Tenía un nombre típico de colombiano y pasaba en la ciudad andina por un compañero revolucionario, impresor y propietario de una pequeña fábrica de abono orgánico que esperaba financiamiento del Gobierno chavista. Pero resultó ser Bernhard Heidbreder, un sujeto al que la justicia alemana solicita como autor de atentados explosivos en los años 90. Ahora espera en Caracas su posible extradición.
Se pronuncia Jáit-breder y se llama John Jairo Londoño Smith. O, al menos, era el nombre que aparecía en la identificación falsa que utilizó Bernhard Heidbreder desde que llegó a Venezuela en 2002. Tiene 54 años y hoy está detenido en la sede de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Desde 2003 está en la lista de los más buscados de la Policía Criminal Federal (BKA, por sus siglas en alemán) por haber provocado un incendio en un establecimiento del Ejército de su país y por haber planificado la voladura de una cárcel para inmigrantes. Lo vincularon con un grupo llamado K.O.M.I.T.E.E. que, presuntamente, apoyaba a una red kurda que generaba violencia en Turquía y, además, tenía vínculos con un partido político de izquierda radicado en Berlín. Pero en Venezuela era un pacífico inmigrante colombiano con raíces europeas que abrazó los ideales del presidente Hugo Chávez y que fundó una pequeña fábrica de abono orgánico en Mérida (capital del estado del mismo nombre, suroccidente de Venezuela, en Los Andes) con la ayuda del programa de Empresas de Producción Social que, para colmo, nunca se activó porque el Gobierno no envió los recursos. En Los Andes criollos, el alemán acusado de terrorismo tenía una cédula regular venezolana.
Su situación genera hoy una diatriba ideológica entre los izquierdistas, anarquistas y funcionarios del Gobierno chavista que se debaten entre hacer honor a sus principios políticos o responder ante la solicitud de la potencia europea y entregar a Heidbreder al que, sorpresivamente, sus conocidos lo consideran un pacifista y defensor de los derechos humanos. Lo que es absolutamente certificable es que el alemán no tiene ningún otro delito conocido en el país más que utilizar la documentación falsa que obtuvo en Colombia. Su cédula venezolana quedaría descartada debido a la falsedad de su origen.
Su esposa, Gloria Serna, su abogado, Gennys Pérez, y algunos grupos anarquistas piden que no lo extraditen a Alemania. Además de las ironías que rodean el caso, hay un punto que, al parecer, los allegados a Heidbreder tratan de ocultar pero que los medios alemanes se encargaron de afirmar: fueron los agentes de ese país quienes dieron con el paradero del solicitado en la ciudad de Mérida.
A principios de los años 90 grupos de izquierda defendían en todo el mundo la causa de los kurdos, un pueblo del Cáucaso en busca de una patria imaginada, Kurdistán, pero que ahora, y desde hace décadas, se esparce entre las montañas de lo que hoy son territorios de Irak, Irán, Siria y, sobre todo, Turquía, su enemigo mortal. Hoy los peshmergas o guerreros kurdos son quienes enfrentan al temible EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS por sus siglas en inglés) en la línea de frente en Irak. Pero por más méritos que hagan tal vez no alcancen su ansiada patria: ya les ha ocurrido antes, tras otras guerras y de haber servido con lealtad a sus aliados.
Uno de esos grupos era K.O.M.I.T.E.E. Desde Alemania –refugio de millones de turcos y cientos de miles de kurdos– la organización facilitaba el ingreso de los kurdos a países europeos. Mientras tanto, el gobierno alemán de entonces recibía acusaciones por parte de ese grupo de apoyar, militar, económica y moralmente, al régimen de Turquía, que reprimía a sangre y fuego a los movimientos de liberación nacional kurdos. A manera de protesta, el grupo accionó una carga explosiva combinada en una dependencia del Servicio Local de Reclutamiento Militar (en alemán, Kreiswehrersatzamt) ubicado en Bad Freienwalde, a las afueras de Berlín. Eso ocurrió el 27 de octubre de 1994. Los miembros del grupo entraron al edificio, abrieron un hueco en una ventana de madera y metieron el detonador en el área de entrenamiento y el comedor. Utilizaron unos despertadores, gasolina y algunos cables para, luego de la explosión, provocar el incendio. Sin embargo, esto no ocurrió y los atacantes provocaron el incendio a manos. Para entonces las autoridades calcularon los daños en 214 mil marcos y hallaron unos panfletos con estas palabras:
En ese ataque no hubo víctimas. Unos meses después, el grupo planeó la voladura de una cárcel para inmigrantes en Berlín que estaba desocupada y en proceso de remodelación. Se hicieron de una gran cantidad de clorato de sodio y sacarosa y fabricaron un poco más de 120 kilos de explosivos. Metieron la sustancia en envases de gas propano y los conectaron con detonadores y temporizadores de fabricación casera (pilas de 9 voltios, despertadores, bombillos de flash). Eso era suficiente para hacer volar todo el centro penitenciario. Los tres involucrados, más tarde, el 10 de abril de 1995, robaron un vehículo marca Ford Transit rojo (placa B-DT 2851) y al día siguiente robaron otras matrículas para intercambiarlas y confundir a las autoridades. Montaron las bombonas con los explosivos en uno de los vehículos y, además, escribieron en nueve hojas:
Ya listos para cometer el atentado, se fueron a un estacionamiento cercano a un bosque en Berlín. Ya cerca de las 3.00 de la mañana del 11 de abril y con dos vehículos a su disposición, los tres involucrados cargaron en uno de ellos todas las matrículas, algunos bidones con gasolina y otros varios artificios que habían utilizado durante la fabricación de las bombas caseras. Ya poco antes de salir del estacionamiento, se acercó una patrulla. Incluso antes de que los oficiales dieran la voz de alto, los tres involucrados corrieron y abandonaron el vehículo que, también, harían estallar en la penitenciaría. Las autoridades hallaron, según el abogado Gennys Pérez, que hoy asiste a Bernhard, la identificación de Pedro Krauth y de Thomas Walter dentro del vehículo, pero no la de Heidbreder. Días después el grupo K.O.M.I.T.E.E. se responsabilizó por los hechos a través de algunos periódicos que, más tarde, fueron allanados por las autoridades según un recuento en el portal alemán www.spiegel.de y vincularon al grupo con la organización terrorista kurda Partiya Karkerén Kurdistan y sus actividades violentas en Turquía. John Londoño, que para entonces seguía llamándose Bernhard Heidbreder, ya era un prófugo de la justicia.
Gloria Serna parece muy discreta, o su reserva es la de alguien que tiene algo que ocultar. La esposa del ciudadano alemán en espera de extradición se negó rotundamente a dar detalles de la llegada de Heidbreder a Colombia y, más aún, a explicar cómo se conocieron. Según las propias palabras del solicitado –publicadas por una carta en la web–, en Colombia consiguió una documentación falsa a cambio de dinero y escogió uno de los nombres y apellidos más populares de ese país. Decidió, sin embargo, mantener Smith como segundo apellido para tener alguna explicación de su escaso dominio del español. Es nula su historia colombiana y su defensa solo sabe, o dice saber, que llegó en 2002 a la ciudad de Mérida atraído por la deriva antimperialista del entonces presidente Hugo Chávez. Hombre de la revolución desde casi siempre, Heidbreder llegó a creer con fe absoluta en la utopía bolivariana. En Alemania fue miembro del Partido de los Trabajadores y por eso, según la presunción de su defensa venezolana, lo vincularon con ambos atentados.
Las autoridades alemanas, mientras tanto, lo identifican como el tercer implicado en los bombazos y hasta lo responsabilizan de haber fabricado los artefactos explosivos. Las investigaciones determinaron que tanto los explosivos que efectivamente estallaron en el comando militar, como los que debían estallar en la penitenciaría para inmigrantes, fueron fabricados por la misma persona.
Hay un punto que la defensa de Heidbreder no confirma, pero que sí dejaron claros algunos medios alemanes: para el 16 de abril de 2014 ya los servicios policiales alemanes estaban seguros de que Bernhard Heidbreder vivía en Mérida. Ellos emitieron la alerta para que Interpol y sus funcionarios en Caracas, en realidad miembros de la policía científica venezolana, lo detuvieran, en definitiva, en el hotel Venetur de Mérida. La sospecha es que agentes alemanes hicieron un trabajo previo de inteligencia sin notificar al Gobierno de Venezuela. Esto, por ahora, no se ha confirmado.
John Londoño y Gloria Serna vivían en el casco central de Mérida y tenían una vida tan normal como el resto de los habitantes de la Ciudad de los Caballeros. Cuando llegaron en 2002, con documentos de identidad colombianos, no les fue difícil pedir una cédula venezolana. Por ese entonces el chavismo hacía esfuerzos por cedular a los inmigrantes indocumentados de Colombia, a cambio de su voto y lealtad política.
A Heidbreder le correspondió la cédula de extranjero número 84.325.215 y ocho años más tarde, según la Gaceta Oficial número 6.063 del 10 de abril de 2010, quedó nacionalizado bajo la cédula de número 29.705.791. Este último número es el que aparece registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el que está inscrito por sus servicios prestados para la empresa Impresos Las Cumbres, una industria gráfica merideña.
Dos días después de su detención, a Heidbreder lo presentaron ante el Tribunal Sexto de Control de Mérida y lo imputaron por el delito de documentación falsa. Además, le comunicaron que estaba solicitado por el gobierno alemán. El tribunal declinó la competencia y remitió el caso a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas. Heidbreder fue trasladado a la capital venezolana el 17 de julio.
Ese día lo llevaron a la sede de la Interpol, en Parque Carabobo, y allí permaneció durante un mes en un espacio de tres metros cuadrados, con las manos esposadas, utilizando el baño de los funcionarios y durmiendo en un colchón prestado. Luego, gracias a las peticiones de su defensa, lo trasladaron a la sede de la Brigada de Acciones Especiales de la policía científica y desde entonces espera por su proceso legal. Una fundación de ayuda a alemanes en el extranjero está pendiente de sus necesidades y su esposa le paga a una señora que se encarga de hacerles el almuerzo a todos los presos de ese centro. Según refieren sus allegados, ha cambiado el ánimo y su salud se mantiene estable. Tiene 54 años, aunque sus documentos digan que este año cumplió los 46.
El proceso es así: el TSJ debe tener todas las evidencias necesarias para asegurarse de que sí hay motivos en Alemania para enjuiciarlo. Eso se debate a través de un proceso legal. El primer paso ya se hizo, que es el de solicitar al país interesado todas las evidencias contra Heidbreder. Debe emitir toda la documentación y exponer los motivos y la ley venezolana prevé un plazo de 60 días para ese papeleo. Alemania respondió, con todos los documentos traducidos y apostillados, en 15 días.
El caso lo investiga la Fiscalía Tercera Nacional con competencia en la Sala Constitucional. La corte debe certificar que se trata de un terrorista y, hasta ahora, eso no ha ocurrido. Gennys Pérez, su abogado, se muestra optimista. Explica que hay elementos a su favor: primero, que en Alemania el delito de terrorismo tiene una vigencia de 20 años, plazo que se vence el año que viene. Si no se extradita antes, Venezuela no debería enviarlo a Alemania. Lo otro a considerar es el principio de doble tipicidad; esto es, básicamente, que ambos países tengan en sus leyes el delito de terrorismo para el momento del hecho consumado. En el caso venezolano, esa palabra existe en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada desde 2002 y en 1995 solo refería a otros delitos relacionados. De todas formas, en caso de tomar el delito de terrorismo a consideración legal, contempla en Venezuela una vigencia de siete años.
Ahora los grupos de apoyo a Heidbreder se concentran en su labor anarquista y revolucionaria, mientras recriminan al Gobierno el hecho de no apoyarlo pese al discurso antiimperialista que profesan todos los funcionarios desde 1999. Hoy el alemán y sus amigos venezolanos esperan por la fecha para el inicio de la audiencia en la que se determinará si se va o si se queda. En la Sala de Casación Penal pueden, también, decidir que se quede en el país a pagar su sanción por el delito de porte de documentación falsa. O, incluso, expulsarlo del país y enviarlo al más cercano, que es Colombia y donde, probablemente, también lo estén esperando con un proceso en puertas por falsificar los documentos de ese país. Como con frecuencia ocurre con los alemanes, Heidbreder tiene enemigos en varios frentes.
Desbordados los pasos hacia Colombia y Brasil y con mínimo acceso a divisas para alcanzar otros destinos apetecibles, cruzar hasta Trinidad y Tobago es una de las rutas más accesibles para quienes buscan huir de la Venezuela en zozobra. Trasladarlos es el negocio de los ‘coyotes’ que tienen base en los estados de Sucre o Delta Amacuro, mientras que pecharlos es el de los lancheros, pescadores, contrabandistas y cuerpos de seguridad que los acechan.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Cuatro jóvenes desaparecieron en el estado venezolano de Mérida luego de ser arrestados por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana en julio de 2015. Dos años y medio después de este episodio ni las autoridades han dado explicación sobre su paradero y sus familias no han podido hallarlos, constituyendo así el caso más claro de desaparición forzada en Venezuela y que podría engrosar el expediente de la “revolución bolivariana” ante la Corte Internacional de La Haya.
Las autoridades costarricenses, que la reclaman desde 2009, todavía esperan repatriar una valiosa colección de arte precolombino que por ahora come polvo en oficinas de organismos estatales venezolanos, a donde llegó después de un decomiso. Las piezas habían entrado al país de manera irregular por obra de un inmigrante estonio que hizo fortuna en Venezuela tras eludir a los cazadores de nazis que lo acusaban de participar en crímenes durante la II Guerra Mundial. Se llamaba Harry Mannil, murió en 2010, y nunca llegó a enfrentar a la justicia ni por esas versiones ni por el tráfico irregular de patrimonio cultural en el que incurrió.
Una de las casas más distinguidas del mundo del arte, la familia Bernheimer, se salvó del Holocausto en 1939 al comprarle al Mariscal Goering, número dos del régimen nazi, una ruinosa finca cafetalera en Rubio, en los Andes de Venezuela, y mudarse allí durante la guerra. Pero no salvó todo su patrimonio.
No gozaba de poder alguno en Mérida, pero fiel a su convicción revolucionaria, denunció la corrupción de Pdvsa en El Vigía. Este 27 de mayo cumple tres meses desaparecido y la explicación que al misterio dio su jefe inmediato, el secretario de Gobierno, fue: “Eso le pasó por hablar pistoladas”.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
