Una organización creada por los empresarios Frankiln Durán y Carlos Kauffmann, otorgaba referencias a venezolanos para facilitar el registro de sus empresas en paraísos fiscales. Los personajes, vinculados al caso del maletín de los 800 mil dólares confiscadso en Buenos Aires y procedentes de Venezuela, también tuvieron una firma en las Islas Vírgenes Británicas.
El 4 de agosto de 2007 un maletín decomisado a un venezolano en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, fue el punto de partida de una trama en la que 800 mil dólares terminaron por desencadenar una serie de investigaciones, que abarcaron a Venezuela, Argentina y Estados Unidos. El encargo, presuntamente destinado a la campaña presidencial de la actual presidenta argentina, Cristina Kirchner, fue encontrado en manos de Guido Antonini Wilson por una funcionaria de aduanas. Él era un pasajero más de un vuelo privado en el que también viajaron empleados de la petrolera estatal Pdvsa, así como funcionarios argentinos.
En las investigaciones y el juicio llevado en Estados Unidos por este caso, varios personajes y nombres salieron a la luz. Algunos de ellos, sentenciados por la justicia americana, habían creado compañías en paraísos fiscales mucho antes de esta historia. Es el caso de los empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffmann –socios de Antonini en la época que se encontró el maletín-, quienes también manejaron una fundación en Curazao, creada después del cierre de sus cuentas bancarias en Suiza, a raíz de los procesos judiciales en su contra. La firma sirvió para entregar referencias a otros venezolanos al momento de crear empresas en el mundo offshore.
Franklin Durán y Carlos Kauffmann fueron condenados por la justicia de Estados Unidos por haber actuado como agentes del gobierno de Venezuela, sin registrarse, para encubrir el origen y destino de los 800 mil dólares, que se encontraban en el maletín decomisado en Argentina.
Eran socios en varias empresas. Entre ellas, la firma Atlantis International Group creada el 20 de agosto del año 2003 en las Islas Vírgenes Británicas, según muestran los documentos relacionados con esta firma provenientes de la serie de 2,5 millones de archivos secretos de offshores filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), y Worden Trading, creada el 26 de julio de 2002 en Panamá con un capital social de un millón de dólares, como muestra el Registro Público de este país.
Entre sus negocios más conocidos –aunque no correspondieran al ámbito de las corporaciones offshore- estaban varias empresas ligadas al mundo petrolero, de las que eran dueños o participaban como accionistas, tales como como Perforaciones Albornoz C.A. (Perfoalca) –contratada por Pdvsa para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo-, Venoco, Llano Petrol, Inversoara Comercializadora 2516 y Klim Petro Inversiones.
Además, después del cierre de sus cuentas en Suiza, se aliaron para crear otra firma en un paraíso fiscal. En esa oportunidad en una de las Antillas Holandesas, en Curazao, al norte de Venezuela. Bajo el nombre Klim Fund o Klim Foundation Fides, lograron colocar 12 millones de dólares como garantía de sus tarjetas de crédito American Express, retirar otros 88 millones de dólares de Suiza y, con el apoyo de un abogado de Antonini Wilson, borrar sus nombres de la lista de las PEP –personas políticamente expuestas -.
Klim Fund también les sirvió para otros asuntos. Por ejemplo, un documento del 27 de agosto de 2009 muestra que en esa fecha la firma –como corporación de las Antillas Holandesas- hizo un préstamo superior a los 18 millones de dólares a una empresa también a nombre de Franklin Durán y Carlos Kauffmann: Inversora Petroklim, inscrita el 8 de diciembre de 2004 en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda.
Por otra parte, documentos asociados con los registros de las empresas que provienen de la data obtenida por ICIJ, muestran que la fundación también otorgaba cartas de referencias a venezolanos para recomendarlos y ayudarlos en el proceso de registro de compañías en las Islas Vírgenes Británicas.
Una de las cartas con fecha 5 de octubre de 2004, aclaraba en su contenido que Klim Fund es una subsidiaria de la firma Klim Foundation de Curazao y que su rol era “proveer servicios de asesoría financiera y manejar estrategias de inversión” para clientes venezolanos. En otra, con fecha de 16 de septiembre de 2003, detallaba que “nuestros clientes son dueños de bonos de Venezuela (…) y usan nuestra experiencia en gerenciar estos instrumentos”.
El personaje que firmaba la carta dependía del beneficiario de la recomendación. En el caso de socios y allegados es posible encontrar la rúbrica de Franklin Durán o de Carlos Kauffmann como directores gerentes. Así sucedió con Pedro Durán, hermano de Franklin Durán y socio de él en algunos negocios. Fue Kauffmann quien le otorgó la referencia dirigida a “Trust Net Chambers” en las Islas Vírgenes Británicas, donde indicaba que desde el primero de enero de 1980 sostenía una relación satisfactoria con Klim Fund, aunque varios documentos indican que Klim Fund fue registrada en la Cámara de Comercio de Curazao el 29 de noviembre de 2002, mucho después que supuestamente inició la relación con la organización.
Cuando no era así, el también aliado de Durán y Kauffmann, Daniel Morotti, firmaba las recomendaciones como gerente de la oficina. Además, Morotti aparece como tesorero en la compañía creada en Panamá (Worden Trading). Entre los referidos por él se encuentra otro personaje vinculado al dúo de empresarios, Eduardo Cartaya, a quien involucraron también en la firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
La papelería utilizada para las cartas de recomendación con el sello Klim Fund y Klim Foundation incluía direcciones de oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Chuao, una urbanización de Caracas, la capital venezolana. Lo que variaba, dependiendo de la compañía que otorgaba la referencia, era la locación exacta. En unos casos, se indicaba un número de oficina y, en otros, un número de suite de la primera etapa del centro comercial.
El CCCT también era usado como dirección de referencia para empresas constituidas en territorio venezolano como Ruibal & Durán y Mil Importaciones 1997, ambas sociedades de los hermanos Durán, inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sus respectivos estatus actuales ante el RNC son de “Suspendidas”.
Ruibal & Durán tuvo en 2001 un contrato con la gobernación del estado Cojedes para la “demolición y construcción de aceras y brocales en El Amparo”. Sin embargo, entre 2002 y 2007 varios diarios venezolanos mostraron otra cara de esta relación al reportar denuncias que involucraban a la firma y a la gobernación del estado, entonces a cargo de Jhonny Yánez Rangel, con el comercio de armas. Una de las denuncias la hizo en 2002 el diputado Pedro Castillo.
Otro de los personajes de la historia del maletín que también se ha desenvuelto en el mundo offshore es el abogado Moisés Maiónica, quien se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de tratar de encubrir el origen de los 800 mil dólares. Con ese propósito fue contactado por el entonces jefe de la Disip –ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin-, Henry Rangel Silva, para servir como intermediario entre el gobierno y Antonini. Después de haberse desempeñado como Comandante del Ejército y Ministro de Defensa, ahora el general Rangel Silva es gobernador del estado Trujillo, en los Andes de Venezuela.
Maiónica registró –según los documentos obtenidos por ICIJ- al menos cinco empresas en las Islas Vírgenes Británicas, una de ellas junto a su esposa Gitsel Coromoto Jelambi-García.
Hugo Alconada Mon contribuyó con esta historia.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
