A los productores se les paga un precio irrisorio por “el mejor cacao del mundo” y se vende al exterior en divisas a precio internacional. El negocio, aunque todavía no exhibe números de envergadura, es redondo para el que logre establecer el control de las cosechas, su transporte y comercialización, una labor a la que se abocó el nuevo gobernador del estado Miranda apenas asumió el cargo y que pretende establecerse en otros estados productores como Aragua, Sucre y Zulia.
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En la campaña como candidato en las elecciones regionales de octubre de 2017 mencionó escasamente al sector agrícola como parte de su plan de gobierno. Sin embargo, en apenas ocho meses como gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez –de la mano del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV- armó un circuito para captar y negociar el preciado cacao barloventeño independiente del resto de las instituciones del Estado.
La estructura la conforman la Corporación Mirandina de Cacao, la Sociedad Exportadora de Miranda, la Corporación de Producción Mirandina y la Corporación de Desarrollo Agrícola de Miranda, además de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda (Corpomiranda), de la que Rodríguez es también presidente. Un entramado burocrático que maneja un principio simple: regular el precio del cacao en bolívares, equivalente a unos cuantos centavos de dólar que se paga al productor, concentrar la producción y exportarla a precio internacional en divisas.
La presentación “en sociedad” de este sistema ocurrió en abril de este año, cuando Rodríguez presentó el Plan Cacao. “El mejor cacao y chocolate del mundo”, dijo orgulloso frente a representantes de consejos comunales, consejos campesinos, empresas privadas y asociaciones de productores de los municipios mirandinos que asistieron a la reunión para conocer el proyecto que, según confirmó, sería ejecutado en conjunto con los ministerios de Agricultura Productiva y Tierras, Comercio Exterior y Defensa. El plan tendría cuatro dimensiones: elevación de la producción, comercialización, distribución y exportación.
Desde enero ya funcionaba a media máquina y coincidió con la resolución que prohíbe la exportación de rubros agroalimentarios de producción primaria, procesados, agroindustriales y terminados, publicada en la Gaceta Oficial N° 439.627. Sin embargo, esto no fue impedimento para que en abril apurara el paso y según Manuel Gómez, director general de la Asociación Civil Acción Campesina, el nuevo gobernador iniciara el plan de controlar la estructura de compra-venta del cacao.
“Esa monopolización es el problema: primero, fijan los precios por debajo del mercado; segundo, no pagan como un intermediario y, tercero, es un proceso compulsivo y autoritario. Es decir, o me ‘vendes o me vendes’. Estamos hablando de una imposición de una política por parte del gobierno que afecta la economía”, explica Gómez. Aunque la empresa privada era la que solía absorber toda la producción de cacao, ahora deben pasar obligatoriamente por la intermediación del Estado.
Según el planteamiento del Plan Cacao en el estado Miranda, por cada kilo vendido al precio regulado por el gobierno, el productor debe pagarle a la alcaldía correspondiente una cuota de 15% y estas se comprometen a brindar asistencia técnica y acompañamiento. “Pero en realidad las alcaldías no está contribuyendo en nada a la producción. No hay seguridad, no hay buenas vías, no hay Internet para registrar la movilización y obtener las guías”, dice Vicente Petit, gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Cacao (Asoprocave).
Aparte del porcentaje municipal, los productores deben pagar 20% de cada kilo para el intermediario, que compra y revende. Al final, el productor termina percibiendo solo 65% de la venta sin contar que, además, está pagando la patente de industria y comercio. Cuando se presentó el Plan Cacao, la gobernación fijó el precio del grano de calidad del cacao fino de aroma fermentado (F1) en 500.000 bolívares (alrededor de 50 centavos de dólar para abril de este año) y 300.000 bolívares por cacao corriente, de menor calidad, o F2.
Esto significaba que el productor percibía unos 325 mil bolívares por kilo de F1 y 195 mil bolívares por kilo de F2. Así, en cuenta simple, sería la ruina del negocio del que suele decirse es “el mejor cacao del mundo” si se toma en cuenta que la empresa privada pagaba unos 850 mil bolívares al productor, sin descuentos y efectivo en el mismo momento de la transacción.
La gobernación de Miranda le ofrece al productor una especie de “trueque socialista”: a cambio de cacao de calidad dice que pagará a los productores una parte en beneficios sociales y la otra en bolívares, pero a una tasa que termina evaporándose en un contexto hiperinflacionario. Para un sector que antes fue chavista, con tantas carencias sociales y deprimido económicamente, expuesto a la inseguridad, las invasiones, los secuestros y el robo del cacao, esta oferta gubernamental pinta como la única opción aceptable. La Gobernación también ofrece una carta que tenía bajo la manga, la entrega de títulos de propiedad agraria a productores y campesinos.
“¿Quién es el único que socialmente atiende al productor?”, rezaba un panfleto repartido por la alcaldía oficialista de Acevedo, en el estado Miranda, que luego detallaba los programas sociales del gobierno como una forma de promover la confianza del productor para entregar sus cosechas.
Pero no todos están contentos con la promesa de este intercambio. En pleno corazón barloventeño, Ciro Martínez, presidente de Asoprocave, habló el jueves 31 de mayo de 2018, en un improvisado auditorio con cerca de 200 productores mirandinos afectados y organizados, y representantes de consejos campesinos de casi todos los municipios. Luego de unos minutos ante el micrófono, toma confianza para decirles enérgicamente que “el señor Estado, como autoridad que es, que representa a nuestro pueblo, a quien elegimos para que nos gobernara, nos quieren gobernar de verdad, porque nos quieren meter la mano en el bolsillo, aparte de que nos la metieron en el estómago”. Roba los aplausos de los asistentes.
Más claro aún fue Gustavo, del Consejo Campesino de La Balsa quien recordó que la intención de comprar muy barato a los productores no es solo de la Gobernación, sino del propio Estado, pues la presidenta de la Corporación Socialista del Cacao –dependencia del ministerio de Agricultura y Tierras- le ofreció 280 bolívares por kilo de cacao. “Me llamaron para comprarme el cacao bien barato. Le voy a dar el camión, el machete, el gancho, la vara y que ellos se metan para el monte a coger su cacao”.
Como parte de la estrategia oficial para restringir a las empresas privadas de adquirir directamente la semilla al cacaocultor se cuenta también en el estado Miranda la confiscación de las cargas por el solo hecho de pasar por el territorio de esa entidad, no importa si el cacao fue producido en otro estado. Con frecuencia se paralizan la entrega de las guías de movilización y además, algunos productores suelen ser acusados de fomentar mafias y “el cacao ser fuente de financiamiento de aparatos paramilitares”, según palabras de Héctor Rodríguez durante el envío del cacao para Estonia.
Según denuncia realizada desde la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), en mayo fueron retenidas 200 toneladas de cacao en la Corporación Mirandina de Cacao, creada por el gobernador Rodríguez al iniciar su mandato regional y que preside el ex ministro y cantante Antonio “Potro” Álvarez.
El representante de Acción Campesina insiste en que la estrategia “mafiosa” del gobierno pasa por atomizar el mercado para controlarlo, empezando con las pequeñas superficies. “No solo es controlar cuatro grandes haciendas que producen cacao, sino que hay que hacerlo con los 5 mil productores que se dedican al cultivo”.
El Plan Cacao no dista mucho del propuesto por Hugo Chávez exactamente hace 7 años, cuando lo declaró como un “rubro estratégico para la alimentación del pueblo y el desarrollo rural”, en el decreto 8.157, de la Gaceta Oficial 384.723, del 13 de abril de 2011. Aún no se recogen los frutos del primero y, este segundo, más agresivo en el control estatal, acorrala a los productores. Tanto productores como empresarios, también, tienen que lidiar con los excesos de la Guardia Nacional y los alcaldes bolivarianos, quienes cobran por debajo de cuerda con mercancía a cambio de “agilizar” las trabas que ellos mismos manejan.
“Está el cobro ilegal en las alcabalas de la Guardia Nacional, está esa institucionalidad difusa de comprar el cacao de manera compulsiva y, ahora, se están creando esas empresas paraestatales. Los productores son los grandes perdedores de esta situación”, es el panorama que dibuja Gómez de lo que ocurre con el cacao.
Estas denuncias fueron ampliamente extendidas ante la Gobernación de Miranda, el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, el Fondo Socialista del Cacao, la comisión de Ciencia y Tecnología, así como la de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En la audiencia ante los diputados estuvieron María Fernanda Di Giacobbe, fundadora de Cacao de Origen y Morella Briceño, representando al movimiento Bean to Bear de Venezuela; Francisco Betancourt, jefe de la Unidad Agrícola de Chocolates El Rey; Milagros Valera, diputada del Consejo Legislativo del estado Miranda; Vicente Petit, de Asoprocave, entre otros.
Ante semejante panorama los cacaoteros admiten la posibilidad de migrar a otro rubro. Algunos, han optado por la fabricación de chocolate artesanal y derivados, aunque denuncian que también tienen problemas. Las gandolas con azúcar son retenidas en alcabalas y aparecen con sobreprecio marcado por la Corporación de Desarrollo Agrícola de Miranda, otra de las estructuras de control de la producción.
Recientemente, el gobierno venezolano firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en el que le facilitan al Estado los recursos para fortalecer la cadena de valor agroindustrial. El Programa País 2018-2021 debe garantizar la disponibilidad de materia prima, entre ellas, el cacao; asumir la modernización, incrementar la exportación y la transferencia tecnológica.
Con o sin asistencia del programa, a diferencia de su antecesor, Héctor Rodríguez no ha tenido problemas en conseguir apoyo financiero para ejecutar su plan. Miranda es el segundo estado al que se le ha asignado más recursos presupuestarios por parte del gobierno central, el primero es Zulia. Vía el Banco de Desarrollo (Bandes), se le haría efectivo 600 mil millones para impulsar específicamente este rubro. Sin embargo, el logro de la meta requiere al peón del ajedrez, ese es el productor.
Pero esta no es la primera vez que el Estado venezolano quiere echar mano al cacao. La vergonzosa experiencia del Fondo Nacional del Cacao creado en 1975 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se repite con el chavismo. Entonces la monopolización del producto duró un poco más de 10 años con la única consecuencia de que se perdió sin remedio buena parte de la superficie sembrada de cacao. Mientras en 1975 se producían 20 mil toneladas al año, al ser liquidado el Fondo Nacional se contabilizaba solo la mitad.
El gobierno “revolucionario” apenas pudo levantar esos números. Hasta principios de 2018, Venezuela producía unas 16 mil toneladas, según la Cámara Venezolana de Cacao (Capec). La Corporación Socialista de Cacao nunca logró alcanzar la meta planteada en el Plan Socialista de Cacao, impulsado por el fallecido Hugo Chávez, que estimaba para el 2011 una producción de 27.286 toneladas y, para este año, 48.937 toneladas.
Esa corporación, dependencia del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras sigue trabajando bajo perfil, opacada por el gobernador mirandino quien promete incrementar la producción de 250 kg a 800 kg por hectárea, usando semillas propias. Una sonrisa irónica salta del rostro de Ciro Martínez, de Asoprocave. “Hasta han acabado con el banco de germenoplasma”, advierte resignado.
Según estimaciones de la asociación civil Acción Campesina, la superficie de siembra de cacao se distribuye principalmente entre Barlovento con unas 8 mil hectáreas, y la Península de Paria, que tiene cerca de 20 mil hectáreas. Ambas concentran 90% de la producción del rubro. El resto se distribuye entre Ocumare de la Costa (Aragua), La Victoria de Barinas (Barinas), Sur del Lago (Zulia) y Tucupita (Delta Amacuro).
Miranda sería el estado precursor del Plan Cacao como política agrícola, pero busca extenderse a otras regiones como Sucre y Zulia con el mismo patrón y usando la figura de empresas estadales: Sucrex y CorpoZulia. Pese a esta situación, no existe una legislación de protección al rubro, menos a las haciendas productoras, ni tampoco que describa la estructura corporativa para el manejo y comercialización del cacao. Escasamente hay estadísticas.
Laura Fuenmayor, representante de su familia de una de las haciendas cacaoteras de Choroní, estado Aragua cuenta su experiencia en la lucha por preservar el derecho de propiedad de la misma, otra de las grandes amenazas del cacao. “Habían 46 haciendas de cacao y café, ahora solo quedan 3 activas. El resto han sido invadidas, parceladas, usada para hacer más posadas turísticas o para la vivienda de muchas personas, pero de manera bastante desorganizada”. La Sabaneta, es una de esas pocas que quedan en el pueblo costero y son 5 haciendas en una que la maneja la Corporación Socialista de Cacao.
Desde los Jardines Ecológicos de Topotepuy, como asistente a la Jornada Botánica del Cacao celebrado a principios de junio, Laura reivindica el valor cultural alrededor del cultivo cacaotero, de las haciendas, de la tradición y el compromiso por preservar la calidad de este producto venezolano, a pesar de las circunstancias. “Esos tambores que están sonando al fondo, está allí en esas haciendas”.
La Corporación Socialista de Cacao, en un inicio, presionaba para que se vendieran las semillas fermentadas en sus plantas procesadoras. En aquel momento, poseía cuatro: Carúpano y Cumaná, que están paralizadas en la actualidad, e Higuerote y San Antonio, en funcionamiento.
La otra plaga del cacao no es la que se aloja en las plantaciones, sino la del contrabando. Los productores denuncian que en los estados fronterizos de Mérida, Trujillo, Zulia y Barinas están sacando el cacao hacia Cúcuta, “huyéndole a las regulaciones de la producción y exportación”, vendiéndolo a mejor precio de lo que ofrece el gobierno y movidos por la imposibilidad de trasladar el cargamento a los exportadores privados del centro y oriente del país.
Pero mientras crecen las preocupaciones de los productores, el gobernador de Miranda buscó aliados con quien negociar en divisas: Irán, China, Rusia y Turquía. En las redes sociales demuestra su acercamiento a los diplomáticos con los que prevé realizar acuerdos de exportación para rubros estratégicos, como la pesca, la minería no metálica, las flores y el cacao. Entre abril y junio logró las primeras exportaciones de productos mirandinos y con ellas los dólares que forman parte de un fondo de inversión regional aún no oficializado.
Mientras tanto las iniciativas privadas con más larga trayectoria son ahogadas en trámites y, ese bloqueo, da paso a nuevos actores que se anotan junto al gobierno para ingresar en el monopolio estatal. Héctor Rodríguez se levanta como el zar cacaotero de Miranda para impulsar un sector atomizado ayudado por un gabinete económico integrado por las caras conocidas de la Juventud del partido de gobierno, la ex ministra de la Mujer, Andreína Tarazón; el exalcalde de Boconó, Miguel Marín; el constituyentista, Ricardo Moreno y, el exdirector del Instituto Nacional de Deportes, Miguel Bermúdez.
Chuao, en el estado Aragua, produce un cacao muy particular y sus productores se han preocupado por una postcosecha que les eleva los estándares de calidad. Para el 2015, la empresa italiana Amedei compraba el kilo de cacao de esa zona en unos 16 dólares. Eso era un contrato de exclusividad que ellos tenían por ese cacao, extremadamente valorado. En el caso del Sur del Lago (estado Zulia), con un cacao criollo muy atractivo, el precio de compra para principios de junio era entre 2.5 y 5 dólares por kilo. En la región central (Ocumare de la Costa, Cata, Cuyagua y Barlovento), hacia oriente (estado Sucre) y en los llanos (estado Barinas), el costo promedio de compra al productor podría estar rondando 1,5 a 2 dólares por kilo.
Se paga más por mejor calidad. Aunque esa premisa no resulta para la Miranda “socialista” de Héctor Rodríguez. El cacao arrimado a las instancias gubernamentales se paga a la mitad de un dólar más una bolsa de comida y la posibilidad de que les sea asfaltada una calle.
A la par de este programa, se fue sumando el cargamento de lo que sería “la primera de muchas exportaciones”, según palabras del gobernador. En total, 75 toneladas de cacao venezolano salieron, a principios de junio, del puerto de La Guaira hacia Tallin, la capital de Estonia. Según las declaraciones oficiales, el grano era de primera calidad, carenero superior, producido y procesado en los municipios Acevedo y Andrés Bello de Barlovento. Aseguró que “nuevos cargamentos saldrán de esta tierra con rumbo a países de Asia y Europa”.
Alimentos Fruca, C.A. fue la escogida para ese primer envío. Su representante es Martín Merckx Landaluce, un joven empresario que también es director en dos sociedades anónimas en Panamá, con más de 18 años de fundadas. En dos subastas de Dicom, el año pasado, le fueron otorgados 51.419 dólares.
A unos cuantos pasos del gobernador en uno de los hangares del puerto de La Guaira, Martin asoma que ha conversado con clientes en Portugal y algunos chinos, sin concretar la venta. Al ser abordado por los periodistas no revela el monto total, pero resulta curioso que se detenga a señalar que “el cacao se paga con primas y descuentos, y este es cacao corriente”, lo que se conoce como F2. Los mercados internacionales suelen tasarlo por debajo de su precio.
“Venezuela, desde mi punto de vista, no debería exportar cacao corriente porque no se justifica que tengamos las joyas de la corona en este país y saquemos cacao corriente. Es decir, cacao que no son trabajados adecuadamente y salen a competir con los cacaos africanos, que no tiene sentido en ninguna parte del mundo”, apunta Leudys González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra.
Fue Miguel Marín, secretario para la Soberanía Agroalimentaria del estado Miranda, quien aseguró que la negociación generó al país una utilidad de al menos 50 mil dólares que irán a un fondo de inversión del Gobierno de Miranda para “atención de las comunidades que lo producen, en materia de salud, educación, seguridad, entre otros”, según salió publicado en el portal VTActual. El precio por tonelada de ese primer cargamento fue de unos $667, no los $2.500 en los que se cotiza internacionalmente según la bolsa de Londres para junio de este año.
El kilo del cacao venezolano que exportaron a Estonia estaría en poco menos de un dólar ($0,67). Si se tasa a precios internacionales estaríamos hablando de 187.500 dólares y no de 50 mil dólares que afirma Marín que recibió el gobierno de Miranda.
El precio del cacao en la bolsa de Londres y Nueva York se rige para mercados exportadores más sólidos como Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, quienes concentran la mayor producción mundial. El cacao venezolano no representa ni el 1% en el comercio internacional pero su calidad es superior al de muchos, por sus características genéticas, y es usado para producir chocolate fino de aroma y otros derivados. Solo Europa y Norteamérica reúnen el 75% del consumo de chocolate y sus derivados, de allí parte para Asia.
“El mejor cacao del mundo lo vas a vender barato porque no lo estás trabajando bien”, es una de los comentarios de González durante la Expoferia de Chocolate 2018, en el Círculo Militar de Caracas, un espacio que huele a gobierno.
Esta defensora del cacao enfatizó en la marca internacional del producto que lucha por adquirir Denominación De Origen (DDO), con lo que elevaría aún más su precio. “No puedes mandar un F2 que no sirve para la alta chocolatería. ¿Con quién vas a competir? Nuestro mercado es más selecto, que existe y que puede vender un cacao en 20 euros el kilo, bien trabajado”.
Quince días después de enviarse cacao para Estonia, hubo una nueva exportación relacionada con el rubro. 2.000 cajas de manteca de cacao con peso de 40.000 kilos fueron enviadas para Holanda. Además, Corpovex como ficha del monopolio rojo, suscribió nuevos convenios de exportación de cacao asignados a una cooperativa del estado Sucre que enlazó con República Dominicana. Hasta se sentaron representantes del Gobierno nacional y de Costa de Marfil para evaluar la exportación de cacao, café y aceite de palma.
Según el Observatorio de Complejidad Económica, en el 2016, Venezuela exportó granos de cacao, en su mayoría, a Japón y Europa. Estados Unidos, Estonia y Rusia, representaron un mercado menor, sin embargo, solo ese rubro generó unos $28,5 millones. En el caso de Estonia, el cacao venezolano en grano pasó de ser un producto con un valor de exportación de 3.280 dólares, en el 2011 a 615 mil dólares, en 2016.
Este cargamento sorprendió a más de uno. Sobre todo a los empresarios privados que ahora se enfrentan con las regulaciones y cambios, a discreción, de las políticas del gobierno.
“Yo tengo 40 años en el negocio del cacao y nunca había escuchado que Venezuela haya exportado a Estonia. Nuestros mercados son más que todo los europeos: Alemania, Holanda y Francia”, comenta Juan Martiz, de Chocolate Carbonero.
Para Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey y conocido en el comercio internacional del cacao, el embudo transaccional desde la Venezuela bolivariana es aún muy complejo. Desde que hace más de una década fue expropiada su hacienda con la esperanza de recuperarla, delineó una estrategia exitosa de brindarle asistencia a pequeños agricultores. El producto adquirido era minuciosamente cuidado y comercializado directamente con mercados internacionales.
Redmond se enfrentó con la burocracia de tener que “cumplir con, por lo menos, 90 requisitos y 16 ministerios” para poder exportar. En el caso de Chocolates San José, cumplieron con todo lo solicitado por el Centro de Comercio Exterior, según los convenios cambiarios en el que debían retornar al país el 40% del valor exportado, en divisas o activos. Optaron por la segunda alternativa y, desde febrero de este año que incorporaron nuevas normas, le exigen que reintegre las divisas de los últimos 4 años porque no le reconocen la importación de activos.
“Está en juego el permiso de exportación”, comenta Juan de Dios Franceschi, quien se ha dedicado al negocio familiar de la producción y exportación de cacao desde el estado Sucre, en una hacienda que cuya historia cacaotera se remonta al siglo XIX.
Aún con este panorama, el cacao venezolano sigue presentándose en eventos internacionales. En febrero de este año, a Amsterdam llegaron representantes privados a la Feria Internacional de Chocolate, una de las más destacadas dentro del área. Chocolates El Rey estuvo presente. No fueron los únicos, también saltan a la vista otros nombres que, en la actualidad, están negociando con el gobierno o pertenecen a su estructura burocrática: Gedaylaca C.A, Cacaos de Venezuela-Bancoex y Procesadora Cacao Real. Otros nombres aparecen en la brochure: Cacao Bengona, Cacao de Oro, Cacaos Caracas, Esaina Fine & Flavour Venezuelan Coca, Hacienda Cacao Caribe, Proyecto 1700 Grados, Valle Canoabo y Tricoa.
En abril, Luisa Urbáez, presidenta de la Corporación Socialista de Cacao tuvo su derecho de palabra en la Conferencia Mundial de Cacao 2018, que se realizó en Berlín.
El riesgo de esta escalada de control gubernamental en el sector cacaotero es que ocurra lo que ha pasado con el café y deje en jaque mate a todo el sector. Escasez del suministro, que los productores decidan cambiar de ramo porque le es más rentable otro y que no se cumplan con los compromisos en el exterior adquiridos con las chocolateras de fino aroma, al no garantizarle ni calidad, ni cantidad ni tiempo. La marca del cacao venezolano se preserva, en la oscuridad de la negociación.
El cacao venezolano representa menos del uno por ciento del cacao que se comercia a nivel mundial, pero sus granos y el chocolate que se obtiene a partir de él se exhiben en ferias internacionales a través de empresas nuevas en el negocio y estrechamente vinculadas con la familia presidencial. A través de guiños al sistema cambiario, el extraordinario producto venezolano genera grandes cantidades de divisas que quedan fuera de Venezuela, paradójicamente, gracias a un monopolio del Estado que mantiene férreo control sobre la cadena de comercialización y exportación. Todo ocurre en medio de una escalada de violencia y criminalidad que mantiene secuestrado a las zonas productoras, principalmente Miranda y Sucre, obligándolos a abandonar los campos o morir en el terreno.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
Para surtir a los módulos de la Misión Barrio Adentro el gobierno venezolano acudió a la importación masiva de medicamentos cubanos. Según revela la data de cuatro años de embarques recibidos en el principal puerto del país, la estatal Farmacuba no sólo desplazó a las multinacionales que traían las medicinas de alto costo sino a los propios laboratorios venezolanos -entre ellos, algunos adscritos al Estado que importaba - que fabricaban fármacos esenciales como analgésicos y antiinflamatorios. Mientras las deudas con los grandes laboratorios superan los cinco mil millones de dólares, con Cuba se estableció un negocio en el que Venezuela ha pagado más de dos mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.