Periodistas de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas examinan lo sucedido en los últimos años con el caso más emblemático de corrupción que sacudió a América Latina
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El descubrimiento de la mayor red de corrupción en América Latina a través la Operación Lava Jato, provocó un terremoto político en 2014 cuando se conocieron las empresas brasileñas involucradas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito a campañas.
La más famosa de ellas: Odebrecht, que repartió coimas y pagos ilegales desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego y causó otro sismo al confesar sus crímenes ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza en 2016.
Este es un viaje al centro de Lava Jato, la operación que comenzó investigando un negocio de lavado de autos y terminó encontrando un lavadero de dinero sin precedentes en latinoamérica. Es un recorrido para examinar lo sucedido en los últimos años y escrutar cómo enfrentó cada país el caso más emblemático de corrupción en el continente.
Periodistas y medios de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas encontraron al menos 554,3 millones de dólares que se fueron por el despeñadero de los sobornos. Una factura alta que, en todos los casos, fue mayor que las confesiones que Odebrecht dio ante la comunidad internacional. El monto de los pagos ilegales a las campañas políticas y de los sobornos a cambio de contratos fue mucho mayor al admitido inicialmente por la constructora.
Las prácticas corruptas de Odebrecht terminaron siendo un botín de millonarios sobornos y aportaciones ilícitas que llegaron a las manos de funcionarios y políticos latinoamericanos. Los gobiernos de esas naciones, sin embargo, poco o nada han recuperado de los flujos de dinero que llegaron a manos privadas en detrimento de las arcas públicas.
Los sistemas de procuración de justicia de algunas naciones como Argentina, Venezuela y México no emitieron sentencia alguna contra de la mayoría de los políticos y funcionarios que fueron indiciados o acusados de participar en la red de corrupción.
En todos estos años solo se dictaron 68 sentencias contra las personas que participaron en el esquema de pagos ilegales fuera de Brasil. La revisión en las cuentas arroja que el país con más condenas es Perú. En Venezuela, por el contrario, ni siquiera procesaron a nadie.
En este ejercicio de revisión, periodistas de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas cuantificaron los montos destinados a campañas electorales, a comprar políticos y el importe de pagos ilegales para ganar contratos así como el grado de colaboración que cada gobierno ha solicitado a sus pares.
El gráfico anterior no contempla datos de Uruguay, puesto que Odebrecht no realizó ahí obras que le permitieran sobornar funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos, pero sí fue una pieza fundamental en el andamiaje que montó la constructora brasileña para ocultar el dinero ilícito. El efecto Lava Jato y Odebrecht también se expandió a otros países como Chile, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Paraguay, aunque esta investigación solo se concentró en nueve naciones.
*Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más conspicuo y habitual de la jerarquía chavista, el exministro El Troudi, obtuvo el visto bueno de un tribunal local. Pero que la justicia oficial vea a otro lado no quiere decir que las revelaciones se detengan: ahora se conoce que en Suiza los fiscales detectaron transferencias millonarias de la constructora brasileña para el entorno del general Gustavo González López.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
Nuevas filtraciones de la ‘delación premiada’ que en diciembre pasado hizo ante la justicia brasileña el procónsul en Caracas de la constructora, Euzenando Azevedo, permiten saber que en las elecciones para escoger al sucesor del fallecido comandante Hugo Chávez, Odebrecht adoptó una decisión salomónica: entenderse con los candidatos de Gobierno y de Oposición y hacer aportes a las campañas de ambos. No sería en igualdad de condiciones: a uno dio 35 millones de dólares, al otro 15. Pero sí con la misma contraprestación: que respetaran los contratos de obras públicas a cargo de la multinacional de ingeniería.
Liderado por el equipo peruano de IDL Reporteros, un grupo de periodistas de América latina comenzó a investigar hace más de un año las ramificaciones de la Operación Lava Jato en toda la región y, en el camino, han encontrado una enrevesada cadena de pagos en negro, que involucran a personajes tan célebres como Francisco Martinelli, primo dilecto del entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Esta es la historia de cómo una empresa se hizo de los mejores contratos camuflando “propinas” en una maraña de transferencias y empresas offshore.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
