En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
Matthias Krull advirtió a su interlocutor que esta vez tenía que hablar de manera “cándida y directa”.
El interlocutor al otro lado de la línea telefónica era la anónima CS (Confidential Source, o “fuente confidencial” en inglés) cuya activa presencia protagoniza el relato de la Criminal Complaint (“denuncia criminal”) introducida el reciente 23 de julio ante la Corte Penal del Distrito Sur de la Florida por la oficina del Fiscal General de Estados Unidos. En esa narración, el agente especial George F. Fernández, de la Homeland Security Investigations (HSI), enumera las evidencias recogidas durante dos años por la Operación Flight Money de esa dependencia, en la que se expuso una sofisticada trama de lavado de dinero procedente de las arcas de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.
La operación detectivesca tuvo origen en la delación que la CS hizo ante las autoridades estadounidenses en 2016, admitiendo que había sido reclutada por operadores financieros de la llamada boliburguesía -la clase empresarial que ha hecho fortunas con la autodenominada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- para legitimar 78 millones de dólares de una transacción cambiaria irregular entre Pdvsa y un particular, la empresa Rator XXX, que al final sumaría 1.200 millones de dólares, y de la que además se debían pagar sobornos para los ejecutivos de la petrolera que participaron en el negocio. La CS accedió a colaborar desde ese momento con las agencias policiales para rastrear todo el esquema. Como infiltrado, grabó conversaciones; hasta fingió comprar un avión en Brasil., pero pagadero en España, para “marcar” los circuitos bancarios por donde circulaban los flujos de dinero de la banda.
La llamada de Matthias Krull se producía en enero de 2017. Una de las tantas entre la CS y Krull que los agentes norteamericanos grabarían, en esta en particular el banquero alemán, representante entonces del banco suizo Julius Baer, se disponía a introducir una nueva posibilidad de negocios. Un funcionario del Estado venezolano, identificado en el documento como Venezuelan Official 3 necesitaba un mecanismo efectivo para recibir los pagos de coimas que le enviaría una empresa de abogados que había representado a la República de Venezuela en litigios de arbitraje internacional.
Con el tiempo Krull se reveló como una pieza más importante de lo que parecía
“Uh, estoy sentado aquí con… Con… Con el [hermano del Venezuelan Official 3]”, dijo el alemán, como tartamudeando, algo dubitativo quizás ante la novedad de tener que llamar las cosas por su nombre al teléfono, siempre de acuerdo a la transcripción en inglés hecha por los agentes del HSI. “Y… Y… Y… Bueno, ellos… Ellos… Ellos se han ganado en los últimos años un pago que van a recibir y que es de cinco… ¿De acuerdo? Y… Y…. bueno, hemos hablado de las opciones que ellos podrían tener, ¿correcto? Y, bueno, no sé si… Si… Si tú tienes algo en lo que se pudiera pensar, sobre cómo puede ser eso, o cómo se pueden estructurar las cosas, ¿correcto?”.
En la trama de legitimación de capitales de este caso, Krull aparece como un actor secundario. Se acerca a CS para que le ayude a conseguir una manera de lavar 600.000 dólares que un cliente ha obtenido de manera irregular. De hecho, buena parte de la madeja de lavado de dinero, en este o cualquier caso, trata de ello: cómo esquivar los mecanismos de control y verificación que la banca internacional se ha visto a implantar, en especial después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. CS ya había conseguido una manera, a través del corredor de valores colombiano Gustavo Hernández Frieri, para superar el escrutinio de los supervisores bancarios: inversiones falsas en operaciones con papeles financieros y, en ocasiones, la propia complicidad del banco.
Pero con el tiempo Krull se reveló como una pieza más importante de lo que parecía. Los 600.000 dólares que inicialmente buscaba lavar eran de un cliente denominado en la denuncia como Conspirator 7 (“Conspirador 7”) y como “una de las mayores fortunas del chavismo”. Según The Miami Herald , el Conspirador 7 sería Raúl Gorrín, empresario venezolano que hoy detenta la mayoría accionaria del canal 24 horas de noticias Globovisión.
El mismo banquero alemán mostró más tarde a CS otra de sus mejores cartas. Tenía por cliente al Conspirator 8 (“Conspirador 8”). Este, que también buscaba formas efectivas para lavar dinero, servía de testaferro a un colectivo al que Krull se refería como “los chamos” o, en la coda policial de la denuncia, “los hijastros del Venezuelan Official 2” (“funcionario venezolano 2”). De nuevo según la versión de The Miami Herald, se trataría de los hijos del primer matrimonio de Cilia Flores, primera dama de la República, esposa formal del presidente Nicolás Maduro desde 2013.
Matthias Krull viene sonando desde hace tiempo en los mentideros políticos y de negocios como el gestor ante la banca internacional de algunas de las mayores fortunas construidas bajo el chavismo. Aunque alemán de origen y con residencia en Panamá, sus negocios se han desarrollado en el mercado venezolano, primero y por mucho tiempo desde el banco suizo Julius Bär, del que salió recientemente, en junio pasado, para incorporarse al staff de otro banco suizo pero de menor calado, Gonet & Cie.
Krull, que fue arrestado por las autoridades en Miami, está casado con una diseñadora gráfica venezolana, Tatiana Seara Parra, hermana de la actriz Sabrina Seara. En una rara aparición en los medios, Krull se dejó ver en 2015 durante la inauguración del primer local en la Ciudad de Panamá de Cool de Sac, una franquicia estadounidense de comida casual que en el istmo representa su esposa, Tatiana, por medio de la empresa CDS Obarrio.
Krull también es socio de su pareja en la compañía PB Real Estate S.A., propietaria de un centro comercial en la ciudad de David, al oeste del país. De acuerdo al sitio Panadata.net, hasta julio pasado aparecía en otras tres sociedades panameñas, incluyendo Julius Baer Investments (Panama) S.A., de la que fue vicepresidente.
Con una presencia tan amplia en el mundo de las finanzas en Panamá, parecía probable que las gestiones de Krull se hubieran cruzado con Mossack Fonseca, uno de los dos mayores bufetes de Panamá y entre los mayores proveedores de servicios offshore en todo el mundo, hasta su reciente cierre en marzo de 2018, como consecuencia del escándalo de los llamados Panama Papers, publicados en abril de 2016.
Precisamente
en esa filtración, originalmente recibida por el diario Süddeutsche
Zeitung de Munich y coordinada como proyecto periodístico de
investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos
(ICIJ, por sus siglas en inglés), aparece una comunicación en la que Matthias
Krull intercede por uno de sus clientes venezolanos.
Se trata de la familia Saleh. Su patriarca, Hassan Saleh Saleh, de origen libanés, falleció en 2017. Saleh obtuvo en la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta, en el mar Caribe de Venezuela) una bien reconocida reputación de líder de la poderosa comunidad de comerciantes árabes en esa entidad insular, puerto libre y destino turístico por excelencia.
En 1994, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, Saleh constituyó un banco en Margarita que pronto reunió gran parte de los capitales árabes en la isla: el Banco Confederado. Mantuvo la pequeña operación regional hasta 2004, cuando la vendió por 19 millones de dólares a un grupo de inversionistas encabezado por Juan Carlos Maldonado, integrante del grupo familiar que por décadas había controlado Seguros La Previsora. En 2009 el banco, como la aseguradora, pasó a manos del empresario Pedro Torres Ciliberto. Pero casi enseguida, durante la minicrisis financiera de finales de ese año, el Banco Confederado y otros tres bancos privados de magnitud mediana fueron intervenidos y amalgamados en una nueva entidad del Estado, el Banco Bicentenario.
Un reportaje de The Washington Post en abril de 2002 mencionaba al Banco Confederado en conexión a las sospechas permanentes de que Margarita sirve como fuente de financiamiento para grupos terroristas del Medio Riente, como el libanés Hezbollah. En la nota su autor, Scott Wilson, citaba fuentes de la policía política venezolana (Disip; ahora Sebin) que aseguraban que mantenían vigilancia sobre las operaciones de transferencias de dinero desde el Banco Confederado, entonces todavía bajo control de los Saleh, a destinatarios en Siria y Líbano. Sin embargo, aclaraban las mismas fuentes, las 30 cuentas bancarias monitoreadas no mostraban movimientos mayores a los que correspondería a remesas familiares.
En
2007, tres años después de la venta oficial del Banco Confederado, los Saleh
acudirán a Mossack Fonseca en Panamá para ordenar se registre la primera de
cinco empresas del grupo familiar en las Islas Vírgenes Británicas, un
reconocido paraíso fiscal. Su nombre es Active Plus Finance Corp, con un capital
de 50.000 acciones a un dólar cada una, y sede en Road Town, en la isla de
Tortola. Su junta directiva quedaría a la larga conformada por el patriarca,
Hassen Saleh, dos de sus hijos, Ibrahim y Youssef Abass, y Youssef Ahmad
Shmayssani, quien fue directivo del Banco Confederado.
El banquero Matthias
Krull escribió en 2009 un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca en Panamá
para pedirle que, con urgencia, obtuviera en las Islas Vírgenes Británicas
copias apostilladas de los documentos constitutivos de Active Plus Finance Corp
-la compañía de los Saleh- y los remitiera a los cuarteles generales del banco
Julius Baer en la dirección: Rue Pierre Fatio 7, 1212 Ginebra,
Suiza.
Pocos días después, el bufete confirmaba el envío.
Además de Active
Plus Finance Corp, los Saleh abrirían a través de Mossack Fonseca otras cuatro
sociedades: La Nobleza Corp, La Fortaleza Corp, Promociones Globales SA y
PC-Planet SA. Esta última es homónima de otra conformada en Venezuela y que
aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor del Estado.
El mismo nombre lo lleva una tienda de electrónicos en el Centro Comercial La
Vela de Porlamar, principal ciudad comercial de Margarita.
Este rastro fugaz de Matthias Krull en los archivos de Mossack Fonseca da fe de su entrada entre las nuevas fortunas venezolanas y el tipo de diligencias que adelantaba para ellas.
Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
Un oscuro abogado resultó ser el titular de una cuenta en un banco de esa nación de los Balcanes donde se recibían decenas de millones de euros en fondos negros de la petrolera estatal venezolana. Los recursos quedaron incautados y congelados la semana pasada por el Gobierno de Sofía, a petición de Estados Unidos, que denunció el flujo financiero. Los dineros públicos venezolanos estaban bajo control de un submundo donde confluyen la clase política, la ‘mutri’ (la tenebrosa mafia local), las agencias secretas y la oligarquía del petróleo ruso.
Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
