Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
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Primera entrega | Desde que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó la primera vez de una cárcel de máxima seguridad en Jalisco, provincia del occidente de México, la Procuraduría General de la República no combatió la estructura financiera de su poderoso cartel, el de Sinaloa, ni la suya personal, calculada en 21.600 millones de dólares. Así lo demuestran documentos de la Fiscalía federal.
La primera huida fue en enero de 2001. Luego fue recapturado en el puerto de Mazatlán en febrero de 2014 y encarcelado. Consumó la segunda fuga por un túnel en julio de 2015. Burló el sistema penitenciario una y otra vez y lo recapturaron a principios de 2016.
Un año después, el Gobierno mexicano decidió sorpresivamente extraditarlo a Estados Unidos, un día antes de que asumiera la Presidencia Donald Trump, el 20 de enero de 2017.
Pasaron tres diferentes gobiernos -los de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- y la Procuraduría reporta que, en el periodo 2001-2017, apenas le decomisaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada y 171 municiones. El valor de lo recuperado palidece en relación al patrimonio estimado de El Chapo, similar al del hombre en el puesto 33 entre los 100 más ricos del mundo, Michael Dell, el creador de la compañía homónima de informática, según la revista Forbes.
La información que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados es escasa e irregular.
El análisis de tres bases de datos de la Procuraduría, obtenidas a través de solicitudes por la Ley de Transparencia vigente en el país, demuestran que, aunque el Estado mexicano ha detenido narcotraficantes de alto vuelo, las mismas autoridades tienden a desconocer la magnitud de sus estructuras financieras. La información que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados es escasa e irregular. Y en los casos que se manejan cifras, el valor de objetos y dinero registrados son ínfimos en contraste con las estimaciones de los haberes de los mafiosos.
La debilidad institucional en la investigación financiera contra las mafias también incide en procesos judiciales que se le revierten al Estado. En algunos casos, el gobierno ha tenido que resarcir daños económicamente a terceros por bienes incautados al narcotráfico. La situación se agrava con las extradiciones de narcos al extranjero, ya que México, al desconocer las estructuras de bienes y recursos económicos del crimen, corre el riesgo de no poder reclamarlas.
Se solicitó una entrevista con el Procurador General, Raúl Cervantes, para aclarar diferencias en la data y ahondar en el tema pero, hasta la fecha de redacción de este reportaje, no fue concedida.
A inicios de mayo, Cervantes afirmó en una entrevista televisiva que El Chapo no utilizaba el sistema financiero. “Siempre que estábamos buscando, decíamos: ‘No utiliza el sistema financiero’. No es tan sencillo. Hay otros que sí lo utilizan”.
El Chapo. En 2015, la PGR acepto´ que no habi´a aseguramientos registrados al capo ma´s buscado del mundo..... by ArmandoInfo on Scribd
A la Procuraduría se le solicitó dos veces información sobre todo lo asegurado desde 2001 al cártel liderado por El Chapo. En la primera ocasión, en septiembre de 2015, el reporte fue el siguiente: “Se hace de su conocimiento que respecto de Joaquín Guzmán Loera se tiene un total de 0 inmuebles, casas, terrenos, empresas y cuentas bancarias aseguradas (...)”. Pero el documento también hacía una salvedad: “Pueden existir aseguramientos que, dada la situación jurídica y el estado procesal, pueden no estar reportados”.
En otra solicitud, en febrero de este año, la Procuraduría afirmó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud (Cártel de Sinaloa)”. En su lugar, remitió el total de dinero asegurado a narcotraficantes entre 2001 y 2016. En total, unos 823 millones de dólares. También entregó lo contenido en una serie de boletines de prensa.
“No es posible obtener de manera específica los aseguramientos a la persona de su interés”
En los comunicados, la Procuraduría señala diversas diligencias efectuadas para la detención de personas, encabezadas por El Chapo, así como el aseguramiento de diversos bienes. No obstante, se precisa que de los documentos “no es posible obtener de manera específica los aseguramientos a la persona de su interés”.
Por ejemplo, en un comunicado del 22 de febrero de 2014, la Procuraduría presumió de cómo funcionarios de la Marina detuvieron al narcotraficante. José Murillo Karam, entonces procurador general, declaró: “En razón de este operativo hemos asegurado (…) 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, un lanza-cohetes, 43 vehículos (19 blindados), 16 casas y cuatro ranchos hasta este momento”.
Días después, el 26 de febrero, se amplió la información en otra conferencia de prensa: “97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanza granadas, un lanza cohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 milímetros, dos explosivos, 6.044 cartuchos, nueve granadas de fragmentación, cuatro granadas de 40 milímetros para arma larga, 43 vehículos (19 blindados), 38 equipos de comunicación y 14 casas. También 420 mil pesos (23 mil dólares) y 4.690 dólares, 3.110 kilogramos de metanfetaminas (cristal), 82 kilogramos de cocaína y 25 kilogramos de marihuana”.
El Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados, hoy está desactualizado, pues no hay data para los últimos tres años
La Procuraduría no precisó quién era el propietario de esos bienes ni su ubicación actual. Tampoco aclaró las discrepancias entre los datos de ambos comunicados.
En agosto de 2014, con el principal objetivo de mantener un mayor control de los bienes asegurados a la delincuencia, la Procuraduría puso en marcha el Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados. Hoy está desactualizado, pues no hay data para los últimos tres años.
La página oficial ofrece información de los aseguramientos entre los años 2006 y 2014, con un total de 589,8 millones de dólares (entre pesos, dólares y euros), además de empresas, embarcaciones, inmuebles, vehículos, aeronaves, obras de arte, armas, hidrocarburos y droga, entre otros, que fueron asegurados a la delincuencia. Pero no se especifica el valor de cada uno de los bienes muebles e inmuebles, ni a cuál narcotraficante o cártel corresponden.
El Chapo. Despue´s de su extradicio´n a EU, la PGR informo´ sobre aseguramientos mi´nimos al narcotraficant... by ArmandoInfo on Scribd
Pero el de El Chapo no es un caso aislado en la benevolencia u omisión continua del Estado mexicano frente a los bienes del crimen organizado. Al ampliar el lente, es clara la inacción frente a las estructuras financieras de líderes mexicanos del narcotráfico. Así lo evidencian las respuestas de la Procuraduría cuando se le requiere el listado de bienes y cuentas bancarias asegurados a los principales cárteles. Entre ellos los de Los Zetas, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia, del Golfo, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, del Milenio, Resistencia, Guerreros Unidos, Juárez o Independiente de Acapulco.
En ambas ocasiones que se dirigió la solicitud de información (en 2015 y 2017) la institución contestó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud”. Y remite el mismo listado general de lo asegurado por la Procuraduría en el periodo 2001-2016. El registro ofrecido no contiene detalles sobre lo confiscado, sólo los montos totales en dólares, euros y pesos.
Está el caso de Ismael El Mayo Zambada, el segundo a bordo del Cártel de Sinaloa en tiempos de El Chapo. Es uno de los narcos más buscados y por quien la Procuraduría ofrece la máxima recompensa de 1,66 millones de dólares. No hay nada incautado de él. “Después de efectuar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos (en el periodo 2001-2016), fue posible localizar cero (0) registros de bienes asegurados, esto es, casas, terrenos, inmuebles, empresas, dinero, cuentas bancaria…”.
Otro ejemplo de cómo las estructuras financieras del narcotráfico sobreviven a los operativos de los cuerpos de seguridad, es el de Vicente Carrillo Fuentes —hermano del difunto Amado, El señor de los cielos —, líder del Cártel de Juárez. De él apenas se reportan los aseguramientos de 115 objetos, dos armas, tres cargadores y 58 municiones o cartuchos.
Además de la Procuraduría, en febrero también se consultó a la Secretaría (ministerio) de Hacienda sobre los montos asegurados y los nombres de las empresas sancionadas por ilícitos o lavado de dinero —incluyendo las que son señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos—.
Su respuesta: “La Unidad de inteligencia financiera no puede proporcionar la información solicitada, en virtud de carecer de facultades en materia de clausuras y aseguramientos”. Incluso, indicó que no es su competencia: “Se sugiere consultar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes se estiman las autoridades competentes para atender la solicitud que nos ocupa”, dijo Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.
Es una recomedación estéril. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene la misión de proteger y promover los derechos de las y los consumidores mexicanos, “garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios”.
Las organizaciones ciudadanas de monitoreo no han tenido mejor respuesta a sus solicitudes. “La información que entrega el Gobierno es tan mala que no permite un proceso de sistematización”, indicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. “Demuestran que no hay un control en los aseguramientos”.
Quedan preguntas en el aire, dice, como cuál es el destino de los bienes asegurados. “Esto sin contar lo que devuelven por los malos procesos”, agregó.
“Si sólo corta las cabezas, los que están abajo quieren subir y provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arriba”
María Elena Morera, fundadora y presidenta de otra organización, Ciudadanos por una Causa en Común, subrayó que el gobierno está combatiendo de “manera parcial” a la delincuencia. “Si sólo corta las cabezas, los que están abajo quieren subir y provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arriba”. Los grandes cárteles se multiplican en decenas de bandas criminales dedicadas, además de la droga, al narcomenudeo, secuestro, extorsión, piratería y robo de combustible, explicó.
En otros países, como Estados Unidos, tienen un mecanismo más profundo para el combate a las finanzas mafiosas. “Se investiga a las bandas completas, se las identificada y en el momento preciso rompen los mandos superiores y medios, o las finanzas. Son investigaciones de más largo aliento, donde los resultados son fuertes”, argumentó.
En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado más 49.712 bienes de la delincuencia organizada
Por eso la activista remarca el fracaso en México de la Ley de Extinción de Dominio, un mecanismo por el que el Estado asegura los bienes de origen ilícito: “No ha servido, es inútil”. En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado más 49.712 bienes de la delincuencia organizada, de los que más de 10.000 se han asegurado a favor del Estado. “Realmente no tenemos un régimen que esté fortalecido para combatir las bandas criminales”.
En el fondo, opinó, existe una debilidad institucional. “La Procuraduría investiga e integra mal las averiguaciones y el Estado mexicano termina pagando. No combaten y causan un daño institucional”.
Osiel Ca´rdenas, li´der del Ca´rtel del Golfo.pdf by ArmandoInfo on Scribd
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
