De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro

El pasado 23 de agosto la Fiscal rebelde viajó a Brasil para reunirse con homólogos de las naciones del Mercado Común del Sur (Mercosur). Días antes había escapado desde Caracas hasta Bogotá tras ser destituida a inicios de agosto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que el chavismo ha terminado de suplantar al parlamento bajo control de la oposición desde enero de 2016. En la capital brasileña, rodeada de micrófonos y frente a las cámaras de los medios de comunicación, Ortega Díaz soltó que el presidente Maduro es beneficiario de Group Grand Limited y de la venta de alimentos para los CLAP, un plan que el Gobierno esgrime como la solución al desabastecimiento generalizado y a la “guerra económica” de los empresarios locales.

El 23 de abril Armando.info publicó un primer reportaje sobre las operaciones de Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong el 8 de marzo de 2013 con un capital de 10 mil dólares. Desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de este año el director fue Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Nain Saab Morán. Además del vínculo familiar, padre e hijo están unidos junto a otros parientes en dos fundaciones creadas en Panamá llamadas Seafire Foundation y Fundación Hesace, e hicieron sociedad en una compañía inscrita y posteriormente liquidada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, de nombre Saab Certain & Compañía.

Tanto el propio Alex Saab como sus abogados desmintieron rápidamente su vinculación con Group Grand Limited. “No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos”, respondió el empresario al diario El Tiempo de Bogotá en una escueta entrevista vía correo electrónico que se publicó el 25 de agosto. Allí, en cambio, admitió su amistad desde hace “muchos años” con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien calificó como “gran persona y líder natural” y a quien dijo admirar por “su lucha a favor de los derechos humanos”. Meses antes, en abril, cuando ya el nombre de Piedad Córdoba sonaba en los negocios de Alex Saab, la ex senadora fue homenajeada por la Gobernación del Táchira, que ya se entendía con Group Grand Limited.

En la misma línea se pronunció uno de sus abogados. Abelardo De La Espriella, conocido por duras opiniones contra el presidente venezolano, declaró al diario El Heraldo de Barranquilla que su defendido “no tiene nada que ver con esa empresa de alimentos” y que “no hace parte del Gobierno venezolano”. Aseguró, incluso, que si Saab “fuera socio de Nicolás Maduro, no estaría defendiéndolo”.

Pero documentos de embarque y facturas confirman que cuando el hijo de Alex Saab todavía era responsable de Group Grand Limited, la empresa vendió cientos de kilos de alimentos para los CLAP a la Gobernación del Táchira. Entre el 8 de enero y el 30 de enero de este año emitió, al menos, 149 facturas a la Gobernación del estado Táchira por unos 212 millones de dólares, más de la mitad de los 340 millones de dólares aprobados inicialmente por Maduro. De acuerdo a esos papeles la empresa cobró por adelantado por hacer el “trading” con los alimentos. Cada una de las cajas fue vendida aproximadamente en 34 dólares, apenas 340 bolívares al tipo de cambio preferencial, pero comercializadas en Venezuela por encima de 10 mil bolívares, casi 30 veces su valor.

Si la conexión padre-hijo resulta insuficiente, otros indicios revelan que Alex Saab es el hombre detrás de las cajas CLAP que comercializa Group Grand Limited. Tanto la dirección que colocó Shadi Nain Saab Certain en el registro de Hong Kong, como la que aparece en las facturas remite a las oficinas en Caracas de Fondo Global de Construcción, compañía con la que Alex Saab obtuvo un contrato con el mismísimo Hugo Chávez en 2011 para vender casas prefabricadas al plan “Misión Vivienda”. Esa misma dirección estuvo en la web de Group Grand Limited hasta abril pasado, pero fue modificada al consultarles por la relación entre las dos empresas y el empresario colombiano. Luego de las acusaciones de Ortega Díaz desapareció del portal esa segunda dirección, reafirmando el carácter fantasmal de la compañía.

El actual director de la empresa, el abogado colombiano ex cónsul de ese país en New York y ex presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, también negó la participación de Alex Saab. En un comunicado firmado por él y difundido a medios colombianos el 28 de agosto, Betancourt dijo que “es totalmente falso que alguna de las personas mencionadas por la señora Ortega (Díaz) hace parte de la composición accionaria de Group Grand Limited”. Manifestó, además, son una de las “por lo menos 12 empresas que en este momento prestan el servicio de cajas CLAP” al Gobierno venezolano. “Las relaciones contractuales que hemos celebrado con la República Bolivariana de Venezuela se rigen por las reglas de derecho de ese país”, sentencia el texto firmado por Betancourt, quien encomendó la defensa de Group Grand Limited al ex fiscal colombiano Mario Iguarán.

Aunque en el comunicado se sostiene que la compañía trabaja con “total transparencia”, no descubre quiénes son los verdaderos dueños. De los movimientos del registro en Hong Kong se desprende que el 24 de febrero, cuando Shadi Nain Saab Certain renunció al directorio y Betancourt asumió su puesto, las acciones de Group Grand Limited pasaron a manos de dos compañías panameñas. Se trata de Eolo Energies INC y Viladrake International INC, esta última creada en noviembre de 2016 y manejada desde el 27 de enero de este año por el apoderado Jorge Wuerms, un panameño especializado en finanzas y ligado a Penates AG, firma financiera radicada en Suiza.

Si la estructura de Group Grand Limited en Hong Kong es opaca, la filial mexicana a la que se refirió Ortega Díaz en su denuncia también levanta sospechas. De acuerdo al Registro Público de Comercio de Ciudad de México, Group Grand Limited Sociedad Anónima fue inscrita el 21 de marzo de 2017, dos meses después de haber iniciado el intercambio comercial con la Gobernación del Táchira a través de la casa matriz de Hong Kong. Antes del registro mercantil, y por tratarse de una sociedad extranjera, la compañía tramitó el 13 de marzo de 2017 una “autorización de denominación/razón social” ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Secretaría de Economía de México. Todavía la tensión diplomática entre Maduro y Enrique Peña Nieto, ni los insultos de Maduro y las autoridades venezolanas al canciller mexicano, Luis Videgaray, no se habían desatado a propósito de la posición que asumiría México ante la crisis política venezolana iniciada a finales de marzo.

El capital de la compañía son 100 mil pesos mexicanos, de los cuales el 99% pertenece a Group Grand Limited de Hong Kong y el 1% restante a Santiago Uzcátegui Pinto, un joven de 33 años nacido en Madrid, de nacionalidad venezolana, residenciado en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, y con compañías propias en el área de alimentos y la construcción. El 4 de mayo Uzcátegui Pinto otorgó el control de la empresa mediante poderes a Andrés Eduardo León Rodríguez y Enmanuel Enrique Rubio González, quien sería hijo de Álvaro Pulido Vargas, el otro empresario colombiano referido por Ortega Díaz. La razón por la que no coinciden los apellidos es que la verdadera identidad de Álvaro Pulido Vargas sería la de Germán Rubio, nombre que decidió cambiar tras estar ligado a una investigación por narcotráfico, como ha revelado el periodista Gerardo Reyes.

“Son terceros que utilizan para frentear las compañías y no los vinculen a ellos (Alex Saab y Álvaro Pulido) porque están siendo investigados en varias jurisdicciones”, asegura una fuente que prefiere el anonimato. Una de esas investigaciones fue la realizada por las autoridades ecuatorianas a la empresa Fondo Global de Construcción, con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas obtuvieron acceso a los dólares preferencias de Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) impulsado por los Gobiernos de Caracas y Quito. Desde Ecuador, sospechan que la compañía incurrió en operaciones de lavado de dinero, exportaciones ficticias y sobrefacturación, entre otras irregularidades, con la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcción, otra compleja estructura empresarial que al igual que Group Grand Limited, conduce a un paraíso fiscal, en este caso, en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo.

Documentos de embarque le dan la razón. Al menos la mitad de los 7 millones de cajas CLAP para la Gobernación del Táchira han sido despachados por El Sardinero desde el puerto de Veracruz, en el golfo mexicano. Una vez armadas las cajas con los 11 alimentos básicos se transportan por tierra unos 28 kilómetros hacia la Terminal Intermodal de ferrocarril, Pantaco, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Desde allí los contenedores con las 1.300 cajas CLAP salen en tren hasta el puerto de Veracruz, a unos 425 kilómetros de distancia y la naviera Hapag Lloyd carga los barcos que finalmente salen con destino a Venezuela.

“Ningún otro país de América Latina tiene la capacidad de distribuir tantos volúmenes de despensas como nosotros, pero me preocupa que le están vendiendo a los venezolanos los productos de muy baja calidad”, destaca el empresario mexicano, a quien en algún momento le llegó el rumor de que uno de los representantes de Group Grand Limited se presentaba como “sobrino de Maduro”, justo a quien terminó señalando Ortega Díaz.

Quizás por eso la Fiscal destituida no ha demorado en viajar a suelo azteca. Una semana después de su acusación contra el presidente venezolano llegó a la capital mexicana y se reunió con las autoridades de ese país para continuar denunciando la deriva autoritaria del Gobierno de Venezuela e intentar tirar de un hilo que no sólo une a los puertos de Veracruz y La Guaira, sino a Alex Saab con Piedad Córdoba y Nicolás Maduro. “Fundamentalmente vine hasta este país a reunirme con el Procurador General de la República, a quien le entregué alguna información importante relacionada con unas investigaciones que cursan en Venezuela y que pueden ser del interés de este país”, admitió Ortega Díaz.