Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.
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La historia comenzó con un simple engaño. José Leonel Robles Bolívar convenció a varias personas para que invirtieran en un proyecto empresarial con la promesa de que arrojaría jugosas ganancias. “A principios del año 2012 conocí al ciudadano Leonel Robles Bolívar en las instalaciones de Pdvsa La Campiña (…) Me propuso participar como inversionista en un proyecto que me dejaría buenos dividendos con una empresa de nombre Sereqmed C.A”. Así relató Luisa Requena ante la fiscalía del Ministerio Público su contacto inicial con el protagonista de esta historia, de acuerdo al “acta de entrevista” del 25 de marzo de 2013 que reposa en el expediente del caso.
Luisa Requena es apenas una de las cinco víctimas de una estafa con escalas y cuyo arquitecto es José Leonel Robles Bolívar, un ciudadano venezolano nacido en 1965, y que en la década de los 90 laboró en Corpoven -una de las primeras filiales que tuvo Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- según la ficha de registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Los documentos del proceso judicial revelan que Robles Bolívar captó dinero con la promesa de invertir en el negocio de la compañía Servicios de Reparación de Equipos Médicos C.A (Sereqmed). “Dicho proyecto tendría como objeto distribuir equipos e insumos médicos al mayor en todo el territorio venezolano, una vez que decidieran participar, entre todos los inversionistas debían aportar la cantidad de 400.000.000 millones de bolívares fuertes, y en el plazo de un año aproximadamente supuestamente obtendrían el doble del dinero invertido como ganancia, en virtud de la alta demanda del producto que existe en el mercado venezolano”, se lee en un extracto de la documentación.
Robles Bolívar logró su propósito a pesar de que no era accionista de Sereqmed, una empresa constituida en 2002 en el estado de Carabobo (centro de Venezuela) con nómina de un solo trabajador y pensada para la “compra, venta, alquiler, reparación, mantenimiento, importación, exportación de equipos médicos y médicos quirúrgicos, productos y reactivos químicos, venta e instalaciones de gases anestésicos, así como asistencia técnica, diseños, proyectos y montajes eléctricos y electrónicos, y todas las actividades de lícito comercio conexas con la actividad principal”, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC).
El presidente y propietario del 40% de las acciones de Sereqmed es Leice Rafael Jiménez Zavala quien, de acuerdo a la acusación fiscal, se asoció “delictivamente” con Robles Bolívar para estafar a las víctimas. A los inversionistas también les plantearon que con el negocio se exportarían equipos médicos a Colombia a través de una compañía de ese país llamada Campo Integral, que estaba “supuestamente representada por un ciudadano de nombre Marlon Arcila, presuntamente colombiano”, refieren los documentos del caso.
Esa no sería la única conexión entre Robles Bolívar y Marlon Arcila Solano. Los dos nombres figuran como accionistas de Cadiz Trading Corporation, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Mossack Fonseca, conocido por la filtración periodística Panama Papers, cuyas primeras publicaciones salieron a la luz en abril pasado por un equipo periodístico de distintos países coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –ICIJ, por sus siglas en inglés-.
Los documentos filtrados arrojan que Cadiz Trading Corporation fue registrada el 7 de abril de 2014, dos años después de que Robles Bolívar comenzara a captar a sus víctimas (la denuncia fue el 17 de marzo de 2013) y doce meses más tarde desde que el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictara en abril de 2013 una medida “preventiva de libertad” contra Robles Bolívar por los delitos de estafa y asociación para delinquir.
“La compañía está autorizada a emitir un máximo de 50.000 acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”, especifica una de las cláusulas del certificado de registro de Cadiz Trading Corporation.
Marlon Arcila Solano – el ciudadano colombiano que se encargaría de la exportación de equipos médicos a Colombia- es uno de los directores y tenedor de 10.000 acciones de la compañía, mientras que Robles Bolívar tuvo 10.000 acciones desde la fecha de registro de la empresa hasta el 30 de octubre de 2014, día en que fue reemplazado por la ciudadana venezolana Carolina Luisa Del Carmen Camilla Maturana, cuya dirección de domicilio coincide con la de Robles Bolívar.
En ese lapso que transcurre entre su entrada y salida de la lista de accionistas de Cadiz Trading Corporation, Robles Bolívar fue detenido en Colombia (5 de mayo de 2014) y en Venezuela la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia del Magistrado Paúl José Aponte Rueda, solicitó al gobierno colombiano la “extradición activa” de Robles Bolívar (10 de julio de 2014).
El bufete de abogados panameño Corbetti, Pezzotti & Quijano fue el cliente que contactó a Mossack Fonseca para hacer de intermediario en el registro y adquisición de la compañía Cadiz Trading Corporation, según consta en los correos electrónicos y documentos filtrados de Mossack Fonseca. En ese material se comprueba que el objetivo de Cadiz Trading Corporation era funcionar como “comercializador de combustible” y que su actividad se desarrollaría en Rusia, Alemania, Polonia, España, India, China y Corea del Sur.
La web de Cadiz Trading Corporation confirma que se trata de un trader “especializado” en el comercio de materias primas o commodities “químicos y derivados petroquímicos”. “Cadiz Trading Corporation está activa en un amplio espectro de mercados de energía y materias primas, incluyendo el crudo, productos refinados del petróleo y gas natural, incluyendo el gas natural licuado”, se lee en el portal. Se refiere que la compañía está “basada” en Panamá, en una dirección que coincide con la del bufete Corbetti, Pezzotti & Quijano, y que tiene una oficina comercial en Barranquilla, Colombia, un representante en Albania y otro en Nigeria.
En la documentación filtrada de Mossack Fonseca también se comprueba que el resto de accionistas de la empresa offshore eran los venezolanos Larry Olivarez, Jeny Robert Briceño Porra y Miguel Ángel Fuminalla, nacido en Colombia pero con ciudadanía venezolana. En Venezuela, Fuminalla es presidente y accionista mayoritario de Inversora y Servicios Magic C.A, una compañía registrada en Venezuela para “adquirir, arrendar, vender, hipotecar, retroventa, prestar dinero con garantía, enajenar y traspasar por cuenta propia o de terceros bienes raíces, muebles e inmuebles”, así como “ser promotora y constructora de viviendas e inmuebles de todo tipo”, entre otras actividades, de acuerdo al RNC.
En la filtración de Mossack Fonseca no hay constancia de movimientos financieros o bancarios de la compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, en los documentos de la investigación de la justicia venezolana contra Robles Bolívar sí hay datos sobre la cantidad de dinero que el acusado captó a los inversionistas.
El plan inicial de Robles Bolívar y la empresa Sereqmed apuntaba a recoger 400 millones de bolívares fuertes. Las “actas de entrevista” a las víctimas revelan que desde agosto de 2012 hasta marzo de 2013, fecha en que se realizó la denuncia ante la fiscalía, a las cuentas bancarias de Sereqmed y sus colaboradores cayeron casi 76 millones de bolívares con los aportes de cinco personas.
Una vez depositado ese dinero “los ciudadanos Leice Rafael Jiménez Zavala y Leonel Robles Bolívar disponían del mismo” lo transfirieron a cuentas particulares y de otras personas asociadas en la estafa como Luby Teresa Robles Godoy y Lisbeth Robles Bolívar. “Lograron inducir en error a las víctimas, a consecuencia de la falsa representación de la realidad, siendo que luego de mantener contactos con las víctimas les acrecentaron el engaño inducido por el ciudadano Leonel Robles Bolívar. Logrando recibir dinero de las víctimas”, se lee en uno de los documentos.
“Fue una empresa de maletín que usaron para engañar a la gente con oportunidades de inversión falsa”
Empresarios ligados al sector de la importación y comercialización de equipos médicos coinciden en que Sereqmed es una “empresa de maletín” y sospechan que engañaron a las víctimas para luego destinar el dinero para otros fines como la compra de dólares en el mercado paralelo. “Fue una empresa de maletín que usaron para engañar a la gente con oportunidades de inversión falsa”, apunta un empresario.
Las actuaciones de la justicia venezolana parecen haber dado algunos resultados. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió el 28 de enero de 2015 la sentencia mediante la cual aprobó la extradición de Robles Bolívar. Tras verificar la “validez formal de la documentación” presentada por Venezuela y confirmar la identidad del “solicitado” se emitió la decisión.
“La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano venezolano José Leonel Robles Bolívar, requerido al Gobierno de Colombia por el de Venezuela, para que sea procesado por las conductas punibles de Estafa y Asociación para delinquir relacionadas en la orden de aprehensión No. 006-13 del 17 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.
Robles Bolívar llegó a Venezuela en agosto de 2015 y el caso está a la espera de que se inicie el juicio. Además, de “estafa agravada continuada” y “asociación para delinquir”, a Robles Bolívar se le acusa de “legitimación de capitales”.
Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
