El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
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A pesar de las recientes sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos funcionarios del régimen venezolano, y de haber prohibido al sector financiero las transacciones con bonos del Estado venezolano, el Secretario de Comercio (ministro) de Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr. tiene una participación en una compañía naviera que recibe millones de dólares al año en ganancias por prestar servicio de cabotaje a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Ross, un millonario inversionista de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Las entidades offshore en las que Ross y otros inversionistas mantienen una participación financiera controlaban el 31.5% de la compañía en 2016.
Según el reporte anual de la empresa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) Pdvsa no es precisamente un cliente menor de Navigator, pues contribuyó con 10,7 por ciento de sus ingresos en el año fiscal de 2014, y con otro 11,7 por ciento en el 2015. Esto es un pago neto de 33,7 y 36,9 millones de dólares respectivamente que la empresa recibió al fletar tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) esos años.
La prohibición de Washington a los bancos estadounidenses de participar en algún tipo de financiamiento al gobierno venezolano, incluyendo Pdvsa, no afecta directamente el negocio de Navigator con Venezuela pues las sanciones todavía no ordenan suspender todo tipo de relación comercial con la autodenominada Revolución Bolivariana. Sin embargo, en su reporte anual, la empresa reconoce que “los riesgos geopolíticos asociados con fletar embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas son significativos y pueden tener un impacto negativo en nuestro negocio, nuestra condición financiera y resultados operativos”.
“Si surge alguna disputa contractual sería difícil para nosotros hacer valer nuestros derechos contra Pdvsa”
Entre esos riesgos destaca la posibilidad de expropiación o nacionalización de propiedades, las dificultades para defender sus activos ante las cortes del país y dificultades para mantener el nivel de ganancias debido a elementos como el control de cambio, huelgas, cambios súbitos en las leyes, insurrecciones y hasta guerras. “Si surge alguna disputa contractual sería difícil para nosotros hacer valer nuestros derechos contra Pdvsa (…) No podemos predecir cómo las políticas gubernamentales pueden cambiar en el presente o futuro bajo la administración de Venezuela o Indonesia (…) Dependemos en buena medida de terceras personas para ofrecer servicio técnico a nuestra flota”.
A pesar de estas advertencias, hasta abril de este año Navigator ofrecía servicios de transporte marítimo a PDVSA por lo menos con dos de sus tanqueros: Navigator Taurus y Navigator Virgo, que suelen cubrir rutas entre Venezuela y las islas del Caribe.
Si algo distingue el olfato para los negocios de Ross es justamente su inclinación a los riesgos, incluso políticos pues otro de los principales clientes de Navigator, con una contribución de más de 68 millones de dólares en ingresos desde 2014, se encuentra la compañía gasera y petroquímica con sede en Moscú, Sibur.
Dos de sus principales propietarios son Kirill Shamalov, quien está casado con la hija menor del presidente ruso Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca sancionado cuyas actividades en el sector de la energía estaban "directamente vinculadas a Putin", según el Departamento del Tesoro. Otro poderoso propietario es el mayor accionista de Sibur, Leonid Mikhelson, quién controla una compañía energética que también fue sancionada por el Departamento del Tesoro por apoyar el gobierno de Putin.
Como secretario de Comercio, Ross tiene una autoridad directa sobre las políticas de comercio y manufactura y es una voz influyente en el gobierno sobre prácticamente cualquier aspecto de la relación económica de Estados Unidos con otros países, incluida Rusia. En los últimos años, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han intensificado, y Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Rusia después de la invasión de Crimea en 2014 y su interferencia en la elección presidencial de 2016.
Después de la elección, las investigaciones realizadas por el congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han explorado posibles relaciones comerciales entre Rusia y los miembros de la administración del presidente Trump. Aunque varios asociados de negocios y de la campaña de Trump han sido investigados, hasta ahora no se han reportado conexiones empresariales entre altos funcionarios de la administración Trump y miembros de la familia de Putin o su círculo de allegados.
Durante su proceso de confirmación, a Ross se le preguntó en repetidas ocasiones acerca de sus relaciones comerciales con Rusia y sobre sus tenencias en la industria naviera y si éstas podrían plantear un conflicto de intereses con sus deberes como secretario de Comercio.
La misma pregunta le fue formulada en un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto de Paradise Papers y respondida de este modo por el portavoz del secretario de Comercio, James Rockas: “El Secretario Ross se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de carga transoceánica, pero en general ha apoyado las sanciones de la administración aplicadas a entidades rusas y venezolanas. El secretario Ross nunca ha tenido que buscar o ha recibido alguna exoneración ética y trabaja estrechamente con funcionarios del Departamento de Comercio para asegurar los más elevados estándares éticos”.
"¿Por qué algún funcionario del gobierno de Estados Unidos tiene alguna relación con un compinche de Putin?"
Aún así, en Estados Unidos se cuestiona la relación de Ross con el íntimo círculo de Putin. Sibur es "una empresa con conexiones clientelistas", dijo Daniel Fried, un experto en Rusia que ocupó altos cargos del Departamento de Estado tanto en administraciones republicanas como demócratas. "¿Por qué algún funcionario del gobierno de Estados Unidos tiene alguna relación con un compinche de Putin?".
La conexión comercial indirecta del secretario de Comercio con el yerno de Putin y los aliados oligarcas surge a partir de un examen de los registros públicos y una fuga de millones de documentos financieros offshore del bufete Appleby en las Bermudas obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y su red global de socios mediáticos. Muestran el funcionamiento interno de Appleby desde la década de 1950 hasta 2016. Los archivos incluyen documentos de la división de servicios corporativos de Appleby, que se convirtió en independiente en 2016 bajo el nombre de Estera.
Los archivos filtrados muestran una cadena de empresas y asociaciones en las Islas Caimán a través de las cuales Ross ha conservado su participación financiera en Navigator.
El hecho de que las compañías de Ross en las Islas Caimán se beneficien de una empresa controlada por intermediarios de Putin plantea graves conflictos de intereses potenciales, dicen los expertos. Como secretario de Comercio, Ross tiene el poder para influir en el comercio, sanciones y otras medidas de Estados Unidos que podrían afectar a los propietarios de Sibur. Asimismo, los propietarios de Sibur, y a través de ellos, el propio Putin, podrían tener la capacidad de aumentar o disminuir el negocio de Sibur con Navigator según Ross ayude, o no, a orientar la política de Estados Unidos.
De 2014 a 2015, los ingresos de la naviera procedentes de Sibur se dispararon del 5.3% (16.2 millones de dólares) al 9.1% (28.7 millones de dólares) de los ingresos totales, haciendo de la empresa uno de los cinco mejores clientes de Navigator, según las presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, antes de bajar al 7.9% (23.2 millones de dólares) en ingresos el año pasado. Este año, Navigator duplicó la flota dedicada a las exportaciones de Sibur, adquiriendo dos nuevos buques y fletándoselos a la compañía rusa de energía. Los buques fueron nombrados Navigator Luga y Navigator Yauza, ambos nombres de ríos rusos.
Los números no pintan igual cuando se trata de Pdvsa, un cliente que aportó mayores ganancias para Navigator entre 2014 y 2015 que Sibur, pero que desde el año pasado acusa retrasos en el pago de todos los servicios que contrata y por eso tuvo que prescindir de contratar uno de los tres tanqueros que fletaba a la empresa de Ross.
Antes de unirse al gabinete de Trump, Ross, de 79 años de edad, era un titán en el mundo del capital privado, y reunía a inversionistas de todo el mundo para invertir dinero en empresas en dificultades, con la intención de volverlas rentables. Cuando todo iba bien, él y su empresa no sólo ganaban dinero de sus inversiones y honorarios de gestión, sino también de un sistema de compensación que les permite a los socios generales, que administran los fondos de capital privado, ganar el 20% de todos los beneficios que exceden determinado nivel.
Muchos de los fondos de capital privado involucrados en estas inversiones fueron creados y administrados por Appleby, el bufete de abogados offshore con sede en Bermuda. Los archivos filtrados ofrecen un vistazo hacia cómo Appleby ayudó a su empresa, WL Ross & Co, LLC, a cosechar los beneficios de paraísos offshore, como las Islas Caimán, un territorio británico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar allí a empresas de papel dirigidas desde Nueva York sin cargas de impuestos. En 2015, las Islas Caimán ocupaba el quinto lugar en las clasificaciones mundiales del Índice de Secreto Financiero.
Los socios generales en un fondo de capital privado offshore disfrutan de generosas exenciones de impuestos en Estados Unidos
Crear fondos offshore organizados como sociedades anónimas puede ser un gran atractivo para algunos inversionistas, al permitirles crear organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos –incluyendo enormes fondos de pensión y universidades muy ricas– para esquivar una regla el Servicio de Impuestos Internos que les obliga a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos con dinero prestado. También ayudan a atraer a los inversionistas no estadounidenses porque sus nombres no se les revelan a las autoridades fiscales en Estados Unidos.
Los socios generales en un fondo de capital privado offshore disfrutan de generosas exenciones de impuestos en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de contar la mayor proporción de sus ingresos provenientes del fondo como ganancias de capital a largo plazo, en lugar de ingresos ordinarios. Esto les permite a los gestores de fondos más ricos reducir sus impuestos sobre esos ingresos de la tasa impositiva máxima en Estados Unidos, del 39.6%, al 20%.
Cuando fue nombrado secretario de comercio, Ross presentó un acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental federal que decía que tenía la intención de desprenderse de 80 empresas y asociaciones, pero mantendría una participación en otras nueve que tenían activos en "la financiación inmobiliaria y el crédito hipotecario" y "el embarque transoceánico". Los activos no se especificaron. Aunque había vendido WL Ross & Co. a Invesco en 2006, permaneció activo como presidente y director general hasta renunciar para unirse al gabinete.
Su formulario de divulgación de información financiera, también presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, tiene 57 páginas e incluye una larga lista bajo el epígrafe "Activos de empleo y Cuentas de ingresos y jubilación". Esta lista se divide en secciones que listan activos que parecen ser propiedad de cada una de las compañías de Ross, detallando hasta siete capas de entidades entre Ross y los activos que posee.
Enterradas en una multitud de subsecciones aparecen cuatro entidades de las Islas Caimán nombradas crípticamente que se encuentran entre las que dijo mantener: WLR Recovery Associates IV DSS AIV, GP; WLR Recovery Associates IV DSS AIV, LP; WLR Recovery Associates V DSS AIV, GP y WLR Recovery Associates V DSS AIV, LP. Las cuatro compañías son administradas por el bufete de abogados Appleby. "Navigator Holdings" figura entre los activos que poseen estas empresas.
La complejidad de las estructuras offshore agrega una distancia legal y de reputación y oscurece el alcance total de las relaciones comerciales de Ross incluso cuando le permiten sacar provecho de ellas, de acuerdo con expertos en impuestos y ética consultados por ICIJ.
La divulgación de Ross valora su participación actual combinada en las entidades offshore que poseen acciones de Navigator entre 2.05 millones y 10.1 millones de dólares. Pero no queda claro cuáles son sus tenencias totales porque no listó un valor para una de las cuatro entidades que retuvo. No es evidente por qué o si realmente se omitió un valor. Su participación representa una fracción de la participación total del 31.5% de las entidades en Navigator, que, basado en el precio de mercado de la firma al 30 de octubre de 2017, vale aproximadamente 179 millones de dólares.
(*) Esta es la primera entrega en Armando.info del proyecto Paradise Papers. En este proyecto se analizaron 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios offshore, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y de registros mercantiles de 19 paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung a través de una filtración que compartió, por medio del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, Washington), con 382 periodistas de 96 medios en 67 países. En Venezuela, el socio del proyecto es Armando.info, que hizo una alianza para su publicación con el diario El Nacional de Caracas.
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Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
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