La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
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“Cuando un migrante indocumentado yucateco se muere, se muere de miedo”, dice Sara Mijares, activista y promotora de los derechos de los migrantes radicada en Los Ángeles, California. Ella es yucateca y está hablando de sus paisanos, 180.000 yucatecos que viven en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), entidad que depende del gobierno del estado de Yucatán. Se trata de miles de personas que abandonaron sus lugares de origen en la península homónima, al sureste de México, corazón de la cultura maya, y recorrieron casi 5.000 kilómetros en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Alrededor de 90% de ellos cruzaron como indocumentados la frontera estadounidense.
Según Indemaya, los migrantes yucatecos están repartidos en 43 ciudades de Estados Unidos como Portland, Oregon; Denver, Colorado; Seattle, Washington; Las Vegas, Nevada; Dallas, Texas. Pero sin duda el estado de California es su destino preferido, y en él, en particular la bahía de San Francisco: 68% de ellos lo eligen para trabajar, reportan cifras del Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población (Conapo) de México.
La única autoridad que puede realizar deportaciones desde Estados Unidos es ICE (Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés), pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia la presión entre los migrantes yucatecos por no llamar la atención de las fuerzas del orden ha ido en aumento.
Así que mueren de miedo, insiste Sara Mijares, porque muchos ni siquiera van al hospital por temor a perder lo poco o mucho que hayan conseguido en Estados Unidos; hacerlo puede convertirse en un ticket de regreso a la pobreza de Yucatán, donde 41.9% de la población no puede satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, una casa de concreto y acceso a la salud, como indica el más reciente informe –2010– del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de México.
Mijares nació en Muna, municipio del sur de Yucatán muy próximo a la zona arqueológica de Chichén Itzá, y llegó legalmente a Estados Unidos a los 15 años de edad, en 1968, a vivir con su padre, un agricultor que participó en el programa Bracero, esquema de colaboración con México que permitió que los primeros migrantes yucatecos viajaran a Texas y California para trabajar el campo. El programa estuvo vigente entre 1942 y 1964. Históricamente, las zonas con más emigrantes del estado han sido la región sur y central, donde se concentra la población maya que todavía se dedica a la agricultura, sobre todo al cultivo de maíz y de cítricos como el limón y la naranja. De acuerdo con el Indemaya, el éxodo se hizo más fuerte en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y se disparó con la crisis económica mexicana de finales de 1994, añade Pedro Lewin Fischer, investigador y antropólogo especialista en movimientos migratorios de Yucatán.
“Siempre tuvimos miedo de salir a la calle, pero ahora siento terror. Cuando suena el timbre no sé si será la Migra o los policías que van a llevarnos y se quedarán con mis hijos
El 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la vida de muchos migrantes yucatecos cambió también. Están muy desinformados y temerosos ante una potencial deportación, afirma Sara Mijares.
Eyder Ávila, de 31 años y Carmita Hernández, de 32, nacidos en Peto, al sur de Yucatán y radicados en San Rafael, una ciudad a 30 kilómetros al norte de San Francisco, en la que habitan aproximadamente entre 15.000 y 20.000 yucatecos, viven con el temor de que su peor pesadilla se haga realidad: que por ser indocumentados el gobierno les arrebate a sus dos hijos nacidos en Estados Unidos, Eyder y Daphne, de 11 y siete años respectivamente, y que nunca los vuelvan a ver.
“Siempre tuvimos miedo de salir a la calle, pero ahora siento terror. Cuando suena el timbre no sé si será la Migra o los policías que van a llevarnos y se quedarán con mis hijos”, dice Ávila, quien hace 13 años llegó a California huyendo de la pobreza en su pueblo, el municipio yucateco con mayor cantidad de migrantes mayas y del que lo separan 5.000 kilómetros de distancia. Allí caminaba libre, pero sin dinero ni esperanzas de una vida mejor. Hoy día teme que en cualquier momento la policía lo detenga y encañone solo por no tener documentos.
Aunque salió de Peto, se trajo el pueblo consigo. Conversa en español, con modismos y el acento aporreado característico de Yucatán, que mezcla con palabras en inglés. “Dale né, quédate para la party de mi esposa, yo voy a cocinar. Vienen todas las amigas de Carmita, se pondrá muy chingón”.
La pareja es reconocida por sus habilidades en la jarana, el baile tradicional yucateco que se caracteriza por su zapateado y la música de orquesta heredada de las regiones españolas de Andalucía y Aragón. Aprovechan cualquier vaquería —fiesta popular donde la jarana se prolonga hasta el amanecer— para lucir sus mejores pasos, enfundados en coloridos y elaborados trajes regionales que les envían desde su tierra natal.
Luego de cenar tacos de carne asada y carnitas con la clásica cerveza yucateca Modelo, charlan en la sala del pequeño departamento de dos recámaras que rentan (baño, un cuarto y la sala) al noreste de San Rafael. Hay una imagen de la virgen de Guadalupe en la pieza principal. Durante varios meses dieron en renta su sofá a otros migrantes yucatecos para completar el alquiler de 2.500 dólares mensuales, veinte veces más caro de lo que se paga en promedio en Peto (unos 1.500 o 2.000 pesos mexicanos). Eyder dice que desde los quince años trabajó mucho para sobrevivir. Trató de estudiar, pero sus padres no tenían dinero para pagarle la escuela. Comenzó a manejar un triciclo con el que vendía panes en las calles de Peto. Meses después entró a trabajar a una tienda de materiales de construcción donde ganaba 70 pesos a la semana (poco menos de cuatro dólares), que apenas le alcanzaban para invitarle un helado y un sándwich de jamón y queso a su —en aquel entonces— novia Carmita, en la heladería Holanda del centro del pueblo. Eyder no almorzaba por temor a no poder pagar la cuenta. Le decía a Carmita que “ya había comido en su casa”. Ella ríe al recordar la anécdota.
Eyder y Carmita iniciaron su vida de pareja a esa edad; vivían con los padres de él. Pronto abrieron un establecimiento de venta de comida, refrescos y antojitos yucatecos que se llamó La Bendición de Dios pero, a pesar del gran esfuerzo que hicieron, el negocio fracasó. A los 19 años, en 2005, acordaron que Eyder saldría hacia Estados Unidos el 1 de septiembre, día del cumpleaños de su esposa, en busca de dinero para construir su casa e intentar emprender otro negocio, el sueño recurrente de los migrantes de Yucatán. Dos años después, Carmita lo siguió y cruzó la frontera como indocumentada, luego de cuatro intentos. Reunida, la pareja empezó su vida adulta en un país ajeno con un idioma que no conocía, pero en el que por fortuna tenía el apoyo de los padres y hermanos de ella, quienes desde hace varios años también viven en California, en la ciudad de Santa Rosa, a 50 kilómetros al norte de San Rafael.
Eyder recuerda “el infierno”, como él mismo lo describe para referirse a lo que vivió al llegar a un lugar tan grande y diferente de Peto. No hablaban su idioma y no podía expresarse. Se sentía inútil, porque no podía articular una frase en inglés para pedir ayuda, para saber qué autobús tomar y buscar trabajo o simplemente comprar una gaseosa. Como muchos de los migrantes yucatecos, empezó a trabajar como lavatrastes en un restaurante italiano de Sausalito, localidad costera cercana a San Francisco. Allí aprendió inglés traduciendo, en sus tiempos libres, los ingredientes de los platillos y accesorios de la cocina. Luego ascendió a la parrilla, y al puesto de garrotero y así hasta que se convirtió en mesero. Carmita, por su parte, trabaja poniendo uñas de acrílico en un pequeño espacio que ha montado en su departamento para conseguir un dinero extra. No puede trabajar en una estética. Aunque no necesita papeles para hacerlo, sí requiere tomar un curso de 2.500 dólares —lo mismo que paga de renta cada mes— para obtener una licencia que la certifique.
Eyder dice, de camino a llevar a sus hijos a la escuela, una elementary school donde todos los niños hablan inglés, que extraña a su país y a su pueblo. Por eso trata de enseñarle a Eydercito y Daphne el amor por México y Yucatán, aunque sus hijos no saben casi nada de español. “Amo a México, pero aquí mis hijos podrán tener una educación y una mejor vida”, concluye.
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La belleza uniforme de las casas de estilo victoriano y la imponente altura de los rascacielos del distrito financiero de San Francisco, en California, se cortan de manera abrupta al llegar al sur de la calle Mission. Aparece entonces un contenedor rebosante de basura, y una mezcla de aromas en la que predomina el olor de masa de maíz frita. Un hombre vestido con jeans, playera y una gorra del equipo de béisbol local, los Gigantes, habla en lengua maya por su teléfono móvil a las afueras de un restaurante de comida yucateca.
El distrito de Mission, ubicado al sureste de la ciudad, es un barrio de unos cinco kilómetros cuadrados con una alta concentración de migrantes centroamericanos y mexicanos, entre ellos yucatecos, que llegaron a San Francisco, sobre todo, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado a trabajar principalmente en el ramo de los servicios, como lavaplatos, meseros y cocineros. Recorrer el barrio da la sensación de estar en una extensión de Latinoamérica, con anuncios en español y varios negocios de productos mexicanos.
El área de la bahía de San Francisco, una península rodeada por nueve condados, es hogar de poco más de siete millones de personas. Entre ellas se encuentran alrededor de 70.000 yucatecos, casi la mitad de todos los contabilizados en Estados Unidos. La zona metropolitana de San Francisco es un destino atractivo no solo para los migrantes de Yucatán, sino para personas de casi todo el mundo debido a su desarrollada economía. De acuerdo con cifras del United States Bureau of the Census, que depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el ingreso promedio de un hogar es de 63.024 dólares al año, el más alto del país. La bonanza económica generada por la fiebre del oro de California —que transformó la aldea de San Francisco en una gran ciudad— de mediados del siglo XIX jamás desapareció, e incluso consolidó el llamado sueño californiano, esa motivación mental por conseguir “grandes riquezas en poco tiempo”, como la describe el historiador estadounidense H.W. Brands en su libro La era del oro. No en vano California es el estado más próspero de Estados Unidos y si fuera una nación independiente sería la sexta economía del mundo.
Años después, pero en el sector de los servicios –aunque también trabajan en la construcción y en el campo-, los migrantes yucatecos siguen, en esencia, el mismo camino que los buscadores de oro de California. Han sido bien recibidos porque también es una ciudad muy diversa en lo étnico —33% de su población es de origen asiático y 14% de origen hispano, por lo que las minorías son mayoría— y tolerante con las diferentes ideologías y formas de vivir y pensar. No por nada en sus calles se han gestado movimientos que marcaron la historia moderna.
Aunque la zona de Mission atraviesa, desde hace unos años, un proceso de gentrificación y está siendo repoblada por adultos jóvenes de entre 25 y 35 años que trabajan en grandes empresas de San Francisco y el cercano Silicon Valley —la meca de la tecnología del mundo, sede de compañías como Google, Apple y Adobe—, la presencia de los mayas yucatecos en las últimas tres décadas ha sido tan importante que en junio de este año el gobierno de la ciudad los reconoció con la construcción del In Chan Kaajal Park, un espacio de 3.000 metros cuadrados cuyo nombre en lengua maya se traduce como Mi Pueblito. Según reportes de la prensa local, este fue el primer parque que se edificó en la ciudad en toda una década.
La calle Mission, una vía de once kilómetros que atraviesa San Francisco de norte a sur, tiene varios restaurantes de comida mexicana y yucateca, especialmente desde sus cruces con las calles 16 hasta la 24, que van de oriente a poniente. Entre ellos destacan El Castillito Yucateco, Mi Yucatán y Yucatasia, este último, en el que trabajan Isaías Chan Cauich, de 43 años y Martha Peraza Carrillo, de 50. Son originarios de Tekax y Oxkutzcab, respectivamente, municipios del sur de Yucatán con altas tasas de migrantes. No tienen papeles, pero desde 2004 trabajan con la vietnamita Sandy Duong, también migrante que estuvo casada con un yucateco que conoció en San Francisco, con quien tuvo una hija, Effy, que ayuda a su madre en el negocio sirviendo los pedidos. Como si fuese un restaurante popular de comida regional del sureste de México, Yucatasia ofrece alrededor de 50 platillos de la gastronomía yucateca como el relleno negro, cochinita pibil y poc chuc (puerco asado), así como galletas Dondé y refrescos Cristal, también emblemas de Yucatán.
Sandy, quien ha aprendido algunas frases en maya como ma'alob (está bien), bet uts (por favor) y mix bo’al (gracias) por su contacto diario con sus empleados, muestra en la cocina lo que tienen preparado para el día siguiente: una olla repleta de hirviente mondongo, guisado típico de Yucatán, un caldo hecho con especias, chiles y panza de res. Junto a ella, Isaías pone a hornear el pollo que servirá para los panuchos y salbutes, antojitos hechos con masa, lechuga, cebolla y tomate tan exitosos que son tanto del agrado de la nostálgica comunidad yucateca que visita el lugar, como de clientes como Michael, un estadounidense que vive a unas cuadras y compra a diario un par de panuchos para comer en casa con unas cervezas.
Ángel Granados Ontiveros, presidente de la Federación de Clubes Yucatecos del Norte de California, organización que congrega numerosos grupos de migrantes de todas partes de la región, dice: “La mayoría de nosotros vinimos aquí soñando con hacer una casita y poner un negocio en nuestro pueblo”. La llegada de sus paisanos, cuenta, se intensificó a raíz de las redes que creó Tomás Bermejo, un emigrante de Oxkutzcab que abrió, en 1965, un negocio de comida yucateca, Tommy’s, en el distrito de Richmond, a unos cuatro kilómetros al sur del mítico puente Golden Gate, y que sigue abierto. Con el paso del tiempo, Tomás Bermejo —quien falleció en 2011— se convirtió en un coyote; pasaba migrantes a través de la frontera. Luego daba empleo en su propio restaurante a las personas que traía desde Yucatán, primordialmente del sur del estado, para que le pagaran el cruce, que por aquel entonces costaba unos 500 pesos mexicanos (alrededor de 26 dólares en la actualidad).
Los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un hito en la seguridad migratoria. Testimonios de migrantes veteranos coinciden en que hace unos veinte años bastaba con cruzar el río Bravo —la división natural entre ambos países— o brincar una pequeña barda para llegar a la Unión Americana. Actualmente tienen que pagar entre 12.000 y 15.000 dólares al coyote o pollero solo para intentar pasar, pues el ingreso no está garantizado.
El Indemaya confirma este perfil: 45% de ellos tienen entre 18 y 29 años. Por cuatro hombres que emigran, solo lo hace una mujer.
Cada vez hay más tecnología, más agentes y sensores de movimiento que hacen todavía más complicado el tránsito de la frontera como indocumentado, pero también se han reportado casos de coyotes que secuestran migrantes y exigen altas sumas de dinero a los familiares de sus víctimas para liberarlos. El peligro es latente en ambos lados de la frontera.
Desde que Tomás Bermejo institucionalizó la figura del coyote entre los mayas, la gran mayoría de los yucatecos conservó la costumbre de trabajar en la restauración. Cuando llegan a Estados Unidos, lo más común es que sus amigos o parientes les consigan empleos como lavaplatos en restaurantes. Las redes de los yucatecos funcionan como las de cualquier comunidad migrante: refuerzan sus lazos por la cultura común, se recomiendan en los trabajos, se juntan en las casas en las festividades tradicionales. Pero hay algo que los distingue, según varios testimonios: no se quejan o se quejan menos de las largas y extenuantes jornadas de trabajo en el sofocante calor de las cocinas de los restaurantes. Se lo atribuyen al hecho de que su vida anterior la vivieron en un clima que rebasa los 40 grados centígrados y en sus pueblos trabajaron en el campo o como alarifes, actividades que demandan un gran esfuerzo físico.
Ángel Granados -quien salió de Oxkutzcab en 1985 a los 16 años tras graduarse de la preparatoria y ahora es mesero en uno de los restaurantes más populares de San Francisco, The Stinking Rose, famoso por su cocina a base de ajo- añade que actualmente el grueso de inmigrantes yucatecos son hombres jóvenes de municipios y las comunidades indígenas más apartadas, sin preparación académica, mayahablantes, que con dificultades entienden un poco de español y no saben nada de inglés. El Indemaya confirma este perfil: 45% de ellos tienen entre 18 y 29 años. Por cuatro hombres que emigran, solo lo hace una mujer. La tercera parte de la población de dos millones de personas de Yucatán es de origen maya, habla la lengua. Al llegar a Estados Unidos, encuentran en la diversidad de nacionalidades la comodidad para platicar sin pena en la lengua indígena, a diferencia de lo que ocurre en su natal Yucatán, donde 67% de la gente que habla maya se considera discriminada, como revela la Encuesta Estatal sobre Discriminación 2014 que realizó la Comisión de Derechos Humanos del estado. Los yucatecos en las cocinas, como Martha e Isaías prefieren comunicarse en maya, ya que así expresan sus inconformidades o quejas con libertad, a sabiendas que ni sus jefes ni compañeros inmigrantes de otros estados de México o de otros países, los entenderán.
Esa misma tercera parte no había salido nunca de su pueblo antes de emigrar. Llegar a a San Francisco u otras ciudades de Estados Unidos les produce un fuerte choque cultural: el cruce de costumbres de personas de varios países, los grandes edificios y los cientos de automóviles son diametralmente opuestos a lo que están acostumbrados a ver en sus comunidades de origen, donde casi todo lo indispensable, como el parque principal, el mercado, el trabajo y las casas de los familiares, convergen en un radio no mayor a uno o dos kilómetros. Pueblos en los que la mayoría de habitantes son amigos, conocidos o parientes, o alguna mezcla de las tres, y en los que no hay cines, restaurantes, museos o discotecas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 73% de los 106 municipios en los que se divide Yucatán, no supera las 10.000 personas.
Granados observa que, para enfrentar la depresión causada por este choque cultural, los migrantes se refugian en las drogas y el alcohol. “Con ese dinero que nunca antes habían tenido, y lejos de sus familias, se sienten libres de hacer lo que quieran”, lamenta. A razón de diez dólares por hora, un migrante yucateco en esta ciudad puede ganar cuando menos unos 30.000 dólares al año. En la zona de la bahía se encuentran tratando de reproducir conductas que se aceptan socialmente en los pueblos de Yucatán, como beber y orinar en la vía pública, lo que les cuesta multas que se quedan en su récord policial, y que podrían marcar la diferencia entre ser deportados o no. En un recorrido por la calle Canal de San Rafael, se ven varias botellas de tequila vacías detrás de los arbustos, un espacio que se convierte en el lugar ideal para ocultarse y embriagarse. Allá en casa, Yucatán es el estado de México con la mayor cantidad de intoxicaciones por abuso de alcohol, con 7.057 reportadas durante 2016, según la Secretaría de Salud, casi el doble de Jalisco, que ocupa el segundo puesto en el ranking, con la mitad de los casos, pese a que triplica la población de Yucatán.
Para Ángel Granados, la clave para sobrevivir en Estados Unidos es trabajar fuerte y no meterse en problemas con nadie. “Solo queda juntar dinero y cruzar los dedos para que puedas regularizar tus documentos”.
Sara Mijares, la activista de Los Ángeles, asegura que los mayas que viven en este país buscan “desesperados” que el gobierno de Yucatán los tome en cuenta y se involucre más con ellos y las familias que dejan en sus pueblos. No quieren que la acción gubernamental se reduzca a repatriar cadáveres de vez en cuando, el único trámite del que las autoridades mexicanas se ocupan de manera regular.
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José May dejó hace 18 años el pueblo de Kimbilá, una localidad de 3.000 personas del centro de Yucatán. Vive desde entonces en Fort Bragg, una ciudad turística de unos 7.000 habitantes situada a orillas del Pacífico y a cuatro horas de distancia de San Francisco, donde intenta cumplir el sueño fundamental de casi cualquier emigrante yucateco: construir en su pueblo la casa de concreto y, además, comprar otros terrenos, a costa de hasta tres jornadas de trabajo y la lejanía de la familia. Todavía no tiene documentos. Hace unos meses lo estafó una persona que le aseguró que completaría los trámites para regularizar su estatus migratorio. Por miedo a ser deportado, no denunció ni solicitó ayuda al Consulado de México. Fueron sus propios empleadores quienes lo impulsaron a demandar luego a la defraudadora, que ahora está en la cárcel. José desconocía que podía hacerlo.
El mayor de tres hermanos, fue el primero de ellos en cruzar la frontera. Abel, el segundo, llegó a California tres años después, luego de cumplir los 20. Dos años más tarde, en 2004, se les unió Sebastián, quien dejó a su esposa Lidia Tuz y a sus dos hijos al cuidado de sus padres, con los que comparten el terreno donde edificaron las casas que ahora habitan en Kimbilá, entre ellas una casona estilo californiano valuada en unos 120.000 dólares (aproximadamente 2 millones de pesos), de dos pisos, con una cocina armada y tina de baño donde inicialmente había dos piezas de concreto y una casa de paja en la que crecieron cuando eran niños. Ni trabajando toda una vida en el pueblo hubiesen podido construirla.
Ninguno de los tres tiene todavía los papeles de residencia en regla y por eso no pueden volver a Kimbilá. Viven aquí en Fort Bragg en un conjunto de ocho apartamentos. El de ellos mide diez metros de largo por quince de ancho. Tiene dos habitaciones, cocina en la que apenas cabe un par de personas, y una sala, donde sobresale una televisión LED de 50 pulgadas. Los trabajos redoblados les permiten ciertas comodidades, enviar remesas suficientes a la familia, y equiparse con artefactos —principalmente adquiridos por Abel— que jamás en su infancia soñaron tener, como sistemas de televisión por cable y teatro en casa, equipos fotográficos y computadora con software de Abel, así como un automóvil deportivo y una camioneta de trabajo.
“En ocasiones pienso que ya no puedo más, pero luego veo lo que hemos alcanzado y creo que ha valido la pena”.
Los tres han pasado dificultades, pero fue José quien hizo la avanzada. Durante los primeros meses tuvo miedo de salir a las calles, se enfrentó con el muro del idioma, trabajó sin recibir un sueldo, sin quejarse, pasó la noche a la intemperie en el bosque, una noche nevada, después de una jornada entera cortando madera, porque sus patrones olvidaron recogerlo. “Pensé, Dios mío, ¿qué vine a hacer aquí?”, narra. A los dos años se adaptó, se sintió más seguro, más cómodo con el inglés, con trabajo estable y ahorros. Fue cuando llegó Abel, a quien lo movía más la aventura que una motivación económica. Ahora José tiene dos trabajos, un turno lo ocupa en una casa de descanso de adultos y otro como encargado de un pequeño supermercado en Fort Bragg. “Con lo que se gana en Estados Unidos rápido se ven los resultados allá (en Yucatán), pero siento que perdí mi juventud”, confiesa. Abel, por su parte, ha trabajado como jardinero, por el conocimiento del campo con el que creció, pero también se rebusca como fotógrafo de eventos sociales. Es él el diseñador de la casona en Kimbilá que han ido construyendo Sebastián May Llanes y Ligia Arjona, los padres de los tres. Cuando se fue de Yucatán, lo que él deseaba era conocer el mundo, otras culturas, otras maneras de ver la vida. Por eso ha viajado por varias ciudades de Estados Unidos. Pero dejó de hacerlo porque teme subir a cualquier avión y que lo deporten.
La historia de Sebastián, el menor, es diferente porque la necesidad económica lo animó a irse de Kimbilá para mejorar los ingresos de su familia, su esposa Lidia, sus dos hijos y ahora una nieta de cuatro años. El sueldo mensual de 4.000 pesos de costurero (unos 207 dólares) en la maquiladora de pantalones jeans de marca Lee de su pueblo natal, donde trabajaba con Lidia, le alcanzaba solo para comida y para los gastos de la casa de dos pequeños cuartos de concreto. Ahora, recibe esos ingresos en tres días de trabajo en Fort Bragg, por las mañanas en una cafetería y por las tardes en un supermercado —el mismo en el que labora José—. “En ocasiones pienso que ya no puedo más, pero luego veo lo que hemos alcanzado y creo que ha valido la pena”. Con las remesas, sus hijos siempre tuvieron juguetes, videojuegos, teléfonos inteligentes y, de adultos, motos deportivas, pero Sebastián no los vio crecer, aunque ha mantenido contacto con la familia por obra de la tecnología. Y ahora, dice, está listo para volver pronto a Kimbilá y quedarse allí definitivamente. Ya tiene la casa y los dos terrenos.
Hoy es 5 de septiembre de 2017. José, Abel y Sebastián están deshechos en nervios mientras esperan en el aeropuerto internacional de San Francisco. Ingresaron a la terminal aérea con miedo, incluso se confundieron de entrada, pero no quisieron preguntar a los guardias por temor a la deportación. Sus papás, Ligia Arjona y Sebastián May, están por aterrizar desde Yucatán. Vienen a quedarse dos meses por un programa del gobierno estatal que reúne a migrantes yucatecos con más de diez años en Estados Unidos con sus familiares, llamado Cabecitas Blancas. Es un “respiro” que les ayudará a esperar el trámite para regularizar el estatus legal de los tres en Estados Unidos, ordenado por un juez que constató que José y, por extensión, sus hermanos fueron afectados emocionalmente por aquella estafadora. Es la primera vez que se ven desde que salieron de Kimbilá. Cuando llegan, José los recibe con flores y lágrimas. “¡Papá, soy Sebastián!”, exclama el hermano menor, como si temiera que no lo reconocieran después de estos años.
Ya en el apartamento, con los padres recuperados del viaje en avión, de casi diez horas, los hermanos May Arjona no escatiman en atenciones. Compraron por internet un colgador de hierro para instalar en la sala las hamacas en las que dormirán sus padres. Hay un ambiente festivo. Hablan todos en maya sobre las llamadas que se hacían en Navidad. Abel sirve de traductor. Recuerdan que cuando vivían en su pueblo querían llenarse de aparatos electrónicos y el padre les repetía siempre: “¡¿Dónde vas a poner tu tele si no tienes casa?!”. Ahora tienen la casona, carros y ahorros. Sebastián padre compara sus vidas con la de hombres jóvenes de su pueblo, pobres y adictos a la bebida que hasta se quitan la ropa que llevan puesta para venderlas por 10 pesos (50 centavos de dólar) y así poder comprar más alcohol.
Como los hermanos May Arjona, a pesar del endurecimiento del cruce de la frontera y las constantes amenazas del presidente Trump, aún hay muchos yucatecos que ven en cruzar la frontera la única manera de escapar de la pobreza de sus tierras de origen. Datos del Anuario 2017 de Migración y Remesas del Consejo Nacional de Población de México señalan que a diario, al menos tres yucatecos lo siguen haciendo, sin documentos. En un mes, serán cuando menos 90. En un año, habrá alrededor de 1.100 migrantes que dejarán en sus comunidades padres, esposas, hijos y hermanos, a quienes, por su estatus migratorio, no verán por 10, 15 ó 20 o más años. Todo para mejorar el presupuesto familiar y conseguir la anhelada casa de concreto.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
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El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
Hay hombres del chavismo que trepan con agilidad en los negocios. Este es el perfil de Maximilien Sánchez Arveláiz, un franco-venezolano adoptado por la Revolución Bolivariana, que después de desempeñarse en cargos del gobierno de Venezuela ha debutado en el mundo cinematográfico como productor ejecutivo de la millonaria película Snowden.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
