Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Tercera entrega | Tras la extradición de El Chapo Guzmán, el Gobierno de Estados Unidos anunció que iría tras su fortuna, calculada a grosso modo en 21.600 millones de dólares, producto de la venta de drogas durante más de dos décadas. El anuncio presagia un panorama difícil para el Estado mexicano.
Además de que ya confisca cantidades mínimas a las fortunas de los principales cabecillas del narcotráfico, y debe resarcir a terceros por errores en estos procesos -como se viene demostrando en esta serie de reportajes, elaborada a partir de más de 200 documentos oficiales obtenidos por solicitudes de información-, ahora México enfrenta una consecuencia todavía peor de su chapuza en las confiscaciones de bienes del crimen organizado: a pesar de ser el territorio donde esas bandas trafican, matan y hacen negocios, México puede quedarse con las manos totalmente vacías. De la fortuna de El Chapo -que representa una cuarta parte del patrimonio de Bill Gates, considerado este año el más rico del mundo por la revista Forbes-, por ejemplo, México quizás no obtenga un dólar.
La situación ha puesto en guardia a legisladores mexicanos, que están exigiendo al Ejecutivo que su país detenga las extradiciones de narcos a Estados Unidos si no hay una negociación en la devolución de sus bienes asegurados por la administración norteamericana. Las pérdidas para el Estado mexicano serían cuantiosas.
Según documentos obtenidos por la Ley de Transparencia, 1.144 narcotraficantes han sido extraditados a gobiernos extranjeros entre 2000 y 2017. La mayoría -1.064; de ellos, 853 de nacionalidad mexicana- fueron enviados a Estados Unidos. Tan sólo 19 a España y 10 a Canadá, reportan los informes de la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría.
“Ya existe un convenio internacional que regula el tipo de relación cuando se detiene a un criminal en México y se entrega a Estados Unidos”, advirtió Jorge Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja. “Se firmó desde hace siete años y sigue vigente”.
“El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías"
El acuerdo contempla un porcentaje de distribución de los bienes asegurados o incautados dependiendo del nivel de participación de cada país. “Pero no es suficiente”, puntualizó el legislador. “El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías (norteamericana y mexicana) a través de la Cancillería. Se requiere apurar el paso¨, dijo.
Por eso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) -que fue gobierno en México entre 2001 y 2012- proponen ahora que el Estado mexicano reclame 50% de los recursos que asegure Estados Unidos a los delincuentes extraditados.
¿Hay algún antecedente de una devolución? “Negativo, ni uno solo”, aseguró el legislador, “el Gobierno federal está reprobado”. Explicó que se hizo un esfuerzo real con la deportación de Edgar Valdez Villarreal, el narcotraficante conocido como La Barbie, pero la iniciativa no prosperó porque Valdez tenía la ciudadanía americana, una regla que no aplica para regresar el dinero. Debía ser mexicano.
En octubre de 2015 La Barbie, quien fuera operador del Cártel de los Beltrán Leyva, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, fueron entregados a Estados Unidos con otros 11 delincuentes reclamados por ese país. A pesar del convenio con Washington, México no tiene reportes de la devolución de dinero o bienes asegurados a los criminales por delitos como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado.
Otro caso que revela posibles pérdidas para el Estado, es el de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Fue uno de los 13 hombres más buscados de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), por quien la entidad norteamericana ofreció hasta dos millones de dólares de recompensa. Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en 2007.
En la lista proporcionada por la Procuraduría, se reporta que a Cárdenas se le confiscaron 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34.926 dólares y 146 dólares, entre otros de menor valor. Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen información de lo confiscado por Estados Unidos.
Sin embargo, la situación contrasta con la información en medios públicos de lo congelado a Osiel: 20 millones de dólares en propiedades. Lo mismo ocurrió con el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien fuera condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington. El gobierno estadounidense le confiscó, según reportes de prensa, propiedades por un valor de 529 millones de dólares.
El vacío en las arcas mexicanas contrasta con el apoyo que ha dado México a su vecino del norte en algunas investigaciones, indica María Elena Morera, fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.
“México y Estados Unidos siempre han trabajado en conjunto”, apuntó. “Muchas investigaciones que se conocen allá las hicieron en México. Lo ético sería que la recuperación de los bienes se viniera a México. Sin embargo, no estamos viendo eso, no hay una relación con Estados Unidos en este tema”, afirmó.
“México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”
Pero aunque se coopere, no siempre hay solidez en las investigaciones mexicanas. Son casos como los de Iván Reyes Arzate, un policía federal, y Veytia Cambero, ex procurador de justicia del Estado de Nayarit, en el centro-oeste mexicano. Ambos están relacionados con cárteles de la droga y fueron detenidos recientemente en suelo norteamericano. “México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”, opinó Morera.
Ante la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad. En 2012, el gobierno estadounidense sancionó por 1.900 millones de dólares al banco británico HSBC, en decomisos y multas civiles, por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.
La entidad bancaria fue acusada de transferir miles de millones de dólares a favor de Irán y de los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos. “La investigación se hizo aquí en México, pero Felipe Calderón no la quiso sacar. En cambio, la sacó Estados Unidos y se quedó con todo el dinero”, remató Morera.
Mientras tanto en México, en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se describe el trabajo realizado por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, que tiene bajo su responsabilidad combatir el lavado de dinero, identificar patrimonios ilegales, simulaciones y operaciones ilícitas. En un apartado señala: “Células del crimen organizado desarticuladas: cero”.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
