Tiene un costado de Mesías: puede decirse que con su poder ha salvado de la quiebra al complejo industrial del aluminio en el estado Bolívar. Pero como representante de Glencore e intermediario de operaciones comerciales controvertidas, también ha hecho gala de codicia.
A las afueras de Puerto Ordaz, en los portones de las empresas de aluminio –Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca– resulta familiar el nombre de Roberto Wellisch, un empresario de nacionalidad argentina-venezolana-estadounidense que se ha ganado el apodo de “El Zar del Aluminio”. Es representante de Glencore A.G. en Venezuela. Su nombre se escucha en esos corrillos desde por lo menos el año 2005, aunque se afirma que anda por el estado Bolívar desde 1977 y que ha negociado más de 540 millones de dólares, según el mismo lo contó el 17 de agosto frente a una masa de trabajadores que lo escuchaban en el auditorio Orinoco de Ciudad Guayana.
Solo fue en 2005 cuando se vinculó a la trasnacional suiza, que entonces firmaba sus primeras compras a futuro con las compañías estatales del aluminio, y justo cuando se negoció el financiamiento para desarrollar la Línea V de Alcasa por 685 millones de dólares. ¿Por qué entonces se le tendría que conocer en esos portones, sitios tradicionales de concentraciones obreras, siendo Wellisch un mercante ante de minerales? Porque algunas veces su oportuna intervención ha salvado la quincena de los trabajadores con dinero fresco que desembolsó a cambio de entregas a futuro, y con ese dinero, ha aplazado la fecha de quiebre de las usinas estatales.
Wellisch no lo esconde. El 23 de agosto de 2010 protagonizó un evento, sin duda inusual, en el Teatro Orinoco de Venalum. Entonces se presentó en una reunión de Control Obrero y reveló que había negociado contratos a futuro con Venalum por 180 millones de dólares y que la producción se entregaría en tres o cuatro años. En la reunión Wellisch aclaró que el representante de Glencore en Venezuela era Palmat C.A. Luego de dar respuestas a las demandas de los trabajadores, ofreció desde transporte para los hijos de los empleados hasta apoyar la unidad de quemados, como parte de su política de responsabilidad social empresarial.
En 2007, sin embargo, el nombre de Wellisch sonaba menos a Mesías. Al menos era así en un informe que Carlos Lanz Rodríguez, el sociólogo que entonces presidía Alcasa y lideraba un experimento fallido a la postre de cogestión, presentó ante la Asamblea Nacional. En el papel denunciaba la existencia de cárteles entronizados en la región que monopolizaban las actividades productivas en las empresas de aluminio, hierro, oro y diamantes en el sur de Venezuela. Señalaba sin cohibirse a Glencore A.G. y a Roberto Jorge Wellisch, quien, en palabras de Lanz, “funciona bajo la cobertura de la empresa Palmat C.A.”. Titular de un día: fracasada la cogestión y con Lanz fuera de su cargo gerencial, nadie se ocupó de investigar ni una letra de la denuncia.
En el Informe confidencial sobre la compañía Glencore en Venezuela, aparecido el 14 de febrero de 2007 en www.aporrea.org y que presentó originalmente ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, Lanz se refería a la mala conducta de la trasnacional en los siguientes términos: “Glencore coordina y lideriza el cártel del aluminio en Venezuela, agrupa a estas empresas ya mencionadas y se distribuyen buena parte de la producción del aluminio. Según los traders de la competencia, Glencore y sus empresas asociadas juegan duro y sucio, como norma, en todos los países. Por regla general, los agentes de Glencore poseen un estilo agresivo y utilizan el soborno, el chantaje, el manejo de medios de comunicación para desprestigiar o destruir reputaciones. Se mueven con agilidad y eficiencia en el terreno de la corrupción de funcionarios y el lobby político”.
Tres años después el nombre de Roberto Jorge Wellisch también quedó expuesto por el escándalo de los presuntos pagos de comisiones en los negocios argentinos-venezolanos. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, reveló que empresarios de su país se veían obligados a hacer un pago de 15 por ciento en comisiones para la venta de maquinarias agrícolas al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de Venezuela, entonces a cargo de Elías Jaua; y la desaparición momentánea del dinero de un fideicomiso depositado en el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes).
La negociación comenzó en una feria agrícola realizada en Barinas y a la que asistieron los directivos de Palmat y de la competencia, la trader brasileña Cotia, además del ministro de Planificación, Julio De Vido –asumido ya como una especie de superintendente ad hoc de los negocios con Venezuela-, la embajadora Nilda Garré, el entonces lugarteniente de De Vido, Claudio Uberti y el agregado comercial de la embajada, Alberto Álvarez Tufillo, entre otros. El negocio ya tenía la venia de los presidentes Nestor Kichner y Hugo Chávez. Un acuerdo binacional refrendaba el acuerdo.
El alto gobierno argentino, es decir, Julio De Vido, ministro de Planificación de Argentina, y Claudio Uberti, otro funcionario también involucrado con el caso de la valija de Guido Antonini Wilson; y representantes del propio Presidente Hugo Chávez, acordaron otorgar la exclusividad de los “contratos de agencia” a dos empresas: Palmat Internacional S.A., creada en 1995 pero que luego del escándalo del maletín donde estuvieron implicados Uberti y Guido Antonini Wilson, entre otros, fue sustituida por la subsidiaria PalmatIntertrade S.A.; y Madero Trading, registrada en agosto de 2007. Palmat Internacional S.A. era representada por Roberto Jorge Wellisch y Francisco José Carrasquero; y Madero Trading era del argentino José Ernesto Rodríguez.
A través de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) se presentaba a los industriales agremiados las necesidades del gobierno venezolano y se establecía el vínculo con funcionarios designados por De Vido y Uberti, quienes además avalaban a las empresas argentinas favorecidas con los contratos de venta de maquinaria agrícola. Estas empresas contactaban al presidente de Palmat, ahora PalmatIntertrade S.A., Roberto Jorge Wellisch, como intermediario (aunque señalaron que todas las negociaciones las hacían con Francisco Carraquero), y posteriormente se concretaba la firma del contrato con la Corporación Venezolana Agrícola (CVA) y el desembolso de los recursos por parte del Bandes.
Un episodio con dudosa explicación fue la desaparición por algunas semanas de los 84 millones de dólares destinados a un fideicomiso, también alertada por el exembajador Eduardo Sadous.
¿Qué relación tiene este episodio con el pago de comisiones por parte de los comerciantes argentinos? En el marco del acuerdo bilateral, entre 2005 y 2008, Pdvsa recibió pagos de parte de Camessa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico de Argentina- por 554 millones de dólares por venta de combustible, dinero que se depositaba en la cuenta del Bandes. Esos recursos se desembolsaron para pagos realizados por la CVA por maquinarias agrícolas a las empresas argentinas.
Las empresas que vendieron maquinarias agrícolas a Venezuela habrían de pagar 40 millones de dólares en comisiones a las intermediarias Palmat y Madero Trading, según la denuncia de Sadou. Se dice que ganaron 43 millones de dólares, como pago de servicios para allanar la burocracia venezolana y trasladar las maquinarias desde el puerto hasta el destino final dentro de Venezuela en algún estado llanero del país.
Pero aún falta un tercer capítulo donde coinciden los mismos protagonistas. El representante de Madero Trading, el argentino José Ernesto Rodríguez, también era representante del Banco Guayana en Argentina. Roberto Jorge Wellisch formaba parte de la Junta Directiva de ese banco en Puerto Ordaz (estado Bolívar) y la sede argentina del Banco Guayana estaba en el mismo domicilio de Madero Trading. El presidente del Banco Guayana, para el momento, era otro argentino llamado Oscar Eusebio Giménez Ayese. José Ernesto Rodríguez, también era representante de Impsa, empresa que en 2008 comenzó a operar en la repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I, en el estado Bolívar.
En el diario argentino Clarín, del 13 de agosto de 2010, se afirma que según los datos obtenidos por la diputada opositora y excandidata presidencial, Elisa Carrió, existe otro vínculo entre Roberto Jorge Wellisch y, esta vez, el presidente de Fluviomar, Andrés René Guzmán, quien “tuvo participación en la empresa americana ACBL donde en Venezuela, Roberto Wellisch tenía intereses. ACBL ya domina el transporte por el río Orinoco en Venezuela. También el presidente del Banco Guayana para el 2007, Oscar Giménez Ayesa, “tiene intereses” en ACBL y fue uno de los intermediarios del polémico fideicomiso. Además, Paloma Loewenthal y Juan de Dios Santucchi (socios de Palmat S.A.), fueron ejecutivos de ACBL Argentina”.
Los vínculos siguen. Según Carrió, Wellisch “adquirió, junto a dos socios más en el 2006, por 32 millones de dólares, los intereses que la firma American Commercial Lines Inc. tenía en ACBL de Venezuela, según un registro de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU”. Paralelamente a esa compra, ACBL Hidrovías S.A. de Argentina tiene sus oficinas en la misma dirección (Leandro L Alem 1.010 de Buenos Aires), que Fluviomar y Palmat S.A.“De lo descrito se desprendería que el mismo grupo empresario coincidió en ACBL Venezuela, ACBL Hidrovías, Palmat y Fluviomar/Fluvioalba”, finaliza la denuncia de Elisa Carrió.
Las empresas de Wellisch en Venezuela agrupan a diversas razones jurídicas con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Muchas de ellas tuvieron relación crediticia con el Banco Guayana, extinto luego de su fusión con el Banco Caroní en diciembre de 2012. Este último absorbió la cartera de negocios del Banco Guayana.
Fuentes señalan que la absorción del Banco Guayana por el Banco Caroní fue el mecanismo idóneo para limpiar el nombre de la entidad financiera. El actual presidente del Banco del Caroní es Arístides Maza Tirado y otro de los directivos es Bernardo Kabche, representante del Banco Guayana. La Junta Directiva del Banco Guayana estaba conformada por doce personas, de las que siete siguen activas en el Directorio del Caroní. en su Junta Directiva.
La única defensa de Roberto Wellisch por el caso de las comisiones cobradas a los empresarios argentinos la plasmó en un comunicado que hizo llegar al diario prokirchnerista, página 12, de Buenos Aires. “Llego al otoño de mi vida con una posición sólida gracias a mis esfuerzos cotidianos”, escribió con cierto lirismo. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo. Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”.
Para esta nota se intentó conseguir, sin resultados, una versión personal de Wellisch en Venezuela.
El caso de las comisiones y las denuncias del exembajador Sadou fueron desestimadas por la justicia argentina y en Venezuela nunca se investigó a ninguno de los implicados, pero el nombre de Roberto Jorge Wellisch junto al de Palmat, que es lo mismo que decir Glencore, continúa pronunciándose en Guayana, por donde se le ve pasar solo de vez en cuando.
Clavel Rangel, Ciudad Guayana/ Katherine Pennacchio, Marianela Balbi y Joseph Poliszuk, Caracas
Lea acá la primera entrega de la serie: "Guayana, el feudo de Glencore"
Lea acá la segunda entrega de la serie: "Negociar con aluminio es como montar en carrusel"
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Los documentos internos del despacho de abogados revelan que Glencore, una empresa comercial de petróleo, minerales y cereales, llevó a cabo transacciones secretas y prestó millones de dólares a un socio de negocios de alto riesgo.
El manejo de la crisis eléctrica que atraviesa el país sudamericano tiene dos precedentes: 2003 y 2010. Entonces el gobierno del presidente Hugo Chávez se resistió a racionar a gran escala hasta último minuto, agotando las reservas de agua del embalse de Guri, en el suroriente del país. En 2016 la historia se repite, pero con mayor intensidad: la cota de la represa es la más baja de los últimos 20 años y se encuentra en niveles de emergencia. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, intenta maniobrar hasta que lleguen las lluvias, mientras queda en evidencia el vacío técnico que dejó la eliminación de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados.
A las precarias condiciones de vida se suma también la tragedia de que el territorio donde se asientan, en la salida hacia el mar Atlántico, es una de las rutas utilizadas para transportar drogas. Los grandes traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la franqueza de muchos de ellos para ofrecérselos como carnada a la policía, que, mientras tanto, no puede evitar el paso de grandes cargamentos. En un año, 50 indígenas han sido procesados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de gasolina. Esta es la historia de una costumbre.
La resistencia aborigen que se celebra el 12 de octubre tiene desde hace cuatro años una nueva expresión en Musukpa, a orillas del río Paragua, estado Bolívar. Nativos de diversas etnias, con los pemones a la cabeza, se organizaron para desarmar a las fuerzas militares y hacer frente a bandas criminales que pretenden controlar los yacimientos de oro de la zona, que hoy es prácticamente territorio liberado. Pero no una utopía.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
