Nuevas filtraciones de la ‘delación premiada’ que en diciembre pasado hizo ante la justicia brasileña el procónsul en Caracas de la constructora, Euzenando Azevedo, permiten saber que en las elecciones para escoger al sucesor del fallecido comandante Hugo Chávez, Odebrecht adoptó una decisión salomónica: entenderse con los candidatos de Gobierno y de Oposición y hacer aportes a las campañas de ambos. No sería en igualdad de condiciones: a uno dio 35 millones de dólares, al otro 15. Pero sí con la misma contraprestación: que respetaran los contratos de obras públicas a cargo de la multinacional de ingeniería.
El hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió 35 millones de dólares procedentes de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2013. En marzo de ese año, el líder máximo de la autodenominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, había fallecido por un cáncer. Maduro, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, debió entonces enfrentar unas elecciones para escoger un nuevo presidente sobrevenidas apenas un mes después, aunque en cierto modo anticipadas, pues el propio comandante lo había designado como su sucesor en un discurso por televisión -su último acto público- el 8 de diciembre de 2012. A pesar del endoso explícito del caudillo, Maduro tuvo que esforzarse para conquistar una apretada victoria en las elecciones presidenciales de abril de 2013, según las cifras oficiales, con tan solo 1% de los votos de ventaja sobre su adversario, el candidato de oposición y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
Del aporte de Odebrecht a la campaña oficialista ya se conocía por las deposiciones del publicista brasileño, Joao Santana, y de su esposa, Mónica Moura, ante autoridades judiciales que investigan el escándalo de Lava Jato, el esquema de sobornos y comisiones que las empresas de ingeniería civil crearon para asegurarse su participación en los grandes proyectos de infraestructura y obras públicas. Se trata de un esquema que esas corporaciones exportaron a otros países en la medida que se desarrollaba una expansión internacional de sus negocios que corría en paralelo con la proyección de la influencia política de Brasil y del Gobierno de Inácio Lula Da Silva hacia amplias regiones de América Latina y África, sobre todo.
Santana y Moura, que asesoraron a la campaña de Chávez de 2012, habían revelado que Odebrecht pagó al siete de los 35 millones de dólares del importe de su factura.
Pero ahora surgen nuevos y más precisos detalles de la relación.
El Director Ejecutivo de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, prestó el 15 de diciembre pasado una declaración jurada en la sede de la Procuradoría General en el estado de Sergipe, costa nororiental de Brasil. El poderoso ex representante de Odebrecht en Caracas se acogió así a la figura de “delaciones premiadas”, establecida en la normativa brasileña, y que ha permitido a las autoridades brasileñas investigar la trama de corrupción del llamado caso Lava Jato, a través de testigos protegidos que confiesan a cambio de beneficios procesales. Hasta ahora 78 personas, entre altos ejecutivos de las empresas involucradas y sus respectivos operadores financieros –los llamados doleiros–, han preferido ofrecer sus testimonios en esas condiciones.
Del relato de Azevedo, que hizo ante los procuradores Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino Martinelli, y en compañía de sus abogados, Carla Domenico y Sergio Ferraz de Campos, algunos respaldos acaban de filtrarse para este reportaje. El trascendido implica en simultáneo, por paradoja o ironía, a los adversarios de la reñida campaña electoral de 2013, Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonski.
No cabe duda de que Maduro llegó al palacio presidencial de Miraflores en 2013 con un decisivo apoyo de Odebrecht. A cambio del dinero, el hoy presidente habría garantizado a la constructora las mismas condiciones favorables de las que ya gozaba con su antecesor y mentor, Hugo Chávez.
Para ello, Maduro nunca se reunió en persona con los brasileños. Contó con la intermediación del entonces coordinador de su campaña electoral, Américo Mata, que en nombre del gobierno venezolano pidió 50 millones de dólares para garantizar a la constructora la puesta al día de los pagos -que en Venezuela pueden retrasarse con facilidad por la morosidad del Estado o por los trámites de aprobación de divisas necesarios para superar el régimen de control de cambio- y la participación en contratos de obras por venir.
Las reuniones de Mata con Azevedo, hasta tres, se efectuaron en el Gourmet Market de El Rosal, uno de los pocos cafés de moda que sobreviven a la crisis en Venezuela, preferido de modelos y hombres de negocios, cercano al distrito financiero de Caracas, El Rosal, y a la oficina de Odebrecht. A nombre de Odebrecht, Azevedo se comprometió a cancelar 35 de los 50 millones de dólares que le pedían para cerrar un trato.
El entonces interlocutor de Azevedo y emisario de Maduro, Américo Mata, es una pieza transversal en el engranaje del chavismo, que ha ido subiendo peldaños a la vera del ex diputado, varias veces ministro y hasta ex vicepresidente de la República, Elías Jaua, quien por estos días recientes presidió la comisión promotora de la polémica Asamblea Nacional Constituyente que el oficialismo se propone instalar.
Américo Mata ha circulado por distintos puestos de confianza de la administración pública, desde viceministro de Economía Agrícola y directivo de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) pasando por las directivas de Hidrocapital, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (Inces) y la Corporación Nacional Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
En 2015 Mata sucedió directamente a su auspiciante, Elías Jaua, en la presidencia de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Miranda, Corpomiranda. Se trata de un ente que el chavismo creó ad hoc desde el Gobierno central para eclipsar al gobernador de esa provincia, Capriles Radonski. Jaua desempeñó esa suerte de gobernación paralela de Miranda -estado del que recibió el título oficioso de Protector- como presidente de Corpomiranda hasta 2015, cuando dejó el cargo para postularse como candidato a la Asamblea Nacional y lo legó a su pupilo, Américo Mata.
“Yo le pedí que, de ganar, el candidato mantuviese nuestras obras como prioritarias en su gobierno”
Aún antes, Mata había acompañado a Jaua -quien llegó a ser ministro del sector- durante su gestión al frente de los organismos del área agropecuaria y de alimentación. Fue en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) donde Mata conoció a Euzenando Azevedo y a otros representantes del tren ejecutivo de Odebrecht, empresa que estaba a cargo de proyectos en el sector agrícola como el que desarrollaba en 35.000 hectáreas sobre las planicies del sur del estado de Anzoátegui (oriente de Venezuela), el Proyecto Agrario Integral Socialista José Inácio de Abreu e Lima, una utópica ciudad agrícola para 500 familias campesinas, todavía inconclusa.
Con una factura de al menos 640 millones de dólares, el proyecto agrícola hoy se encuentra a medio andar. Pero de aquellos años a Mata le quedaron –cuando menos– los nombres clave del gigante de la construcción brasileña. “Todas las empresas van a ayudar y ustedes, que son de las grandes, deben dar 50 millones”, se animó Mata a pedirle a Azevedo, a lo que este accedió, pero no sin antes plantear unas condiciones.
La preocupación de Azevedo es que a pesar de la continuidad, Maduro podía tener otro tipo de intereses
“Yo le pedí que, de ganar, el candidato mantuviese nuestras obras como prioritarias en su gobierno”, relató Azevedo, “ya que eran contratos de la administración anterior, del presidente Chávez, y a pesar de la continuidad, él (Maduro) podía tener otro tipo de intereses”.
No precisó detalles de las transferencias bancarias que entonces debió ordenar. Solo dijo que el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas –un eufemismo que encontraron en Odebrecht para nombrar su unidad de sobornos y comisiones– giró depósitos antes, durante y después de la elección –entre marzo y junio de 2013– a nombre de varias empresas offshore que proporcionó el mismo funcionario Américo Mata.
A través de esos canales la campaña oficialista recibió los aportes de Odebrecht. La ruta no solo burló los controles establecidos por el régimen desde 2003 con el control de cambios y la posterior Ley de Ilícitos Cambiarios, varias veces reformada, pero siempre precisa a la hora de exigir declarar ante el Banco Central y convertir cualquier divisa extranjera a la tasa oficial. También eludió lo que estipula la Ley de Procesos Electorales, que en su artículo 75 prohíbe de manera expresa la propaganda electoral “financiada con fondos de origen extranjero”.
Se pudo contactar al intermediario del gobierno venezolano, Américo Mata, por una llamada al mismo número de teléfono por el que antes respondía a los periodistas. No obstante, la comunicación finalizó inmediatamente después de mencionar la palabra Odebrecht, y no se pudo restablecer.
Pero al mismo tiempo ocurría algo sin precedentes. Tal vez al medir con perspicacia el cambio de la dirección del viento en el clima electoral venezolano, Odebrecht decidió también poner unas fichas en la casilla del candidato opositor.
La revista Valor Económico de Sao Paulo sorprendió en mayo advirtiendo que la constructora ya había apoyado a Henrique Capriles Radonski en la campaña de octubre de 2012, en la que enfrentó a un Chávez moribundo y perdió. Algo similar, pero sin pormenores, había asomado en enero el diario The Wall Street Journal.
Ahora un nuevo legajo de documentos inéditos –filtrados para este reportaje– muestran que la corporación dio al año siguiente, para enfrentar a Maduro, un apoyo aún más decidido a la campaña de Capriles Radonski.
“Para mí es un honor ser servido por el presidente de la República”
A la muerte de Chávez y con las encuestas no tan claras, el gigante de la construcción brasileña apostó con un aporte -simultáneo a los 35 millones que donó a Maduro- de 15 millones de dólares que depositó en el exterior, siempre según el testimonio de Azevedo.
Azevedo afirma que, como un miramiento, el propio Capriles lo invitó a su casa una noche, a pocos días de aquel 14 de abril decisivo en que Maduro fue declarado vencedor. Al virrey de Odebrecht en Venezuela le sorprendió que el propio candidato fuera a la cocina para servirle un vaso de agua. “Para mí es un honor ser servido por el presidente de la República”, le respondió Azevedo, diplomático y algo adulante, en una anécdota que le saca sonrisas aún bajo el rigor de los interrogatorios judiciales.
Esa noche Capriles garantizó que Odebrecht se mantendría en Venezuela después del chavismo. “Nunca traté nada con él directamente sobre alguna ayuda financiera, pero estaba inferido que había ayudado y de manera muy cariñosa me agradeció y enfatizó que si ganase no tomaría ninguna actitud contra los contratos”, aseguró Azevedo.
A diferencia del escándalo actual, cuando la marca de Odebrecht se ha reservado en todo el mundo y todos los idiomas el sinónimo de corrupción, para esa fecha el nombre portaba un halo de éxito en la globalización. A los representantes corporativos les resultaba más riesgoso y cuesta arriba explicar al chavismo las razones de una foto con su contendor, que para el líder de una oposición ávida de votos y mecanismos de financiamiento hacer el mismo ejercicio con su clientela electoral.
No hay que olvidar que, además, por esos días Capriles expresaba en público su admiración por el modelo de desarrollo implantado en Brasil por Lula y el Partido de los Trabajadores (PT), algo que le debió facilitar la entrada con uno de los símbolos de la expansión internacional del lulismo, pero que le deparó no pocas controversias con sus aliados más radicales de oposición.
El eco de la llamada operación Lava Jato muestra que más allá de la corrupción, los sobornos y los sobreprecios, las constructoras de Brasil también se preocuparon por apoyar hasta las campañas electorales de los débiles. Pero no era un simple acto de justicia o conmiseración con los underdogs: los brasileños buscaban garantizar que ningún viraje político los sacara del juego.
Ya en la elección anterior le habían girado a la campaña del candidato opositor venezolano, mediante empresas registradas en paraísos fiscales, unos dos millones de dólares, según el testimonio de Azevedo. Él y Capriles se habían conocido en 2012 a través de un constructor venezolano llamado Benito Rodríguez, cuya empresa era subcontratada por Odebrecht. El candidato entonces aseguró que respetaría los contratos preestablecidos.
"Como le dije la otra vez, si yo ganara las obras son prioritarias, voy a continuar con las obras, no tenga la menor preocupación"
“Nuevamente yo decidí ayudar a Capriles, y fue una ayuda sin mucha burocracia”, contó Azevedo sobre la campaña de 2013. “Tuve una reunión con el candidato de nuevo reforzando con él la necesidad de que si ganase no perjudicase, y volvió a insistir en que sí: ‘como le dije la otra vez, si yo ganara las obras son prioritarias, voy a continuar con las obras, no tenga la menor preocupación’”.
Contactado por vía de mensaje directo a su cuenta de Twitter, Capriles ofreció conceder una entrevista que, sin embargo, no hubo tiempo de realizar. En el mismo mensaje, de cualquier manera, el también gobernador de Miranda adelantó que ya había hablado “hasta el cansancio” sobre el tema de los presuntos aportes de Odebrecht a su parcialidad.
“Ahora resulta que mientras el Gobierno corrupto contrató con Odebrecht millones, yo soy el señalado”
Por ejemplo, en enero -a raíz de las primeras revelaciones en The Wall Street Journal- Capriles, que por esos días también fue citado por la Contraloría General de la República, leal al chavismo, se quejó en su cuenta de Twitter: “Ahora resulta que mientras el Gobierno corrupto contrató con Odebrecht millones, yo soy el señalado”. Luego, ante unas insinuaciones al respecto hechas por el propio presidente Maduro en una alocución televisada, Capriles retó al Gobierno a abrir “verdaderas investigaciones” sobre la actuación de Odebrecht en Venezuela.
Los acercamientos de Odebrecht con cualquier gobierno empezaban con la campaña electoral. Era un apoyo al dirigente y al partido político, que luego abría otras puertas. Eso declaró esta semana el abogado brasileño, Rodrigo Tacla, que formó parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía. “El primer contacto se establecía en la campaña electoral”, dijo esta semana desde España en entrevista con los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil para diario El País. “Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos”.
“La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”
Tacla incluso advirtió sobre fiestas con prostitutas importadas de Brasil para ocasiones especiales en Panamá y República Dominicana. “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”, dijo, aunque aseguró que no conoce el caso venezolano a plenitud. En diciembre pasado, Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos -que le impuso una multa- el pago de casi 100 millones de dólares en sobornos en Venezuela entre 2009 y 2014, lo que le convertiría en el segundo país -sólo detrás del propio Brasil- donde la constructora repartió los mayores incentivos irregulares a autoridades y funcionarios del Estado.
El nombre de Maduro ya salió a colación en las declaraciones, citadas antes, de Santana y Moura. El hoy presidente, entonces canciller, sacó de su despacho en once millones de dólares en cash. “Maduro recibía a Mónica (la publicista Mónica Moura) en su despacho, le entregaba maletines de dinero y le proporcionaba una escolta para brindarle seguridad durante el recorrido de la Cancillería a la Productora”, señalan documentos desclasificados por la Suprema Corte de Brasil.
De momento, sin embargo, el mandatario venezolano ha optado por evitar el tema. Se sabe que la Fiscalía General de la República, ahora rival político del presidente, adelanta algunas investigaciones.
(*) Este reportaje es un trabajo investigado por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, de IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina, Sudestada de Uruguay y Armando.info en Venezuela.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
