A pocos días de la llegada del Papa a este país, se destapa un escándalo que revela irregularidades en la anulación del matrimonio católico que permitió la boda de Enrique Peña Nieto.
México.- Vista desde la televisión, la boda religiosa del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la popular actriz Angélica Rivera parecía formar parte de un cuento de hadas. Sin embargo, su realización se hizo posible a partir de un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la Arquidiócesis Primada de ese país.
Para poder realizar ese matrimonio se montó una maquinación que le arrebató las potestades de su ministerio sacerdotal al presbítero José Luis Salinas Aranda, quien desempeñaba actividades pastorales en Televisa, para que fuera declarado nulo e inválido el enlace religioso entre Angélica Rivera y su anterior marido, el productor de televisión José Alberto Castro. Así lo revela el portal periodístico Aristegui Noticias y la revista Proceso, de ese país.
El escándalo se destapa a pocos días de la primera visita del Papa Francisco a México. Allí, será recibido por millones de creyentes y por el presidente Enrique Peña Nieto, quien escondería este secreto según las revelaciones periodísticas publicadas en la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS.
Jerarcas de la Iglesia, autoridades de la Santa Sede y el propio Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, tuvieron conocimiento del proceso irregular para anular el primer matrimonio religioso de Angélica Rivera. Todos los trámites que dieron vía libre a las nupcias del hoy Primer Mandatario de México dejó además en el camino la carrera del padre Salinas Aranda, quién falleció el pasado mes de octubre, sin que nadie atendiera sus súplicas para que le quitaran la sanción, irregular según los mismos documentos del clero, y que limitó el desarrollo normal de su vida como religioso.
En la última comunicación que el padre Salinas envió al Papa Francisco rogó así por su auxilio:
“Lo hago con el corazón en la mano y movido por la enorme confianza en la misericordia que le distingue. Pongo confiadamente en su corazón de padre y pastor esta situación que me agobia”.
En la comunicación el sacerdote argumentó:
“Esta misiva tiene varias intenciones. La fundamental es hacer aclaraciones necesarias para resarcir mi persona en el ejercicio del ministerio sacerdotal, frente a infundios y calumnias por las que me he visto sometido a la sanción canónica y en las que se encuentran involucradas personas que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia, así como otras pertenecientes en activo a instancias políticas”.
Según sus cartas, el padre Salinas estaba convencido de que por presiones de “alguien” se le dio a Angélica Rivera la anulación de su matrimonio con José Alberto Castro para que fuera libre de casarse con Enrique Peña Nieto, el hoy presidente de México.
(*) Este reportaje fue realizado por Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán para Aristegui Noticias (México) y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para difusión de contenidos.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
Con la compra de un apartamento aterrizaron los Ayoub Ayoub en Dubai, emirato al que, en vez de Oz, los condujo el éxito en negocios de importación y distribución de especias. Pero la familia de origen árabe y base en Lara vio cambiar su suerte cuando fue señalada por el mismísimo vicepresidente de la República de conformar una trama para sobrefacturar importaciones y tener acceso irregular a divisas preferenciales, acusaciones de las que la justicia los absolvió. Esta es una entrega de la serie ‘Dubai Uncovered’ sobre venezolanos con inmuebles en el lujoso emirato.
La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
Una tercera metamorfosis en apenas diez años es lo que experimenta lo que alguna vez fue la red de supermercados del Grupo Casino. Nacionalizada para dar lugar a los Abastos Bicentenario y vuelta a privatizar de manera disimulada por el gobierno de Nicolás Maduro, ahora se asigna a un nuevo grupo económico en alza. El arribo de los que han quedado a cargo certifica la retirada de Saab, preso en Miami, y de su marca, la de las llamadas Tiendas CLAP.
En el submundo de las operaciones encubiertas, el venezolano Martín Rodil se hizo una carrera y fama de agente con poderes casi mágicos para identificar y ayudar a entregar a informantes, corruptos del chavismo y narcotraficantes ante la justicia estadounidense. Sus logros podrían convertirlo en un héroe de la democracia, si acaso no fuera suficiente su éxito como consultor privado. Pero ahora en España se inicia un proceso judicial en el que se le investiga bajo sospecha de que extorsiona a los mismos fugitivos a los que debe entregar.
De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
