Los ‘caminos verdes’ que cruzan los límites entre Colombia y Venezuela son un negocio para los grupos irregulares que los controlan y un peligro para quienes se ven obligados a transitarlos. En las últimas décadas, centenares de venezolanos han desaparecido en ellos sin dejar rastro. Los familiares que los buscan deben sortear extorsiones y amenazas de los actores armados y hasta estafas de los pobladores locales, mientras las autoridades del Estado hacen poco o nada para ayudarlos.
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La trocha La Platanera, que conecta a San Antonio del Táchira, estado Táchira de Venezuela, con el sector La Parada, departamento de Norte de Santander, Colombia, lleva este nombre por la abundancia de matas de plátano en su vera. Esta vía es una de las alternativas al paso oficial por la línea fronteriza, que permanece bajo custodia de militares de ambos países. Que sea una opción alterna no significa que no esté fuertemente controlada. Solo que quienes ejercen el control son grupos armados irregulares, como ocurre en casi todos los caminos verdes de la frontera colombo-venezolana. Las trochas tienen otra peculiaridad: cruzarlas es tan peligroso que quienes lo intentan pueden desaparecer antes de llegar a su destino.
Lisbeth Surita asumió el riesgo de desafiar las acechanzas de La Platanera con el objetivo de encontrar a su hijo, Enisael Job Contreras Surita, quien desapareció en julio de 2019, mientras intentaba llegar por allí hasta Cúcuta, la capital de Norte de Santander. Por más de tres años, Contreras realizó viajes frecuentes a esa ciudad para comprar productos como café, harina, leche y huevos, que luego vendía en Ejido, estado Mérida, donde vivía con su novia. El día de su desaparición, sin embargo, no trabajaba; dijo a su madre que iba a visitar a unos amigos en Cúcuta. Nadie más supo de él.
Se sabe de desapariciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela desde hace al menos tres décadas atrás. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, una dependencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, cuenta hasta 61 casos de desapariciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela, desde 1990 a 2016. Estos casos se concentran en cuatro municipios de Colombia y la ciudad de San Antonio del Táchira, en Venezuela. En la última comunicación oficial dirigida al gobierno venezolano, el grupo de Naciones Unidas afirmaba que la presencia de actores armados no estatales en la zona expone a los migrantes y trabajadores fronterizos que transitan las rutas migratorias a sufrir “violaciones graves de derechos humanos”. Estas violaciones incluyen desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras. La advertencia del grupo no es infundada: nada más entre 2016 y 2019 se contabilizan 66 personas migrantes venezolanos asesinados y 43 desaparecidos en territorio colombiano.
Surita relata que los viajeros son recibidos al inicio del camino en La Platanera por una alcabala de la megabanda venezolana, El Tren de Aragua: “Hay que caminar sin ver a nadie. Sin escuchar nada. Solo siguiendo a la gente”. Luego, otros hombres uniformados pasan a controlar el sendero. Sus botas negras delatan lo que muchos prefieren callar: son soldados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Surita recuerda a muchos de ellos recostados sobre las matas de plátano, vigilando a quienes pasaban.
El viaje de Surita tenía un único objetivo: encontrar a su hijo en Cúcuta. Pasó un mes recorriendo las calles y barrios de la ciudad. En cualquier lugar que iba entregaba volantes con la fotografía y el nombre de Enisael. Pero no lo halló. “Regresé con las manos vacías y más aterrorizada que cuando me fui”.
La consiguiente impotencia y una gran depresión la motivaron a crear, en 2021, Esperanza de Madre, una organización que reúne a familiares de venezolanos desaparecidos, en la frontera entre Venezuela y Colombia, así como en otras poblaciones de los estados limítrofes de Táchira y Apure. Esperanza de Madre lleva un registro de 48 casos de venezolanos desaparecidos. Muchos de ellos, se parecen al de su hijo. Jóvenes que regularmente cruzaban las trochas para llegar a Colombia por actividades comerciales o para visitar a familiares.
El control del paso por esas trochas es una fuente de ingresos para los grupos irregulares, que cobran un peaje a los caminantes. Es parte del régimen inflexible de orden y convivencia impuesto por esos grupos en la zona y que un reciente trabajo de Armando.Info describía como la cartilla o los mandamientos del ELN.
“Ellos lo llaman ‘colaboración’”, dijo sobre ese peaje un habitante de la zona, quien ha cruzado por La Platanera en distintas ocasiones y que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Este hombre confesó haberse sentido sorprendido cuando, a lo largo del camino, pudo ver sobre las mesas unas alcancías identificadas, cada una, con un letrero correspondiente al grupo al que se destinaban los aportes o colaboraciones. “En unas se leía PNB, GNB, ELN o Tren de Aragua”, señaló este hombre.
Los que cruzan por las trochas deben apagar sus celulares durante todo el recorrido. La última comunicación de los desaparecidos suelen recibirla sus familias en Venezuela.
En mayo pasado, Luis Useche, gerente jurídico de Fundaredes, organización que desde hace más de veinte años se ha encargado de registrar la presencia de grupos armados en los estados fronterizos de Venezuela y la violación de derechos humanos que afecta a los habitantes de esas zonas, denunció que entre 2019 y 2023 han registrado 331 víctimas de desapariciones en dichas entidades. Más de la mitad han ocurrido entre Táchira (135) y Apure (119). Declaraciones de antiguos guerrilleros también dejan en evidencia que las zonas fronterizas han sido utilizadas como “depósito” para los cuerpos de, al menos, 200 personas desaparecidas entre 2000 y 2001.
Durante su segunda comparecencia ante la Junta Especial de Paz (JEP) de Colombia, en mayo de 2023, Salvatore Mancuso, uno de los exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confirmó la existencia de fosas en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, y otras localidades de esa entidad como Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita, entre los vertederos usados por el Bloque Catatumbo, que comandó.
“Diversos actores armados no estatales, utilizan la desaparición y asesinato, incluyendo a personas migrantes, como una herramienta en función de sus intereses, principalmente de tipo económico y de control territorial”, apunta el Grupo de Trabajo de la ONU.
Es difícil determinar quiénes son los responsables de estas desapariciones. Se trata de territorios que han sido abandonados por el Estado venezolano y donde los grupos armados, principalmente el ELN, han asumido el poder político, económico y social. En eso coinciden organizaciones locales e internacionales. “Estamos hablando de tierras sin ley, donde grupos armados tienen la gobernanza con el beneplácito del Estado. Podemos inferir que las desapariciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes están vinculadas a la trata de personas o explotación sexual, que es una de las actividades ilícitas de este grupo. Mientras, en el caso de los hombres, estarían asociadas a trabajos forzados en las bases o campamentos guerrilleros, o podría tratarse de posibles reclutas para sus filas”, dijo Jonathan Carrero, coordinador del Observatorio de Violencia de Fundaredes.
La incertidumbre es lo que más atormenta a los familiares de los desaparecidos. Carrero cuenta que hay un patrón presente en los casos que Fundaredes maneja: no se sabe nada de estas personas desde que los desaparecen. No hay noticias por parte de los secuestradores y tampoco hay ni investigaciones ni respuestas por parte de las autoridades correspondientes. “Elevamos nuestro llamado a que se siga investigando, ya que entre el 2005 y el 2018, no hay una contabilidad precisa de víctimas”, resaltó Useche.
Los ocho familiares de víctimas entrevistados para este reportaje coinciden en que las respuestas de las autoridades a sus solicitudes y las pesquisas para resolver los casos son casi nulas. Todos aseguran haber presentado denuncias tanto en instancias venezolanas como colombianas. Por el lado venezolano, primero, han acudido a las delegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en localidades como Guasdualito, en el Alto Apure, o San Cristóbal, capital del estado Táchira, desde donde pasan a la Fiscalía de San Cristóbal, dependencia en la que los casos parecen acumularse.
“Es muy duro vivir con todo esto. Estoy saliendo de una gran depresión. No podía dejar de revisar la redes sociales y mi celular, esperando noticias. La vida cambia por completo. Estás, pero a la vez no estás. A veces siento como si se tuviera que abrir el telón para que empiece la actuación de que una está bien. Siempre me pregunto si mi hijo estará en un enfrentamiento. Espero que las circunstancias no aniquilen su nobleza”, dice Surita.
Quienes buscan respuestas suelen quedar atrapados en un laberinto insalvable hecho de olvido, ineficiencia del Estado y persecución del ELN. En muchas de las zonas de Táchira y Apure donde ocurren las desapariciones, no hay ni siquiera una comisaría de la policía o de otro cuerpo de seguridad, y los familiares de los desaparecidos no siempre tienen los recursos necesarios para desplazarse a otra ciudad donde hacer las gestiones ante las autoridades. Mientras tanto, quienes pueden o se atreven a realizar la denuncia no solo son objeto del mutismo de las autoridades, sino de ofensas y hasta intentos de extorsión.
Las víctimas a menudo han tenido que lidiar con el irrespeto y la desconsideración de las propias autoridades. “Ella ya es mayor de edad. Se fue con el novio a la playa. Ella está pasándola bien y usted está acá sufriendo y llorando por su hija”, le dijeron funcionarios del Cicpc a Ana Pineda, madre de Dulce Fabiola Mora Pineda, quien desapareció el 27 de agosto de 2016 en San Cristóbal, cuando esta tenía 25 años.
El inventario de obstáculos que deben enfrentar quienes denuncian las desapariciones pica y se extiende. Muchos casos son archivados por la Fiscalía en lugar de ser investigados. Ciertas autoridades piden dinero para aceptar y tramitar las denuncias, pese a que el proceso es gratuito. Cuando los casos llegan a la Fiscalía, a menudo son archivadas en lugar de ser investigadas. “En definitiva, no hay un amparo por parte de ninguna institución del gobierno”, insiste Jonathan Carrero .
En otros casos, los familiares no presentan la denuncia por efecto de las amenazas que reciben de las guerrillas. Estos grupos tienen informantes en las comunidades y en los cuerpos policiales, que pueden someter a los familiares a vigilancia. Muchas de las emisoras de radio y otros medios de comunicación tradicionales, donde se podían ventilar las denuncias, han cerrado por presiones económicas y políticas. Ese es el ambiente de temor en que se mueve la gente común en las zonas de Táchira y Apure donde los grupos armados se han hecho robustos. Todo esto crea una situación desfavorable para denunciar, investigar y difundir las desapariciones.
Tras no recibir respuestas, las integrantes de Esperanza de Madre, liderada por Surita, han intentado elevar sus denuncias ante el Ministerio Público en Caracas, acompañadas de distintas organizaciones como Provea, Fundaredes y el Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR). Pero sus esfuerzos han sido en vano. La Fiscalía capitalina actuó de la misma manera que la sucursal tachirense.
A falta de respuestas de las autoridades, algunos familiares intentan encontrar a sus desaparecidos con sus propios recursos y esfuerzos, asumiendo riesgos como Lisbeth cuando atravesó la trocha o, en algunos casos, acercándose a los grupos armados como el ELN. Familiares de un joven desaparecido hace dos años en El Nula –verdadera tierra de nadie en el oeste de Apure–, quienes prefirieron resguardar su identidad y los detalles de la víctima por razones de seguridad, se acercaron al lugar luego de que no consiguieron respuesta alguna en la sede del Cicpc.
Para ingresar a esta zona, el ELN exige a los visitantes que se identifiquen y expliquen el motivo de su visita. El permiso para ingresar y transitar por las tierras de los botas negras forma parte de las exigencias –llamadas por ellos “normas de convivencia”– de este grupo guerrillero. Al igual que realizar cualquier actividad económica, humanitaria o social. Quienes transgreden los mandamientos son castigados, torturados o, en algunos casos, desaparecidos.
“Preguntaron si mi hijo había entrado al área sin permiso”, relatan los familiares del joven desaparecido en El Nula al referir su contactos con el ELN. Lograron reunirse con los guerrilleros en la plaza del pueblo. “Les puedo decir que si se ve a un hombre entrando solo y sin permiso es sospechoso. Pero nosotros no lo tenemos [a su hijo]. En mi campamento no está”, respondió uno de los comandantes subversivos.
El permiso asignado a los familiares de esta víctima no duró más de 24 horas. A las cinco de la mañana del día siguiente de ese encuentro, dos camionetas Toyota modelo Hilux rodearon la casa en donde se alojaban. Guerrilleros armados tocaron la puerta y les ordenaron a los allegados de la víctima que abandonaran El Nula de inmediato.
Según el Grupo de Trabajo de la ONU, acciones espontáneas de búsqueda de información como las de Lisbeth o de la familia recién mencionada, pueden generar represalias de los actores armados.
También en El Nula, hace casi un año, el 1 de marzo de 2023, desaparecieron Gerson Useche Tarazona, Emerson Ramírez y Victor Uzcátegui. Estos tres hombres estaban vendiendo boletos de la rifa Bono Solidario para la Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer (Anican). Los tres ya tenían cuatro meses recorriendo distintas zonas del Táchira para vender los boletos, una actividad de larga tradición en la región. Y esta no era su primera vez en El Nula. Pero, de acuerdo con el ELN, también la venta de rifas debe realizarse con el debido permiso. “Los lugareños nos han comentado que el ELN sospecha de los vendedores ambulantes, porque creen que pueden ser adversarios o infiltrados. El castigo para quienes contravienen esa regla, supuestamente, podría durar dos o tres meses. Pero ellos ya habían visitado El Nula en múltiples oportunidades. Pronto se cumplirá un año y no sabemos si están vivos o muertos”, cuenta Lisbeth Useche, hermana de Gerson Useche.
El último rastro del paso de estos tres hombres por El Nula proviene de las cámaras del hotel donde se hospedaban. En las imágenes se les ve vistiendo unas camisas color amarillo fosforescente. “Gerson me envió un mensaje al mediodía y luego no logré hablar más con él. Las llamadas iban directo a la contestadora y los mensajes no le llegaban”, cuenta Lisbeth Useche.
Hay quienes intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de los familiares y los allegados que buscan desesperadamente respuestas. Todos los entrevistados aseguraron haber sido objeto de extorsiones y engaños por parte de bandas criminales y hasta por lugareños que, con frecuencia, se hacen pasar por secuestradores para pedir rescate.
“Las cuatro veces que nos han intentado estafar, siempre han sido personas que hablaban con acento colombiano y nos explicaban de manera detallada el proceso de liberación, nos hablaban de sus reglas y hasta mencionaban tratados internacionales”, cuenta Lisbeth Useche. Hasta que llegó una llamada que les sonó tan convincente que le dieron crédito. “Nos dijeron", sigue Lisbeth Useche, " que lo iban a entregar [a Gerson Useche] en el hospital de Villa del Rosario, en Norte de Santander. Estuvimos en comunicación con estos hombres durante toda una madrugada. Transferimos los 600.000 pesos colombianos [alrededor de 150 dólares en la actualidad] que nos pidieron y luego nos dimos cuenta de que nos habían robado”.
Si bien es cierto que, por lo general, no se sabe nada de los desaparecidos luego de su secuestro, para colmo ocurre -como lamentan desde Fundaredes- que los pocos que reciben noticias no cuentan con los recursos para pagar el rescate.
“Hasta en eso vemos una desigualdad y las autoridades no hacen nada. Quienes no tienen dinero, quedan en el olvido. Mientras que si son familias con recursos, quizá el Cicpc colabore en el procedimiento de rescate. Así pasó el año pasado con el secuestro de un ganadero, en el municipio Libertador del estado Táchira. Se logró la liberación porque esta familia pagó mucho dinero”, asegura Carrero desde Fundaredes.
(*) Esta investigación fue posible gracias al respaldo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Esta historia contó con reportería sobre el terreno. El nombre de una de las periodistas encargadas permanece en resguardo por motivos de seguridad.
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