Venezuela se ha convertido en uno de los principales compradores de ganado brasileño. Pero las masivas importaciones apenas dejan notar algunas irregularidades, como casos de sobreprecios en el transporte marítimo, o las discrepancias entre los registros de los dos países, cuyas diferencias establecen que 100.000 cabezas de ganado dejaron de llegar a su destino.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Un toro de 1.000 kilos puede servir, en teoría, para un almuerzo de 4.000 personas. Como un kilo de carne cuesta en mercados caraqueños, en promedio, alrededor de 500 bolívares –o 79 dólares, según la tasa oficial de 6,3 bolívares por dólar reservada para la importación de alimentos-, se puede redondear en 79.000 dólares, a trazos muy gruesos, el precio de ese toro en la calle.
Esta sencilla e imprecisa aritmética ilustra el valor de la virtual evaporación de al menos 100.830 cabezas de ganado que fueron compradas por Venezuela a Brasil desde 2007 y hasta 2013, lo suficiente para alimentar a toda la población del municipio Libertador (centro-oeste de Caracas) durante dos meses. El parangón adquiere un valor intangible, y aún mayor, en esta época de escasez crónica de consumos de primera necesidad en Venezuela.
Ese es el resultado que arroja el cotejo de las cifras brasileñas, cuya data de exportación la emite el Ministerio de Comercio Exterior de ese país, con los registros de importación de ganado en pie desde ese país del venezolano Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Según Brasil, Venezuela compró durante esos años un poco menos de dos millones 600 mil cabezas de ganado. Según Venezuela, Brasil le vendió menos de dos millones y medio de ejemplares.
La diferencia puede lucir casi infinitesimal. Para Venezuela, representa 10% de su consumo anual de carne de res, prorrateado a lo largo de seis años. Pero para Brasil, que las cuentas no cuadren es un asunto serio. Venezuela es en la actualidad uno de los principales clientes de sus exportaciones de ganado. En ciertas regiones como Belem do Pará, 70% del rebaño de exportación se destina a Venezuela.
En octubre de 2013 ese intercambio de petrodólares por carne sufrió un revés. Entonces Estados Unidos y Gran Bretaña solicitaron una investigación contra las exportadoras brasileñas de ganado, por supuestas irregularidades en las ventas que hacían a clientes venezolanos. El hecho, según los medios de comunicación de ese país y Portal Brasil, el website oficial del Gobierno brasileño, era que las empresas Kaiapos Fabril exportadora y Agroexport (máximas exportadoras de Brasil y con excelentes relaciones con empresarios venezolanos) habrían recurrido al sobreprecio de la mercancía y los costos de transporte a Venezuela para facilitar la fuga de divisas y evadir impuestos al Gobierno de Brasil. Navieras de banderas británica y estadounidense habrían participado en el fraude.
Cinco importadoras eran las principales corresponsales que todos los meses los cargamentos de ganado en Puerto Cabello (principal terminal marítimo de Venezuela, en el estado Carabobo, sobre la costa central del país). Hoy, en 2015, algunas de ellas ya no traen animales brasileños para los mataderos venezolanos.
Hasta el momento no es posible establecer una relación directa entre el caso de sobreprecio de las importaciones y la discrepancia en las cantidades de tales importaciones, incongruencias que abundan.
La estadística de importación de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello muestra una cantidad de ganado en pie de Brasil de enero a septiembre de 2013 que difiere del registro privado de Importgenius.com, un portal estadounidense dedicado a llevar una data de los movimientos aduaneros y de comercio internacional de todo el mundo.
Pero por otra parte, bases de datos como las del Registro Nacional de Contratistas (RNC), el Centro de Comercio Exterior (Cencoex), el Registro Mercantil e incluso la Fiscalía del Ministerio Público y la Oficina Nacional Antidrogas demuestran que algunas empresas de la importación cárnica tienen menos de dos trabajadores, pocos clientes, casi ninguna actividad comercial, poca actualización de datos y llamados de verificación por el Cencoex; rasgos típicos de las empresas de maletín.
Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, denunció en mayo de 2014 que cualquier persona que tuviera “acceso al Estado venezolano y que pueda conseguir una planilla de importación” se pone en condiciones de traer contenedores al país sin ningún control. Su declaración podría dar una primera pista acerca de por qué “desaparece” el ganado bovino en la ruta desde Brasil a Venezuela. Otro vocero, Pedro Piñate, un consultor agropecuario, sugiere que con frecuencia el negocio está en conseguir acceso al dólar preferencial y luego venderlo a precios del mercado negro.
Manuel Cipriano Heredia, ex presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), considera que bastaría con identificar a las privilegiadas empresas que reciben licencias por parte del Ministerio de Alimentación para importar carne y animales vivos. Pero eso, advierte por vía telefónica, parece ser un secreto de Estado.
Las importadoras venezolanas dicen otra cosa. De la gran cantidad de empresas que reciben licencias por parte del Ministerio (en su Memoria y Cuenta 2013 explica que expende licencias pero no especifica a qué empresas), cinco de ellas mostraron irregularidades al comparar las cifras de Puerto Cabello con las de Importgenius.com. Es como una actividad estadística: se verifica el número de importaciones de cada empresa por mes entre enero y septiembre de 2013, justo un mes antes de que iniciara el proceso de detenciones en las exportadoras de Brasil. El resultado es claro: solo entre esas cinco empresas faltan 9.100 cabezas de ganado.
Comercializadora Lava, por ejemplo, aparece comprando un poco menos de cinco millones de kilos de ganado en pie en ese periodo de enero a septiembre de 2013, y al país llegaron un poco más de tres millones 200 mil kilos. Falta una diferencia aproximada de 3.000 cabezas.
Crisóforo Gómez, propietario de Importaciones Melgom, advierte que es imposible que un empresario venezolano compre algún producto en el exterior para revenderlo en Venezuela o quedarse con los dólares otorgados por Cencoex. Su explicación del proceso es esta: entrega una cantidad de requisitos al Ministerio de Alimentación para obtener una licencia que, como confirman desde Fedenaga, es la que dice cuántas cabezas de ganado comprar y cuántos dólares otorgarán para cada cabeza. Una vez con la licencia en la mano, el empresario hace su solicitud de aprobación de divisas a través del banco, y cuando ya tiene la aprobación llega al Banco Central de Venezuela (BCV) para que desde esa entidad hagan la importación.
“Los empresarios que traemos ganado no tocamos dólares. Todo se hace directamente con el Banco Central”. Según Gómez, el BCV se entiende con el Banco Central de Brasil para comprar el ganado a través de un viejo convenio de cooperación llamado Aladi. Una vez que la entidad bancaria cumple con el proceso, el empresario debe recibir de ella un “código de reembolso”, que es el documento que lo autoriza a sacar sus productos de Puerto Cabello. Ya con el producto, entonces se cancela en bolívares las divisas aprobadas por Cencoex y utilizadas para la compra del ganado.
La empresa de Gómez, Melgom, registra una diferencia aproximada de 1.500 cabezas de ganado en pie, es decir, que en Brasil compró una cantidad cercana a los cinco millones de kilos y Venezuela registra un poco más de tres millones 500 mil. Gómez justifica esta diferencia con el retraso de los códigos de reembolso. “Si no coincide un mes con otro, es porque, por ejemplo, en Brasil se compró en enero y a Venezuela llegó tres o cuatro meses después”. Pero las cifras de Puerto Cabello e Importgenius.com son las mismas en algunos meses y en otros no.
Gómez asoma otro tipo de eventualidad que quizás los registros no contemplan. En 2014 su empresa no pudo recibir ganado porque hubo retrasos en la expedición de los códigos de reembolso. Eso significó que 6.000 cabezas de ganado no pudieron salir de Brasil. Sin esos códigos es imposible registrar la mercancía y, supone Gómez, en tales casos el BCV no completó la compra.
Pero estas posibles fallas del sistema no aplicarían para casos como el fraude de sobreprecios de transporte destapado por las autoridades brasileñas. ¿Con qué contraparte venezolana, entonces, concertaron Kaiapos Fabril Exportadora y Agroexport las irregularidades?
A finales de enero de este año Valor Económico, periódico especializado de ese país, publicó que una fuente del Gobierno Federal aseguró que pedirá a Venezuela petróleo y oro como garantía para el pago de sus exportaciones –principalmente, de alimentos- a Caracas. Eso se debe, asegura Valor, a que Venezuela se queda sin dólares y hay exportadores brasileños que todavía esperan se les paguen las deudas pendientes desde Venezuela. De esto, como de lo anterior, tampoco existe una versión oficial venezolana.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
A los productores se les paga un precio irrisorio por “el mejor cacao del mundo” y se vende al exterior en divisas a precio internacional. El negocio, aunque todavía no exhibe números de envergadura, es redondo para el que logre establecer el control de las cosechas, su transporte y comercialización, una labor a la que se abocó el nuevo gobernador del estado Miranda apenas asumió el cargo y que pretende establecerse en otros estados productores como Aragua, Sucre y Zulia.
En el mercado negro de al menos ocho estados del país se venden ilegalmente productos químicos importados por Agropatria, entre ellos el ingrediente 2,4-D, que se está vertiendo directamente en los suelos de cultivos. En el pasado las filiales de la otrora Agroisleña formulaban estos ingredientes siguiendo un riguroso procedimiento, pero entre la escasez y la corrupción esta labor apenas se realiza y los productos se venden sin control en estado puro a agricultores ávidos de herbicidas y funguicidas para proteger sus cosechas pero que al usarlos, sin saberlo, están poniendo en riesgo sus vidas y la fertilidad del suelo
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.
Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.
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Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
