Una cárcel solo para la delegación del Zulia

Amanda Molero vio a través de las cámaras de seguridad a los hombres que, con capuchas sobre sus rostros y armados hasta los dientes, tocaban a la puerta de la casa de su tía, en Maracaibo, capital del estado Zulia (extremo noroeste de Venezuela). Dentro de la vivienda, agitada, con las manos temblorosas, sacó el valor para llamar a su mamá por teléfono celular. Lo intentó una y otra vez. Pero no consiguió respuesta. Entonces, optó por escribirle un mensaje de WhatsApp en el que detallaba lo que ocurría.

“Ábreles, hijita”, fue la escueta respuesta escrita que finalmente recibió de quien, según creía, era su madre en Caracas.

Obedeció.

Al entrar, los sujetos apuntaron con sus armas a ella y a su hermano menor, en ese momento  de 17 años. Los intrusos farfullaban groserías e improperios. Uno de ellos gritó: “¡Todos están detenidos!”. En ese momento, Amanda comenzó a llorar. A esas alturas, los hombres ni se habían identificado ni, mucho menos, habían mostrado alguna orden de requisa o de captura. 

Mientras algunos encapuchados revisaban la casa, cuarto por cuarto, otro de los hombres reprochó a Amanda: “¿Por qué lloras? No tienes que llorar: esto es lo malo de trabajar con el narcotráfico y de usar algo del pueblo para cosas así”.

Amanda no entendía por qué su mamá, Indira Celina Fernández Dugarte —alcaldesa del Municipio Indígena Bolivariano La Guajira, estado Zulia, electa por primera vez en 2017 y luego reelecta en 2021, siempre con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, le había contestado que dejara pasar a los sujetos que ahora la amenazaban. 

Muy pronto llegaría a sus manos la información para descifrar el porqué. No había sido su mamá, sino un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), quien, desde Caracas, respondió al mensaje. Unas horas antes, en un hotel de Altamira, en el noreste de la capital venezolana, la alcaldesa y su pareja, Ronnix Yancen, habían sido detenidos cuando se alistaban para regresar a Zulia. Los funcionarios incautaron entonces el teléfono celular de Fernández, del que tomaron control para hacerse pasar por ella. 

De esos apresamientos sabrían Amanda y sus hermanos al día siguiente, una vez liberada ella misma de una breve detención y de un interrogatorio en el que, según recuerda, los funcionarios le preguntaron con insistencia por “el nombre del mamagüevo ese”, en alusión a su padrastro. Se enteraron primero por una publicación del Sebin en la red social TikTok. Y ya no les quedarían dudas dos días después, al mediodía del 4 de abril de 2025, cuando Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz designado por Nicolás Maduro —cargo que hoy todavía detenta—, informó al público de la detención no solo de Indira Celina Fernández sino también de las de otros alcaldes del estado Zulia, como parte de lo que denominó Operación Relámpago de Catatumbo, una misión supuestamente orientada a desmantelar redes de tráfico de drogas entre Venezuela y Colombia. 

Más de un año después, Indira Celina Fernández es la única mujer entre cinco presos, todos ellos, los exalcaldes de distintos municipios de Zulia arrestados entonces, que siguen confinados en el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Las Acacias, un vecindario de clase media en el centro-sur de Caracas. Allí, hasta enero de este año, llegó a haber más de 70 presos. Hoy solo queda esta delegación zuliana, exigua pero distinguida, que conforman la propia Fernández junto con sus colegas del chavismo, Jorge Nava (municipio Miranda), Alberto Sobalvarro (municipio Almirante Padilla) y Danilo Añez (municipio Jesús Enrique Losada), además de Fernando Loaiza, exalcalde del municipio Catatumbo y militante del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática (AD). 

Aunque de distintos géneros y credos políticos, los exalcaldes recluidos hoy en esa comandancia de Las Acacias comparten historias comunes. Casi todos —con excepción de Nava— gobernaban cantones situados al oeste del Lago de Maracaibo, sobre la frontera con Colombia. Todos están acusados de ser cómplices de tráfico de drogas y otros cargos. Todos estuvieron desaparecidos, pues fueron presentados después de 50 días de ser detenidos y no dentro del plazo de 48 horas que establecen las leyes venezolanas. A todos les ha sido denegado el derecho a ser asistidos por un abogado privado. A todos les negaron el beneficio de la amnistía recientemente decretada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Y todos quedaron reunidos desde hace poco más de un año en un recinto que entre los activistas de las oenegés y los familiares de presos políticos se conoce coloquialmente como la cárcel de Diosdado Cabello. 

El relámpago trajo la oscurana

En la rueda de prensa del 4 de abril de 2025, Diosdado Cabello, eterno número dos del chavismo —en primer lugar del propio Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro y, actualmente, de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez—, explicó que el despliegue de la Operación Relámpago del Catatumbo tuvo inicio en febrero de 2025. Apenas al arrancar, las redadas capturaron a los alcaldes Nervins de Jesús Sarcos Urdaneta, de la ganadera población de San Carlos del Zulia (municipio Colón), y Nabil Maalouf, de la tradicional ciudad petrolera de Cabimas —ambos, representantes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) del tres veces gobernador de Zulia, Manuel Rosales—, además de Rafael Ramírez, miembro del también opositor Primero Justicia (PJ) y alcalde del municipio Maracaibo, capital zuliana.

Durante su comparecencia ante los medios, Cabello explicó que en el transcurso de la operación habían sido incautadas 16,3 toneladas de cocaína “de alta pureza”. Su versión sobre la supuesta trama de tráfico de drogas incluyó un inesperado giro político: los detenidos habrían actuado bajo la coordinación del empresario camaronero, José Enrique Rincón Rincón, dueño del Grupo Lamar, otrora aliado del chavismo pero a quien en noviembre de 2024 el propio Cabello había señalado como parte de un presunto complot que María Corina Machado lideraba para desestabilizar el país antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en enero de 2025, colofón del fraude electoral consumado por el PSUV el 28 de julio del año anterior. Cabello bautizó el presunto plan opositor como Operación no a la Navidad.

En noviembre de 2024, por este caso también fueron detenidos Pedro Velazco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal de Zulia, Maurely Viche Prietola, jueza regional; Francisco Javier Urdaneta, fiscal V del Ministerio Público; y José Gregorio Rondón Muñoz, fiscal superior de esa región occidental. En la ocasión, Cabello no especificó ante qué tribunal antiterrorismo presentaría el caso.

Entre otras aristas que expuso el ministro, como el de la complicidad necesaria de funcionarios militares y policiales, estuvo el plato fuerte del día: el de las detenciones de Indira Celina Fernández, Jorge Nava, Alberto Sobalvarro, Danilo Añez y Fernando Loaiza. 

Del paradero de todos ellos, sus familiares solo tuvieron noticias un mes y medio después, el fin de semana del 24 y 25 de mayo, cuando fueron finalmente presentados después de varias semanas de desaparición.   

Para completar estas detenciones, Cabello se valió no sólo del Sebin y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sino también del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), grupo de élite dependiente del ministerio de Interior y Justicia.

Precisamente fue ese el cuerpo de seguridad que el 2 de abril de 2026 tocó a la puerta de la casa de la hermana de Indira Celina Fernández, viviendo donde ese día Amanda Molero se encontraba.

Denominación de origen descontrolado

La sede de Las Acacias del Comando Antidrogas de la GNB fue un improvisado centro de reclusión que colmó su capacidad en los meses posteriores a la fraudulenta jornada electoral del 28 de julio de 2024. Salvo algunas menciones a partir de 2020, nunca estuvo realmente en el mapa como una cárcel formal para presos comunes o presos políticos- Solo recientemente, después de la captura por fuerzas militares estadounidenses de Nicolás Maduro y Cilia Flores, algunos reportes de prensa llegaron a referir la presencia de al menos 72 presos en el local.

Que un comando sea convertido en cárcel es una irregularidad. Los propios estatutos de la GNB respecto de los comandos antidrogas establecen unos lineamientos muy específicos sobre la utilidad de estos recintos. Ninguno precisa que puedan servir como albergues de presos. 

“Éste es un centro de detención primario, transitorio. Si un comando antidrogas hace procedimientos, los detenidos son llevados allí. Luego, en tribunales, si se acuerda medida privativa de libertad, deben ser transferidos a un centro penitenciario. Por eso [un comando antidrogas] es transitorio. Deben estar 48 o 72 horas, máximo una semana”, resume el abogado, exfiscal y otrora segundo al mando del Ministerio Público en tiempos de Luisa Ortega Díaz, Zair Mundaray, hoy en el exilio, en conversación con Armando.info. 

Esta distorsión, asegura, data de los tiempos en los que la hoy diputada oficialista, Iris Varela, se desempeñó como ministra del Servicio Penitenciario, cargo que asumió en dos etapas: entre 2011 y 2017, la primera, y entre 2018 y 2019, luego. 

“No existen normas en la GNB que la hagan administradora de un centro de detención. Pero pasó como con El Helicoide, que se convirtió en cárcel. ¿Y dónde dice que el Sebin puede tener una cárcel? También pasó con Boleíta. ¿Y dónde dice que el Dgcim debe tener una cárcel? Lo que hicieron fue replicar el modelo”, enfatiza Mundaray.

Las primeras detenciones de las que se tienen noticias en la colina de Las Acacias se remontan hasta 2020, cuando se registró un caso. Luego, en 2021, se registraron cuatro. En 2022, el número aumentó a cinco casos. En 2023, el total fue de 11. La progresión se aceleró en 2024, a raíz de las numerosas detenciones por las protestas contra el fraude electoral. Fue a partir de febrero de 2025 cuando el comando de Las Acacias mutó, de manera definitiva, en centro clandestino y masivo de reclusión, con hasta 72 detenidos, entre ellos los mencionados alcaldes. Las estadísticas provienen de una investigación independiente llevada adelante por la organización no gubernamental venezolana Justicia Encuentro y Perdón (JEP). 

Pesca de arrastre en el lago 

En marzo de 2026 trascendió que, para despejar el recinto, hubo liberaciones y traslados de la mayoría de los detenidos que estaban en el CNA de Las Acacias. Desde entonces, sólo hay cinco presos: los cinco alcaldes de Zulia. 

De la manera en la que el régimen los describió, los de los cinco exalcaldes zulianos son casos que colindan con el crimen organizado, antes que con la disidencia política. Pero cuando Armando.info conversó con familiares de cada uno de ellos, encontró que todos coinciden en darle poco o ningún crédito a los crímenes que se endilgan a los exalcaldes apresados, y en achacar la responsabilidad de la injusticia aparente a, paradójicamente, el ministro de Justicia. 

“Es la cárcel de los presos de Diosdado Cabello”, sentencia, de entrada, María Luisa Barrios de Sobalvarro, esposa del exalcalde Sobalvarro, una figura polémica que, antes de ser primer autoridad municipal, se desempeñó como diputado de la írrita Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

Sobalvarro acumuló no sólo poder político sino también económico a través del negocio tabacalero, con empresas en todo el Caribe. 

Según recuerda su esposa, Sobalvarro repetía en casa una especie de consigna: el partido no actuaría contra el partido. Esto es, que la tolda oficialista, a la que pertenecía, no se atrevería a apresar a sus militantes y que, para llamar a alguno a capítulo, ya estaba lo que se conoce como el Libro Rojo, el legajo normativo del PSUV, promulgado en 2010, que, entre otros ámbitos, establece la prioridad de los llamados de atención a miembros del partido ante posibles infracciones. Pero el día llegó para que el partido le forzara a rendir cuentas: la fecha fue el 13 de marzo de 2025. Nada le sirvió para escapar de la purga.

“Los del GOES nunca le dijeron de qué se trataba. Él pidió hablar con Diosdado Cabello y uno de ellos le dijo que Cabello era quien los estaba acusando. Lo sacaron del municipio y lo llevaron al centro de detención del GOES en Maracaibo. Luego, a Caracas, también al GOES”, relata a Armando.info la esposa del exalcalde. Allí, en la sede del GOES, en Fuerte Tiuna —el principal cuartel militar del país, al suroeste de la capital venezolana— estuvo detenido cinco días hasta que lo llevaron a Las Acacias.

En una segunda conversación, María Luisa Barrios de Sobalvarro recalcó el tinte político del caso de su esposo: “Más allá de cualquier cosa, lo que quisieron hacer con mi esposo fue sacarlo de la política”.

Cambios a bombazos

La historia de los últimos dos años del CNA de Las Acacias tuvo un parteaguas el 3 de enero de 2026, cuando un comando de élite de la Delta Force del Ejército de Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la exdiputada Cilia Flores, en Fuerte Tiuna. 

Hasta entonces, al mando del CNA de Las Acacias había estado el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Félix Manuel Arnos Rodríguez, designado por Nicolás Maduro en noviembre de 2024. En 2013 se desempeñaba como viceministro de Agenda y Actividades Presidenciales de Nicolás Maduro, cargo dependiente del Despacho de la Presidencia. Luego, en 2020, fue nombrado responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de la Unidad Administradora Desconcentrada del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 45 en el Estado La Guaira (antes, Vargas).

Durante poco más de un año, Arnos Rodríguez recibió a los detenidos que llegaban al centro de Las Acacias, lugar, por cierto, no muy lejano de El Helicoide. La entrada al comando está protegida, como constató Armando.info en una visita al lugar, por un portón negro de, al menos, dos metros de altura, antecedido por enormes erizos de concreto y púas para pinchar neumáticos. A los costados, alambres electrificados cubren el tope de los altos muros. 

Allí solía llegar Dariana Albornoz de Nava, esposa del exalcalde Nava, hasta que el dinero rindió. Desde entonces le ha sido imposible, dice: lo que invertía viajando desde Zulia hasta Caracas mermó la economía tanto de ella como de su familia. Prefiere seguir enviando el dinero que puede a su esposo en lo que se llama paquetería, es decir, la entrega de comida, medicinas y enseres, a través de la soldadesca del comando. 

Bajo el régimen de Arnos Rodríguez, recuerda Dariana Albornoz, los familiares de los detenidos vivieron los peores momentos del presidio. “Al principio nos dejaban verlos durante 10 minutos. Y pasaba mucho que en las requisas les robaban la comida, almohadas, la ropa... A mi esposo le robaron el tensiómetro y un calentador de agua. En otra requisa se llevaron la licuadora y la cocina. Lo rompieron todo”, asegura, al teléfono.

Pero desde el 21 de enero, cuando la recién estrenada presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, sustituyó a Arnos Rodríguez por el general de División Rafael José Hernández Aguirre, el cambio, coinciden los familiares de los alcaldes, ha sido notorio. A través de la dirección de correo electrónico de contacto de la Guardia Nacional Bolivariana, Armando.info envió una solicitud de entrevista a Hernández Aguirre. Hasta el cierre de la edición de este trabajo no hubo respuesta.

Diana Nieves de Añez, esposa de Danilo Añez, recuerda lo que le contó el exalcalde del municipio Lossada, ahora detenido, sobre las condiciones en que vivían los presos durante la comandancia de Arnos Rodríguez. 

“Hubo maltratos. Los tiraban en el piso y no les daban agua para bañarse. A mí, después de un mes fue que me permitieron llamarlo y tres meses después fue que lo vi”, describe. Hasta donde alcanzó a ver en una de sus pocas visitas, el lugar en donde se encuentran presos y familiares, una suerte de balcón, permite una visión hasta las celdas. “Pero les mandaron a tapar las celdas con sábanas, con cortinas. En donde ellos están es como un solo cuarto tipo estudio y ahí mismo tienen el baño”. 

María Luisa Barrios de Sobalvarro también se refiere a las celdas de aislamientos de dos por dos metros, conocidas como tigritos, muy comunes en las cárceles venezolanas. “Estar allí [en el tigrito] no fue el caso de mi esposo, pero sí de Ramón Centeno [periodista venezolano preso en el CNA Las Acacias, ya liberado]. También supimos que a todos los desnudaban, encadenaban y arrodillaban”.

Hasta que el recinto cambió de comandante, las mujeres no estuvieron exentas de reclusión en las celdas de castigo. Una de las infortunadas fue la exalcaldesa Indira Celina Fernández. Al mismo tiempo que otras cuatro compañeras de presidio, pasó cinco días recluida en el tigrito, confirma su hija. El motivo del castigo: se había bañado en una ducha. “Una ducha que se prestaban entre las detenidas. Pero, ¿cómo tuvieron acceso a la ducha? Es algo que nunca me quedó claro”, explica.

Durante el castigo solo salían una vez al día para vaciar el balde en donde orinaban y defecaban, una al frente de la otra. Otras presas les pasaban por debajo de la puerta dos arepas que se comían entre todas. 

“Y a mi mamá le quitaron el medicamento”, añade la hija de Fernández, quien también trae a colación que su madre es una paciente oncológica, diagnosticada en agosto de 2024 con cáncer de tiroides metastásico, por el que fue intervenida quirúrgicamente en noviembre de 2024. En mayo de 2025 tenía la cita de control. Un año después de esa fecha, todavía no ha podido ver a un médico. 

Otro cambio que los familiares tienen por una “mejora” es la del acceso al agua, aunque sean los propios parientes quienes deben pagar por ese servicio. “Nosotros tenemos que comprar el tanque de agua, que cuesta como 30 dólares. Tenemos que comprarlo cada 10 o 15 días. Los soldados nos escriben y nosotros les hacemos el pago móvil [sistema de transferencias interbancarias inmediatas muy común en Venezuela] a uno de ellos”, explica Ana Nieves de Añez.

La espera no los agotó

Además de estar presos en Las Acacias, los cinco exalcaldes tienen en común los cargos que les atribuye el ministro Diosdado Cabello: traición a la patria, tráfico de drogas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, tráfico de combustible y legitimación de capitales. Pese a la contundencia con la que el número dos del chavismo habló en la rueda de prensa del 4 de abril de 2025 y con la que mostró supuestas pruebas, aún no ha habido juicio contra ellos. 

A todos, también, les fue negada la posibilidad de la libertad por la vía de la Ley de Amnistía, de fugaz vigencia, que el gobierno interino de Delcy Rodríguez promulgó. Mientras tanto, representantes de organizaciones no gubernamentales, como Justicia, Encuentro y Perdón, que han acompañado a los familiares de los detenidos en Las Acacias, han alertado sobre la gravedad de estos casos: no sólo el de los cinco alcaldes, sino de todos los que han pasado por ese reclusorio sin las mínimas garantías.

La misma oenegé, a través de su directora, Martha Tineo, evalúa el trato corriente que reciben los detenidos de Las Acacias: “¿Son detenciones arbitrarias? sí. ¿Hubo desapariciones forzadas? sí. ¿Hubo tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes? sí. ¿Hubo violación al debido proceso? sí. ¿Son casos en los que hay gravísimas violaciones a los derechos humanos ? sí”.

Todo esto, apunta, es prueba tanto de la instrumentalización como de la perversión del sistema de justicia venezolano para perseguir y castigar a los disidentes. “En el caso de estos alcaldes de repente la génesis no es política, pero es gente que tiene enemigos y el sistema les permite hacer con esas personas lo que les dé la gana a los enemigos: detenerlas, desaparecerlas o torturarlas”. 

El tiempo de las familias se divide entre hacer llegar comida y medicinas a los detenidos y luchar para que, al fin, les permitan designar y juramentar abogados privados, algo que, asume María Fernanda Loaiza, hija de Fernando Loaiza, hasta ahora ha sido imposible. 

“Nosotros pedimos que nos enseñen las pruebas de lo que se les acusa. Ahora nos hablan de amnistía, perdón y reconciliación, ¿pero con quién? Este es un sistema que está reprimiendo y torturando”, expresa la hija del único opositor de los cinco presos de Las Acacias.

Mientras tanto, Indira Celina Fernández, Jorge Nava, Alberto Sobalvarro, Danilo Añez y Fernando Loaiza pasan sus días estudiando la Biblia y cantando una canción religiosa, El himno de victoria: “Cuando estés frente al mar /Y lo tengas que atravesar/ Llama a este hombre con fe / Sólo él abre el mar /Hermano, no tengas temor”.

Mientras destaca la comunión de su padre con los otros detenidos, María Fernanda Loaiza no se abstiene de condenar todo el contexto represivo que los rodea. “Es inhumano: el reflejo de esta dictadura que no ha caído”. En ella aún resuenan las palabras que, resignado, le dijo alguien inmiscuido en el ámbito jurídico de este proceso, y que cita: “Tú sabes que tu papá es inocente, pero es un preso de Diosdado”.