Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.

Detrás de una empresa panameña que recién creada vendió en 2015 materia prima a granel al Gobierno de Nicolás Maduro reaparece el tándem de empresarios que luego acapararía buena parte del negocio de importaciones para el principal programa social y de control social del régimen chavista. La compañía fue manejada por personas del entorno cercano al dueto, que lograron jugosas ganancias en contratos millonarios con la estatal Corpovex.

Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado 'banquero de Chávez' se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe. En medio del colapso, casi 1.500 ahorristas, registrados en una nómina que Armando.info ha consultado, quedaron con sus fondos cautivos. Pero no todos los afectados, casi siempre venezolanos, eran víctimas con el mismo perfil: en realidad muchos de ellos o pertenecen al círculo de empresas y socios del banquero, o son organismos del Estado chavista que colocaban dinero allí.

Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica

Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.

La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a la actividad privada, pero con renovados contactos con el Estado y apetencias por negocios inéditos. Uno de ellos, con éxito reconocido, fue el béisbol profesional, donde convirtió a Caribes de Anzoátegui en una potencia. Pero casi al mismo tiempo se embarcó en la constitución de una offshore en Islas Vírgenes Británicas que despertó suspicacias en un despacho de abogados panameño y nunca cumplió su cometido.

El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a mudarse a Dubai desde Madrid apenas se enteró de la disposición del también exmilitar a someterse a las autoridades de Estados Unidos. Para esa peregrinación, Mirabal debió soltar lastre, así que hizo cambiar de manos un superyate que en 2016 se había comprado a través de una offshore, y pasó su residencia en el suntuoso barrio de La Moraleja al crack del Real Madrid.

Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.

El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.

Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.