vienen dicen que allá no hay medicinas y traen el récipe. Mientras no fumiguen no se hace nada”, dice. También comenta que llegan muchas personas de las minas con gonorrea y que las mujeres que ejercen la prostitución siempre son renuentes a examinarse.
William Velásquez, exdirector de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho, asegura que en Amazonas nunca ha faltado tratamiento. El problema radica en que los municipios tienen que enviar las estadísticas que avalen la solicitud de medicamentos a ciudades donde sí existe el tratamiento como en Maracay, la capital del estado Aragua (centro de Venezuela). Es un trámite burocrático que muchas veces se complica por la falta de comunicación con las remotas comunidades amazonenses y se suma a las denuncias sobre la venta del tratamiento contra el paludismo, que en Venezuela es gratuito y al acecho del hampa. En octubre hurtaron tres cajas (cada una con 30 tratamientos) de la farmacia que está en la sede de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho. Velásquez hizo la denuncia en la fiscalía y entregó el número de lote de las cajas, que encontraron tiradas en la calle sin el tratamiento.
Mientras los casos de malaria aumentan, la gente sigue buscando una solución al otro lado del río o su rebusque en las minas, muchas veces poniendo en riesgo su propia salud.
Febrero de 2020: representantes del ELN y de las disidencias de las Farc -la misma facción de (a) 'Gentil Duarte' que ahora Nicolás Maduro hace bombardear en Apure- reúnen en asamblea a los pobladores indígenas de Pendare, un rincón selvático del Amazonas venezolano, a medio camino entre la margen derecha del río Orinoco y el famoso cerro Autana. ¿La ocasión? El anuncio a los locales de que los irregulares se proponen instalarse allí y hacerse ley, con el permiso de Caracas, según aseguran. Los aborígenes se resisten; los guerrilleros tratan de convencerlos. Pero se olvidan de que los piaroas también saben grabar. Así quedó un testimonio en audio de la historia y planes que las bandas armadas colombianas relatan de sí mismas en el Sur de Venezuela. Armando.info tuvo acceso acceso y lo da a conocer.
Las primeras pruebas rápidas para el diagnóstico de la pandemia en el recóndito municipio Alto Orinoco del Amazonas venezolano tardaron cinco meses en llegar desde que se declaró la emergencia. En agosto, un equipo del Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis viajó al corazón de la selva amazónica y constató que el virus está muy presente en la población yanomami del sector La Esmeralda, una comunidad indígena que se caracteriza por su movilidad entre Brasil y Venezuela y que padece, de este lado, una indefensión total en materia de salud.
Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.
Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
Un brote letal de la bacteria Shigella y el Norovirus en ese estado del oriente del país acaba de advertir sobre la catástrofe que se gesta en el deficitario servicio de agua, donde el problema ya es, más que el acceso, siempre irregular, es la calidad del líquido. El incidente puso en evidencia la acumulación de problemas, como la escasez de cloro para la potabilización, mala gestión del sistema, infraestructuras en quiebra, todos vectores de la nueva crisis de servicios públicos que se aproxima.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
