Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
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¿Qué conexión hay entre el secuestro del padre de un empresario de criptomonedas, un rescate pagado a la billetera digital de una ciudadana venezolana y el parque de vida silvestre más grande del mundo, ubicado en India? La respuesta a esta pregunta arrojaría luz sobre un caso turbio que se ha convertido en un ejemplo emblemático de una ola de secuestros en Francia, vinculada a las criptomonedas, y que posiblemente hasta sirvió de modelo para una serie de raptos que sembraron el pánico entre empresarios del sector cripto en 2025.
El documento de acusación del juicio contra siete personas procesadas por los delitos de asociación criminal, extorsión, secuestro, detención ilegal y blanqueo de capitales como grupo organizado, consultado por Le Monde, revela una inesperada red criminal que ilustra los complejos canales financieros de alcance global que las redes criminales utilizan para lavar sus ganancias ilícitas.
El 24 de agosto de 2023, en un pequeño pueblo del valle del Loira [el llamado ‘Jardín de Francia’, en el centro del país], B. D., de 60 años, fue secuestrado por varias personas. Se trata del padre de un influencer de redes sociales radicado en la isla-nación mediterránea de Malta, que hizo fortuna jugando en sitios de apuestas en línea bajo el seudónimo de TeufeurS. Los secuestradores contactaron a TeufeurS por teléfono y exigieron un cuantioso rescate por su padre, al tiempo que lo bombardeaban con amenazas. Un mensaje de texto advertía: "En 5 min, se va un dedo (...) Tic tac".
TeufeurS, que en ese momento viajaba por Grecia, logró cumplir con sus exigencias, aunque no sin dificultades: finalmente tuvo que transferir un total de 1,7 millones de euros (cerca de dos millones de dólares) en dos pagos, enviados a billeteras de criptomonedas en direcciones en línea que le proporcionaron los criminales. La misma noche en que completó los pagos, su padre fue encontrado sano y salvo en una carretera rural cercana. Al parecer, no había sufrido daños físicos.
Pero la liberación no resolvió el caso. Por el contrario, la gendarmería francesa consideró que el caso estaba lejos de cerrarse.
Los investigadores especializados se concentraron en rastrear a dónde fue a parar parte del rescate. Varias transferencias habían sido enviadas a cuentas alojadas en plataformas poco cooperativas y a nombre de ciudadanos extranjeros, por lo que sus esfuerzos resultaron inútiles. Sin embargo, los gendarmes sí lograron aislar y seguirle el rastro a una suma de 131.002 dólares, que había sido dividida en tres transferencias hacia una billetera completamente nueva.
La propietaria de la billetera pronto fue "identificada como Isabel V., una mujer venezolana", según se lee en el documento. La actividad de la cuenta no solo fue rastreada hasta Venezuela, sino que también condujo a Portugal y España. Grandes sumas ingresaron a ella desde cuentas bancarias alojadas en Sudáfrica, Panamá, Reino Unido y Polonia. Entre febrero de 2021 y agosto de 2023, la billetera recibió el equivalente a 5,2 millones de dólares en criptomonedas, mientras que sus egresos totalizaron 4,19 millones de dólares.
El 12 de septiembre de 2023, las autoridades francesas lograron incautar el saldo completo de la billetera, que entonces ascendía a casi 900.000 dólares. Diez días después, el hermano de la titular de la cuenta, Luis Miguel F., apeló la decisión. Afirmó ser un empresario especializado en la venta de animales a zoológicos extranjeros, y dijo que utilizaba la cuenta de criptomonedas de su hermana por comodidad. También dijo a las autoridades francesas que tenía la intención de usar los fondos que habían sido incautados para una transacción con el parque de vida silvestre más grande del mundo, ubicado en India. Con ese testimonio, el caso dio un giro inesperado.
La mencionada reserva zoológica, conocida como Vantara (Estrella de la Selva en hindi), abarca cerca de 1.400 hectáreas en el estado indio de Gujarat, y ha suscitado varias controversias. Es propiedad de Mukesh Ambani, un multimillonario clasificado como la persona más rica de India y la 21.ª más acaudalada del mundo por la revista Forbes, y alberga varias especies protegidas de reptiles, grandes simios en peligro de extinción y hasta ejemplares de los raros leopardos de las nieves. Según el sitio web de Vantara, cuenta con "más de 150.000 animales que representan más de 2.000 especies", un récord mundial. El parque, cuya serie divulgativa en televisión se transmite desde finales de 2025 en el canal Animal Planet, ha sido objeto de escrutinio por parte de expertos en biodiversidad y oenegés de defensa animal, como la francesa Fundación 30 Millones de Amigos.
En 2025, tras meses de investigación, la fundación denunció las problemáticas prácticas de adquisición e importación de animales del parque. Estas involucran animales que, según afirmó, ciertamente fueron salvados de la extinción o del maltrato, pero que, en realidad, a veces se obtuvieron de maneras que violan las normativas internacionales. "Entre los miles de animales importados" a Vantara, escribió la oenegé en una carta enviada a la ministra francesa de Medio Ambiente, Monique Barbut, el 12 de noviembre de 2025, "muchos mamíferos, aves, reptiles y anfibios pertenecen a especies clasificadas como en peligro crítico de extinción".
En marzo de 2025, otra investigación, publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y Armando.info, de Venezuela, reveló que miles de animales silvestres trasladados de Venezuela a India habían sido enviados desde el Criadero San Antonio Abad, una instalación descrita tanto como santuario animal como centro "de cría". ¿Quién era el representante legal de este supuesto "zoológico", situado al este de Caracas? Nada menos que Luis Miguel F. [identificado en aquella investigación como Luis Miguel Faria, miembro de la familia que posee la marca de alimentos para mascotas Kantal y Pajarolandia, la tradicional tienda de animales de la avenida Casanova] el hermano de la mujer propietaria de la billetera cripto a la que había sido enviada parte del rescate que TeufeurS pagó por la liberación de su padre.
¿Qué conexiones internacionales llevaron a que la suma terminara en una billetera cripto vinculada al comercio de animales en Venezuela? Los investigadores franceses siguen sin tener claridad: al no existir una esperanza razonable de éxito en sus pesquisas relacionadas con plataformas cripto, y para evitar demoras que prolongaran la detención de los sospechosos, no emitieron ninguna orden dirigida a las autoridades judiciales ni de India ni de Venezuela.
Bajo investigación, Isabel V. presentó en Francia documentos de viaje, boletos de avión y facturas para demostrar su buena fe. En una audiencia del 3 de abril de 2025, explicó que había utilizado la billetera de criptomonedas “para hacer frente a la inflación en Venezuela”. En cuanto al uso que su hermano hacía de la cuenta para su negocio, en lugar de una cuenta corporativa o profesional, ella lo atribuyó simplemente al “desconocimiento” de las obligaciones legales correspondientes.
Su argumento no logró convencer al juez de instrucción que supervisaba el caso. La ciudadana venezolana fue imputada por “blanqueo de capitales en banda organizada”. Contactado por Le Monde para comentar, el bufete Haïk-Laffont, que representa sus intereses, no respondió.
Según una fuente cercana a la investigación, “en esta etapa, es imposible demostrar que la cuenta venezolana actuó como un hub, una especie de relevo puesto a disposición de distintos operadores para transacciones cuestionables”. Sin embargo, la fuente señaló que el caso ilustra “la capacidad de ciertas redes criminales para asociarse con proveedores de servicios de criptomonedas, lo que les permite ocultar aún más el origen de fondos obtenidos ilegalment”".
Según Romain Chilly, abogado de los demandantes (no identificados), quien declinó “comentar sobre el fondo del caso”, el incidente “cumple con todos los criterios del blanqueo de capitales mediante criptoactivos”. Sobre todo, dijo, también fue el último aliento de una época ya pasada: “La incautación, que fue posible en 2023, ya no lo sería hoy. Las plataformas que en ese momento cooperaban con las autoridades ahora solo aceptan hacerlo si los titulares de las cuentas señaladas son ciudadanos franceses que residen en Francia”.
Hasta la fecha, los fondos incautados no han sido devueltos al cliente (o a los clientes) de Chilly. Entre tanto sigilo y opacidad en el mundo de los criptoactivos, además, es poco probable que el próximo juicio revele por completo las desconcertantes conexiones entre los criminales franceses especializados en secuestros vinculados a las criptomonedas, un empresario venezolano y el parque de vida silvestre más grande del mundo.
(*) Este reportaje es reproducido por Armando.info con derechos otorgados por el diario ‘Le Monde’ de París.
Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.
San Antonio Abad es el nombre de un zoocriadero privado, aliado del Ministerio de Ecosocialismo, sobre el que la Fiscalía General anunció una investigación por supuesto contrabando de fauna silvestre. Pero el procedimiento penal, de estar activo, no ha impedido que esa empresa, que forma parte de un grupo corporativo familiar, siga comercializando en el extranjero toneladas de especies criollas bajo amenaza de extinción. Tampoco lo ha hecho con las importaciones de animales foráneos, leones blancos entre ellos, que la misma compañía realiza.
Detrás de la fachada conservacionista, este zoocriadero comercializa miles de morrocoyes sabaneros oriundos del Macizo Guayanés, con la autorización del Ministerio de Ecosocialismo. Desde hace más de una década, ha exportado más de 200.000 a cuatro continentes tomando rutas poco convencionales para saciar la demanda global de la fauna silvestre.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
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