El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a mudarse a Dubai desde Madrid apenas se enteró de la disposición del también exmilitar a someterse a las autoridades de Estados Unidos. Para esa peregrinación, Mirabal debió soltar lastre, así que hizo cambiar de manos un superyate que en 2016 se había comprado a través de una offshore, y pasó su residencia en el suntuoso barrio de La Moraleja al crack del Real Madrid.
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Una mansión de tres plantas en uno de los barrios más tradicionales y ostentosos de Madrid, un superyate valorado en 7,6 millones de dólares, caballos de competencia y obras de arte, son algunos de los lujos que el abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro se dio mientras vivía en la capital española. Esa estadía llegó a su fin en octubre de 2019 con la venta de su inmenso chalet que, a través de una inmobiliaria, pasó a las manos del futbolista croata Luka Modric, astro del Real Madrid, quien pagó más de 13 millones de dólares por la vivienda, según reseñas de la prensa deportiva española.
Documentos provenientes de los Papeles de Pandora, una masiva filtración de 11,9 millones de archivos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en la que participa Armando.info entre 150 medios de todo el mundo, revelan que Mirabal Castro se valió de la offshore Lisal Enterprises Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, para comprar el yate Sanoo a finales de 2016.
Los registros inmobiliarios de la capital española, obtenidos a través del Proyecto sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), muestran que años después, el 3 de octubre de 2019, Modric, el mejor jugador de la más reciente Copa del Mundo en Rusia, compró la mansión de Mirabal.
Mirabal Castro, un exempleado del desaparecido Banco Industrial de Venezuela (BIV), y muy cercano al expresidente de esa institución, Leonardo González Dellán —sancionado por Estados Unidos en 2019 por presunto lavado de dinero—, fue acusado por su propia hermana de ser uno de los presuntos testaferros del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, condenado este último a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por un tribunal en Florida, bajo cargos relacionados con blanqueo de capitales por un monto superior a los 1.000 millones de dólares.
La casa está ubicada en el barrio La Moraleja, una exclusiva urbanización al norte de la capital que cuenta con dos de las 10 calles más caras para la compra de viviendas en toda España, de acuerdo con un trabajo del diario El País. En esta urbanización tuvo su mansión el fallecido exdictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que tras ser derrocado en 1958 huyó con un botín que le permitió comprar esta propiedad, que, por cierto, fue vendida en 2015 por 12 millones de euros, más de 13 millones de dólares.
Los rincones y detalles de la casa que terminó en manos de Modric se conocieron antes de la transacción gracias a la esposa del abogado, Carolina Chapellín de Mirabal. La exconcursante del Miss Venezuela dio en 2016 una extensa entrevista a la revista Love en la que mostró cada rincón de la enorme propiedad de tres plantas de 1.756 metros cuadrados, construida sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados. Identificada como una socialité por la revista del corazón, la exmodelo venezolana habló en la nota sobre su labor como decoradora de la enorme casa, enseñó su guardarropas con zapatos y ropa de lujo, la sala de cine con butacas para 18 personas que está en el sótano, las obras de arte contemporáneo que ocupan sus paredes, un gimnasio completo, un jardín con piscina y un garaje con 10 puestos para autos.
Señaló que ella y su marido salieron del país por “la situación de Venezuela” en 2009 y que decidieron irse de Florida en 2015 —poco después de que iniciaran los rumores de que Andrade estaba colaborando con la justicia estadounidense, como en efecto ocurría— porque en Europa están la principales competiciones de caballos, la principal afición de Mirabal. “Sus caballos ahora están en una finca privada”, detalló la publicación.
A finales de septiembre de 2016, un total de 125 yates, valorados en más de 3.000 millones de dólares, atracaron en el exclusivo Port Hercules para participar en el Monaco Yacht Show. Entre las embarcaciones que se exhibieron en el principado monegasco, uno de los destinos predilectos de las grandes fortunas europeas, estaba el superyate de 40 metros de eslora Sanoo, valorado en ese momento en 7,6 millones de dólares y construido en 2005 por la compañía italiana CNR. Su diseño atrajo la atención de algunos portales especializados que lo situaron entre las 10 mejores embarcaciones de estilo deportivo del evento.
Los documentos de los Pandora Papers demuestran que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), encargado de incorporar y manejar Lisal Enterprises Limited, siguió las instrucciones de Mirabal Castro de otorgarle un poder para que pudiera comprar el yate en noviembre de ese año. La embarcación, que en la actualidad se llama Bunker, cuenta con tres cubiertas y cinco habitaciones en la que pueden dormir hasta 12 personas.
En una de sus cubiertas los invitados encuentran tumbonas de playa, lujosos muebles y hasta un jacuzzi. También disponen de “juguetes” y equipos para practicar deportes acuáticos. Entre ellos destaca una tabla flotante que es propulsada por agua a presión, una moto de agua y una embarcación pequeña, conocida como jet tender, que va dentro de un garaje en la popa del yate y que puede superar los 100 kilómetros por hora, lo que permite, por ejemplo, practicar esquí acuático.
Los documentos filtrados indican que, además del poder otorgado a Mirabal Castro en noviembre de 2016 para comprar la embarcación, el 16 de diciembre de ese año Alcogal envió otra comunicación, firmada por Edgardo E. Díaz y Fernando A. Gil, dos abogados del bufete que actúan como directores de la offshore, hasta una dirección en las Islas Caimán. En el paquete se adjunta el “nombramiento de una persona autorizada”, a favor de Richard Rich y Carolyne Connor, integrantes de una empresa llamada Pensum LTD, con sede en las Islas Caimán, especializada en el manejo de la propiedad y las operaciones relacionadas con embarcaciones.
Este tipo de autorizaciones se otorgan por un lapso corto para procesar el registro de un barco. En el caso de Bunker, el yate posee la bandera de las Islas Caimán, una de las predilectas en el mundo por las ventajas fiscales y facilidades de registro que ofrece. El 21 de septiembre, Armando.info envió un cuestionario al correo electrónico de Pensum LTD para obtener más detalles de esta operación, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.
Dos portales especializados reportaron que la nave fue remodelada en 2017 y vendida nuevamente en enero de 2019. Algunos de los elementos de la remodelación coinciden con las inclinaciones de diseño de interiores que Carolina Mirabal mostró a la revista Love, como la presencia de las casas de moda Roberto Cavalli o de la francesa Hermès en las sábanas, toallas y otros artículos de hogar y la decoración ecléctica que combina luces LED y obras de arte, entre las que se haya una pieza del artista venezolano Carlos Enrique González
El nuevo propietario, al que no identifican las publicaciones sobre embarcaciones de lujo, lo adquirió con el fin de alquilarlo. Actualmente el yate puede ser rentado en el lujoso destino turístico de Ibiza, y otras Islas Baleares, por un monto que ronda los 150.000 dólares por semana. La fecha del cambio de dueños coincide con la creación de Lisal Enterprises Malta Limited, inscrita como “entidad no residente” en Barcelona, España, desde el primero de enero de 2019 y que tiene como objeto el “alquiler de medios de navegación”.
El 15 de abril de 2019 una empresa del mismo nombre fue inscrita en Malta, una isla en el Meditarráneo oriental que también tiene características de paraíso fiscal. El único accionista es Lisal Enterprises Limited, la empresa de Mirabal. Como director de esta nueva compañía aparece Equiom (Malta) Limited, una subsidiaria del Grupo Equiom, cuya actividad central es el manejo de fortunas de clientes adinerados, ya sea administrando compañías, cuentas bancarias, propiedades, fondos de inversión o embarcaciones como los yates.
De acuerdo con el perfil de Mirabal en LinkedIn, la red social para la búsqueda de talentos profesionales, Lisal Enteprises Limited es una firma dedicada a ofrecer servicios de asesoría financiera a corporaciones e individuos. Se precia de tener como clientes a jugadores de fútbol de Europa y Suramérica, así como a “artistas del entretenimiento” de Estados Unidos. Aunque no precisa los nombres de ninguno, el abogado fue vecino de muchas de las estrellas del Real Madrid, como Sergio Ramos, Benzemá, Marcelo, Varane e Isco.
Otros vecinos venezolanos de Mirabal en La Moraleja tuvieron problemas con la justicia. El pasado 18 de septiembre el diario El Mundo de Madrid informó sobre el embargo de una casa en este barrio relacionada con la trama de sobornos dirigida por el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, quien enfrenta procesos judiciales en España, Estados Unidos y Andorra. “Crearon sociedades offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o Emiratos Árabes con el asesoramiento de despachos especializados como Alemán Cordero & Galindo”, señala el diario citando un informe policial.
Armando.info envió un cuestionario el 21 de septiembre solicitando precisiones al bufete Alcogal sobre la actividad de la empresa de Mirabal, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota. En una respuesta general al ICIJ fechada el 13 de septiembre, el bufete dio respuesta sobre algunos casos de las filtraciones, mientras que en otros alegó que no podía dar información por motivos legales.
El camino que recorrió Mirabal desde que salió de Venezuela, hace más de 10 años, está muy asociado a Leonardo González Dellán, sancionado por Estados Unidos en enero de 2019 bajo acusaciones de servir de testaferro a El Tuerto Andrade, mote con el que Hugo Chávez solía llamar al extesorero, un militar retirado que antes fue su guardaespaldas. “González administraba cuentas bancarias asociadas con Andrade, y poseía y controlaba empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade y comprar propiedades y caballos para Andrade”, señala la nota de prensa del Departamento del Tesoro que informa de la sanción al venezolano. De acuerdo a la entidad estadounidense, González Dellán, junto a los empresarios Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, pagaba gastos del extesorero “relacionados con numerosos aviones y yates”.
Dos fuentes, que conocieron a Mirabal cuando vivía en Caracas, coincidieron en señalar que este y González Dellán, su antiguo jefe en el BIV, hacían reuniones de negocios en el restaurante Alto, en Los Palos Grandes, una urbanización de clase media y alta en el noreste de la ciudad. Un boletín de propiedad industrial del 10 de noviembre de 2008 del Ministerio de Industrias y Comercio indica que Leonardo González Dellán solicitó la reserva del nombre comercial Alto Restaurant en esa fecha. “Ese local es de ellos. Ahí se reunían, muchas veces con gente del gobierno”, indicó una fuente que pidió la reserva de su nombre.
Andrade y Mirabal compartían la pasión por la hípica y ambos tenían fincas de caballos en Wellington, la meca estadounidense de la equitación, en Florida. Emanuel Andrade, hijo del extesorero, es jinete y ambas familias coincidieron en muchos eventos ecuestres en Estados Unidos. También compartieron firmas para la administración de sus empresas en Florida. Integrantes del bufete González & Shenkman, como Francisco J. González, y de la firma Froehlich & De La Rúa, como Beatriz de La Rúa, aparecen en el registro de Florida en la empresa Farm G&C, Inc, una compañía de Mirabal. González & Shenkman también fue la firma encargada de administrar Telsey Properties Holding LLC, la corporación a través de la cuál Andrade manejaba sus propiedades, mientras que de la Rúa fue la primera directora de esta compañía en 2012.
Esta combinación de firmas, con los nombres de Francisco J. González y Beatriz de la Rúa, se repetirá en Doble A Management, LLC; Doble A Farm, LLC y Malabar Management LLC, empresas cuyos activos y cuentas bancarias fueron confiscadas por las autoridades estadounidenses en el juicio contra Andrade. Al extesorero venezolano le fueron incautados 13 vehículos de alta gama, 17 caballos, 35 relojes de lujo y nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza, todas a nombre de estas empresas. El 22 de septiembre Armando.info envió un cuestionario a estas dos firmas sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de este trabajo.
Wellington Property Holding LLC., otra empresa de Mirabal registrada en Florida el 10 de mayo de 2009, hacía las veces dueña de la propiedad de G&C Farm, la granja de caballos del abogado venezolano en Florida, con de 4,11 acres (más de 16.000 metros cuadrados) de superficie, valorada en 11,9 millones de dólares de acuerdo con páginas especializadas en bienes raíces.
En 2014, como lo indica El País de España, corrían rumores sobre la colaboración de Andrade con la justicia norteamericana. Poco después, en agosto de 2015, Mirabal completaba su mudanza a Madrid, en donde compró su lujosa mansión en La Moraleja.
De acuerdo con el portal floridaparcels.com en 2015 la granja de caballos de Mirabal en Wellington cambió de dueño y pasó a ser propiedad de una empresa de nombre Wellington Property Owner LLC, cuyo director es Neil Moffitt, otro empresario con inversiones en caballos. En 2016 Mirabal disolvió las dos empresas de Florida y, de acuerdo con los registros migratorios de ese país, no ha vuelto a Estados Unidos desde 2017, el año en que Andrade se declaró culpable. En 2019 siguió su desplazamiento hacia el oriente, presionado por informaciones de prensa que indican que las autoridades norteamericanas le seguían la pista, y vendió su mansión en Madrid y el yate que compró mientras estaba en España. Ahora, según los portales que el mismo Mirabal creó para promocionarse y limpiar su imagen en internet, maneja todos sus negocios desde el Centro Financiero Internacional de Dubai.
Hasta que conoció a González Dellán, Mirabal vivió en un modesto apartamento en Bello Monte, una urbanización de clase media en el este de Caracas. En 2003 la instauración del control de cambio posibilitó la creación de un esquema paralelo de divisas a través del mercado bursátil. Esta nueva modalidad permitió asignaciones irregulares de títulos de deuda del Estado. Organismos del Gobierno vendían estos papeles a determinadas instituciones no al precio paralelo, sino al oficial, lo que permitía a los dueños de estas casas de bolsa o sociedades de corretaje, vender o canjear luego estos títulos a la tasa paralela y obtener una jugosa ganancia en el proceso. Esto se tradujo en una pérdida patrimonial para el Estado de miles de millones de dólares, mientras daba lugar a nuevas fortunas personales.
En el epicentro de este esquema estuvo Andrade, quien en el juicio en Estados Unidos admitió que, desde 2007 hasta el 20 de enero de 2011, período en el que se desempeñó como tesorero nacional y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), aceptó “sobornos de co-conspiradores a cambio de seleccionarlos para llevar a cabo el proceso de cambio de dólar estadounidense a bolívares”.
A manera de explicación para la fortuna con que contaba para invertir en Florida, Mirabal aludía a los negocios del bufete Mirabal & Asociados, indican allegados que pidieron la reserva de su nombre. En su hoja de vida agregaría luego que fue “asesor financiero” y banquero, sin precisar qué institución financiera dirigió.
En su propio perfil en Linkedin, Mirabal asegura que el bufete tuvo como clientes en Venezuela a Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, Unicapital Casa de Bolsa, Uno Valores Casa de Bolsa e Inverunión Banco Comercial, instituciones financieras asociadas al banquero Gonzalo Tirado Yépez, que fueron intervenidas por el Gobierno en medio de la llamada “mini crisis bancaria” de finales de 2009 y comienzos de 2010.
Entre los miembros del bufete estaba José Joaquín Núñez Martínez, socio de Tirado. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó la extradición de ambos en 2010, poco después de que Mirabal se mudara a Florida, y los acusó de desviar unos 1.900 millones de dólares pertenecientes a ahorristas en créditos otorgados a empresas relacionadas con Tirado. Armando.info también envió un cuestionario a Mirabal el 21 de septiembre para obtener su versión, al correo electrónico del escritorio jurídico, pero no se recibió respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.
A pesar de que la única actividad comprobable de las empresas creadas por Mirabal es la adquisición de distintos tipos de propiedades, entre ellas el flamante yate Bunker, el abogado sigue defendiendo la labor de su bufete. Explica que ahora tomó la denominación de Mirabal And Associates y, en la página web de la firma, indica que esta maneja las fortunas de clientes adinerados en todo el mundo con oficinas en Dubai, Nueva York, Madrid, Ginebra y Caracas.
El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Directivo de la empresa Pensum LTD, con sede en las Islas Caimán, al que Gustavo Mirabal le concedió un poder para que hiciera los registros del yate Sanoo que compró a finales de 2016.
Centrocampista del Real Madrid y mejor jugador de la Copa del Mundo de 2018. En 2019 compró, a través de una inmobiliaria, una mansión en el barrio La Moraleja, que anteriormente perteneció a Gustavo Mirabal.
Expresidente del Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004, periodo en el que fundó varias empresas offsohre. Fue sancionado por Estados Unidos en 2019, acusado de estar relacionado con el esquema de lavado de dinero de Alejandro Andrade.
Empresa inscrita en las Islas Vírgenes Británicas por el bufete Alcogal. Su único accionista es Gustavo Mirabal. A finales de 2016 el abogado venezolano la usó para comprar un lujoso yate valorado en 7,6 millones de dólares.
Militar retirado y exguardaespaldas de Hugo Chávez que fue Tesorero Nacional (2007-2010) y presidente del Bandes (2008-2010). En 2018 fue condenado a 10 años de cárcel en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de dinero.
Abogado venezolano que trabajó en el Banco Industrial de Venezuela (BIV) en donde fue muy cercano a Leonardo González Dellán. Vinculado al extesorero Alejandro Andrade, se mudó a Dubai en 2018 tras el arresto del exfuncionario.
