La ‘popstar’ barranquillera aparece domiciliada en Bahamas y con empresas de maletín en Luxemburgo y Malta, dos reconocidos paraísos fiscales, según encontraron dos medios españoles en los documentos de los llamados Paradise Papers. En la isla mediterránea protegió los derechos de sus obras intelectuales y marcas, valorados en 2009 en más de 31 millones de euros. Aunque asociada a iniciativas filantrópicas, la cantante no parece haber estado ni sorda ni ciega ante esta operación de ingeniería financiera urdida durante la gestión de su anterior manager y primer marido, Antonio De la Rúa. De hecho, el argentino fue desplazado por un abogado en la directiva de las empresas.

Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.

El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.

Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.

Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.

Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.

La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.

El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano” 

Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.

Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.