Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Los más de seis meses de emergencia por la Covid-19 en América Latina han permitido detectar un cúmulo de irregularidades en las compras de equipos médicos e insumos que los países han hecho para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus SARS CoV-2. Uno de esos negocios tiene que ver con los ventiladores artificiales o respiradores, equipos que han resultado ser medulares en la estrategia para salvar a los pacientes con complicaciones respiratorias. Y una de esas historias de adquisiciones poco transparentes, dudosas en su negociación y con fallas en el desempeño de los equipos, conecta a Panamá con Venezuela.
Tres hermanos venezolanos lograron negociar con el estado panameño para dotar a los hospitales de ese país con decenas de ventiladores por la emergencia de la Covid-19. Carlos, Roberto y Rommel Bogarin Rangel, con su empresa Primo Medical Group, se convirtieron en uno de los trece proveedores del Ministerio de la Presidencia del país del istmo. En marzo de este año firmaron un acuerdo por 2,3 millones de dólares para proveer 53 unidades para la respiración asistida tanto de cuidados intensivos como no invasivos, de cuya entrega definitiva sólo hay registros por 32 equipos.
De acuerdo con una investigación iniciada en mayo por el diario La Prensa de Panamá, la carta de compromiso firmada con el Estado para proveer los equipos y recibir el pago a posteriori, no hubiera resultado llamativa de haber sido diferente el historial de Primo Medical Group. Pero quedó en evidencia que se trataba de una compañía sin trayectoria en el sector de equipos médicos en Panamá (solo se había dedicado a vender productos descartables); desconocida por otras compañías del ramo, sin registros de importación de equipos médicos en los últimos diez años, según los datos de la autoridad de aduanas de Panamá, y sin ventas previas de insumos médicos al Gobierno panameño. No había experiencia previa que permitiera concluir que esta compañía sería un buen proveedor, pero eran los únicos que contaban con equipos para entrega inmediata.
Lo que sí había en su website era la referencia de formar parte de un “importante grupo empresarial familiar que desde 1980 se ha dedicado a la comercialización y distribución de suministros médicos de la más alta calidad”. Primo Medical Group es manejada actualmente por la tercera generación de una familia cuyo árbol genealógico se enraiza en Maracaibo, ciudad del occidente venezolano, capital del estado Zulia.
El apellido Rangel de estos jóvenes proviene de la familia Rangel Baron, otro grupo de hermanos (sus tíos) conocidos en Venezuela por revelaciones hechas por medios de prensa desde 2015. Según las investigaciones, la familia Rangel Baron conduce una red de empresas dedicadas al sector de equipos e insumos médicos y centros de diálisis que, con la empresa Continental Medica a la cabeza, resultó durante años regularmente favorecida con cientos de contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y con asignaciones por millones de dólares preferenciales de la antigua Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
Los ventiladores entregados por Primo Medical Group al gobierno panameño llevan la marca alemana Dräger. Pero traían consigo una serie de sorpresas nada cónsonas con la imagen de calidad de la ingeniería alemana: llegaron en mal estado, con piezas incompletas, con fechas de fabricación anteriores a las indicadas por el proveedor. La propia empresa aseguraba que se trataba de equipos de 2015 pero, en realidad, eran de 2013 y 2014. Los softwares estaban desactualizados.
Los reportes realizados por cuatro de los hospitales de Panamá que recibieron estos equipos, y resumidos en seis cartas enviadas al Ministerio de Salud, que La Prensa obtuvo y compartió con Armando.info para este reportaje conjunto, precisan las fallas que presentan: varios ventiladores llegaron sin compresor o humidificador, con los conectores de las mangueras de aire y oxígeno incompatibles con los usados en algunos de los centros de salud receptores, circuitos de ventilación con fecha de vencimiento entre 2015 y 2017, sin la válvula para entubar, con baterías internas poco confiables por los años de manufactura que tenían, e incluso, uno de ellos llegó con la pantalla rota y otro con la tarjeta dañada, entre otros detalles ruinosos.
Las revisiones concluyeron que los equipos habían permanecido “mucho tiempo en bodega”, lo que explicaría sus condiciones poco óptimas y, por lo tanto, riesgosas para cualquier paciente de cuidados intensivos. Ningún respirador estaba actualizado, ni Primo Medical Group era representante autorizado de la marca Dräger en Panamá, como aclaró la propia casa matriz alemana en su momento. Así, el origen de esos ventiladores Dräger que lograron cotizarle al Estado continúa siendo un misterio.
En un primer contacto a petición del equipo periodístico de La Prensa, el director ejecutivo de la compañía, Carlos Bogarin Rangel, evadió aclarar la procedencia de los equipos y dar el nombre de la empresa que los importó. En una segunda solicitud de información, esta vez enviada por Armando.info y La Prensa, donde se pedían explicaciones sobre los desperfectos de los ventiladores y detallaba el contenido de las cartas, no hubo respuesta. El mutismo del vocero corporativo siguió tras tres intentos.
Si bien queda claro que Primo Medical Group no era una empresa autorizada para distribuir equipos Dräger en Panamá, está al mismo tiempo la llamativa coincidencia de que los Rangel Baron sí tenían esos derechos, pero solo para Venezuela. La empresa Continental Medica, propiedad de Daniel Rangel Baron, tío de los hermanos Bogarin Rangel, es la representante autorizada de la marca alemana para el mercado venezolano.
Esta es una de las coincidencias que conectan a los hermanos venezolanos Bogarin Rangel con los hermanos colombo-venezolanos Rangel Baron, sus tíos directos por vía materna.
Además se tiene que Roberto y Rommel Bogarín Rangel figuran como socios de su tía, Isabel Rangel Baron, en una fundación privada en Panamá llamada Alastor; ellos aparecen como directores consejeros y ella como presidenta. En Venezuela, Isabel llegó a ser vicepresidenta de Continental Medica mientras su hermano Daniel Rangel Baron era presidente, al menos hasta 2015, cuando se conocieron las denuncias sobre la compañía. También era la persona de contacto para sus clientes, como puede verse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Actualmente, solo Daniel permanece en la directiva.
La familia Rangel Baron, propietaria de una red de 19 empresas en Venezuela y otras 28 en el exterior –diez de ellas en Panamá– recibió más de 440 millones de dólares preferenciales para la compra de insumos médicos para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ocho de las 19 empresas de la familia Rangel Baron fueron contratistas del Estado venezolano, contraviniendo la Ley de Contrataciones Públicas, de acuerdo con una investigación publicada por el sitio Runrunes en noviembre de 2015.
Solo una de esas empresas, Continental Medica, recibió más de 330 millones de dólares preferenciales y cientos de contratos con el IVSS, para la dotación de camas clínicas, máquinas de anestesia, monitores cardíacos y de signos vitales, entre una amplia variedad de equipos médicos e insumos quirúrgicos, como puede verificarse en el RNC.
Pese a esa exposición pública asociada a presuntas irregularidades, Continental Medica actualmente se mantiene habilitada para contratar con el Estado venezolano. Según se pudo conocer, durante estos meses de pandemia ofreció respiradores Dräger a varias clínicas de Caracas, incluyendo al IVSS, pero fueron rechazados por tratarse de modelos viejos, de 2012. Esta información no fue negada ni confirmada por la empresa tras ser consultada.
En cambio, la gerencia de Continental Medica aclaró en una carta dirigida a la redacción de Armando.info que no tiene pendiente "averiguación ni proceso alguno con órganos administrativos o de la administración de justicia", y que realiza todas sus actividades de conformidad con las leyes venezolanas.
La última importación de ventiladores realizada por esta compañía fue en 2012, según informaron sus voceros en ocasión de este reportaje. En su comunicación, la directiva de Continental Medica además negó ser proveedora de Primo Medical Group y haber negociado alguna venta de los equipos Dräger, que distribuyen en Venezuela, destinada al mercado panameño. También negó tener relación de negocios con los hermanos Carlos, Roberto y Rommel Bogarin Rangel.
Pero de alguna manera el nexo sanguíneo también termina por ser nexo empresarial: el padre de los jóvenes que hacen negocios en Panamá, Rommel Bogarin Grau, llegó a desempeñarse como “comisario” de Equipos Médicos Alfamed, Casa de Representaciones Omega Salud, Corporación Hospitalaria del Zulia, empresas del conglomerado de 19 que los Rangel Baron manejan.
En este crisol de porcelana también hay otras piezas que se unen. Además de Primo Medical Group Corp, creada en 2017 para dedicarse al negocio de insumos médicos y descartables hospitalarios, existe Primo Medical Group HK Panamá Corp, compañía que tuvo por nombre Boga Group Corp desde su creación en 2015 hasta mayo de 2019, según el Registro Público de Panamá. Ese año no solo cambió de nombre, también dejó de dedicarse a la compra, venta y distribución de autopartes de vehículos.
Sus dueños y representantes, Carlos y Roberto Bogarin Rangel, trabajaron en empresas del ramo automotriz y de repuestos en el estado Zulia hace varios años –antes de cambiar su residencia a Panamá– como consta en los registros de la seguridad social venezolana y como dan fe en su círculo de amigos al hacer memoria.
El hermano mayor de Carlos y Roberto, llamado Rommel Bogarin Rangel, también forma parte de la directiva en ambas empresas Primo.
En Venezuela, Rommel Bogarin hijo aún figura como trabajador activo de Droguería Química de Venezuela, Droquiven. Esta compañía se encarga de distribuir, representar y vender productos en general para la dotación de centros de salud y laboratorios, así como la importación y exportación de equipos médicos, prestación de servicios y mantenimiento. Según los registros, es su director ejecutivo y accionista mayoritario. Además, tiempo atrás, entre 2006 y 2007, hizo las veces de director ejecutivo de otra empresa del sector salud, llamada Corporación Hospitalaria del Zulia. Ambas fueron contratistas del IVSS y del Ministerio de Salud, con el suministro de insumos médico-quirúrgicos y medicamentos.
Sus hermanos menores, en cambio, no muestran rastro alguno de haber pasado por el negocio de la salud en Venezuela. Carlos Bogarin Rangel también fue contratista del Estado venezolano pero con una empresa del sector petroquímico, carbonífero e industrial que le prestó servicios a la petrolera Pdvsa. Carlos formó parte de la directiva de Petrolera Social (P&S) como director gerente, mientras su tío, Daniel Esgardo Rangel Baron, ocupaba la presidencia, al menos en 2007, fecha de la que se tiene registro en el Sistema Nacional de Contrataciones. Junto a su hermano, Roberto Bogarin Rangel, compartió sociedad en una compañía de computación.
Luego de ser reportadas las fallas que presentaron los equipos entregados por Primo Medical Group, la empresa de los venezolanos Bogarin Rangel se vio obligada a firmar un convenio con Dräger de Panamá para reparar los equipos, actualizarlos y entregar las piezas que faltaban. También se comprometieron a cumplir con una serie de exigencias que van desde una garantía de tres años, hasta consignar la certificación del fabricante de tener disponibilidad de repuestos por siete años como mínimo.
La Prensa y Armando.info pudieron conocer que hasta que los respiradores no queden totalmente operativos, el Ministerio de la Presidencia de Panamá no cancelará los pagos. Si bien el compromiso era entregar 53 respiradores, primero 32 y luego los restantes, el destino de los otros 21 equipos no está claro en este momento. Parece posible que el resto del negocio no se complete.
Al prorratear el costo de los 53 ventiladores que los comerciantes venezolanos cotizaron al estado panameño en 2,3 millones de dólares, resulta que cada equipo sería vendido a un promedio de 43.000 dólares, un monto elevado según los precios que se consiguen en el mercado panameño. La propia empresa Dräger en Panamá ofrece ventiladores entre 6.000 y 17.000 dólares, mientras que los mismos modelos que Primo Medical Group incluyó en su oferta se consiguen en Internet a precios, también, menores: entre 17.000 y 32.000 dólares.
Aún más: si se tiene en cuenta que la fabricación de estos respiradores data de 2013 y 2014, deberían tener un descuento de alrededor de 30%, comentaron dos comerciantes de equipos médicos en Panamá consultados para este trabajo.
Todo indica que los venezolanos Bogarin Rangel quisieron oxigenar sus finanzas sirviendo de proveedores del gobierno panameño, algo que sus parientes de la familia Rangel Baron han sabido hacer en suelo venezolano.
(*) Isayen Herrera colaboró con este reportaje. Esta historia es resultado de una cobertura conjunta entre el diario La Prensa de Panamá y Armando.info en Caracas.
Armando.info recolectó las relaciones extraoficiales llevadas por médicos de tres grandes hospitales públicos de Caracas y el interior del país. Solo esas cuentas superan con amplitud las cifras nacionales de víctimas de la Covid-19 que los portavoces del Gobierno ofrecen. El sistema establecido por las autoridades lleva por diseño al subregistro y al retraso: pruebas poco confiables, escasos laboratorios y la opacidad en los protocolos hacen que las muertes se multipliquen a una tasa más rápida que la capacidad -y la voluntad- para contarlas.
Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.