El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
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Hay personas que saben estar en muchos frentes a la vez. José Simón Elarba es una de ellas. Mientras descuella en varias facetas a las que no duda en hacer promoción -abogado, exitoso hombre de negocios, amigo de poderosos en todos los bandos políticos y empresariales-, tras bastidores desarrolla otra: la de intermediario. Esa destreza de conexión se le descubre al revisar los Pandora Papers, la filtración de más de 11,9 millones de documentos procedentes de 14 proveedores internacionales de servicios offshore que recibió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que éste compartió con más de 150 medios en 117 países, entre ellos, Armando.info por Venezuela.
En 2014, dos empresas chinas del sector de telecomunicaciones recurrieron a esos servicios paralelos de Elarba. Una, China National Electronic Import & Export Corporation (Ceiec), lo contrató por 15 millones de dólares como asesor y proveedor de información privilegiada para la obtención de contratos con Telefónica de Venezuela (Movistar), empresa privada de telefonía móvil, Internet y TV, sucursal de la española homónima, que ahora vende todas sus operaciones en Hispanoamérica.
ZTE Corporation fue la otra empresa de origen chino que pagó entonces los servicios de Elarba. La factura fue por 13 millones de dólares. Además de esa factura, la filtración contiene la transcripción de un intercambio de correos que permite conocer que el fin de la negociación era obtener contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Los entretelones de esas transacciones quedaron registrados en papeles filtrados desde la sucursal panameña de una empresa fiduciaria con sede en Hong Kong, Asiaciti Trust. Esta proveedora de servicios offshore trabajó para Elarba a partir de 2016, con la intención concreta de abrir a su nombre empresas en Singapur y las Islas Cook, un archipiélago del Pacífico Sur. El aval que Elarba presentó para esas diligencias de registro offshore fue el conjunto de recibos de los 28 millones de dólares que cobró en septiembre de 2014 de sus contrapartes chinas.
Ambas empresas chinas tuvieron o tienen alguna implicación con las actividades de vigilancia electrónica y control social de la autodenominada Revolución Bolivariana. En el caso de ZTE, una investigación de la agencia Reuters en 2018 concluyó que esta había colaborado en la elaboración del sistema con el que funciona el programa gubernamental Carnet de la Patria, la principal base de datos clientelar del chavismo. Sobre Ceiec pesa una sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “socavar la democracia [al] restringir el servicio de internet y llevar a cabo una vigilancia digital" en connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro.
Y a ambas las asesoró Elarba a cambio de pagos millonarios en dólares.
En el último lustro, el abogado y empresario venezolano José Simón Elarba ha acrecentado su exposición mediática en Venezuela por el cargo que ostenta como presidente de Fospuca, compañía de recolección de desechos sólidos que tiene como bases principales de operaciones tres municipios del este de Caracas: Chacao, Baruta y El Hatillo.
La consistente política de comunicación institucional y personal no es el único aliciente para tal exposición. Es socio de un bufete prestigioso de Caracas, Gadea, Lesseur & Asociados, donde también labora Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta y actual vocero de la delegación opositora en la Mesa de Negociación en Ciudad de México. También es accionista del diario El Nacional. A raíz de revelaciones en medios, Elarba no ha tenido empacho en reconocer su amistad con Carlos Erick Malpica Flores, extesorero de la República y exvicepresidente de Finanza de la estal petrolera Pdvsa. además de sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, sancionado por Panamá por blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo; o con el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, también sancionado pero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Pero nada de eso asomaba que pudiera servir de intermediario o asesor para empresas chinas que quieren hacer negocios con compañías venezolanas.
Las primeras pistas, en cambio, las ofrecería inadvertidamente Nicolás Maduro, mucho antes de los Pandora Papers, cuando, el 12 de diciembre de 2014, anunció en cadena nacional de radio y televisión el lanzamiento del Proyecto Nacional 4G, que en sus palabras “implica la participación de un conjunto de empresas privadas, nacionales e internacionales”. En la misma alocución, el entonces director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, mencionó algunas de esas empresas privadas que serían pivotes del plan: DirecTV y Movistar.
En febrero de 2015, Movistar, a través de su entonces presidente, Pedro Cortez Rojas, y el Gobierno de Maduro, representado por Castillo, anunciaron de manera conjunta que la ampliación de la red de banda ancha tendría a Caracas y Puerto La Cruz, en el nororiental estado Anzoátegui, como ciudades pilotos.
El Estado venezolano, a través de Cantv, anunció también la inversión de 158 millones de dólares y, según lo expuesto por Maduro, la recaudación 728 millones de dólares solo por la “asignación de espectro 4G a Movilnet, Telefónica y DirecTV”.
Ya antes, en la década de 2000, Hugo Chávez había abierto las puertas a sus aliados geopolíticos en algunos ámbitos tecnológicos, China entre ellos.
Así, ya en 2006 tanto Ceiec como ZTE tenían participación en Venezuela, a través de contrataciones con el Estado amparadas en los convenios entre ambos países. Desde 2009, esta última es copropietaria de la empresa Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), fabricante de los teléfonos celulares de bajo costo que Hugo Chávez popularizó con el campechano mote de Vergatario.
Por su parte, Ceiec no es, como advertía un reciente informe de la organización Global Witness sobre la exportación de sistemas chinos de vigilancia a Venezuela, “una empresa de tecnología más: Es una de las mayores contratistas militares de China y una de las pocas empresas de defensa autorizadas por el gobierno chino para vender al exterior”.
Tanto para firmar el contrato por asesorías como para recibir las transferencias de los honorarios, Elarba se apersonó bajo la figura de la empresa Sylo Investments LTD, registrada a su nombre en 1999 en Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.
El contrato con Ceiec obligaba a Sylo, según disponían las cláusulas, “a demostrar su capacidad proporcionando toda la información esencial, como el presupuesto del cliente, la oferta técnica y financiera de otros competidores, documentos y otros datos, asesoramiento, consulta y demás servicios solicitados”.
El objetivo era taxativo: obtener los proyectos y contratos con Telefónica de Venezuela C.A., la razón jurídica de Movistar en Venezuela. Señalaba que su misión era “proporcionar el servicio con el fin de ayudar a la parte a ganar licitaciones y conseguir la adjudicación del contrato”.
En el contrato estaban destacadas lo que, consideraban los representantes de Ceiec, eran las credenciales de Elarba para asumir la asesoría: buen conocimiento del mercado y “relaciones con muchas entidades públicas y privadas”. Un mes después, en octubre de 2014, en la cuenta de Sylo en el Banque de Luxembourg, la empresa estatal china Ceiec depositó los 15 millones de dólares por las asesorías.
Armando.info envió un correo al departamento de comunicaciones de Movistar para conocer la versión de la empresa sobre estas negociaciones y sobre el papel de Elarba. No hubo respuesta. Tampoco se pudo obtener respuesta de José Simón Elarba, a cuya dirección de correo y oficina física se enviaron sendas solicitudes de entrevista el 16 y el 24 de septiembre, respectivamente.
Entre los documentos filtrados de Asiaciti Trust también está detallada la transferencia de ZTE para Sylo Investments en un recibo de pago por 13,8 millones de dólares, con fecha del 30 de septiembre de 2014. Aunque en el legajo no se especifica a qué compañía acercó Elarba a ZTE, sí es público que esta es una de las principales proveedoras de Cantv, y Elarba, como corrobora Jorge Antonio Reyes, uno de sus abogados, en un correo filtrado, aunque sin especificar la fecha exacta, había sido asesor de la empresa nacional de comunicaciones telefónicas. Fue esa la otra parte que completó los 28 millones de dólares que, en total, recibió Elarba de las empresas chinas, al menos en ese lapso de 2014.
En el último trimestre de 2014, Elarba emitió más recibos por asesorías a empresas ligadas a las telecomunicaciones, aunque por montos menores. En noviembre de 2014, Sylo recibió 2,5 millones de dólares de la empresa Sanamar LLC., con sede en Miami, Estados Unidos. El sitio web especializado en información sobre importaciones Panjiva detalla que una de las transacciones de esta empresa se concretó en los meses posteriores a este pago: en junio de 2015, cuando movió 32 contenedores de electrodomésticos de Estados Unidos a Venezuela.
A comienzos de diciembre de 2014, la compañía panameña Vexcon Trading Corp. transfirió 2,4 millones de dólares a Sylo, como está especificado en un recibo que emitió la empresa de Elarba. En total, la cuenta de Sylo, cuyo beneficiario final era José Simón Elarba, recibió 33 millones de dólares antes de cerrar ese año.
Elarba mostró interés por abrir otras empresas en paraísos fiscales, según otros documentos filtrados. Un ejemplo fue un formulario de solicitud de sociedad, de marzo de 2016, para la constitución, también en Islas Vírgenes Británicas, de una empresa denominada Astoria Universal LTD. Overseas Management Company INC (OMC Group), con sede en ese mismo paraíso fiscal y otro de los 14 bufetes proveedores de servicios offshore comprendidos en la filtración de los Pandora Papers, sirvió como agente.
La razón explícita para la constitución de esta empresa, en marzo de 2016, fue “comprar bienes inmuebles para uso privado, será un apartamento en condominio en Nueva York”. La carta de referencia para la representante en Panamá de OMC Group la emitió Rafael Urquía II desde Nueva York, en nombre del reputado bufete Fox Horan & Camerini LLP, que ha tenido, entre otros clientes, a la cantante colombiana Shakira.
Aunque la documentación no especifica cuándo Elarba compró el apartamento en Nueva York, en un correo de noviembre de 2016, ocho meses después de la constitución de Astoria Universal LTD, Jorge Reyes afirmaba que parte de la fortuna de Elarba estaba también constituida por una propiedad en esa ciudad del noreste estadounidense.
Todos estos pagos de 2014 coinciden con un momento de expansión importante para José Simón Elarba. En diciembre de ese año compró Fospuca, en asociación con Henry Jesús Camino Muñoz, el esposo de su hijastra, Mariana Flores Melo.
También fue el año en el que Elarba figuró en un registro de actividad sospechosa de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por su acróstico en inglés), la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, por una transferencia de 1,48 millones de dólares que fue a parar, en julio, en una de sus cuentas “sin propósito económico, comercial o legal aparente”, como resalta el documento. La historia de la transacción quedó registrada en uno de los reportajes de la serie FinCEN Files de Armando.info.
Para 2016 la empresa de recolección de desechos estaba valorada en alrededor de 20 millones de dólares, de acuerdo con lo que señala en un correo electrónico filtrado Jorge Antonio Reyes, parte de una fortuna total que ascendía a los 50 millones de dólares.
“Creo que el valor neto actual del señor Elarba podría ser alrededor de $ 50MM, incluyendo todos los activos: dinero en efectivo, propiedades (en Venezuela, Miami y New York City, etcétera), avión, barcos, empresas como Fospuca como otros emprendimientos (...) el valor actual de Fospuca (...) podría rondar los 20MM de dólares”, se lee en el intercambio de los correos filtrados de Asiaciti Trust.
Los correos también develan que esta no era la primera vez que Elarba trabajaba de manera conjunta con la empresa de telecomunicaciones china.
Jorge Reyes señalaba en un correo del 11 de noviembre de 2016, a petición del director de Servicios al Cliente de Asiaciti Trust en Singapur, Joseph McBurney, que Elarba había sido asesor legal de Ceiec FZE y un puente para facilitar transacciones con Cantv. “Adjunto, encontrará una de las páginas web que confirman a CEIEC FZE como principal proveedor de equipos de telecomunicaciones a la Corporación Telefónica en Venezuela (Cantv). [Elarba] es básicamente una asesor legal de la empresa china en Venezuela. Como hemos venido explicando en el pasado, el señor Elarba es abogado con más de 20 años asesorando y siendo consultor de importantes corporaciones en Venezuela y en el extranjero para hacer negocios en Venezuela”, ahondaba Reyes.
Además de Jorge Reyes, otro abogado acompañó a Elarba en esta transacción. Se trata del venezolano Hans Sydow Guevara, integrante del bufete caraqueño Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez. De acuerdo con documentos y correos filtrados, Sydow es un asesor muy cercano a Elarba. Armando.info le hizo llegar una solicitud de comentarios para este reportaje, pero no hubo respuesta.
¿Cuándo y por qué llegan todos estos recibos de pagos a Asiaciti Trust, la fiduciaria de la que se filtraron estos documentos? Fue en 2016, cuando Elarba manifestó la intención de incorporar compañías en Asia y Oceanía, mediante la creación de un fideicomiso unitario en Singapur, especificado en los documentos como unit trust, y una compañía en Islas Cook, dependientes de Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur. Debía demostrar al proveedor de servicios offshore que tenía con qué.
Elarba actualizó los documentos de Sylo, su empresa en Islas Vírgenes Británicas, para comenzar esa expansión. Para el papeleo contó con la asesoría del bufete panameño Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, mencionado en los Offshore Leaks, un proyecto previo del ICIJ. De hecho, en ese proyecto de 2017, Elarba aparecía como socio de una empresa incorporada en Barbados, Iberonews Limited. En el directorio de la compañía, que detentaba la propiedad del sitio web de El Nacional, figuraba junto a Miguel Henrique Otero y Danilo Diazgranados.
A mediados de 2016 hubo largos intercambios de correos entre los corredores de Asiaciti Trust, y en representación de Elarba, los abogados Hans Sydow y Jorge Reyes. Hasta donde permiten ver los correos, al menos en ese momento Elarba no pudo completar las gestiones. Y dejó, además, sinsabores en Asiaciti Trust, que le cobró 7.500 dólares por las gestiones.
“La razón para no proceder está relacionada con un determinado negocio que el cliente final tenía en camino y que ya no tiene lugar. Me parece un poco sospechoso, pero sabemos que la situación de Venezuela ahora mismo no es muy favorable”, explicaba en un correo Marlee Martiz-Lee, gerente general de Asiaciti Trust en Panamá, a Jerome Briggs, uno de los jefes ejecutivos de la empresa.
Pero el intento, si no consumó la definitiva expansión geográfica en los negocios de Elarba, sí dejó las pistas de esta historia. En la documentación que presentaron sus asesores como avales legales y monetarios para las aperturas en Singapur e Islas Cook, había recibos que daban cuenta de los movimientos y de los alcances de Elarba.
Fueron todos factores que confluyeron en la historia, una de las muchas de este hombre que ha ganado notoriedad en los últimos años tanto por su empresa de recolección de basura y sus retratos sin remilgos con el poder. Una carrera a la que las conexiones le han servido de buena estrella.
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Empresa fundada en 1955. Tiene oficinas en Dubái, Ginebra, Hong Kong, Panamá y Uruguay y licencia de agente registrador en varios países. Asesoró a José Simón Elarba en la apertura de una empresa en Islas Vírgenes Británicas.
Empresa fundada en 1978. Tiene sedes en Singapur, Hong Kong, Islas Cook, Nevis, Nueva Zelanda, Panamá y Samoa. Asesoró a José Simón Elarba en el intento de apertura de dos empresas en Singapur e Islas Cook.
Empresa estatal china fundada en 1980. Dedicada a las telecomunicaciones, también tiene entre sus objetos la producción de equipos electrónicos de defensa. Ha contratado con empresas públicas y privadas en Venezuela.
Empresa estatal China. Fundada en 1985, su objeto es la producción y comercialización de equipos de telecomunicaciones. Ha contratado con empresas públicas y privadas de Venezuela.
Abogado venezolano que ha fungido como bróker en Estados Unidos. En ese país fue demandado por fraude y obligado a cancelar 4 millones de dólares como sanción. Ha sido asesor de José Simón Elarba.
Abogado venezolano y miembro de la firma Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez. Ha sido intermediario en los negocios de José Simón Elarba. Es directivo de Venoil Consultores Asociados, Guayamure Investment y GI Global Management Corp., con sedes en Panamá.
Bufete caraqueño con más de 50 años de historia, fundado por Reinaldo Gadea Pérez y Ernesto Lesseu Rincón. José Simón Elarba, su esposa, Aitza Melo Castillo, y su hijastra, Mariana Flores Melo, son socios de esta firma.
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. Fundada en 1930, en 1991 fue privatizada durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y renacionalizada por Hugo Chávez en 2007.
Primera operadora de telefonía celular en Venezuela. Desde 1991 estuvo regida por Telcel-Bell South y, desde 2005 hasta ahora, por la española Telefónica Móviles. Es más conocida por su denominación comercial Movistar.
Empresa de recolección de desechos sólidos, propiedad de José Simón Elarba, su esposa y su hijastro. Tiene como base principal de operaciones Caracas, aunque también funciona en algunos municipios de los estados Lara y Nueva Esparta.
Abogado y empresario venezolano. Propietario de la empresa de recolección de desechos sólidos Fospuca y socio del bufete Gadea Lesseur & Asociados. En 2014, como integrante de la junta directiva del diario El Nacional, fue demandado por Diosdado Cabello por difamación.
