La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por los regímenes de La Habana, primero, y de Caracas, después. El clan de los hermanos Carretero Napolitano obtuvo la construcción del estadio de béisbol de Caracas, y aunque no concluyó la obra, el Estado chavista lo siguió premiando con contratos más grandes y jugosos, que incluyen el suministro de equipos informáticos para el carnet de afiliación a programas del gobierno y de control clientelar, así como negocios petroleros. Los avales del castrismo y del sobrino predilecto de Cilia Flores lo pueden explicar.
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El Carnet de la Patria guarda mucha información de sus usuarios. Con un simple escaneo del código QR que porta, los datos viajan y se almacenan rápidamente en los servidores de la plataforma gubernamental Patria. Pero fuera del sistema, aunque también relacionada con ese carnet, hay información valiosa: el mismo grupo empresarial panameño al que Nicolás Maduro benefició con grandes contratos de construcción apenas asumió el poder en 2013, y que emplea como directivo a un socio de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, también se ganó algo más de 37 millones de dólares con la producción del nuevo documento.
Era el 29 de diciembre de 2016 cuando Maduro presentó por primera vez la idea para este plástico. Con el anzuelo de que la nueva tarjeta serviría para entregar bonos o sistematizar el registro de las llamadas misiones sociales, el régimen chavista dio otro paso hacia el control social de la población tras haber instaurado poco antes el reparto de comida subsidiada mediante los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Menos de un mes después de aquel anuncio inicial, el 20 de enero de 2017, comenzó el registro masivo en todas las plazas Bolívar del país. Una semana antes, el 13 de enero de 2017, sin anuncio público y en la tranquilidad de los despachos, la administración de Maduro otorgó un contrato por poco más de 37 millones de dólares a Landscape Vision Corp (Lanvicorp) para la “adquisición de equipos tecnológicos” que serían usados por la telefónica estatal Cantv en el desarrollo del carnet. Ese primer año hasta 15 millones de personas obtuvieron el documento, según los voceros oficiales.
El negocio llevaba el sello de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la estatal que centraliza las compras públicas, bajo el número 0002 de ese 2017 por la cantidad exacta de 37.649.248 millones de dólares. Pero Lanvicorp es, en realidad, una constructora de los empresarios panameños Carretero Napolitano, cosa que no resultó un impedimento para que se le otorgara un contrato de informática desde la oficina del mayor general de la aviación, Giuseppe Yoffreda, entonces presidente de Corpovex.
Tampoco frenó esa nueva contratación que las obras que entre 2013 y 2014 le asignó la Fundación Propatria 2000 a Lanvicorp ni siquiera se habían terminado, como el faraónico proyecto del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, en el suroeste de Caracas, que debió inaugurarse en 2015, primero, o el 30 de junio de 2019, que ofreció más tarde el propio Maduro como nueva fecha.
“¡Anótenlo! 30 de junio de 2019, aquí estaremos con el pueblo de Caracas y todo el que quiera venir a disfrutar de la inauguración del estadio más hermoso, más moderno y más grande de béisbol de toda América Latina y el Caribe”, prometió Maduro en vísperas de su cuestionada reelección del 20 de de mayo de 2018. Justificó el incumplimiento previo por la “caída de los precios petroleros, la guerra económica, la persecución financiera y el secuestro de recursos financieros por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”.
Las fotografías tomadas en el lugar esta semana por Armando.Info confirman que para jugar en el estadio falta mucho. Mientras tanto, esos mismos contratistas panameños, Lanvicorp y los Carretero Napolitano, hicieron todo un rally de carreras mediante negocios con el Estado venezolano.
Porque no solo fue el Carnet de la Patria: un mes antes de esa asignación millonaria, por ejemplo, Corpovex había suscrito otro contrato con Lanvicorp, identificado con el número 0139 del 9 de diciembre de 2016, en el que la empresa obtendría 4,5 millones de dólares para la “adquisición de juguetes”, a pedido del Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Fiel a su opacidad, es poco lo que el régimen chavista ha revelado acerca del Carnet de la Patria. Se sabe, al menos, que al cierre del año pasado 21 millones de personas tenían el documento.
Una investigación de la agencia Reuters, publicada en 2018, descubrió la participación de la tecnológica china ZTE en el proyecto “para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta”. El reportaje detalló que ZTE vendió los servidores para la base de datos que almacena la información de cada titular del carnet, así como que trabajadores de la compañía china estaban dentro de una “unidad especial de Cantv”. Nada hacía suponer que la constructora de los Carretero Napolitano tuviera su cuota en el proyecto.
El clan Carretero Napolitano está encabezado por los hermanos Ramón, Vicente y Roberto. El negocio familiar más conocido en Panamá es el de la distribuidora de bicicletas Rali, fundado hace décadas, y por el han estado ligados a la federación de ciclismo de ese país. Sin embargo, a Venezuela no llegaron en bicicleta, sino con la constructora Lanvicorp y mucho tiempo después: justo cuando Maduro aseguró la continuidad de la autodenominada Revolución Bolivariana.
Ni en Lanvicorp, ni en Distribuidora Rali, contestaron las peticiones de entrevistas formuladas por el redactor de la presente nota a través del correo electrónico.
Como en decenas de sociedades que tienen en Panamá, los tres hermanos intercambiaron roles en los papeles de Lanvicorp en Venezuela, pero a la postre Ramón Carretero Napolitano, de 56 años de edad, quedó al mando. También es el responsable de la filial registrada en Hong Kong en 2015. Fuentes conocedoras de sus actividades en Caracas, coinciden en que el grupo llegó al país recomendado por el régimen cubano, al que ha servido, y en que, desde un primer instante, Ramon Carretero Napolitano se volvió cercano a Carlos Malpica Flores, el sobrino de la primera dama venezolana con mayor relevancia en la administración pública. De ambas versiones hay evidencias.
La sucursal venezolana de Lanvicorp nació en agosto de 2013, siete años después de la creación de su holding homónimo en Panamá. En cuestión de meses obtuvo tres grandes contrataciones de la Fundación Propatria 2000: además del inacabado estadio de béisbol Hugo Chávez, a la empresa le encomendaron la “remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe”, en el costero estado Vargas, y la construcción de 20 “gimnasios verticales”, casi en simultáneo a un contrato similar para levantar otros 30 gimnasios que obtuvo el empresario Alex Saab -ya extraditado a Estados Unidos, donde espera juicio- junto con su socio, Álvaro Pulido Vargas.
Siendo aún “presidente encargado” de la República, el 1 de abril de 2013, menos de un mes después del fallecimiento de Hugo Chávez, Maduro ordenó que la Fundación Propatria 2000 quedara bajo control del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Adicionalmente, los contratos de Fundación Propatria 2000 para Lanvicorp coinciden con el período en que Carlos Malpica Flores fue director principal de la institución -entró al cargo en noviembre de 2012- y poco antes de que Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, asumiera la presidencia del organismo.
“En la Fundación [Propatria 2000] siempre se dijo que Lanvicorp estaba ligada a Carlos Malpica, y los colombianos [Alex Saab y Álvaro Pulido] a Walter Gavidia”, relata un exempleado de la Fundación Propatria 2000.
Carlos Malpica Flores luego continuó su escalada en cargos públicos hasta llegar a la tesorería nacional y la vicepresidencia de finanzas de la estatal petrolera Pdvsa, entre los más importantes, mientras que Ramón Carretero Napolitano siguió acumulando negocios en Venezuela. “Es más inteligente que Saab y Pulido”, afirma una fuente que prefiere el anonimato y que también ubica al empresario panameño en la actual comercialización de petróleo de Pdvsa.
Otro vínculo de Ramón Carretero Napolitano con Carlos Malpica Flores está documentado en el registro mercantil de Panamá. En las compañías Grupo Carrelop Corp, Pro Hogares S.A. y Galeras del Este, todas registradas entre enero y junio de 2014, y hoy las dos primeras disueltas, Ramón Carretero Napolitano compartió sociedad con Juan Carlos López Tovar, un empresario venezolano contratista de Pdvsa y socio de Carlos Malpica Flores en las compañías venezolanas Inlasa C.A y Redilama C.A, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
La cercanía del socio de Carlos Malpica Flores con Ramón Carretero Napolitano es tal que en otras de sus compañías registradas en Panamá, Juan López Tovar usa como dirección el “edificio Rali Carretero Sport” en la avenida José Domingo Díaz de la capital panameña.
Ese es el caso de la sociedad Montecristo Enterprises Corp, a nombre de la que Juan López Tovar firmó un acuerdo comercial en diciembre de 2013, según papeles de la filtración periodística Pandora Papers, con Sylo Investments Ltd, una compañía de Islas Vírgenes Británicas perteneciente al empresario José Simón Elarba, dueño en Venezuela de la recolectora de basura Fospuca y quien públicamente ha reconocido su amistad con Carlos Malpica Flores: “Es mi amigo querido, mi amigo cercano”, reconoció Elarba a Armando.Info, consultado en su momento para otro reportaje.
Según los papeles, en ese acuerdo se especifica que Juan López Tovar y su empresa Montecristo Enterprise Corp tienen experiencia en el “área de telecomunicaciones, construcción de inmuebles, juguetería”, así como “amplia experiencia y conocimiento en la cotización y presupuestos para el manejo de las divisas necesarias para operar los negocios en Venezuela a través de los mecanismos válidos y lícitos para la obtención de divisas en el mercado bancario nacional”.
El nexo entre el socio de Carlos Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano es todavía mayor, de acuerdo a algunas versiones periodísticas, como la publicada en Infodio.com, según la cual Juan López Tovar es cuñado de Carlos Malpica Flores, al estar casado con Iriamni Malpica Flores. Allí se muestran documentos que revelan pagos realizados en 2013 por Corporación Logística del Caribe, otra empresa de Ramón Carretero Napolitano, al propio Juan López Tovar e Iriamni Malpica Flores, por 178.000 y 78.000 dólares, respectivamente.
Esa compañía, Corporación Logística del Caribe, también obtuvo contratos de la estatal Corpovex sólo meses después de que Lanvicorp sellara el negocio del Carnet de la Patria, de acuerdo a los documentos obtenidos para este reportaje.
Entre 2017 y 2018 la compañía, también registrada en Panamá, obtuvo contratos para la venta de 4.843 electrodomésticos, de casi cuatro millones de juguetes y 77.610 neumáticos. En conjunto, los tres contratos suman poco más de ocho millones de dólares, por un lado, y 17,3 millones de euros, por otra parte.
Esa misma Corporación Logística del Caribe, inscrita en Panamá en 1995, permite seguir la pista de los nexos de Ramón Carretero Napolitano con la Cuba de los Castro. Además de esa variedad de contratos en Venezuela, la compañía tiene una sucursal en la capital cubana y está representada por el propio Ramón Carretero Napolitano.
En Cuba, la Corporación Logística del Caribe cuenta con la licencia para sociedades mercantiles extranjeras, que le permite comercializar un amplio portafolio de productos que van desde alimentos como “preparación de carne”, “azúcares”, “cacao y sus preparaciones”, a “productos farmacéuticos”, “calzado” y hasta “objetos de arte o colección y antigüedades”, entre otros.
“Ramón Carretero conoce a Maduro y a Cilia [Flores] por Raúl Castro. En Cuba también hizo construcciones y se mueve entre Caracas y La Habana”, insiste una de las fuentes consultadas.
Aunque procura el bajo perfil, a finales del año pasado apareció con la varias veces ministra y actual alcaldesa de Caracas, la almiranta retirada Carmen Meléndez, en una nueva inspección de las autoridades al estadio de béisbol Hugo Chávez. “Seguimos avanzando en la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, en La Rinconada”, publicó en Twitter el 30 de noviembre de 2021, sin comprometerse con una posible fecha de inauguración.
A diferencia de la suerte que han tenido en Venezuela, en Panamá tanto Ramón Carretero Napolitano como su hermano Roberto han sido investigados por las autoridades de ese país y castigados, precisamente, por irregularidades en contrataciones públicas en tiempos del gobierno de Ricardo Martinelli.
En diciembre pasado, por ejemplo, Roberto Carretero Napolitano y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de peculado. “El delito probado se cometió a través de la adquisición irregular de instrumentos musicales destinados al Ministerio de Educación a través del PAN”, informó el Ministerio Público panameño.
En 2015 el propio Ramón Carretero Napolitano tuvo que presentarse en la Fiscalía Anticorrupción para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del PAN.
Pero en Venezuela, mientras tanto, Ramón Carretero Napolitano iba ganando influencia en el gobierno de Nicolás Maduro.
El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora del servicio de aseo urbano en municipios de Caracas y otras regiones. De ese modo se ha dejado ver como un ejecutivo de buen gusto y mejores conexiones con el poder. Pero justo antes de hacerse de ese negocio -que gestiona, como otros de sus emprendimientos, con criterios de firma familiar- este abogado venezolano recibió una transferencia por un poco más de un millón de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. El Departamento del Tesoro tomó nota en Washington.
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, una meta que completaron en cuatro años. Al mudarse en manada de El Paraíso, en el centro de la capital, al este burgués del valle, simbolizaron su asombroso ascenso social en medio de la debacle económica del país. La nueva ubicación les ofrece aislamiento y la posibilidad de vivir junto a Fuerte Tiuna, el hogar de su madre, la primera dama, y su padrastro, Nicolás Maduro. Para lograrlo diseñaron una estrategia de compra paulatina mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.
Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.
Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
Carlos Erik Malpica Flores es uno de los civiles más poderosos de Venezuela por la cantidad de recursos y funciones que ocupa. Es el actual tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa. Ha tenido una astronómica carrera como funcionario público desde que, de la mano de sus tíos, Cilia Flores y Nicolás Maduro, ingresara al gobierno. Durante 10 años ha sabido ocultar su rostro y cuidar con celo los detalles de su gestión. Su nombre comenzó a resonar hace poco, luego de que dos jóvenes parientes de la Primera Dama fueran detenidos por presunto narcotráfico en Nueva York. Hoy su identidad queda al descubierto, al mismo tiempo que una serie de negocios en Panamá asociados a sus familiares.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Compañía panameña de la familia Carretero Napolitano. Aterrizó en Venezuela en 2013. Ha recibido contratos para la construcción de grandes obras públicas, pero también para la importación de los equipos tecnológicos para el Carnet de la Patria.
Compañía controlada por Ramón Carretero Napolitano. Tiene presencia en Cuba y en Venezuela entre 2017 y 2018 recibió contratos de la estatal Corpovex para importar electrodomésticos, juguetes y neumáticos.
Empresario venezolano, contratista de Pdvsa. En Venezuela ha sido socio de Carlos Malpica Flores en las empresas Inlasa y Redilama. En Panamá comparte sociedad con Ramón Carretero Napolitano en al menos tres compañías.
Sobrino de Cilia Flores. Era director de Fundación Propatria 2000 cuando ese organismo otorgó contratos para la construcción de obras, como el estadio de béisbol Hugo Chávez, a la empresa panameña Lanvicorp.
Empresario panameño. Controla a Landscape Vision Corp (Lanvicorp) en Panamá, Venezuela y Hong Kong. Esa compañía primero recibió contratos para obras públicas en Venezuela, pero años después participó en importaciones de juguetes, electrodomésticos y hasta los equipos tecnológicos para el desarrollo del Carnet de la Patria.
