Las horas menguadas de Alex Saab y Álvaro Pulido

La suerte de la dupla empresarial colombiana parece terminar. La sanción del Departamento del Tesoro los coloca en el ojo del huracán y los vincula directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Iniciaron sus negocios con el chavismo en 2011, pero a partir de 2013, con Maduro en la presidencia, se multiplicaron. Amigos de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, terminaron siendo los grandes beneficiarios de las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), herederos en la sombra de la red de Abastos Bicentenario, recibieron de Pdvsa un millonario contrato para explotación petrolera y hasta en la presidencia de la estatal Minerven llegó un exempleado suyo. Su eventual derrumbe puede alcanzar a la pareja presidencial.
Parecía
solo cuestión de tiempo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de
sancionar este jueves a Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio),
el dúo de hombres de negocios colombianos que acumuló poder y fortuna en
Venezuela, especialmente desde que Nicolás Maduro se convirtió en presidente de
la República en 2013, mientras el país se hundía en una crisis socioeconómica
sin precedentes. Puede que sea no solo el final de sus negocios, sino el
comienzo de un estruendo que impacte a la propia familia presidencial.
La
administración de Donald Trump los acusa de encabezar una “vasta red corrupción”
con una “sofisticada red de compañías fantasmas” detrás de las importaciones de
alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap), negocios que además lograron por su relación con el círculo
íntimo de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Departamento del Tesoro los
vincula directamente con Walter, Yosser y Yoswal Flores, hijos de Cilia Flores,
y conocidos también como los chamos, así como con Carlos Erick Malpica
Flores, sobrino de la primera dama y ex tesorero de la nación y de la estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre otros cargos.
Es
un paso más en una relación con el chavismo que comenzó en 2011, que se
consolidó con los años y se hizo evidente con decenas de negocios otorgados por
Maduro al dúo empresarial a partir de 2013 y que los terminó convirtiendo en una
columna financiera del propio Gobierno. “No necesita de mí, habla más fácil con
Maduro que cualquiera”, declaró sobre Alex Saab en octubre pasado a El Tiempo de Bogotá la ex senadora
colombiana, Piedad Córdoba, cercana también a Álvaro Pulido, y a quien diversas
fuentes señalan como la responsable de abrirle la puerta de los negocios con la
revolución bolivariana aún en tiempos de Hugo Chávez.
Todo
comenzó hace ocho años. En 2011 Alex Saab selló en el palacio presidencial de
Miraflores ante el propio Chávez y el entonces canciller Maduro, en
representación de la empresa Fondo Global de Construcción, un contrato por
alrededor de 600 millones de dólares con el Gobierno para la construcción de una
urbanización de viviendas populares en los Valles del Tuy, mediante la
importación de casas prefabricadas desde Ecuador. El negocio se realizaría a
través del sistema de compensación de pagos Sucre ideado por Chávez con el
Ecuador de Rafael Correa. ¿Por qué Ecuador y no cualquier otra nación aliada del
proceso bolivariano? Porque en el marco del Sucre se permitía el pago de las
exportaciones ecuatorianas a otras naciones del Alba en la moneda corriente en
ese país, el dólar estadounidense.

El Departamento Tesoro relaciona a los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, así como su hijo Emmanuel Rubio González, con el entorno familiar de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Esa
actividad fue investigada por la fiscalía ecuatoriana tras sospechar diversas
irregularidades como lavado de dinero, exportaciones ficticias de material a
Venezuela o sobrefacturación en los envíos. Aunque en Ecuador los empresarios
lograron sortear la investigación e incluso recuperar dinero que estuvo
congelado en cuentas bancarias, un tribunal del Sur de Florida también
investigaba este negocio y este mismo jueves abrió un juicio contra Saab y
Pulido por un cargo
de intento de lavado de dinero y otros siete cargos.
Esa
estructura de Fondo Global de Construcción, con presencia en Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, pero cuyo propietario final se escondía en la mediterránea
isla de Malta, apenas fue el comienzo de un ascenso jamás explicado por Maduro o
algún otro funcionario. Esos millonarios y opacos negocios movidos con
sociedades de papel alrededor del mundo los terminaron por colocar en el radar
de unidades de inteligencia financiera de varios países.
A
partir de abril de 2013, luego de que Maduro asegurara la silla presidencial
tras su cuestionada victoria contra Henrique Capriles, la pareja empresarial
colombiana fue beneficiaria
de las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas
(Sicad),
gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong que también fueron
proveedoras de la red estatal Abastos Bicentenario; de
un contrato petrolero por poco más de cuatro mil millones de dólares para la
desconocida Trenaco,
con sedes en Colombia y Suiza; de
convenios para el suministro de commodities y materia prima con la
panameña Global Foods Trading; de
los millonarios contratos para el suministro de alimentos para los
Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera de
Maduro, con Group Grand Limited de Hong Kong y México,
primero, y luego la turca Mulberry Proje Yatirim, ambas incluidas en la lista de
activos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro; herederos
de la red estatal de Abastos Bicentenario gracias a Salva Foods
2015,
creada en Venezuela, y a Mezedes Holding, inscrita en Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, celebró la sanción del Departamento del Tesoro contra los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas.
En
casi todos los casos se repite la fórmula: estructuras empresariales opacas,
empleados de confianza y familiares que terminan firmando papeles y contractos.
Son los casos de Shadi Nain Saab y Emmanuel Rubio González, hijos de Alex Saab y
Álvaro Pulido Vargas, respectivamente, y quienes también fueron incluidos hoy en
la lista de sancionados de la OFAC (la Oficina de Control de Activos
Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense).
El
poder acumulado por la dupla empresarial con Maduro fue tal que a mediados del
año pasado este designó
presidente de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) a
Adrián Perdomo Mata, un ex empleado de confianza de Alex Saab y Álvaro
Pulido. Su
nombramiento llegó justo cuando el Gobierno de Maduro, en un intento por
esquivar algunas de las sanciones financieras de la administración de Donald
Trump, comenzó el intercambio de oro por comida con países aliados como Turquía.
Perdomo Mata fue sancionado por la OFAC en marzo pasado y su paso por Minerven
es más bien fantasmal. De hecho, se desconoce si sigue al frente de la
compañía.
Aunque
de bajo perfil o no del todo conocidos, sus negocios colocaron a Alex Saab y
Álvaro Pulido en primera plana al convertirse en sostén financiero del propio
Gobierno, así como del entorno de Maduro, lo que terminó de encender las alarmas
en distintos países. El año pasado la fiscalía colombiana abrió una
investigación contra de Alex Saab por el caso de una empresa familiar que el
empresario manejó en su Barranquilla natal antes de iniciar sus negocios a gran
escala con el chavismo, mientras que desde México señaló directamente a su red
de empresas por haber incurrido en sobreprecios y exportación a Venezuela de
productos de mala calidad para las cajas CLAP. Ambas investigaciones están aún
abiertas.
Las
sanciones del Departamento del Tesoro pueden frenar lo que parecía un ascenso
sin límites. Con su caída, además,
puede comenzar una investigación mayor que termine conduciendo a las figuras de
Nicolás Maduro y Cilia Flores.
