A pocos días de la llegada del Papa a este país, se destapa un escándalo que revela irregularidades en la anulación del matrimonio católico que permitió la boda de Enrique Peña Nieto.
México.- Vista desde la televisión, la boda religiosa del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la popular actriz Angélica Rivera parecía formar parte de un cuento de hadas. Sin embargo, su realización se hizo posible a partir de un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la Arquidiócesis Primada de ese país.
Para poder realizar ese matrimonio se montó una maquinación que le arrebató las potestades de su ministerio sacerdotal al presbítero José Luis Salinas Aranda, quien desempeñaba actividades pastorales en Televisa, para que fuera declarado nulo e inválido el enlace religioso entre Angélica Rivera y su anterior marido, el productor de televisión José Alberto Castro. Así lo revela el portal periodístico Aristegui Noticias y la revista Proceso, de ese país.
El escándalo se destapa a pocos días de la primera visita del Papa Francisco a México. Allí, será recibido por millones de creyentes y por el presidente Enrique Peña Nieto, quien escondería este secreto según las revelaciones periodísticas publicadas en la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS.
Jerarcas de la Iglesia, autoridades de la Santa Sede y el propio Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, tuvieron conocimiento del proceso irregular para anular el primer matrimonio religioso de Angélica Rivera. Todos los trámites que dieron vía libre a las nupcias del hoy Primer Mandatario de México dejó además en el camino la carrera del padre Salinas Aranda, quién falleció el pasado mes de octubre, sin que nadie atendiera sus súplicas para que le quitaran la sanción, irregular según los mismos documentos del clero, y que limitó el desarrollo normal de su vida como religioso.
En la última comunicación que el padre Salinas envió al Papa Francisco rogó así por su auxilio:
“Lo hago con el corazón en la mano y movido por la enorme confianza en la misericordia que le distingue. Pongo confiadamente en su corazón de padre y pastor esta situación que me agobia”.
En la comunicación el sacerdote argumentó:
“Esta misiva tiene varias intenciones. La fundamental es hacer aclaraciones necesarias para resarcir mi persona en el ejercicio del ministerio sacerdotal, frente a infundios y calumnias por las que me he visto sometido a la sanción canónica y en las que se encuentran involucradas personas que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia, así como otras pertenecientes en activo a instancias políticas”.
Según sus cartas, el padre Salinas estaba convencido de que por presiones de “alguien” se le dio a Angélica Rivera la anulación de su matrimonio con José Alberto Castro para que fuera libre de casarse con Enrique Peña Nieto, el hoy presidente de México.
(*) Este reportaje fue realizado por Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán para Aristegui Noticias (México) y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para difusión de contenidos.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.
No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.
