A pocos días de la llegada del Papa a este país, se destapa un escándalo que revela irregularidades en la anulación del matrimonio católico que permitió la boda de Enrique Peña Nieto.
México.- Vista desde la televisión, la boda religiosa del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la popular actriz Angélica Rivera parecía formar parte de un cuento de hadas. Sin embargo, su realización se hizo posible a partir de un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la Arquidiócesis Primada de ese país.
Para poder realizar ese matrimonio se montó una maquinación que le arrebató las potestades de su ministerio sacerdotal al presbítero José Luis Salinas Aranda, quien desempeñaba actividades pastorales en Televisa, para que fuera declarado nulo e inválido el enlace religioso entre Angélica Rivera y su anterior marido, el productor de televisión José Alberto Castro. Así lo revela el portal periodístico Aristegui Noticias y la revista Proceso, de ese país.
El escándalo se destapa a pocos días de la primera visita del Papa Francisco a México. Allí, será recibido por millones de creyentes y por el presidente Enrique Peña Nieto, quien escondería este secreto según las revelaciones periodísticas publicadas en la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS.
Jerarcas de la Iglesia, autoridades de la Santa Sede y el propio Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, tuvieron conocimiento del proceso irregular para anular el primer matrimonio religioso de Angélica Rivera. Todos los trámites que dieron vía libre a las nupcias del hoy Primer Mandatario de México dejó además en el camino la carrera del padre Salinas Aranda, quién falleció el pasado mes de octubre, sin que nadie atendiera sus súplicas para que le quitaran la sanción, irregular según los mismos documentos del clero, y que limitó el desarrollo normal de su vida como religioso.
En la última comunicación que el padre Salinas envió al Papa Francisco rogó así por su auxilio:
“Lo hago con el corazón en la mano y movido por la enorme confianza en la misericordia que le distingue. Pongo confiadamente en su corazón de padre y pastor esta situación que me agobia”.
En la comunicación el sacerdote argumentó:
“Esta misiva tiene varias intenciones. La fundamental es hacer aclaraciones necesarias para resarcir mi persona en el ejercicio del ministerio sacerdotal, frente a infundios y calumnias por las que me he visto sometido a la sanción canónica y en las que se encuentran involucradas personas que pertenecen a la jerarquía de la Iglesia, así como otras pertenecientes en activo a instancias políticas”.
Según sus cartas, el padre Salinas estaba convencido de que por presiones de “alguien” se le dio a Angélica Rivera la anulación de su matrimonio con José Alberto Castro para que fuera libre de casarse con Enrique Peña Nieto, el hoy presidente de México.
(*) Este reportaje fue realizado por Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán para Aristegui Noticias (México) y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para difusión de contenidos.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
