Ni las consignas patrióticas, ni la tensión diplomática entre ambas naciones han frenado la compra por parte de Venezuela del arroz de Guyana para los CLAP, el programa bandera del régimen de Nicolás Maduro. Aunque de manera extraoficial las compras a ese país están prohibidas desde mediados de año, los contratistas del gobierno han ideado la fórmula para simular un origen distinto del producto: los barcos salen de Georgetown, pero justo antes de llegar a Venezuela, atracan durante unas horas en otros puertos del Caribe.
Mientras los habitantes de El Cigarral y La Boyera se quejan de dos años de trastornos demenciales por la construcción del Centro Comercial Traki, las autoridades municipales de El Hatillo aseguran que la obra es legal “guste o no”. Detrás del edificio, que la administración del alcalde Elías Sayegh trató con benevolencia hacia la cadena de tiendas de los Chambra -hasta se reformó una ordenanza clave-, despuntan un terreno que era propiedad de dos constructores cercanos al chavismo y la necesidad de aumentar la recaudación a casi cualquier costa.
Con una tecnología tan ambiciosa como rudimentaria, desde principios del s.XXI y hasta fecha reciente el tráfico de drogas encontró en los semisumergibles uno de los vehículos más eficientes –e inusitados– para mover estupefacientes entre América y Europa. Estos artefactos «parten de Colombia, cruzando el Atlántico, hasta España», asegura la Fiscalía General de Colombia, mientras las autoridades buscan capturar a ‘Juan’, el misterioso capo gallego detrás de la operación.
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado fueron parte de los esquemas de lavado de activos usados para el pago de sobornos de la multinacional de origen brasileño. También algunos intermediarios en la distribución de coimas por contratos de obras obtenidos por la constructora tienen un largo historial con el narcotráfico. A pesar de todas las evidencias al respecto, la Fiscalía no termina de hacer ni esas conexiones ni las acusaciones a las que haya lugar.
Colombia prohibió la pesca y comercialización de tiburones en 2021. Apenas un año más tarde, un cargamento con algo más de 3.400 aletas de tiburón, con destino a Hong Kong, fue interceptado en el aeropuerto de Bogotá. Los miembros de estos escualos iban camuflados con vejigas natatorias de pescado que provendrían del Lago de Maracaibo, todas exquisiteces apreciadas por los gourmets chinos. Esta investigación sigue el rastro de parte del cargamento desde la Guajira venezolana hasta la capital colombiana y revela quién es el propietario de tan inusitado contrabando.
Ya alcanzaron Estados Unidos los forajidos que, siguiendo la ola migratoria venezolana, cometen fechorías en una docena de países. A todo tren esta megabanda se ha convertido en la que el general de policía Óscar Naranjo llama la organización criminal “más disruptiva” de Latinoamérica, una que le ha ganado escaramuzas hasta a la guerrilla colombiana. Ahora la Patrulla Fronteriza norteamericana reporta intentos de infiltrar la franquicia al norte del río Bravo.
No tiene capo, pero es manejado por la alta oficialidad de la Fuerza Armada Nacional. Hace poco ruido, pero tiene aliados tan poderosos como el Cártel de Sinaloa y el ELN. Su estructura es difusa, a veces se le tiene por una leyenda, pero existe, y es capaz de trasegar hasta 350 toneladas de cocaína al año. Entre ríos, fincas y avionetas, en Venezuela sigue traficando el Cártel de los Soles, como lo establecen las acusaciones de la justicia estadounidense a las que ahora respaldan decenas de documentos de la Fiscalía colombiana.
Impulsados por la necesidad de producir coca fuera de la región andina y abrir franquicias más rentables, los narcotraficantes están reinventando el viejo negocio del contrabando de drogas hasta hacerlo más global: por ejemplo, los cultivos se mueven a Centroamérica mientras, en Holanda, España, Australia y Senegal, aparecen laboratorios para procesar cocaína, algunos con ‘cocineros’ colombianos. Pero no solo eso: las organizaciones criminales también innovan en el transporte de la droga que ahora camuflan de las maneras más disímiles.
Las autoridades luchan para enfrentar el carácter global del narcotráfico de manera aislada y local, pero los periodistas pueden trabajar juntos para construir una imagen más completa de cómo operan los grupos delictivos internacionales. 'NarcoFiles' es el mayor proyecto colaborativo de periodismo de investigación sobre el crimen organizado que ha surgido en América Latina y la prueba de la existencia de organizaciones criminales sin fronteras.
Fue acusado por autoridades del régimen de Nicolás Maduro de traficar oro y solicitado en extradición por la justicia y la fiscalía chavistas. Después de dos años de persecución, estas suspendieron las imputaciones por robo y contrabando. Aunque nunca paró su actividad, la reciente inauguración de una segunda posada de lujo en Canaima, Waka Wená, marca el regreso a la vida pública de este empresario de ascendencia portuguesa al que las organizaciones ecologistas no dan tregua.
Desde 2022, cinco niños con leucemia han fallecido y decenas han sufrido efectos adversos, incluyendo el contagio de meningitis, como consecuencia del tratamiento que se les suministró en el principal centro pediátrico de Venezuela. Las sospechas recaen sobre un medicamento importado de India que se sigue administrando. La situación causó la renuncia de varios médicos, pero las autoridades de salud escamotean los resultados de la evaluación del fármaco y hacen todo lo posible por ocultar la crisis. Mientras, otros niños con leucemia pueden correr el mismo riesgo.
El periodista colombiano Rafael Moreno fue asesinado el 16 de octubre de 2022. Un año después, Forbidden Stories y sus socios han retomado su última investigación, sin duda una de las más peligrosas, sobre un extendido sistema de malversación de recursos naturales. Testimonios exclusivos nos han permitido seguir la pista de algunos personajes políticos especialmente influyentes y temidos de la región
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera. Ambos militares están detenidos por la trama Pdvsa-Cripto.
Un triángulo de influencias sobre decisiones de las cortes venezolanas, conecta al abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges con dos viejos amigos suyos: el Fiscal General, Tarek William Saab y el grandeliga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caraballo. Tras bastidores, Mendiri ha actuado como un cabildero que mueve los hilos de la justicia para favorecer a sus allegados o clientes, muchos venidos, como él mismo, de la gerencia de equipos de ligas deportivas.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
Este pueblo indígena casi extinto del Amazonas venezolano tuvo que abandonar sus tierras ancestrales para poner las aguas del Orinoco entre sus jóvenes y los reclutadores de la subversión colombiana. Pero el desplazamiento no les garantiza nada, excepto el deterioro de sus ya pobres condiciones de vida, frente a las tentaciones de las armas y el narcotráfico.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
Pese a la codicia que despiertan las riquezas minerales de ese territorio del sur del estado Bolívar, ningún grupo irregular ha logrado adueñarse de él gracias a la vigilancia de los pemones, sus propietarios colectivos. Sin embargo, las dragas de guyaneses y brasileños, conocidas como ‘misiles’, han llegado a Ikabarú y podrían causar una destrucción nunca antes vista.
En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
El Estado chavista ha patrocinado desde hace unos años una especie de gentrificación de la explotación del oro al noreste del estado Bolívar: los mineros artesanales e informales están siendo desplazados para abrir paso a operaciones de escala industrial. Alrededor de El Callao la tendencia adquiere matices de drama social, mientras prosperan alianzas mixtas de autoridades oficiales con sujetos de cuyas identidades y credenciales se sabe poco (excepto de su cercanía al gobierno).
Dos antiguas perlas del Caribe muy venidas a menos, Cuba y Margarita, han quedado conectadas desde el año pasado por una ruta ‘turística’ que un grupo de funcionarios diseñó para exprimir los ahorros de los emprendedores de la más grande de las Antillas. Cazadores de gangas que solo se dejan ver en hoteles del Estado chavista y en tarantines del decaído Puerto Libre, arrastran consigo maletas que apenas logran llenar para la reventa, así como algunos intentos de fuga y la vigilancia de los espías del castrismo.
