De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro

La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.
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El
principal centro de distribución de alimentos de Venezuela está en el puerto de
Veracruz, México. Desde allí, a miles de kilómetros de distancia, en lo que va
de año han zarpado buques cargados con las cajas de alimentos para los Comité
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa diseñado por Nicolás
Maduro. La travesía de unos cinco días implica bajar desde el golfo mexicano,
atravesar el mar Caribe y tocar costas venezolanas, y ha conducido a un negocio
millonario a Group Grand Limited, la fantasmal empresa que según la Fiscal
General de la República destituida por el Gobierno venezolano, Luisa Ortega
Díaz, tiene relación directa con el presidente de
Venezuela.
Aunque
desconocida por la opinión pública, Group Grand Limited ha entrado
silenciosamente en los hogares venezolanos, especialmente los más pobres, a
través de las cajas de alimentos. La compañía es la gran beneficiaria del
negocio de los CLAP. Se ha impuesto, incluso, a Postar Intertrade Limited, del
empresario venezolano Samark López Bello, a quien el Departamento del Tesoro
estadounidense señaló en febrero pasado de ser el “testaferro” del
Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Las sanciones asociadas a esa
acusación, precisamente, lo apartaron rápidamente del negocio tras firmar un
contrato por unos 120 millones de dólares con las autoridades venezolanas para
la venta de 3 millones de despensas CLAP, según ha manifestado López
Bello.
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La caja de Pandora
El
pasado 23 de agosto la Fiscal rebelde viajó a Brasil para reunirse con homólogos
de las naciones del Mercado Común del Sur (Mercosur). Días antes había escapado
desde Caracas hasta Bogotá tras ser destituida a inicios de agosto por la
cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que el chavismo ha
terminado de suplantar al parlamento bajo control de la oposición desde enero de
2016. En la capital brasileña, rodeada de micrófonos y frente a las cámaras de
los medios de comunicación, Ortega Díaz soltó que el presidente Maduro es
beneficiario de Group Grand Limited y de la venta de alimentos para los CLAP, un
plan que el Gobierno esgrime como la solución al desabastecimiento generalizado
y a la “guerra económica” de los empresarios
locales.
“Tenemos
investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP,
una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa
tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la
República, Nicolás Maduro”, disparó la ahora perseguida del chavismo.
Seguidamente detalló que los propietarios en papeles serían el venezolano
Rodolfo Reyes y los colombianos Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. “Esas pruebas
también las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos
países”, dijo para desatar un estruendo en Venezuela y
Colombia.
Las
afirmaciones de Ortega Díaz apuntaban a mostrar que Álvaro Pulido Vargas y Alex
Nain Saab Morán, hasta ahora relacionados a la ex senadora colombiana Piedad
Córdoba, son también cercanos al presidente venezolano. En otras palabras, que
Maduro sería otro valedor de los negocios que desde hace años Pulido y Saab
ganaron con el chavismo. Aunque con algunas imprecisiones, las denuncias de
Ortega Díaz no están descaminadas.
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El
23 de abril Armando.info publicó
un primer reportaje sobre las operaciones de Group Grand Limited,
sociedad registrada en Hong Kong el 8 de marzo de 2013 con un capital de 10 mil
dólares. Desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de este año el
director fue Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Nain Saab Morán. Además del
vínculo familiar, padre e hijo están unidos junto a otros parientes en dos
fundaciones creadas en Panamá llamadas Seafire Foundation y Fundación Hesace, e
hicieron sociedad en una compañía inscrita y posteriormente liquidada en
Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, de nombre Saab Certain &
Compañía.
Tanto
el propio Alex Saab como sus abogados desmintieron rápidamente su vinculación
con Group Grand Limited. “No hago parte de la empresa vinculada a los
alimentos”, respondió el empresario al diario El Tiempo de
Bogotá en una escueta entrevista vía correo electrónico que se publicó el 25 de
agosto. Allí, en cambio, admitió su amistad desde hace “muchos años” con la ex
senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien calificó como “gran persona y líder
natural” y a quien dijo admirar por “su lucha a favor de los derechos humanos”.
Meses antes, en abril, cuando ya el nombre de Piedad Córdoba sonaba en los
negocios de Alex Saab, la ex senadora fue homenajeada por la Gobernación del
Táchira, que ya se entendía con Group Grand Limited.
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En
la misma línea se pronunció uno de sus abogados. Abelardo De La Espriella,
conocido por duras opiniones contra el presidente venezolano, declaró al
diario El Heraldo de Barranquilla que su defendido “no tiene
nada que ver con esa empresa de alimentos” y que “no hace parte del Gobierno
venezolano”. Aseguró, incluso, que si Saab “fuera socio de Nicolás Maduro, no
estaría defendiéndolo”.
Pero
documentos de embarque y facturas confirman que cuando el hijo de Alex Saab
todavía era responsable de Group Grand Limited, la empresa vendió cientos de
kilos de alimentos para los CLAP a la Gobernación del Táchira. Entre el 8 de
enero y el 30 de enero de este año emitió, al menos, 149 facturas a la
Gobernación del estado Táchira por unos 212 millones de dólares, más de la mitad
de los 340 millones de dólares aprobados inicialmente por Maduro. De acuerdo a
esos papeles la empresa cobró por adelantado por hacer el “trading” con los
alimentos. Cada una de las cajas fue vendida aproximadamente en 34 dólares,
apenas 340 bolívares al tipo de cambio preferencial, pero comercializadas en
Venezuela por encima de 10 mil bolívares, casi 30 veces su
valor.
Si
la conexión padre-hijo resulta insuficiente, otros indicios revelan que Alex
Saab es el hombre detrás de las cajas CLAP que comercializa Group Grand Limited.
Tanto la dirección que colocó Shadi Nain Saab Certain en el registro de Hong
Kong, como la que aparece en las facturas remite a las oficinas en Caracas de
Fondo Global de Construcción, compañía
con la que Alex Saab obtuvo un contrato con el mismísimo Hugo Chávez en 2011
para vender casas prefabricadas al plan “Misión Vivienda”.
Esa misma dirección estuvo en la web de Group Grand Limited hasta abril pasado,
pero fue modificada al consultarles por la relación entre las dos empresas y el
empresario colombiano. Luego de las acusaciones de Ortega Díaz desapareció del
portal esa segunda dirección, reafirmando el carácter fantasmal de la
compañía.
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El
actual director de la empresa, el abogado colombiano ex cónsul de ese país en
New York y ex presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, Javier
Betancourt, también negó la participación de Alex Saab. En un comunicado
firmado por él y difundido a medios colombianos el 28 de agosto, Betancourt dijo
que “es totalmente falso que alguna de las personas mencionadas por la señora
Ortega (Díaz) hace parte de la composición accionaria de Group Grand Limited”.
Manifestó, además, son una de las “por lo menos 12 empresas que en este momento
prestan el servicio de cajas CLAP” al Gobierno venezolano. “Las relaciones
contractuales que hemos celebrado con la República Bolivariana de Venezuela se
rigen por las reglas de derecho de ese país”, sentencia el texto firmado por
Betancourt, quien encomendó la defensa de Group Grand Limited al ex fiscal
colombiano Mario Iguarán.
Aunque
en el comunicado se sostiene que la compañía trabaja con “total transparencia”,
no descubre quiénes son los verdaderos dueños. De los movimientos del registro
en Hong Kong se desprende que el 24 de febrero, cuando Shadi Nain Saab Certain
renunció al directorio y Betancourt asumió su puesto, las acciones de Group
Grand Limited pasaron a manos de dos compañías panameñas. Se trata de Eolo
Energies INC y Viladrake International INC, esta última creada en noviembre de
2016 y manejada desde el 27 de enero de este año por el apoderado Jorge Wuerms,
un panameño especializado en finanzas y ligado a Penates AG, firma financiera
radicada en Suiza.
El arte de esconderse
Si
la estructura de Group Grand Limited en Hong Kong es opaca, la filial mexicana a
la que se refirió Ortega Díaz en su denuncia también levanta sospechas. De
acuerdo al Registro Público de Comercio de Ciudad de México, Group Grand Limited
Sociedad Anónima fue inscrita el 21 de marzo de 2017, dos meses después de haber
iniciado el intercambio comercial con la Gobernación del Táchira a través de la
casa matriz de Hong Kong. Antes del registro mercantil, y por tratarse de una
sociedad extranjera, la compañía tramitó el 13 de marzo de 2017 una
“autorización de denominación/razón social” ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la de Secretaría de Economía de México. Todavía la tensión
diplomática entre Maduro y Enrique Peña Nieto, ni los insultos de Maduro y las
autoridades venezolanas al canciller mexicano, Luis Videgaray, no se habían
desatado a propósito de la posición que asumiría México ante la crisis política
venezolana iniciada a finales de marzo.
El
capital de la compañía son 100 mil pesos mexicanos, de los cuales el 99%
pertenece a Group Grand Limited de Hong Kong y el 1% restante a Santiago
Uzcátegui Pinto, un joven de 33 años nacido en Madrid, de nacionalidad
venezolana, residenciado en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de
Venezuela, y con compañías propias en el área de alimentos y la construcción. El
4 de mayo Uzcátegui Pinto otorgó el control de la empresa mediante poderes a
Andrés Eduardo León Rodríguez y Enmanuel Enrique Rubio González, quien sería
hijo de Álvaro Pulido Vargas, el otro empresario colombiano referido por Ortega
Díaz. La razón por la que no coinciden los apellidos es que la verdadera
identidad de Álvaro Pulido Vargas sería la de Germán Rubio, nombre que decidió
cambiar tras
estar ligado a una investigación por narcotráfico, como ha revelado el
periodista Gerardo Reyes.

Notaría donde se encuentra registrada Group Grand Limited en México. Fotografía: Paola Hidalgo, Excélsior.
“Son
terceros que utilizan para frentear las compañías y no los vinculen a ellos
(Alex Saab y Álvaro Pulido) porque están siendo investigados en varias
jurisdicciones”, asegura una fuente que prefiere el anonimato. Una de esas
investigaciones fue la realizada por las autoridades ecuatorianas a la empresa
Fondo Global de Construcción, con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas
obtuvieron acceso a los dólares preferencias de Venezuela y al Sistema Unitario
de Compensación Regional de Pagos (Sucre) impulsado por los Gobiernos de Caracas
y Quito. Desde Ecuador, sospechan que la compañía incurrió en operaciones de
lavado de dinero, exportaciones ficticias y sobrefacturación, entre otras
irregularidades, con la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcción, otra
compleja estructura empresarial que al igual que Group Grand Limited, conduce a
un paraíso fiscal, en este caso, en la isla de Malta, en el mar
Mediterráneo.
Del
registro de la empresa en México también llama la atención que no hay ninguna
dirección física en territorio mexicano, lo que supone un incumplimiento de la
Ley General de Asociaciones Mercantiles de ese país y reafirma el carácter
fantasmal del grupo. “La Ley General de Asociaciones Mercantiles requiere de la
existencia de un domicilio como uno de los requisitos básicos para la
constitución de una asociación, lo cual obedece a la idea de que la asociación
pueda hacer frente a cualquier tipo de demanda o requerimiento fiscal. No se
explica cómo al parecer el notario público pasó por alto este requisito, lo que
hace presumir la intención de evadirse de la responsabilidad de dar la cara ante
cualquier reclamo o eventualidad suscitada con motivo de su giro social”,
advierte un abogado mexicano que vio los papeles de registro y prefirió el
anonimato. Por si fuera poco, el notario responsable del registro, Guillermo
Oliver Bucio, ha estado relacionado con irregularidades, de acuerdo a la prensa
mexicana.
En
cualquier caso no ha sido impedimento para dominar el negocio de los CLAP.
Empresarios mexicanos, algunos de ellos proveedores de Group Grand Limited,
aseguran que la empresa es la única con capacidad financiera para continuar en
el negocio tras la salida de Samark López Bello y los amagos de otros
empresarios venezolanos, que de acuerdo a esas fuentes estarían ligados al
propio Alex Saab bajo otras denominaciones empresariales. Desde la empaquetadora
El Sardinero, una de las más grandes compañías mexicanas dedicadas al armado de
cajas o despensas con alimentos, una política habitual en varias instancias de
Gobierno mexicano, se han preparado hasta 25 mil cajas diarias que luego salen
desde el puerto de Veracruz hasta el de La Guaira. “El Sardinero estuvo haciendo
por lo menos 25 mil despensas diarias, lo que implica casi 25 contenedores
diarios, pues cada uno tiene 1300 despensas (…) Este proyecto (el de los CLAP)
se detuvo, porque los venezolanos no transfirieron los recursos y el único que
siguió trabajando fue El Sardinero”, afirma un proveedor mexicano.

Los nombres detrás de la empresa que Luisa Ortega Díaz vincula a Nicolás Maduro
Documentos
de embarque le dan la razón. Al menos la mitad de los 7 millones de cajas CLAP
para la Gobernación del Táchira han sido despachados por El Sardinero desde el
puerto de Veracruz, en el golfo mexicano. Una vez armadas las cajas con los 11
alimentos básicos se transportan por tierra unos 28 kilómetros hacia la Terminal
Intermodal de ferrocarril, Pantaco, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad
de México. Desde allí los contenedores con las 1.300 cajas CLAP salen en tren
hasta el puerto de Veracruz, a unos 425 kilómetros de distancia y la naviera
Hapag Lloyd carga los barcos que finalmente salen con destino a
Venezuela.
“Ningún
otro país de América Latina tiene la capacidad de distribuir tantos volúmenes de
despensas como nosotros, pero me preocupa que le están vendiendo a los
venezolanos los productos de muy baja calidad”, destaca el empresario mexicano,
a quien en algún momento le llegó el rumor de que uno de los representantes de
Group Grand Limited se presentaba como “sobrino de Maduro”, justo a quien
terminó señalando Ortega Díaz.
Quizás
por eso la Fiscal destituida no ha demorado en viajar a suelo azteca. Una semana
después de su acusación contra el presidente venezolano llegó a la capital
mexicana y se reunió con las autoridades de ese país para continuar denunciando
la deriva autoritaria del Gobierno de Venezuela e intentar tirar de un hilo que
no sólo une a los puertos de Veracruz y La Guaira, sino a Alex Saab con Piedad
Córdoba y Nicolás Maduro. “Fundamentalmente vine hasta este país a reunirme con
el Procurador General de la República, a quien le entregué alguna información
importante relacionada con unas investigaciones que cursan en Venezuela y que
pueden ser del interés de este país”, admitió Ortega
Díaz.