Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
Tercera entrega | Tras la extradición de El Chapo Guzmán, el Gobierno de Estados Unidos anunció que iría tras su fortuna, calculada a grosso modo en 21.600 millones de dólares, producto de la venta de drogas durante más de dos décadas. El anuncio presagia un panorama difícil para el Estado mexicano.
Además de que ya confisca cantidades mínimas a las fortunas de los principales cabecillas del narcotráfico, y debe resarcir a terceros por errores en estos procesos -como se viene demostrando en esta serie de reportajes, elaborada a partir de más de 200 documentos oficiales obtenidos por solicitudes de información-, ahora México enfrenta una consecuencia todavía peor de su chapuza en las confiscaciones de bienes del crimen organizado: a pesar de ser el territorio donde esas bandas trafican, matan y hacen negocios, México puede quedarse con las manos totalmente vacías. De la fortuna de El Chapo -que representa una cuarta parte del patrimonio de Bill Gates, considerado este año el más rico del mundo por la revista Forbes-, por ejemplo, México quizás no obtenga un dólar.
La situación ha puesto en guardia a legisladores mexicanos, que están exigiendo al Ejecutivo que su país detenga las extradiciones de narcos a Estados Unidos si no hay una negociación en la devolución de sus bienes asegurados por la administración norteamericana. Las pérdidas para el Estado mexicano serían cuantiosas.
Según documentos obtenidos por la Ley de Transparencia, 1.144 narcotraficantes han sido extraditados a gobiernos extranjeros entre 2000 y 2017. La mayoría -1.064; de ellos, 853 de nacionalidad mexicana- fueron enviados a Estados Unidos. Tan sólo 19 a España y 10 a Canadá, reportan los informes de la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría.
“Ya existe un convenio internacional que regula el tipo de relación cuando se detiene a un criminal en México y se entrega a Estados Unidos”, advirtió Jorge Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Baja. “Se firmó desde hace siete años y sigue vigente”.
“El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías"
El acuerdo contempla un porcentaje de distribución de los bienes asegurados o incautados dependiendo del nivel de participación de cada país. “Pero no es suficiente”, puntualizó el legislador. “El gobierno ha sido muy pasivo en iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías (norteamericana y mexicana) a través de la Cancillería. Se requiere apurar el paso¨, dijo.
Por eso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) -que fue gobierno en México entre 2001 y 2012- proponen ahora que el Estado mexicano reclame 50% de los recursos que asegure Estados Unidos a los delincuentes extraditados.
¿Hay algún antecedente de una devolución? “Negativo, ni uno solo”, aseguró el legislador, “el Gobierno federal está reprobado”. Explicó que se hizo un esfuerzo real con la deportación de Edgar Valdez Villarreal, el narcotraficante conocido como La Barbie, pero la iniciativa no prosperó porque Valdez tenía la ciudadanía americana, una regla que no aplica para regresar el dinero. Debía ser mexicano.
En octubre de 2015 La Barbie, quien fuera operador del Cártel de los Beltrán Leyva, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, fueron entregados a Estados Unidos con otros 11 delincuentes reclamados por ese país. A pesar del convenio con Washington, México no tiene reportes de la devolución de dinero o bienes asegurados a los criminales por delitos como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado.
Otro caso que revela posibles pérdidas para el Estado, es el de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Fue uno de los 13 hombres más buscados de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), por quien la entidad norteamericana ofreció hasta dos millones de dólares de recompensa. Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en 2007.
En la lista proporcionada por la Procuraduría, se reporta que a Cárdenas se le confiscaron 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34.926 dólares y 146 dólares, entre otros de menor valor. Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen información de lo confiscado por Estados Unidos.
Sin embargo, la situación contrasta con la información en medios públicos de lo congelado a Osiel: 20 millones de dólares en propiedades. Lo mismo ocurrió con el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien fuera condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington. El gobierno estadounidense le confiscó, según reportes de prensa, propiedades por un valor de 529 millones de dólares.
El vacío en las arcas mexicanas contrasta con el apoyo que ha dado México a su vecino del norte en algunas investigaciones, indica María Elena Morera, fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.
“México y Estados Unidos siempre han trabajado en conjunto”, apuntó. “Muchas investigaciones que se conocen allá las hicieron en México. Lo ético sería que la recuperación de los bienes se viniera a México. Sin embargo, no estamos viendo eso, no hay una relación con Estados Unidos en este tema”, afirmó.
“México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”
Pero aunque se coopere, no siempre hay solidez en las investigaciones mexicanas. Son casos como los de Iván Reyes Arzate, un policía federal, y Veytia Cambero, ex procurador de justicia del Estado de Nayarit, en el centro-oeste mexicano. Ambos están relacionados con cárteles de la droga y fueron detenidos recientemente en suelo norteamericano. “México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”, opinó Morera.
Ante la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad. En 2012, el gobierno estadounidense sancionó por 1.900 millones de dólares al banco británico HSBC, en decomisos y multas civiles, por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.
La entidad bancaria fue acusada de transferir miles de millones de dólares a favor de Irán y de los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos. “La investigación se hizo aquí en México, pero Felipe Calderón no la quiso sacar. En cambio, la sacó Estados Unidos y se quedó con todo el dinero”, remató Morera.
Mientras tanto en México, en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se describe el trabajo realizado por la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, que tiene bajo su responsabilidad combatir el lavado de dinero, identificar patrimonios ilegales, simulaciones y operaciones ilícitas. En un apartado señala: “Células del crimen organizado desarticuladas: cero”.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
