Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
A la Galería Freites, en Caracas, también llegaron pagos de la llamada caja dos de Odebrecht. Tuvo que ser para comprar piezas de arte. Es la única explicación que admite Alejandro Freites, el propietario del prestigioso local en Las Mercedes -un barrio de bohemia y grandes marcas en el sureste de la capital venezolana-, cuando se le pide repasar las transferencias de fondos registradas en Suiza y por las que la fiscalía de ese país lo incluye en el elenco del ya célebre escándalo de Lava Jato.
“Yo no tengo nada que ver con Odebrecht”, advierte por si acaso. “Nunca supe que esa persona tenía relación con Odebrecht, si lo hubiera sabido les hubiera dicho que me financiaran un libro de obras de arte como le financiaron a otra galería”.
Más allá de la salida humorística, Freites reconoce las transferencias. Pero asegura que se trataba de la forma de pago que empleó uno de sus clientes: el abogado venezolano Héctor Dáger, el mismo comisionista que primero fue señalado en Brasil como un intermediario del gobierno venezolano y del que ahora se sabe que llegó a compartir cuentas bancarias con el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, quien en diciembre de 2016 lo delató en las interpelaciones del caso Lava Jato.
En total, Dáger aparece vinculado al flujo de 235 millones de dólares que la Fiscalía suiza atribuye a la trama de Odebrecht en Venezuela. Las alarmas se encendieron cuando le encontraron en cuentas bancarias de ese país unos 49 millones que había recibido de Innovation Research Engineering and Development y algunas otras de las fachadas ya conocidas del gigante de la construcción brasileña para hacer circular sus pagos irregulares.
Pero, luego de ese hallazgo inicial, las autoridades suizas repararon en un caudal aún más grueso, que había desembocado en las cuentas del mismo Dáger desde el Consorcio OIV, una trinidad de empresas que, junto a Odebrecht la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler, se constituyó en junio de 2005 para levantar en el estado de Bolívar, en la Guayana venezolana, la tantas veces prometida y todavía inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma.
“Además de los ingresos directa o indirectamente del grupo Odebrecht en cuentas atribuibles a Dáger, constan otros ingresos que podrían ser de interés”, advirtió la fiscal Dounia Rizzonico en un documento con fecha del 10 de noviembre de 2017, que envió desde Suiza a la Fiscalía General de la República de Venezuela con el código SV.17.0220-REZ. “Se registraron cerca de 180 millones USD entre 2010 y 2015, provenientes de una cuenta del Consorcio OIV-Tocoma en el banco Banesco, Panamá, con la referencia de ‘purchase material’ [materiales de compra]”.
La Fiscalía suiza alcanzó a congelar casi 90 millones de dólares represados en cuatro de las trece cuentas bancarias a nombre de empresas controladas por Dáger: BMS Investment, Kenvest Corp, Ocean Business Ltd y Alquimia Holdings. Pero el resto del dinero siguió de largo. Verbigracia, 1,3 millones que terminaron en la sociedad M&L Art Corporation, cuyo receptor es el venezolano Alejandro Freites, dueño de la Galería Freites. Interpelado al respecto, el marchante asegura que la transacción no esconde mayor misterio que la venta a Dáger de unas obras de arte cuyos detalles prefiere reservarse. Además, se muestra sorprendido: nunca imaginó que en Suiza terminaran por relacionarlo con uno de los mayores casos de corrupción que se han visto en toda América latina.
Pero tampoco sospechó, dice, de otro millón de dólares que recibió ya no directamente de Dáger, uno de los clientes de su galería, sino de la ya mencionada empresa-fachada de Odebrecht, Innovation Research Engineering and Development, que entre 2012 y 2014 había remitido 14 millones a Dáger desde el Meinl Bank de Antigua, el banco que compró e hizo Odebrecht a su medida en la isla caribeña de Antigua.
Fueron dos transacciones que abonaron a Freites en una empresa offshore, que compartía con su esposa e hija en las Islas Vírgenes Británicas con el nombre de Maambe Corporation, y desde la que sólo asegura haber vendido varias obras de arte que envió a Miami Beach, Florida. No más que eso; en la entrevista prefiere guardar los detalles por respeto a sus clientes.
La Fiscalía General de Venezuela no se ha referido ni a este aspecto particular ni, en general, al entramado de aportes y pagos irregulares construido por Odebrecht y otras empresas brasileñas de ingeniería civil en Venezuela. Ahora que de a cuentagotas empiezan a aparecer varias piezas del rompecabezas de Odebrecht en Venezuela, en el despacho del fiscal oficialista, Tarek William Saab, ignoran el caso mientras su archirrival, la fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, conseguía esta semana del llamado Tribunal Supremo en el exilio una condena de 18 años de prisión contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.
Saab descartó hace un año abrir una investigación contra Maduro. "No vamos a trabajar en función de especulaciones", resolvió en agosto de 2017 recién llegado a la Fiscalía. Ahora ni siquiera menciona al caso. En su despacho quedaron en dar una respuesta cuando esta semana se les formalizó una solicitud de información sobre el caso de Odebrecht, respuesta que nunca llegó.
“Dáger aparece vinculado al flujo de 235 millones de dólares”
En Suiza, donde yacen aún numerosas pistas sobre el tema, las autoridades de la fiscalía continuaron con las diligencias investigativas. Allí guardan trazas sobre una decena de contratistas y subcontratistas venezolanas, principalmente relacionadas con la represa de Tocoma, que recibieron pagos de Odebrecht, bien a través de Dáger o por los canales paralelos con empresas offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas, como llamó eufemísticamente Odebrecht a su gerencia de pagos de sobornos.
En esa lista figura, entre otros, el nombre de Manuel José Salazar Bianchi, el vicepresidente de la contratista del gobierno venezolano, Constructora Servisaga, quien recibió 3 millones de dólares a cargo de la firma Yellow Sun Group Corp.
También los venezolanos Alan Jesús Rodríguez González y Luis Ramón Serrano, cada uno con más de seis millones de dólares que les abonó Dáger a nombre de las empresas M.L. Intelligence y Gambrel Group, respectivamente. También 4,4 millones para Energy Consultancy Ventures, cuyo dueño es el abogado Freddy Manuel Díaz, secretario general del equipo de básquet Gigantes de Guayana y, en el pasado, parte de la junta directiva de la Liga Profesional de Baloncesto.
Dáger, por su parte, en ese tinglado de transferencias, recibió abonos del ex presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción entre 2002 y 2004, Juan Francisco Clérico, quien ha sido la cabeza de la empresa Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, C.A, la tradicional empresa familiar Vinccler, una de las más importantes en Venezuela en proyectos de infraestructura. Vinccler acompañó a Odebrecht en la inconclusa hidroeléctrica de Tocoma y participó también en proyectos de construcción de líneas del metro, suscritos por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), el general Gustavo González López, cuando era presidente del Metro de Caracas y de Los Teques.
Destacan de igual forma 2,2 millones de dólares que Odebrecht depositó en el Credit Suisse a la empresa Rote Energie de Joan Manuel Fereira Rosillo, un contratista en el estado de Zulia (extremo noroccidental de Venezuela), que ha trabajado para la petrolera estatal Pdvsa y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco. Fereira, en cualquier caso, es mucho más recordado por haber sido parte de la estafa millonaria que entre, 2003 y 2005, fue conocida en la región como La Vuelta, por la que fue procesado.
Aunque se buscó la versión de todos los involucrados, prefirieron optar por el bajo perfil y declinar la oportunidad de publicar sus declaraciones. Varios, sin embargo, reconocieron las transferencias desde las firmas vinculadas a la caja dos de Odebrecht, pero al mismo tiempo insistieron en que tenían contratos, facturas y todo en regla para justificar los pagos detectados en Suiza.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma de Crimea en 2014, los banqueros más ricos e importantes de Rusia tomaron medidas para salvaguardar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales detrás de complejas tramas que se revelan en una nueva entrega de los Papeles de Pandora. La previsión se mostró utilísima con las nuevas sanciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania.
