El ministro que entregó la reforma hospitalaria a sus amigos comerciantes
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
A
la velocidad en la que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro nombraban
ministros de salud, quedaba claro que le costaría mucho al farmaceuta Luis López
marcar alguna diferencia en su gestión. Con su nombramiento se convirtió en el
decimosexto ministro de la cartera durante la autodenominada Revolución
Bolivariana, y el séptimo solo en la gestión de Nicolás
Maduro.
Con
todo eso, se propuso dejar huella. Anunció que su misión sería la de remodelar y
refaccionar los hospitales del país, a los que el paso del tiempo y la falta de
inversión les ha pasado una factura más que visible en filtraciones, paredes
rotas, pisos inundados, salas derruidas, quirófanos parados.
Pero
no es lo mismo el entusiasmo que la acción. Menos cuando aquel viene trufado de
un propósito de hacer negocios.
A
la larga, la promesa de rehabilitación de las infraestructuras hospitalarias se
convirtió en otro capítulo más de opacidad e ineficiencia con la adjudicación de
decenas de contratos a empresas y personas sin experiencia. En especial una
familia de San Cristóbal, capital del estado andino de Táchira -suroeste de
Venezuela, frontera con Colombia-, fue una de las principales elegidas para
encargarse de las obras.
López
había sido viceministro de Salud cuando la obstetra Antonieta Caporales era
ministra en el año 2017, pero ascendió pronto cuando se filtraron las
estadísticas epidemiológicas que revelaron el tamaño de la crisis humanitaria
que atravesaba Venezuela y Caporales fue destituida. López fue nombrado en
sustitución para garantizar que se mantuviera el hermetismo, y esa tarea sí que
la cumplió.
De Aragua para el mundo
Un
hermetismo que contrastó con la pompa con la que López anunció el Plan
Quirúrgico Nacional, un proyecto que pretendía lograr operaciones masivas de
pacientes a partir de la rehabilitación de quirófanos y refacciones de algunos
hospitales y en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), creados en el marco de la
Misión Barrio Adentro para atender emergencias y hacer
diagnósticos.
En
2017 la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh), ente
entonces adscrito al Ministerio para la Salud, sería la encargada de llevar a
cabo estas rehabilitaciones, para lo cual manejó un presupuesto de 501,5
millones de dólares. Así se convirtió en el organismo del ministerio con el más
abultado presupuesto, según datos de la organización Transparencia
Venezuela.
En
enero de ese año obtuvo un crédito inicial difícil de pronunciar:
22.913.238.367 bolívares (34 millones de dólares al cambio oficial) y cerró el
año con 1.654.654.967.554 bolívares (495 millones de dólares al cambio oficial).
En mayo de 2017 nombraron al joven de 31 años Antoni D´Benedetti como director
de la Fundeeh. Por su visto bueno debían pasar las licitaciones y la
contratación de las obras.
A
través de esa fundación el ministro López otorgó la misión de rehabilitar los
centros de salud a la empresa Construcciones y Mantenimiento Lurimonra C.A,
creada en el año 2013 en San Cristóbal, perteneciente al comerciante Manuel
Alfredo González Zambrano y la madre sus hijos, Beatriz Amanda Crespo
González.
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La
relación entre González y el ministro López comenzó desde el año 2013. El cargo
previo de López había sido el de director de la Corporación de Salud en el
estado Aragua -entidad en el centro costero de Venezuela- cuando Tareck El
Aissami -a la postre también ministro del Interior y Vicepresidente de la
República; actual Vicepresidente de Economía- era gobernador de la entidad. Con
esta investidura, López comenzó a dirigir contratos a las compañías de Manuel
González y sus familiares.
La
primera empresa beneficiada desde Aragua fue la cooperativa Songoro en el
Son 76, R.L que tuvo al menos once contratos en el sistema de salud estadal. La
alianza se mantuvo y amplió ya con López como ministro de Salud.
Nunca
hubo una valla informativa en las obras que diera los datos de la empresa que
hacía los trabajos de rehabilitación, tampoco declaraciones a los medios de
comunicación ni se entregó a la Asamblea Nacional una Memoria y Cuenta que diera
un balance de su gestión.
Mientras
la crisis humanitaria se desbordaba en el país, López solo anunciaba a través de
su cuenta de Twitter sobre las obras de rehabilitación hospitalarias
citando en cada mensaje a Tareck El Aissami, que en ese momento era el
Vicepresidente Ejecutivo. Nada informaba sobre las contrataciones o si hubo
licitaciones para la adjudicación.
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A
pesar de su aparente eficacia la gestión del ministro López fue una cadena de
eventos desafortunados: en 2017 comenzó la epidemia de sarampión en Venezuela
luego de 15 años controlada; se paralizaron los trasplantes en el país; no se
publicó ni una sola data epidemiológica y dejaron de llegar los
antirretrovirales para las personas que viven con VIH.
Todavía
así, en noviembre de ese año obtiene el cargo de presidente del Seguro Social,
en sustitución del general Carlos Rotondaro quien llevaba diez años en el cargo.
López se estrenó al dejar de pagar una orden de compra para que llegaran los
insumos para las diálisis y de forma inédita se agotó el inventario en 32
unidades de diálisis de trece estados del país. Entre octubre de 2017 y junio de
2018 murieron al menos 2.486 personas confirmadas
por Armando.info.
Cambur hospitalario
Con
López como ministro, los gochos -el apelativo levemente
despectivo con el que el resto de los venezolanos llaman a los nativos de los
estados andinos: Táchira, Mérida y Trujillo; y también como se conocía a la
logia que con López se instauró en el Ministerio de Salud- tumbaban paredes y
pintaban quirófanos en medio de la crisis humanitaria.
Los
contratos esta vez apuntaban a otra empresa, Construcciones y Mantenimiento
Lurimonra C.A, según quedó establecido en el Registro Nacional de Contratistas
(RNC).
En
esta base de datos consta que a esa empresa se le adjudicaron 63 obras
hospitalarias durante el año 2017, entre las que se destacan las
rehabilitaciones de los hospitales J.M. de los Ríos, José Ignacio Baldó, Vargas
y Victorino Santaella, todos en el área metropolitana de Caracas.
En
un canal de Youtube, además, la empresa Lurimonra se congratula por haber
obtenido el contrato para la remodelación de nueve de los 18 CDI que el Gobierno
refaccionó ese año y entregó en 2018.
Para
el momento de haber recibido estos contratos, la empresa tenía apenas cinco años
de creada y no contaba con experiencia en construcciones hospitalarias. A pesar
de ello, fue la gran beneficiaria del proyecto epiléptico del Gobierno para
mejorar la infraestructura hospitalaria.
Pese
a que se contactó a la junta directiva de esta empresa para conocer sobre su
experiencia en el sistema sanitario, ninguno de sus integrantes atendió el
requerimiento
Mala praxis constructora
De
los trabajos de ingeniería se sabía día a día porque la cuenta de Twitter del
Ministerio para la Salud publicaba con profusión fotos de obreros trabajando o
del ministro López caminando entre escombros y cemento. Pero jamás se supo de
inversiones ni de las contratistas que tuvieron estas
adjudicaciones.
Además
del proceso de licitación sin transparencia que Lurimonra tuvo con el Ministerio
para la Salud, las obras que se reportan ante el RNC fueron denunciadas como de
mala calidad y algunas nunca se ejecutaron, según un sondeo que se hizo junto
con médicos que trabajan en los centros de salud.
Uno
de estos contratos consistía en poner en marcha el generador de energía
eléctrica del Servicio de Nefrología del Hospital José Gregorio Hernández del
estado Amazonas, en el extremo sur de Venezuela. Los pacientes renales de esta
entidad jamás han podido optar por una diálisis porque el Servicio de Nefrología
-que tiene dos máquinas de hemodiálisis otorgadas desde el año 2013- tiene un
deficiente servicio de energía eléctrica, como casi toda la región. Una planta
eléctrica es lo que hace falta para que los pacientes, a quienes sus riñones les
dejan de funcionar, no tengan que mudarse de estado para
sobrevivir.
El
ex ministro Luis López anunció a través de redes sociales la llegada de una
planta eléctrica al estado Amazonas. La foto circuló en un tweet el 27 de junio
de 2017 y se perdió en las redes. Los médicos jamás la vieron
llegar.

El 27 de junio de 2017 el Ministerio para la Salud anunció la llegada de una planta eléctrica para el hospital de Puerto Ayacucho. Los médicos de Nefrología jamás supieron nada de este proyecto.
Por
su parte, los médicos del hospital José Gregorio Hernández recuerdan que cuando
López aún era viceministro de Salud hizo una visita al estado Amazonas. El
funcionario se detuvo en el Servicio de Nefrología una hora y resaltan el tiempo
que duró caminando porque ningún otro funcionario ha superado los cinco minutos
de visita en cada servicio del hospital. “Somos el patio trasero de Venezuela”,
repite una y otra vez una médico del lugar, consultada para este trabajo. Ese
día López lanzó su promesa de precandidato: “El estado Amazonas tendrá planta
eléctrica y hemodiálisis”.
Desde
que hubo el apagón nacional que dejó sin energía eléctrica a todo el país en
marzo de este año durante seis días, el personal de salud denuncia que el
Servicio de Nefrología del Hospital José Gregorio Hernández -parte también del
plan de refacciones de López- quedó en penumbra definitivamente. La planta
eléctrica nunca llegó y ahora no prende ni un bombillo.
La
historia se repite en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en el
estado Sucre, en el nororiente de Venezuela. Se anunció la reparación del
enfriador del centro de salud. Jamás sucedió, según confirma
a Armando.Info el personal médico.
En
Caracas, las obras fueron más publicitadas y, quizá por eso, mejor
acabadas.
Entre
los médicos del Hospital de niños J.M. de los Ríos -el principal centro de
referencia pediátrica del país- se conocía a López como “el ministro de las
paredes de drywall”. Luego de múltiples protestas, con las que
padres y niños trancaban las calles por las filtraciones, los servicios cerrados
y las medicinas escasas o simplemente inexistentes, el ministerio lanzó una
lista larga de arreglos al que, en su momento, fuera el hospital pediátrico más
grande de América Latina.
Se
prometió rehabilitar la torre de infectología, cocina, áreas comunes, oncología,
terapia intensiva neonatal, área de fórmulas lácteas, farmacia, lavandería,
nefrología y diálisis, desechos patológicos y la acometida eléctrica de sillones
odontológicos.
Llegaron
los obreros y comenzaron a tumbar paredes. Los niños amanecían sentados en la
sala de emergencia porque la prioridad eran las obras de ingeniería. Entre
martillazos y cemento los médicos sorteaban a los obreros para cumplir con la
atención de los niños. La obra se hizo, pero nada de eso amplió los cupos para
que el hospital pediátrico volviera a tener todas las camas disponibles, según
los reportes de la sociedad médica del hospital pediátrico.
En
visitas en los meses que se hicieron las obras se pudo constatar que, a los 90
días de terminados los trabajos de ingeniería, había filtraciones en las paredes
porque los problemas de tubería no se corrigieron. Tampoco se hizo el remate
curvo de los pisos que debe tener un hospital para evitar que se acumulen
bacterias. El piso de vinilo se hizo, pero no se cristalizó. La torre de
hospitalización se filtró al poco tiempo y el departamento de Medicina III se
entregó con un baño dañado.
En
el histórico Hospital Vargas de Caracas se rehabilitó el quirófano y a los tres
meses el piso se levantó. El contrato del complejo hospitalario José Ignacio
Baldó, conocido como El Algodonal, fue más genérico. Se prometió rehabilitar los
quirófanos, pero solo se trabajó en la sala de obstetricia y el quirófano de la
maternidad Herrera Vegas ubicada dentro del complejo. La sede principal,
el hospital quirúrgico Simón Bolívar, no tuvo ninguna mejora durante ese
año.
El
7 de abril de 2018, López dio una rueda de prensa acompañado por José Moya,
representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela.
Ambos se uniformaron con una vestimenta de color gris claro y dieron
estadísticas sobre planes de vacunación y planes del combate a la epidemia de la
malaria.
Luego,
Moya se paró un paso atrás a su izquierda y se quedó escoltando al ministro
frente a las cámaras. López siguió con su repertorio de obras de ingeniería que
había culminado. Ya no ponía a su personal a tuitear fotos de salas recién
pintadas, sino que daba un número a viva voz: 820 obras en centros de
salud se habían hecho bajo su gestión, que incluía la reparación de 261
quirófanos, 96 servicios y 18 CDI en Caracas. Un 33%, afirmó, de los centros de
salud.
“Se
han hecho trabajos integrales que nos permiten ahora tener capacidad de
intervención quirúrgica para 40.000 personas adicionales en el sistema”,
aseguró. Moya permaneció impávido moviendo sus ojos de un lado a
otro.
Pasaron
78 días de estas declaraciones hasta que el ministro fue destituido también con
un solo tuit. Nicolás Maduro usó la red social para anunciar el relevo el 25 de
junio de 2018, sin transmisión televisiva ni otro aspaviento.
Para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población…
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 de junio de 2018
He designado en esta tarea a un profesor universitario, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos Alvarado, es nuestro nuevo Ministro de Salud.
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 de junio de 2018
“Para
avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria
hasta la distribución de medicamentos a la población, he designado en esta tarea
a un profesor universitario, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos
Alvarado, es nuestro nuevo Ministro de Salud”, escribió en la red social
Maduro. López desapareció de la palestra
pública.
Ministerio sin respuestas
En
el Ministerio para la Salud consideran que preguntar por la gestión del ministro
López, la inversión realizada y el estado de las instalaciones es “información
sensible” y de la que no pueden dar ningún dato.
Pese
a que el sustituto de López y actual ministro de Salud, Carlos Alvarado, ocupó
en simultáneo el cargo de presidente de la Fundeeh desde el 14 de noviembre de
2018 hasta julio de este año, la información sobre el presupuesto usado por la
Fundeeh en 2017 y 2018 y las licitaciones fue negada a Armando.info. De
hecho, aseguraron desconocerla.
José
Luis Arrechider, asistente de Alvarado y director de Gestión Comunicacional del
ministerio, aseguró que no cuenta con la información sobre el dinero usado por
López. Y remató: “No es pública para la prensa (...) tampoco podemos dar
información tan delicada sobre otro ministro”, dijo.
La
Fundeeh pasó a manos de la Vicepresidencia de la República en julio de este
año.
Para todos los gustos
Los gochos no
solo se hicieron expertos en salud, sino que decidieron abrirse camino en
cualquier área que pudiera interesarle al Gobierno.
González
se ha dedicado al comercio y su principal interés en los últimos cinco años fue
ser contratista de cualquier organismo donde López se moviera, a su sombra.
Tiene en su haber doce empresas de diferentes rubros que le han prestado
servicio al Estado, casi la mitad de ellas creadas durante 2017 y
2018.
Una
de sus primeras inversiones le permitió asociarse a la Cooperativa Songoro en el
Son 76 C.A. en el año 2003, con tan solo 27 años de edad. Tras diez años de
creada, la empresa obtuvo contratos para al menos doce obras de remodelación,
rehabilitación y adecuación de centros de salud del estado Aragua durante los
años 2013, 2014 y 2015.
Dos
años más tarde, cuando ya López tenía el cargo de ministro para la Salud,
González conoció una verdadera bonanza.
Durante
2017 y 2018, los gochos invirtieron más de 160.000 dólares en
la creación de todo tipo de empresas que ofrecían lo que el Estado quisiera
pedir. González se hizo experto en alquilar aviones, comercializar ganado y
hasta en extracción de minerales.
González
y sus socios abrieron sede en Miami de la empresa Lurimonra. Según diversos
registros revisados por Armando.info también decidieron crear cuatro
empresas que ofrecieran servicios en diversos rubros, fusionar dos cooperativas
familiares y comprar las acciones de una ya establecida e inmersa en las
contrataciones que López venía beneficiando desde su paso por
Aragua.
En
marzo de 2017, en Táchira, se registró la empresa Flight MG C.A dedicada a la
compra, venta y alquiler de aeronaves, embarcaciones y vehículos, además de
compra, venta e importación y exportación de todo tipo de partes y repuestos con
un capital equivalente a 2,285 dólares a la tasa oficial de entonces. Cinco
meses después, la empresa ya trabajaba también para la Fundeeh.
El
comerciante también incursionó ese año en la extracción de minerales y creó dos
empresas más en abril de 2018 junto con su primo Ronmy José Cañas Zambrano: la
Industria Minera Oresdi C.A y la empresa ecológica Corporación Recieco,
dedicadas a la extracción, procesamiento, venta y comercialización de minerales
no metálicos y metálicos. Cada una se abrió con un capital equivalente a 3.000
dólares.
Manuel
González Zambrano fusionó en 2017 la cooperativa Songoro en el Son 76 C.A, con
otro negocio familiar, la Asociación Cooperativa Karlima II, R.L., también
creada en 2003, para conformar el Consorcio Karson, una de las
contratistas que trabajaron para la Fundeeh en el año 2017. Karlima II
abrió siete sucursales en el año 2014 y durante 2015 y 2016 se dedicó al
mantenimiento de maquinarias pertenecientes a PDVSA Empresa Nacional de
Transporte y PDVSA Gas.
En
noviembre de 2017 registró además la Agropecuaria Francisca Duarte C.A asociado
con Yimmy Alexander González, conocido en San Cristóbal por ser dirigente
estudiantil de la Universidad de Los Andes, militante del oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), docente de profesión y ex director de la
Zona Educativa del estado Táchira durante los años 2010 y 2011. La empresa se
abrió con un capital equivalente a 6.000 mil dólares a la tasa oficial de
entonces.
Yimmy
Alexander González, luego de ser funcionario público y militante del PSUV, se
convirtió en un empresario con intereses en el área de Salud, En 2017 compró 90%
de las acciones de la empresa Suministros e Inversiones Mederi C.A en la que
invirtió el equivalente a casi 150.000 dólares al cambio de la tasa oficial. La
empresa pasó de tener un capital de solo un millón de bolívares a 500 millones
bolívares.
Esta
compañía de insumos médicos fue creada en el año 2012 y en principio estuvo
dedicada a la compra, venta, comercialización, distribución y almacenamiento de
medicamentos y material médico quirúrgico. Dos años más tarde, Suministros e
Inversiones Mederi C.A licitó para ser uno de los proveedores de la Corporación
de Salud de Aragua y amplió su razón social en tres oportunidades para poder
instalar una droguería, justo cuando comenzaba la escasez de fármacos en el
país, y para fabricar lencería quirúrgica y todo tipo de material
médico.
En
tres meses la razón social de esta empresa fue cambiando hasta incluir su
dedicación a la construcción, plomería, computación, distribución de repuestos
automotrices, alimentos perecederos, de limpieza, instrumentos musicales,
juguetes, suministros para la educación, festejos, jardinería, alquiler de
maquinarias de todo tipo, transporte, perforación de minería y petróleo y gas,
así como también poder contratar y realizar obras civiles con el sector
público.
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Ese
mismo año Yimmy González incursiona en la ganadería y agricultura, con Manuel
González como socio, con una inversión de 10 millones de bolívares, el
equivalente a 3.000 dólares para ese momento.
El
ex director de la Fundeeh fue removido el mismo día que Maduro tuiteó el cambio
de personal. En la Gaceta Oficial de esa fecha se dio a conocer
el cambio de las directivas de todos los entes adscritos al ministerio. Anthony
D´ Benedetti, que daba la cara en la Fundeeh, no solo fue removido de su
cargo, sino que fue interrogado por el Sebin, según información confirmada por
funcionarios del Ministerio para la Salud. La rehabilitación de hospitales
terminó en un interrogatorio policial.
Hoy
la sede en Miami de Lurimonra está inhabilitada, pero las oficinas de todas las
demás empresas de vuelos y construcción continúan operativas en San
Cristóbal.
Yimmy
González continúa cotizando en el Seguro Social como funcionario público en el
Ministerio para la Educación, mientras que Manuel Alfredo González, tras
mantenerse de bajo perfil en el área de la construcción, decidió brillar con un
autolavado ecológico VIP en Pueblo Nuevo, un suburbio de San Cristóbal. Se
muestra en sus redes sociales como regente de un concesionario de carros de
Miami con clientes que exhiben sus camionetas Range Rover, Toyotas, y deportivos
Corvette y Camaro de último modelo.