De la salud al petróleo hay una misma estafa

Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.

2 octubre 2016

La historia comenzó con un simple engaño. José Leonel Robles Bolívar convenció a varias personas para que invirtieran en un proyecto empresarial con la promesa de que arrojaría jugosas ganancias. “A principios del año 2012 conocí al ciudadano Leonel Robles Bolívar en las instalaciones de Pdvsa La Campiña (…) Me propuso participar como inversionista en un proyecto que me dejaría buenos dividendos con una empresa de nombre Sereqmed C.A”. Así relató Luisa Requena ante la fiscalía del Ministerio Público su contacto inicial con el protagonista de esta historia, de acuerdo al “acta de entrevista” del 25 de marzo de 2013 que reposa en el expediente del caso.

Luisa Requena es apenas una de las cinco víctimas de una estafa con escalas y cuyo arquitecto es José Leonel Robles Bolívar, un ciudadano venezolano nacido en 1965, y que en la década de los 90 laboró en Corpoven -una de las primeras filiales que tuvo Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- según la ficha de registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Los documentos del proceso judicial revelan que Robles Bolívar captó dinero con la promesa de invertir en el negocio de la compañía Servicios de Reparación de Equipos Médicos C.A (Sereqmed). “Dicho proyecto tendría como objeto distribuir equipos e insumos médicos al mayor en todo el territorio venezolano, una vez que decidieran participar, entre todos los inversionistas debían aportar la cantidad de 400.000.000 millones de bolívares fuertes, y en el plazo de un año aproximadamente supuestamente obtendrían el doble del dinero invertido como ganancia, en virtud de la alta demanda del producto que existe en el mercado venezolano”, se lee en un extracto de la documentación.

Robles Bolívar logró su propósito a pesar de que no era accionista de Sereqmed, una empresa constituida en 2002 en el estado de Carabobo (centro de Venezuela) con nómina de un solo trabajador y pensada para la “compra, venta, alquiler, reparación, mantenimiento, importación, exportación de equipos médicos y médicos quirúrgicos, productos y reactivos químicos, venta e instalaciones de gases anestésicos, así como asistencia técnica, diseños, proyectos y montajes eléctricos y electrónicos, y todas las actividades de lícito comercio conexas con la actividad principal”, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC).

El presidente y propietario del 40% de las acciones de Sereqmed es Leice Rafael Jiménez Zavala quien, de acuerdo a la acusación fiscal, se asoció “delictivamente” con Robles Bolívar para estafar a las víctimas. A los inversionistas también les plantearon que con el negocio se exportarían equipos médicos a Colombia a través de una compañía de ese país llamada Campo Integral, que estaba “supuestamente representada por un ciudadano de nombre Marlon Arcila, presuntamente colombiano”, refieren los documentos del caso.

El oro negro mancha

Esa no sería la única conexión entre Robles Bolívar y Marlon Arcila Solano. Los dos nombres figuran como accionistas de Cadiz Trading Corporation, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Mossack Fonseca, conocido por la filtración periodística Panama Papers, cuyas primeras publicaciones salieron a la luz en abril pasado por un equipo periodístico de distintos países coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –ICIJ, por sus siglas en inglés-.

Los documentos filtrados arrojan que Cadiz Trading Corporation fue registrada el 7 de abril de 2014, dos años después de que Robles Bolívar comenzara a captar a sus víctimas (la denuncia fue el 17 de marzo de 2013) y doce meses más tarde desde que el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictara en abril de 2013 una medida “preventiva de libertad” contra Robles Bolívar por los delitos de estafa y asociación para delinquir.

“La compañía está autorizada a emitir un máximo de 50.000 acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”, especifica una de las cláusulas del certificado de registro de Cadiz Trading Corporation.

Marlon Arcila Solano – el ciudadano colombiano que se encargaría de la exportación de equipos médicos a Colombia- es uno de los directores y tenedor de 10.000 acciones de la compañía, mientras que Robles Bolívar tuvo 10.000 acciones desde la fecha de registro de la empresa hasta el 30 de octubre de 2014, día en que fue reemplazado por la ciudadana venezolana Carolina Luisa Del Carmen Camilla Maturana, cuya dirección de domicilio coincide con la de Robles Bolívar.

En ese lapso que transcurre entre su entrada y salida de la lista de accionistas de Cadiz Trading Corporation, Robles Bolívar fue detenido en Colombia (5 de mayo de 2014) y en Venezuela la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia del Magistrado Paúl José Aponte Rueda, solicitó al gobierno colombiano la “extradición activa” de Robles Bolívar (10 de julio de 2014).

El bufete de abogados panameño Corbetti, Pezzotti & Quijano fue el cliente que contactó a Mossack Fonseca para hacer de intermediario en el registro y adquisición de la compañía Cadiz Trading Corporation, según consta en los correos electrónicos y documentos filtrados de Mossack Fonseca. En ese material se comprueba que el objetivo de Cadiz Trading Corporation era funcionar como “comercializador de combustible” y que su actividad se desarrollaría en Rusia, Alemania, Polonia, España, India, China y Corea del Sur.

La web de Cadiz Trading Corporation confirma que se trata de un trader “especializado” en el comercio de materias primas o commodities “químicos y derivados petroquímicos”. “Cadiz Trading Corporation está activa en un amplio espectro de mercados de energía y materias primas, incluyendo el crudo, productos refinados del petróleo y gas natural, incluyendo el gas natural licuado”, se lee en el portal. Se refiere que la compañía está “basada” en Panamá, en una dirección que coincide con la del bufete Corbetti, Pezzotti & Quijano, y que tiene una oficina comercial en Barranquilla, Colombia, un representante en Albania y otro en Nigeria.

En la documentación filtrada de Mossack Fonseca también se comprueba que el resto de accionistas de la empresa offshore eran los venezolanos Larry Olivarez, Jeny Robert Briceño Porra y Miguel Ángel Fuminalla, nacido en Colombia pero con ciudadanía venezolana. En Venezuela, Fuminalla es presidente y accionista mayoritario de Inversora y Servicios Magic C.A, una compañía registrada en Venezuela para “adquirir, arrendar, vender, hipotecar, retroventa, prestar dinero con garantía, enajenar y traspasar por cuenta propia o de terceros bienes raíces, muebles e inmuebles”, así como “ser promotora y constructora de viviendas e inmuebles de todo tipo”, entre otras actividades, de acuerdo al RNC.

Captura de pantalla del sitio web de Cadiz Trading Corporation.

En la filtración de Mossack Fonseca no hay constancia de movimientos financieros o bancarios de la compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, en los documentos de la investigación de la justicia venezolana contra Robles Bolívar sí hay datos sobre la cantidad de dinero que el acusado captó a los inversionistas.

El plan inicial de Robles Bolívar y la empresa Sereqmed apuntaba a recoger 400 millones de bolívares fuertes. Las “actas de entrevista” a las víctimas revelan que desde agosto de 2012 hasta marzo de 2013, fecha en que se realizó la denuncia ante la fiscalía, a las cuentas bancarias de Sereqmed y sus colaboradores cayeron casi 76 millones de bolívares con los aportes de cinco personas.

Una vez depositado ese dinero “los ciudadanos Leice Rafael Jiménez Zavala y Leonel Robles Bolívar disponían del mismo” lo transfirieron a cuentas particulares y de otras personas asociadas en la estafa como Luby Teresa Robles Godoy y Lisbeth Robles Bolívar. “Lograron inducir en error a las víctimas, a consecuencia de la falsa representación de la realidad, siendo que luego de mantener contactos con las víctimas les acrecentaron el engaño inducido por el ciudadano Leonel Robles Bolívar. Logrando recibir dinero de las víctimas”, se lee en uno de los documentos.

“Fue una empresa de maletín que usaron para engañar a la gente con oportunidades de inversión falsa”

Empresarios ligados al sector de la importación y comercialización de equipos médicos coinciden en que Sereqmed es una “empresa de maletín” y sospechan que engañaron a las víctimas para luego destinar el dinero para otros fines como la compra de dólares en el mercado paralelo. “Fue una empresa de maletín que usaron para engañar a la gente con oportunidades de inversión falsa”, apunta un empresario.

Las actuaciones de la justicia venezolana parecen haber dado algunos resultados. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió el 28 de enero de 2015 la sentencia mediante la cual aprobó la extradición de Robles Bolívar. Tras verificar la “validez formal de la documentación” presentada por Venezuela y confirmar la identidad del “solicitado” se emitió la decisión.

“La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano venezolano José Leonel Robles Bolívar, requerido al Gobierno de Colombia por el de Venezuela, para que sea procesado por las conductas punibles de Estafa y Asociación para delinquir relacionadas en la orden de aprehensión No. 006-13 del 17 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.

Robles Bolívar llegó a Venezuela en agosto de 2015 y el caso está a la espera de que se inicie el juicio. Además, de “estafa agravada continuada” y “asociación para delinquir”, a Robles Bolívar se le acusa de “legitimación de capitales”.

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