A pocos días de la llegada del Papa a este país, se destapa un escándalo que revela irregularidades en la anulación del matrimonio católico que permitió la boda de Enrique Peña Nieto.
México.- Vista desde la televisión, la boda religiosa del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la popular actriz Angélica Rivera parecía formar parte de un cuento de hadas. Sin embargo, su realización se hizo posible a partir de un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la Arquidiócesis Primada de ese país.
Para poder realizar ese matrimonio se montó una maquinación que le arrebató las potestades de su ministerio sacerdotal al presbítero José Luis Salinas Aranda, quien desempeñaba actividades pastorales en Televisa, para que fuera declarado nulo e inválido el enlace religioso entre Angélica Rivera y su anterior marido, el productor de televisión José Alberto Castro. Así lo revela el portal periodístico Aristegui Noticias y la revista Proceso, de ese país.
El escándalo se destapa a pocos días de la primera visita del Papa Francisco a México. Allí, será recibido por millones de creyentes y por el presidente Enrique Peña Nieto, quien escondería este secreto según las revelaciones periodísticas publicadas en la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS.
Jerarcas de la Iglesia, autoridades de la Santa Sede y el propio Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, tuvieron conocimiento del proceso irregular para anular el primer matrimonio religioso de Angélica Rivera. Todos los trámites que dieron vía libre a las nupcias del hoy Primer Mandatario de México dejó además en el camino la carrera del padre Salinas Aranda, quién falleció el pasado mes de octubre, sin que nadie atendiera sus súplicas para que le quitaran la sanción, irregular según los mismos documentos del clero, y que limitó el desarrollo normal de su vida como religioso.
En la última comunicación que el padre Salinas envió al Papa Francisco rogó así por su auxilio:
“Lo hago con el corazón en la mano y movido por la enorme confianza en la misericordia que le distingue. Pongo confiadamente en su corazón de padre y pastor esta situación que me agobia”.
En la comunicación el sacerdote argumentó:
“Esta misiva tiene varias intenciones. La fundamental es hacer aclaraciones necesarias para resarcir mi persona en el ejercicio del ministerio sacerdotal, frente a infundios y calumnias por las que me he visto sometido a la sanción canónica y en las que se encuentran involucradas personas que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia, así como otras pertenecientes en activo a instancias políticas”.
Según sus cartas, el padre Salinas estaba convencido de que por presiones de “alguien” se le dio a Angélica Rivera la anulación de su matrimonio con José Alberto Castro para que fuera libre de casarse con Enrique Peña Nieto, el hoy presidente de México.
(*) Este reportaje fue realizado por Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán para Aristegui Noticias (México) y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para difusión de contenidos.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a la actividad privada, pero con renovados contactos con el Estado y apetencias por negocios inéditos. Uno de ellos, con éxito reconocido, fue el béisbol profesional, donde convirtió a Caribes de Anzoátegui en una potencia. Pero casi al mismo tiempo se embarcó en la constitución de una offshore en Islas Vírgenes Británicas que despertó suspicacias en un despacho de abogados panameño y nunca cumplió su cometido.
El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a mudarse a Dubai desde Madrid apenas se enteró de la disposición del también exmilitar a someterse a las autoridades de Estados Unidos. Para esa peregrinación, Mirabal debió soltar lastre, así que hizo cambiar de manos un superyate que en 2016 se había comprado a través de una offshore, y pasó su residencia en el suntuoso barrio de La Moraleja al crack del Real Madrid.
Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.
El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
