
En 2019, las transacciones de un joven cliente venezolano de Banesco Panamá llamaron la atención de los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank, entidad que servía como banco corresponsal para su par istmeño. Los banqueros alemanes quisieron saber más de ese cliente, Alejandro Arroyo Pérez, quien entonces apenas despuntaba en el estado Bolívar luego de ser presidente de un equipo del fútbol profesional venezolano. Hoy, cuando Arroyo enfrenta el juicio por la trama 'Pdvsa-Cripto' y acaba de recibir condena por un caso de corrupción en la CVG, las sospechas de hace años se revelan acertadas.
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A la luz de la oleada de sanciones financieras que, a partir de 2017, la primera administración de Donald Trump impuso sobre entes del Estado venezolano —clientes derrochadores y tradicionales no solo del banco alemán, sino para muchas de las grandes entidades bancarias de Europa, Estados Unidos y Asia—, la Unidad de Inteligencia del Cliente Contra el Delito Financiero del Deutsche Bank (DB), se dispuso a evaluar los riesgos que supondría seguir haciendo negocios con la Venezuela de Maduro. El ejercicio permitió identificar un asunto grueso y, en cierto modo, sobrevenido, porque el DB actuaba entonces como banco corresponsal de Banesco Panamá.
Banesco Panamá, que opera desde 2007 en el país centroamericano, forma parte del Grupo Financiero Banesco, que encabeza el hombre más rico de Venezuela, Juan Carlos Escotet, también uno de los cinco magnates más acaudalados de España, donde controla el banco Abanca.
Por esas conexiones con Venezuela y para agosto de 2018, lucía como algo natural que, de los 164.443 clientes activos de Banesco Panamá, casi la mitad (47,61%) residieran en Venezuela, de acuerdo con los datos que entonces la entidad enviaba a su par alemán.
Pero también de esa amplia cartera de clientes venezolanos se desprendía una duda, esta, inquietante para el banco alemán, por cuyas cuentas -en el rol de corresponsal- pasaban las transacciones internacionales ordenadas desde Banesco Panamá: entre esas decenas de miles de cuentahabientes, ¿acaso podían haberse colado individuos y empresas de dudoso perfil, o PEPs (Personas Políticamente Expuestas, por su sigla en Inglés) del régimen venezolano bajo sanciones? ¿Qué tan estricto estaba siendo el compliance (cumplimiento normativo) de Banesco Panamá? ¿Corrían el riesgo de convertirse inadvertidamente en canal de transacciones sospechosas desde Venezuela?, se siguieron preguntando en el banco alemán.
Estas y otras preocupaciones del DB con respecto a Venezuela se conocen ahora gracias a decenas de documentos que forman parte de una filtración de más de 15 millones de archivos confidenciales del banco alemán, que dio origen a la investigación trasnacional Inside Deutsche Bank, liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
La filtración contiene correos electrónicos de altos ejecutivos, documentos de evaluación de riesgos, informes de transacciones sospechosas e información sobre millonarios, oligarcas, políticos, compañías y empresarios involucrados en casos de corrupción, entre otros actores, y fue compartida con más de 230 periodistas de 56 medios de comunicación de más de 50 países, incluido Armando.info de Venezuela.
El DB identificó que Banesco Panamá tenía decenas de clientes de alto riesgo, entre personas y compañías, cuyas transacciones, según la evaluación del DB, mantenían alguna relación con entidades offshore o con esquemas de lavado de dinero a través de empresas de maletín, factores de riesgo todos que el banco alemán pedía revisar con detenimiento a su par panameño.
Una de las figuras en las que el DB reparó era la de un venezolano de tan solo 29 años de edad para ese entonces: Alejandro José Arroyo Pérez.
En ese momento, a Arroyo Pérez apenas se le conocía públicamente por su gestión, entre 2016 y 2019, como presidente de Mineros de Guayana, el tradicional club de la Liga Futve (primera división del fútbol profesional) en el estado Bolívar, en el sureste del país. Hoy tiene otro perfil: se encuentra detenido en el centro penitenciario Rodeo I —a unos 50 kilómetros al este de Caracas— como imputado y acusado por el caso de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, cuyo juicio se desarrolla en la actualidad, y de acuerdo con tres fuentes judiciales distintas lleva encima una condena de 17 años de prisión que debe cumplir por un caso de corrupción en la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
En agosto de 2019, el Departamento Contra el Delito Financiero (Anti-Financial Crime) del Deutsche Bank elaboró un documento interno bajo el título Informe previo a la visita ‘in situ’ sobre banca corresponsal. El reporte seguía la pista a 23 clientes de Banesco Panamá que, entre abril y junio de ese año, habían completado transacciones en dólares estadounidenses que se conectaban con redes de lavado de dinero, con exposición a sanciones y otros riesgos bancarios.
El reporte también develaba debilidades en la entidad panameña, relacionadas con las medidas que se deben aplicar para prevenir el lavado de dinero y los crímenes financieros —los requeridos procesos de due diligence (diligencia debida) y el know your client (conoce a tu cliente, KYC) del sistema bancario—. Así mismo, informaba sobre algunos clientes que parecían vinculados “con direcciones ficticias conocidas, empresas fantasma [shell companies] y reportes de actividades sospechosas (SAR) del Reino Unido”. Por ello, remataba el documento, se requería “más información de parte de Banesco para determinar el propósito económico y lícito de la relación y las transacciones” de cada uno de esos clientes.
Como primero de la lista de 23 señalados figuraba Alejandro Arroyo Pérez, cliente de Banesco Panamá. Se habían rastreado transacciones del joven empresario venezolano con Morning Star Holdings, entidad que “es mencionada entre las empresas fantasma del Danske Bank”, según precisaba el reporte, en referencia al escándalo por lavado de dinero donde estuvo involucrada la sucursal en Estonia del banco danés y por el que Deutsche Bank fue multado tanto en Alemania como en Estados Unidos.
Después de un primer envío de información con el que Banesco Panamá intentaba despejar las dudas sobre las transacciones de su cliente venezolano, el Deutsche Bank no quedó satisfecho. “La documentación proporcionada indica que hubo una mención negativa en las noticias sobre ‘Alejandro Arroyo’ (también venezolano) como testaferro del narcotraficante Rangel Gómez”, dijeron los ejecutivos alemanes en una segunda comunicación, una alusión al exgobernador chavista del estado Bolívar, general Francisco Rangel Gómez. Desde el Deutsche Bank no se tardaron en solicitar información adicional a Banesco: “La mención no se ha descartado como si se tratara de otra persona. Por favor, aclare si se trata del mismo Alejandro Arroyo”. Cuando la respuesta desde Panamá confirmó que sí se trataba de la misma persona, se activó una investigación exhaustiva sobre el cliente. Además, Banesco procedió a incluirlo en la “lista negra interna” que, en adelante, obligaría a revisar sus transacciones antes de procesarlas. Todo lo anterior está incluido en un documento interno del banco alemán, del 12 de septiembre de 2019.
Arroyo Pérez era tan solo un recién llegado tanto al mundo del fútbol como a Puerto Ordaz, núcleo comercial e industrial del estado Bolívar y ciudad sede del equipo, cuando estas investigaciones bancarias se efectuaban (agosto-septiembre de 2019). Además de presidente, fue accionista del equipo y su salida del equipo se manejó bajo total opacidad. Rangel Gómez se consolidó como el hombre fuerte de esa rica zona minera de la Guayana venezolana por 13 años (2004-2017), y su gobernación, bajo su mandato, participó como accionista de la oncena. Durante ese período, fue blanco de diversos señalamientos de corrupción. Por ejemplo, se le acusó de haber favorecido negocios de familiares cercanos, como sus hijos y su yerno, de contar con una red fija de contratistas cercanos a escala local y nacional, y de fraguar un documentado fraude electoral que, en 2017, dio el triunfo a su colega militar y favorito sucesor chavista en la gobernación, el general Justo Noguera Pietri.
Tanto Canadá, en 2017, como Estados Unidos, en 2018, sancionaron a Rangel Gómez por sus vínculos con actividades de corrupción. El Departamento del Tesoro explicó en su oportunidad desde Washington, que castigaba al oficial venezolano por “ser parte de una red de militares presuntamente corruptos, fortalecer a los grupos criminales del estado Bolívar durante su gestión y ejercer influencia en tribunales para liberarlos”. Pero no hubo mención a una supuesta participación en actividades del narcotráfico.
Que se sepa públicamente, Rangel Gómez no ha sido ni imputado ni investigado en relación al tráfico de drogas. Tras su salida de la gobernación en 2017, optó por un exilio discreto en México, del que solo salió en 2021, cuando participó en giras y eventos de algunos candidatos del oficialismo para cargos locales del estado Bolívar. La referencia que de Rangel Gómez hace el reporte interno del Deutsche Bank como un drug traficker (en inglés, en el original) no menciona la fuente de ese dato, solo que provenía de "noticias", por lo que podría corresponder a la cita de una fuente de segunda mano, como blogs, columnas de chismes o pasquines en línea.
En el caso de Alejandro Arroyo Pérez, su situación judicial ha sido otra.
En marzo de 2023, la Policía Nacional Anticorrupción lo capturó y dejó bajo arresto. La Fiscalía lo acusaba de ser parte de la trama de intermediarios y operadores financieros que comercializaron de manera irregular en marcados globales miles de millones de dólares en cargamentos de petróleo, cuyo descubrimiento dio lugar al llamado caso Pdvsa-Cripto. Ahora Arroyo Pérez enfrenta el juicio por esa causa. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Armando.info, con acceso al expediente del caso, la Fiscalía lo identificó como parte de una red de corrupción donde participaron funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Arroyo Pérez, junto con otros ciudadanos, eran los encargados de desviar los recursos obtenidos “producto de asignaciones de crudos irregulares, así como de procesos de contratación de obras y servicios que fueron ejecutados sin ningún tipo de control”, en los que las autoridades detectaron sobreprecio, irregularidades en las contrataciones, adjudicaciones directas, ganancias para empresas intermediarias por sobreprecio, “depósito de recursos pertenecientes al Estado Venezolano en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo, presencia de contratos por interpuesta persona, incluidos familiares de la junta directiva”, sobornos y “poca transparencia sobre el uso de los fondos públicos”.
Pero Arroyo también acaba de recibir una condena de 17 años de prisión por un caso de corrupción en el estado Bolívar, cuyo proceso se llevó a cabo con extrema reserva. Permanece recluido en El Rodeo I, centro penitenciario donde también se encuentra otros imputados por el caso de corrupción de Pdvsa.
De acuerdo con el exfiscal Zair Mundaray, en el exilio desde 2017 (fue segundo a bordo en el equipo de la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz), el juicio finalizó en septiembre reciente con la condena a la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), entre ellos Pedro Maldonado, quien era presidente de la CVG, y Tulio Medina, vicepresidente de finanzas. El caso alude a la pérdida de 85 millones de dólares, aproximadamente, causada al Estado venezolano por un esquema corrupto de contratos y alianzas, firmadas entre 2018 y 2022, que asignaban despachos de material estratégico (mineral de hierro y aluminio, por ejemplo) de los muelles de la CVG a determinadas empresas internacionales, pero manejadas por venezolanos, a cambio de pagos de comisiones a funcionarios de la estatal. Según confió a Armando.info una fuente judicial, que solicitó la reserva de su nombre, Arroyo Pérez formó parte del esquema mediante la movilización de buques cargueros.
El 9 de noviembre, Armando.info envió a Daniel Guédez, abogado defensor de Arroyo Pérez, un cuestionario al correo electrónico de su bufete para aclarar dudas sobre las imputaciones, contrastar información, e incluir la versión de su representado en esta historia, pero no respondió.
Para entender por qué las andanzas de Alejandro Arroyo y de otros clientes venezolanos de Banesco Panamá –incluyendo, como se verá después en esta historia, una empresa de Islas Vírgenes Británicas bajo control del propio Arroyo– eran de la incumbencia del Deutsche Bank, resulta útil conocer cómo funciona un banco corresponsal.
Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), un think tank de Reino Unido especializado en temas de defensa y seguridad, explicó a periodistas de Inside Deutsche Bank que la banca corresponsal es un servicio que ofrecen los grandes bancos que operan a nivel global para conectar a bancos de todo el mundo que no están conectados entre sí. Buena parte de esas conexiones ocurren, cuando se trata de movimientos bancarios en dólares estadounidenses, en Nueva York.
Ese era el rol que para la época el DB cumplía para Banesco Panamá.
Quien asume esa tarea debe conocer muy bien si su cliente –Banesco Panamá, en este caso– aplica las normas y regulaciones establecidas para evitar crímenes financieros y lavado de dinero. Para estar seguros de lo anterior, deben “visitar a estos bancos para realizar evaluaciones, tanto desde la oficina como in situ, de sus capacidades”, abundó Keatinge.
Y eso fue precisamente lo que hizo el Deutsche Bank.
La Unidad Contra el Crimen Financiero hizo la visita in situ el 9 de septiembre de 2019, para evaluar el programa de cumplimiento en materia de delitos financieros de Banesco Panamá, con especial atención a su cartera de no residentes, como parte del programa de Diligencia Debida Reforzada en la Banca Corresponsal.
En los documentos de Inside Deutsche Bank puede verse que la visita sembró inquietudes en el banco alemán. Primero, porque “los clientes no residentes no son clasificados automáticamente como de alto riesgo ni están sujetos automáticamente a la Diligencia Debida Reforzada (EDD, por su sigla en inglés), lo cual es motivo de preocupación. Además, no existen controles específicos, como por ejemplo parámetros de monitoreo de transacciones, para los clientes no residentes”.
Y, luego, porque “alrededor del 37 % de toda la base de clientes de Banesco Panamá son clientes venezolanos no residentes" [diferencia de 10% con respecto al dato de 2018, que no se explica en los documentos bancarios filtrados]. El banco afirma que desea reducir su exposición a Venezuela, pero las medidas que ha adoptado para limitar la incorporación de nuevos clientes son limitadas y no abordan los riesgos inherentes. Tampoco existen requisitos específicos de diligencia debida ni de monitoreo de transacciones. Este nivel de exposición a Venezuela podría estar fuera del apetito de riesgo de DB”, precisaba el reporte de la visita, redactado por ejecutivos de la Unidad de Inteligencia del Cliente del Deutsche Bank Americas, y de la oficina Contra el Crimen Financiero de la sede principal en Frankfurt, con fecha del 18 de noviembre de 2019. En consecuencia, se decidió enviar el caso de Banesco Panamá a la consideración interna del Consejo de Revisión de Clientes de Banca Corresponsal (CBCRC, por su sigla en inglés).
Aunque, a partir de tales diligencias, no parecía descabellado sospechar que el proceso desembocaría en el desacople definitivo del DB con Banesco Panamá, el desenlace fue distinto. Hoy el Deutsche Bank sigue estando en la lista de bancos corresponsales de Banesco Panamá.
Consultados sobre las irregularidades detectadas y las razones para mantener el servicio de banca corresponsal con Banesco Panamá, el Deutsche Bank respondió que cuentan “con un marco integral basado en el riesgo para las relaciones de corresponsalía bancaria y revisa periódicamente dichas relaciones de conformidad con los requisitos legales, regulatorios e internos aplicables”.
Banesco Panamá, por su parte, respondió a Armando.info que la relación de corresponsalía bancaria con Deutsche Bank “se desarrolla dentro del marco regulatorio y de cumplimiento internacional aplicable. Esta relación se mantiene vigente, opera y ha operado siempre con total normalidad”. Se abstuvo, en cualquier caso, de emitir comentarios sobre los informes internos del Deutsche Bank.
En una presentación corporativa de Banesco Panamá enviada a su par alemán, que se incluye en la filtración, detalla que, a partir de agosto de 2019, la Junta Directiva de Banesco Panamá decidió dejar de abrir cuentas relacionadas con Venezuela.
De los documentos de Inside Deutsche Bank surgen algunas pistas sobre los negocios que Arroyo Pérez hizo tras su paso por Mineros de Guayana.
Entre los clientes de Banesco Panamá que Deutsche Bank identificó que podrían comportar riesgos para su reputación y operaciones como banco corresponsal, apareció también nombrada una empresa, Agrostar Supply Corp., registrada en 2017 en Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), un reconocido paraíso fiscal en el Caribe.
Agrostar Supply despertó las suspicacias del DB porque presentaba dos rasgos que el banco alemán estableció como indicios de riesgo: era una empresa offshore y además hacía negocios con Trident Trust, una compañía también de BVI que ofrece servicios de agencia y financieros en paraísos fiscales, cuyos documentos filtrados dieron lugar al proyecto periodístico transnacional Pandora Papers de 2021.
Precisamente, en la base de datos de esa otra filtración, revelada y administrada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), se comprueba que el propietario de Agrostar Supply era el mismísimo Alejandro Arroyo Pérez. Para el momento, Arroyo manejaba otro par de empresas a través Trident Trust: Asia Shipping Corp. y Medical Resources Ltd. Ambas fueron fundadas en 2018 y se dedicaban al transporte marítimo, una, y a la comercialización de equipos médicos, la otra.
En los papeles consultados para esta historia no queda claro si Banesco Panamá advirtió a su par alemán sobre la identidad de Arroyo Pérez como beneficial owner de Agrostar Supply Corp. Sí, en cambio, que informó que la empresa fue registrada en BVI “para efectuar pagos a proveedores internacionales de alimentos y granos”.
Con Agrostar Supply Corp, Arroyo fue proveedor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el controvertido programa de alimentos subsidiados creado por Nicolás Maduro en 2016 y en el que pronto cobraría preponderancia el comerciante colombiano Alex Saab. Registros de la base de datos de comercio global Importgenius revelan que, entre marzo y diciembre de 2019, Agrostar Supply realizó 172 envíos marítimos de alimentos a granel (harina de maíz, arroz, lentejas secas, frijoles negros y rojos, azúcar) con origen en México y destino en Venezuela.
Las empresas mexicanas participantes desde su país en esas importaciones fueron MKE Manufacturing SA de CV, Limari S.A. de C.V. y Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV. En el caso de MKE Manufacturing, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 envió casi seis toneladas de leche en polvo a la estatal Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), ente adscrito al Ministerio de Alimentación y responsable de las compras para los CLAP, siempre de acuerdo con los registros de Importgenius.
Esta sería, al menos, la segunda empresa de Arroyo Pérez vinculada con los CLAP. La otra es Norteca International Limited, registrada en Hong Kong, con la que participó en 2021 en el empaquetado de 5 millones de combos de alimentos al mes.
Otra de las empresas con las que Agrostar Supply se entendió en México, Limari, S.A. de C.V., fue identificada por el Servicio de Administración Tributaria de México como una empresa fantasma que llegó a facturar al menos 1,5 millones de dólares en el negocio de exportación de comida entre México y Venezuela, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción de noviembre de 2021.
Ya para entonces México venía sirviendo como base principal para los negocios de importación-exportación de Alex Saab, el contratista principal de los CLAP, tanto durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-18), como en la de Andrés Manuel López Obrador (2018-24).
En marzo de 2024, casi un año después del arresto de Arroyo por el caso Pdvsa-Cripto, Agrostar Supply Corp. LTD quedó sometida a liquidación voluntaria.
Correos electrónicos internos del año 2019, contenidos en la base de datos de la filtración Pandora Papers, otra iniciativa del consorcio periodístico ICIJ, confirman que los ejecutivos de Trident Trust sabían que las empresas Asia Shipping Corp y Medical Resources Ltd, aunque estaban a nombre de una mujer de la familia de Arroyo, en realidad, pertenecían a Alejandro José.
Actualmente, ni Arroyo Pérez ni Agrostar Supply Corp son clientes de Banesco Panamá, aclaró el banco en su respuesta enviada a Armando.info. Agregaron que no podían proporcionar información sobre relaciones comerciales, operaciones o actuaciones específicas relacionadas con terceros por sus obligaciones de confidencialidad y secreto bancario. También al respecto, Deutsche Bank dijo: “No hacemos comentarios sobre relaciones con clientes potenciales, anteriores o actuales”.
En 2015, antes de conseguir su trampolín en el estado Bolívar, el ingeniero Alejandro Arroyo Pérez había desertado de su empleo en Distribuidora de Componentes 8325, C.A., una empresa comercializadora en Caracas. De acuerdo con registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Arroyo Pérez figuró como trabajador de la compañía hasta septiembre de ese año. Poco más de un año después, era presentado como el nuevo presidente de Mineros de Guayana. Pero durante ese mismo ínterin también echó las bases de su futura carrera de empresario con acceso a los círculos de poder.
Según se constata en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), en 2015 ya se había integrado como socio en Importadora Majagua Costa a Costa, C.A., una empresa dedicada a la importación, compra, venta, elaboración y preparación de productos alimenticios. Otro socio de la compañía era Carlos Lomeña Soto Rosa, un joven empresario cuya familia, según reveló un reportaje de Armando.info, fue repetidas veces favorecida con contratos para la refacción de varias áreas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, obras cuya contratante fue la hoy presidenta interina, Delcy Rodríguez. El mismo Lomeña es socio en varias empresas con Omar Abou Nassif, primo a su vez de Yussef Abou Nassif, a quien diversas informaciones de prensa han identificado como pareja sentimental de Delcy Rodríguez.
Al mismo tiempo, Arroyo Pérez estaba asociado con una empresa zuliana de servicios petroleros, Petroválvulas de Venezuela, C.A., que aún aparece en el RNC como habilitada para contratar con el Estado venezolano.
También de 2015 data la constitución de otras dos empresas en las que Arroyo aparece como accionista único: Torrent Alimentos, C.A., destinada a la distribución de rubros como alimento concentrado para ganado, frutos secos, pollo o carne congelada y ganado porcino; y Médica Roger, C.A., una distribuidora de equipos médicos, insumos quirúrgicos y de laboratorio.
Arroyo incorporó luego dos nuevas empresas a su creciente emporio. En una de ellas, Grupo Alkón Latinoamericana, destinada a la comercialización de maquinaria para la construcción, tenía por socio a Jesús Antonio Méndez Godoy, a quien en la causa Pdvsa-Cripto la Fiscalía le señala como intermediario de los detenidos imputados de mayor jerarquía, como Tareck El Aissami, Pedro Maldonado y Hugbel Roa, exministro de Petróleo y ex Vicepresidente de Venezuela, expresidente de la CVG y exdiputado de la Asamblea Nacional, respectivamente.
En 2020 fundó Agroindustrias Oriente, C.A, una más del rubro alimentario creada para importar, exportar y distribuir todo tipo de alimentos y bienes de consumo masivo, y con el objetivo preciso, plasmado en su acta constitutiva, de participar en licitaciones públicas y privadas.
La vena de emprendedor y de contratista del Estado, que se expresó a sus anchas en el período de 2015 a 2023, a Arroyo probablemente le vino de familia.
Alejandro José Arroyo Pérez es hijo de Tomás Alejandro Arroyo González, un empresario venezolano, accionista de tres empresas: una de ellas es T.D.W. Services Latinoamericana, C.A., creada en 1997 a fin de proveer suministros para la industria petrolera. Otra es Inversiones y Logística Remanal, C.A., fundada en 2004, que tiene por razón social la prestación de servicios para empresas relacionadas con ingeniería e hidrocarburos, así como los servicios en general.
Entre 2011 y 2012, al menos, T.D.W. Services Latinoamericana, C.A. sirvió como contratista a varias empresas del Estado y mixtas, incluyendo las petroleras Pdvsa, Petrozuata, Pdvsa Gas y Petrocedeño, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas.
Fuera del sector petrolero y ya en Ciudad Guayana –la conurbación en el estado Bolívar de Puerto Ordaz y San Félix-, T.D.W. Services Latinoamericana contrató con CVG Bauxilum, refinadora y extractora de bauxita para la industria del aluminio, y con Sidor, productora de acero.
Esto también explicaría por qué Alejandro Arroyo Pérez se interesó en Guayana, la rica región selvática, hidroeléctrica y minera que el Orinoco delimita y que representa la mitad del territorio venezolano. Desde la conveniente presidencia de un club de fútbol, tantearía un terreno –el de la región pero también de la alta burocracia chavista- que de antemano no le era del todo desconocido.
La investigación Inside Deutsche Bank nació a partir de una filtración obtenida por el periodista y escritor indio Josy Joseph y la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife. Fue coordinada globalmente por Barracuda Media NPC en Sudáfrica junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en América Latina. Contó con el apoyo técnico del Data and Research Center (DARC) en Alemania.
El banco alemán dejó pasar millonarias transacciones hacia Colombia sin alertar a las autoridades, lo que según su propia investigación interna implica que podría haber sido instrumental para permitir lavado de activos, trata de personas y explotación, entre otros delitos. Los monitores externos del banco hicieron ver que Deutsche Bank estaba repitiendo los errores del caso Epstein, por el que fue multado y debió indemnizar a las víctimas. En Colombia, las mujeres que trabajan como modelos webcam fueron algunas de las principales destinatarias de los fondos.
Los nuevos documentos a los que tuvo acceso Inside Deutsche Bank permiten reconstruir la relación entre el banco y el magnate estadounidense, y cómo se vivió su caída en desgracia dentro de la institución que lo aceptó como cliente conociendo sus antecedentes como depredador sexual. Gracias a los nuevos datos, es posible cifrar en 581,9 millones de dólares las cerca de 3000 transacciones que Epstein realizó entre 2013 y 2019.
La labor de los bancos corresponsales es intermediar las transferencias internacionales, por lo que alertar –o no– de operaciones sospechosas es clave para detener el flujo de dinero ilícito. Deutsche Bank ha sido sancionado por no hacer bien ese trabajo y esta investigación da cuenta de que ha seguido jugando al filo.
Un análisis de los documentos de la filtración que dio origen a Inside Deutsche Bank revela que el gigante bancario alemán lleva años en posesión de información potencialmente crucial sobre los negocios del presidente estadounidense Donald Trump y sus vínculos con Rusia y Azerbaiyán.
¿De dónde provienen los documentos, por qué fueron filtrados, quiénes están detrás y qué respondió el Deutsche Bank? Conozca las respuestas sobre la mayor filtración bancaria obtenida hasta ahora, trabajada por una alianza de más de 230 periodistas a escala global.
La mayor filtración de documentos internos de un banco. Eso es Inside Deutsche Bank, una investigación transnacional colaborativa que reunió a más de 230 periodistas de más de 50 países, que demuestra cómo la entidad bancaria –una de las más grandes de Europa y el mundo– pasó por alto reiteradamente señales de alerta sobre posibles operaciones de lavado de dinero e infracciones de sanciones internacionales.
El banco alemán dejó pasar millonarias transacciones hacia Colombia sin alertar a las autoridades, lo que según su propia investigación interna implica que podría haber sido instrumental para permitir lavado de activos, trata de personas y explotación, entre otros delitos. Los monitores externos del banco hicieron ver que Deutsche Bank estaba repitiendo los errores del caso Epstein, por el que fue multado y debió indemnizar a las víctimas. En Colombia, las mujeres que trabajan como modelos webcam fueron algunas de las principales destinatarias de los fondos.
Los nuevos documentos a los que tuvo acceso Inside Deutsche Bank permiten reconstruir la relación entre el banco y el magnate estadounidense, y cómo se vivió su caída en desgracia dentro de la institución que lo aceptó como cliente conociendo sus antecedentes como depredador sexual. Gracias a los nuevos datos, es posible cifrar en 581,9 millones de dólares las cerca de 3000 transacciones que Epstein realizó entre 2013 y 2019.
La labor de los bancos corresponsales es intermediar las transferencias internacionales, por lo que alertar –o no– de operaciones sospechosas es clave para detener el flujo de dinero ilícito. Deutsche Bank ha sido sancionado por no hacer bien ese trabajo y esta investigación da cuenta de que ha seguido jugando al filo.
Un análisis de los documentos de la filtración que dio origen a Inside Deutsche Bank revela que el gigante bancario alemán lleva años en posesión de información potencialmente crucial sobre los negocios del presidente estadounidense Donald Trump y sus vínculos con Rusia y Azerbaiyán.
¿De dónde provienen los documentos, por qué fueron filtrados, quiénes están detrás y qué respondió el Deutsche Bank? Conozca las respuestas sobre la mayor filtración bancaria obtenida hasta ahora, trabajada por una alianza de más de 230 periodistas a escala global.
La mayor filtración de documentos internos de un banco. Eso es Inside Deutsche Bank, una investigación transnacional colaborativa que reunió a más de 230 periodistas de más de 50 países, que demuestra cómo la entidad bancaria –una de las más grandes de Europa y el mundo– pasó por alto reiteradamente señales de alerta sobre posibles operaciones de lavado de dinero e infracciones de sanciones internacionales.
Equipo de fútbol con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, fundado en 1981. Alejandro José Arroyo Pérez fue su presidente entre 2016 y 2018. Actualmente, pertenece al exgrandeliga venezolano Bob Abreu.
Institución financiera que, desde 2007, opera en el país centroamericano como parte de la expansión del Grupo Banesco, cuyo presidente ejecutivo es Juan Carlos Escotet.
Banco multinacional alemán fundado en Berlín, en 1870, con sede actual en Fráncfort del Meno. En noviembre de 2026 es objeto de una investigación periodística global a raíz de la filtración de 15 millones de documentos internos, llamada Inside Deutsche Bank.
Ingeniero y empresario venezolano. Fue director del equipo de fútbol Mineros de Guayana, con sede en Puerto Ordaz, Bolívar, entre 2016 y 2018. En 2023 fue detenido por el caso Pdvsa Cripto. En 2026 fue condenado a 17 años de prisión por delitos asociados a la corrupción.
General del Ejército. Cercano a Hugo Chávez. Gobernador del estado Bolívar entre 2004 y 2017. Fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Sancionado por Estados Unidos y Canadá.
Con el ministro de Petróleo Tarek El Aissami involucrado, fue un caso de corrupción que se hizo público en marzo de 2023. Su ejecución supuso la pérdida de entre 16.000 y 21.000 millones de dólares para Pdvsa.
Siderúrgica del Orinoco (Sidor) fue fundada en 1962 por el Estado venezolano, para servir como una gran industria para la transformación de los minerales de Guayana. Fue privatizada en 1997, en el gobierno de Rafael Caldera, cuando Ternium adquirió 60% de las acciones. Otro 20% quedó en manos del Estado y el restante pertenecía a los trabajadores. En 2008 fue reestatizada por Hugo Chávez.
Fundada en 1960 por decreto presidencial, agrupa a las llamadas empresas básicas de Guayana, como Alcasa, Alunasa, Bauxilum, Sidor, Venalum, Ferrominera Orinoco, CVG Minerven, CVG Internacional, Carbonorca, entre otras, encargadas de la explotación de los recursos minerales y forestales, aluminio y prestación de servicios. Tiene sede en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.