Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.

Cuatro empresas en el Gran Ducado sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela con contrapartes rusas. El hallazgo, obtenido en el marco del proyecto periodístico transfronterizo OpenLux, puede representar el eslabón perdido para las investigaciones que desde hace tiempo autoridades de Estados Unidos y España adelantan, por presunta estafa a Pdvsa y lavado de dinero, contra los jóvenes magnates que hicieron fortuna gracias a la adjudicación de contratos eléctricos durante el gobierno de Hugo Chávez.

Vuelven a levantar muros entre Colombia y Venezuela, pero, entretanto, hay quienes recuerdan que los pueblos de la raya debieron recibir más de $5.000 millones a través de una Ley de Fronteras que nunca fue. Los magistrados y legisladores de la República Bolivariana están en mora con su propia Constitución.

Las autoridades mexicanas culpan a las venezolanas por no verificar la calidad de los productos que llegan en los combos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Aunque las empresas aportaron información falsa en los empaques, se lavan las manos con tecnicismos burocráticos y siguen otorgando permisos de exportación. En Venezuela es algo de lo que ningún funcionario quiere hablar: durante meses el Gobierno de Nicolás Maduro compró y distribuyó entre los más pobres distintas marcas de leche en polvo de la peor calidad.

El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que calificaba como ‘no transparentes’ y atribuía al mercado negro de divisas, y que se cruzaban en una pequeña entidad de Barbados, Continental Bank. Esta era propiedad de venezolanos que en su país manejan el Banco Caroní, y las transferencias más jugosas las había enviado una casa de valores panameña en la que los hermanos De Grazia figuraban como accionistas principales.

Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.

Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por la efectividad de sus gestiones, que han comprometido las posibilidades de desarrollo del raquítico balompié local. Ahora tiene la batuta Jorge Giménez, un joven cercano al anillo de poder de Delcy Rodríguez y, junto con su padre, antiguo contratista del gobierno.

Atef Nemer pasó sin escalas del mercader de telas que recorría las polvorientas calles de Barinas en una bicicleta, al magnate que erige locales de lujo en el terruño de los Chávez Frías. Sus conexiones van más allá de la política y algunas solo se ventilan en tribunales. Pero el último hito de su expansión, el control de cuatro tiendas de Agropatria, irónicamente arroja algo de luz sobre el colapso y misterioso destino de la empresa estatal, que antaño fue la próspera Agroisleña

No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.

Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica.  Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás.