Santiago Fernández Castro, expresidente de U-21, que se originó con dinero de los universitarios jubilados, es ahora una figura relevante en Panamá. Forma parte de las personas que aportan capital para el desarrollo del Biomuseo y posee una firma de asesoría financiera en la exclusiva zona de Punta Paitilla, adquirido gracias a un trámite organizado por el ya célebre bufete Mossack Fonseca. Las turbulencias políticas de Venezuela y los ecos de la minicrisis bancaria de 2009 son un recuerdo lejano en su vida.

Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.

El relato oficial de la revolución bolivariana ha buscado apropiarse de la celebración del 23 de enero, aniversario de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Y lo sigue intentando a pesar de que el espíritu castrense del proceso no solo permitió reivindicar el nombre del dictador, sino además financiar con 1,7 millones de dólares a una fundación de ese nombre, gerenciada por un nieto del general.

Una nueva filtración desde Estados Unidos muestra que la empresa Derwick Associates, de los llamados ‘bolichicos’, aprovechó la crisis eléctrica venezolana para ganar, solo por su intermediación, más que su socio técnico, y todo por vender como nuevas algunas turbinas usadas que rescataron de sumideros de todo el mundo. La mayoría de esos equipos están parados o en mantenimiento, rindiendo menos de lo requerido.

De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.

No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.

Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.

Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.

La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.

Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.