Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
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Parece una ironía, pero un Mayor del Ejército destaca entre los mayores contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Se llama William José Hernández Cova, egresado de la Academia Militar en 1985. A diferencia de algunos compañeros de promoción que saltaron a la administración pública con la autodenominada Revolución Bolivariana, como el cuestionado Carlos Osorio Zambrano, dos veces ministro de Alimentación y ahora a la cabeza de la Corporación Venezolana de Minería, o el exministro de Interior y Justicia y actual constituyente, Pedro Carreño, el camino de Hernández Cova fue temprano el de los negocios.
Lo que comenzó con las contrataciones públicas mediante empresas propias y de familiares cercanos, ahora es toda una red de compañías igualmente emparentadas que incluyen una clínica y bodegones en el este de Caracas, sociedades en Panamá, Estados Unidos y Reino Unido y hasta una firma colombiana en el competido sector petrolero: Atina Energy Services.
La oficina principal de Atina Energy Services está en Bogotá y se desprende de Atina Energy Services Corp, registrada en Panamá. Aunque creadas en 2009 por una familia ítalo venezolana, pasaron a formar parte del extenso grupo empresarial de William Hernández Cova en 2014. Como en casi todas sus compañías, allí comparte directorio con su esposa, Rosmilar Ceballo Montilla, y su cuñado, Antonio Parada Montilla.
Precisamente, ellos tres alternan sociedad y puestos directivos en un pool de empresas que durante años acumularon centenares de contratos con distintos organismos públicos en Venezuela, pero especialmente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), durante los diez años que estuvo presidido por otro militar: el General de División Carlos Rotondaro Cova. Entre 2007 y 2017 siete compañías del grupo se repartieron 271 contratos con la institución sobre la que descansa buena parte de la cobertura y asistencia sanitaria de la población venezolana, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Rotondaro Cova abandonó las filas del chavismo en 2017 y dos años después salió al exilio; el país también viró de la bonanza petrolera al colapso económico; pero en ese mismo lapso, los negocios del Mayor William Hernández Cova no dejaron de crecer y diversificarse. A finales de octubre de 2019, por ejemplo, inyectó 2,38 millones de dólares a Atina Energy Services, la sucursal colombiana de la compañía petrolera, con lo que el capital total se elevó a casi 14 millones de dólares, según se comprueba en los documentos de registro. Con ello, entre otras iniciativas gerenciales, busca reflotar una empresa que está en “reorganización” en el marco de la Ley 1116, que en Colombia regula la protección a compañías en estado de insolvencia.
“Ser la empresa de mayor reconocimiento nacional y proyección internacional por la efectividad en la prestación de servicios integrados, con excelencia operacional, logrando la satisfacción de los clientes, innovando para la sostenibilidad”, proclama la web de la compañía como su misión.
El site asegura que tienen su base de operaciones en Barrancabermeja, una zona petrolera del noroeste de Colombia. Cuenta con maquinaria para la “perforación de pozos convencionales horizontales y multilaterales”, “unidades de fast move o auto ancladas”, así como tuberías y grúas de 60 toneladas, entre otros equipos.
Ahora Atina Energy Services tiene una sucursal en Caracas, en lo que parece un viaje de ida y vuelta de las empresas del grupo entre Bogotá y la capital venezolana. “En el sector petrolero mi esposa incursionó, ya que la empresa que adquirió se encuentra en Ley 1116. La tomó como un reto gerencial ya que los activos y todo para trabajar ya existían, y su valor fue residual”, explicó Hernández Cova en un cuestionario enviado a Armando.Info por escrito. Pero antes de sumergirse en los pozos petroleros, el grupo empresarial apostó por negocios donde siempre había cosas por hacer y rehacer: los hospitales venezolanos. Esa fue la plataforma de lo que vino después en un momento en el que a Hugo Chávez le sobraba la plata y cada tanto prometía ambiciosos proyectos.
William Hernández Cova fue comandante de un pelotón de paracaidistas entre 1991 y 1992, pero su verdadero salto llegó al reemplazar el uniforme verde oliva por el traje de empresario, después de un breve paso como jefe de compras de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, en 1998, y director de finanzas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) entre 1999 y 2000.
Con la compañía MPD Máster, Proyectos y Desarrollos, creada en Caracas en 2004, logró 85 contratos con entes estatales en trece años de operaciones, que van de 2005 a 2018. De ese total, 70 fueron con el IVSS y coinciden en fecha con el inicio de la presidencia de Carlos Rotondaro Cova, según consta en el Servicio Nacional de Contrataciones y su RNC.
Una suerte similar tuvo la compañía Atina Ingeniería, Procura y Construcción, perteneciente a Rosmilar Ceballo Montilla, ingeniero civil y esposa de William Hernández Cova. Consiguió un total de 70 adjudicaciones con organismos públicos, de las cuales 45 fueron con el IVSS, casi todos a partir de 2007.
Sin embargo, el número de contrataciones de esta compañía con el IVSS pudo ser mayor a lo que refleja la data del RNC. Un catálogo de Atina muestra que en 2009 estuvo a cargo de la “sala de conferencias de la presidencia” del IVSS y un año después, en 2010, del “comedor de la presidencia” del organismo en Caracas, dos proyectos que no están en el listado general del registro de contrataciones.
Estas dos empresas -MPD y Atina- tienen también en su haber obras de envergadura como el “nuevo hospital de Trujillo” y el Complejo Hemato-Oncológico y de Radiocirugía del IVSS, ubicado detrás del Hospital Domingo Luciani, en Caracas.
Desde 2015 hay una filial de Atina Ingeniería, Procura y Construcción en Bogotá. Pero su rastro en el sistema de contrataciones venezolano arroja otros datos interesantes. Antes de su vínculo con el IVSS, la empresa ejecutó trabajos en el Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial y Cavim, entidades por donde pasó William Hernández Cova cuando todavía era militar. Además, acordó obras con el Instituto de Infraestructura del estado Mérida para la construcción del estadio de fútbol Metropolitano de esa ciudad para la Copa América de 2007, cuando Florencio Porras era gobernador de la entidad. Precisamente, Porras fue otro compañero de la promoción de 1985 de William Hernández Cova.
Otras cinco empresas del grupo familiar, con objetivos sociales disímiles, fueron usadas para obtener contratos con el Seguro Social. Ellas son: Build Master, Acierto Tecnológico, Victus de Venezuela, Constructora Ribelpa y Grupo Raycall. Entre todas suman 156 contratos más que también coincidieron con el período de Carlos Rotondaro en la presidencia del instituto.
Con Build Master suministraron al IVSS material de oficina, mobiliarios, uniformes y aires acondicionados; con Acierto Tecnológico se encargaron de la instalación de sistemas de seguridad con circuitos cerrados de TV y de monitores para estudios especiales; Constructora Ribelpa realizó otras obras hospitalarias. Entre tanto, con Grupo Raycall, de la que hay una homónima registrada en Reino Unido, y Victus de Venezuela, despacharon material médico quirúrgico, descartable y de radiocirugía, soluciones, medicamentos, productos de alimentación parental y enteral, y material de bioseguridad, entre otros rubros.
En el caso de Victus de Venezuela, consta que entre 2004 y 2012 la empresa recibió poco más de 82 millones de dólares preferenciales de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), y en 2014 otros 8,8 millones adicionales vía Cencoex, la oficina que siguió en la administración del férreo control cambiario aplicado por el chavismo.
Pese a la preeminencia que tuvo el IVSS en las contrataciones públicas de sus empresas, William Hernández Cova resta importancia y descarta cualquier irregularidad. En la comunicación enviada a Armando.Info en ocasión de este reportaje asegura que en esa “relación comercial por más de 10 años”, con esa larga lista de adjudicaciones, cumplió la “ley que rige la materia”. Es enfático, además, a la hora de negar cualquier nexo familiar con el expresidente del Seguro Social, como han sugerido algunas versiones de prensa. “A pesar de que ambos tenemos el apellido Cova, no poseemos ningún vínculo familiar”.
Asimismo, rechazó las acusaciones que en 2018 realizó en su contra Winston Flores, diputado opositor a la Asamblea Nacional y ahora embajador en Bolivia del Gobierno interino de Juan Guaidó. “El Sr. Flores es un irresponsable que realizó afirmaciones en contra del expresidente del IVSS y de mi persona, en las cuales señalaba que me habían adjudicado contratos de material de diálisis, ya que según el Sr. Flores yo soy familia del General Carlos Rotondaro. Ambas afirmaciones son falsas”.
En 2018, Flores había acusado a Rotondaro y otros funcionarios de haber “desfalcado” a la institución por una suma de 100 millones de dólares en complicidad con empresarios como William Hernández Cova.
En cualquier caso, queda claro que el grupo empresarial del Mayor Hernández Cova durante años estuvo entre las principales contratistas del sistema público de salud, junto a otros grupos como el favorecido por ex ministro de Salud Luis López, la cuestionada familia zuliana Rangel Barón, o el caso del militar Vicari Méndez.
Aunque desde finales de 2013 la economía venezolana entró en un declive que hoy continúa, los negocios de William Hernández Cova no dejan de expandirse. Con Victus de Venezuela, una de las usadas en la venta de productos médicos al IVSS, e Inversiones Aglaia 2015, manejada por su esposa y su cuñado, despacharon alimentos a granel y “productos tipo bodegón” a Salva Foods 2015, la propietaria en Venezuela de las denominadas Tiendas Clap y detrás de la cual están los cuestionados empresarios colombianos Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano.
Aunque inicialmente Hernández Cova explicó que “no pertenezco al sector agroalimentario”, luego aclaró que esos contratos se suscribieron inicialmente con la red estatal Abastos Bicentenario, que a la postre fue cedida por la administración de Nicolás Maduro a los empresarios colombianos que también dominan los suministros de alimentos para el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). “En efecto, las empresas Victus de Venezuela e Inversiones Aglaia 2015 mantuvieron relación comercial con Abastos Bicentenario y al existir la transición entre este y Salva Foods 2015, existieron contratos en ejecución que debieron cumplirse, ya que eran obligaciones previas con Abastos Bicentenarios”, matizó.
De esa conexión empresarial también hay señas en datos migratorios vistos por Armando.Info. William Hernández Cova ha coincidido recientemnete en vuelos privados Bogotá-Caracas con Betsy Desiree Mata Pereda y Javier Mauricio Lizcano Manrique, entre otros empresarios igualmente ligados al círculo de negocios de los sancionados por el Departamento del Tesoro Alex Saab y Álvaro Pulido.
Pero el Mayor del ejército y su esposa, Rosmilar Ceballo Montilla, además forman parte del Grupo CHC, denominado así por los apellidos Ceballo, Hernández y Corvaia, este último por el empresario Jorge Corvaia, con el que también comparten algunos negocios. Bajo este paraguas manejan compañías dedicadas a la comercialización de delicateses como Bodega Express, la clínica Unidad Clínico Quirúrgica Noreste y Envases Mundial, dedicada a la producción de empaques, entre otras empresas. “Somos una organización cuya misión es, dar soporte a la dirección, asesoría, gestión de riesgo y continuidad de negocios a las diferentes empresas del grupo; bien sean unidades propias o agregadas”, explicó Hernández Cova sobre el Grupo CHC.
La ininterrumpida expansión del grupo empresarial también continúa con otras sociedades en Panamá y en Estados Unidos, pero el Mayor del ejército le resta importancia y asegura que todo lo alcanzado se debe al esfuerzo de años, así como a su preparación académica en las áreas de finanzas y mercadeo. “Lo primero es trabajando duro, segundo apostándole a mi país y aprovechar cada espacio que los saqueadores abandonan y tercero cada fruto del trabajo que he tenido la bendición de tener lo he reinvertido en el país que me lo ha dado todo”. Esa es la fórmula del éxito de William Hernández Cova.
Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
Desde hace tiempo se intuye que la catástrofe socioeconómica de Venezuela se ha traducido en una mayor mortalidad, si bien la relación causa-efecto no siempre es fácil de establecer por la falta deliberada de estadísticas confiables. Pero una tendencia insólita, que podía pasar por buena noticia, ofrece la oportunidad no solo de destapar un drama, sino tal vez la identidad de sus responsables: el número de usuarios de los servicios de hemodiálisis ha bajado de manera drástica y, a pesar de las precariedades del suministro de insumos, de máquinas descuidadas y hasta de la falta de agua corriente, sobran los cupos. Hay indicios de que se les dejó morir por incompetencia.
Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
