Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta Cadivi, estuvo relacionado con empresas de ultramar
El 11 de febrero de 2016 culminó la historia del Banco Industrial de Venezuela (BIV). Una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) fue el acta de defunción para una institución financiera que nació en 1937.
“Acordar la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera y, en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa”, señala el artículo 1 de la medida, contenida en la Gaceta Oficial 40.846.
Pero el final del BIV estaba escrito desde hace tiempo. En 2011 la Contraloría General de la República (CGR) recomendó terminar el “proceso de intervención” al que estaba sometido el banco desde 2009. Aconsejó su “liquidación”en “aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema financiero nacional, así como los derechos de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores en atención a que el banco presentó serios problemas de orden económico, financiero y de planificación presupuestaria, durante los años 2007 y 2008”.
Pérdidas millonarias, intervenciones y rescates financieros del Gobierno cada cierto tiempo fueron constantes en el banco. A las cifras en rojo se sumaron también la mala administración y la rotación permanente en la directiva del BIV. En los primeros ocho años del gobierno de Hugo Chávez hubo hasta ocho presidentes.
Uno de ellos fue Leonardo González Dellán, quien, de acuerdo a los papeles del bufete panameño Mossack Fonseca, es beneficiariode varias sociedades en paraísos fiscales. González Dellán fue designado por Chávez para dirigir el BIV en 2002 y estuvo en el cargo hasta 2004, cuando fue relevado por Arné Chacón, el hermano del ex ministro Jesse Chacón,que luegofue detenido en 2009 a propósito de la crisis financiera vivida ese año.
Los documentos del bufete Mossack Fonseca, que recibió de una fuente anónima el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas en todo el mundo bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), comprueban que González Dellán estuvo vinculado a sociedades offshore desde su época al frente del BIV.
Un correo electrónico entre ejecutivos del bufete panameño, fechado el 4 de abril de 2013, no deja dudas sobre el cliente.“En el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela existe un documento en el que el Sr. Leonardo González Dellán funge como representante del Banco Industrial de Venezuela (BIV). En este documento se indica el nombre completo y el número de identificación personal que justamente coincide con el documento de nuestro director”, se lee en la comunicación. Detalla, incluso, que “se encontró también el contacto que llegó a tener el Sr Leonardo González Dellán con Hugo Chávez”.
Los primeros emails relacionados con González Dellán se remontan a 2010, pero los papeles de las sociedades descubren que estuvo relacionado con una sociedad, cuyo agente registrador fue el bufete Mossack Fonseca, desde 2003.
Se trata de Blue Crest Holdings S.A, una sociedad registrada en Panamá el 20 de agosto en 2003. “El capital autorizado de la sociedad es de diez mil dólares (10.000 US$), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, divididos en 100 acciones que podrán ser nominativas o al portador, de un valor nominal de cien dólares (100 US$) cada una. La junta directiva podrá permitir que los certificados al portador sean canjeados por certificados a nombre del dueño y viceversa”, se lee en el pacto social de la compañía, especie de acta constitutiva.
El 21 de agosto de 2003 se emitieron cuatro certificados al portador, equivalentes a una acción cada una. Un quinto certificado por 100 acciones fue emitido a favor de Leonardo González Dellán el 23 de julio de 2014. Pero la relación del expresidente del BIV con la sociedad Blue Crest Holdings S.A. no quedó allí.
El 20 de octubre de 2003 los directores de Blue Crest Holdings S.A, personas colocadas por Mossack Fonseca para tal fin, confirieron un poder para “administrar la sociedad sin limitación alguna” a José Ángel González Dellán, hermano del ex presidente del BIV, y quien, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), es presidente de la Asociación Cooperativa Colosal XX, R.L, una empresa que ha prestado servicios a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), servicios tan variados como el “suministro de comidas”, “construcción y remodelación de oficinas” y “construcción de vialidad y señalización”, entre otros.
Ese 20 de octubre de 2003 también se emitió un poder en favor de Luis Alberto Benshimol, asesor de inversión que estuvo ligado a varias firmas bursátiles como Lemon Casa de Bolsa en 2003 y posteriormente a Bencorp Casa de Bolsa C.A, una de las tantas intervenida por la Comisión Nacional de Valores en 2010, luego de que el entonces ministro Jorge Giordani decidiera acabar con el sector.
A partir del 21 de julio de 2005 el propio Leonardo González Dellán tuvo un poder para administrar sin limitaciones a Blue Crest Holdings S.A.
La etapa de González Dellán al frente del BIV coincide con el nacimiento del control de cambio, decretado por Chávez en febrero de 2003 y aún vigente, así como con el origen de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Varias notas de El Universal, publicadas entre 2003 y 2004, revelan la participación que tuvo el BIV en ese momento.
El 31 de diciembre de 2002, en medio del denominado “paro petrolero”, Jesús Rodolfo Bermúdez, quien entonces era Viceministro de Finanzas, se dirigió al BIV para abrir fideicomisos a nombre de la República: uno por 1.500 millones de dólares, mediante un pagaré a 18 meses y una tasa de 14,5%, otro por 700 millones de bolívares y un tercero por 1.413 millones de dólares.
De acuerdo a las informaciones de entonces, el Ministerio de Finanzas usó ese esquema para cancelar compromisos de pago a organismos públicos y empresas privadas, pero “los pagarés terminaron inyectando gasolina al mercado paralelo de divisas”, reseñó El Universal el 18 de julio de 2004.“En otros casos las empresas exigieron a los compradores, principalmente bancos y casas de bolsa, que cancelaran el pagaré a 100% de su valor facial, con lo que las instituciones financieras adquirieron por esta vía dólares a 1.600 bolívares, exactamente el precio al que el Ejecutivo entregó divisas a los sectores prioritarios de la economía en 2003”, agrega la nota.
El diario El Nacional publicó en 2007 una información sobre la administración del BIV durante el Gobierno de Chávez, en la que se resumió el paso de González Dellán por la institución así: “Leonardo González Dellan, cercano a Copei, fue nombrado presidente del BIV en noviembre de 2002, pero salió en julio de 2004. Para entonces la morosidad llegaba a 49%”.
En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los “operadores” financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el “diferencial cambiario”.
Hijo del ex senador copeyano, Eudoro González, y hermano del actual diputado de Primero Justicia, Eudoro González, Leonardo González Dellán conoció a Chávez a principio de su gobierno y terminó formando parte de su gobierno. Los papeles de Mossack Fonseca confirman que la relación de González Dellán con el bufete y las sociedades en paraísos fiscales no terminaron con Blue Crest Holdings S.A. En diciembre de 2010 representantes del bufete J.A Fernández y Asociados, otra firma legal panameña, en representación del ex presidente del BIV, contactaron a Mossack Fonseca para solicitar información sobre la disponibilidad para “reservar” algunas de las compañías.
“En atención a la sociedad en referencia, les confirmamos que el único accionista de la sociedad es el señor Leonardo González Dellán, por lo cual les solicitamos confeccionen un certificado de acciones por la totalidad del capital social a favor del señor González Dellán”, se lee en un correo del 7 de diciembre de 2010 enviado desde J.A Fernández y Asociados a ejecutivos de Mossack Fonseca. La sociedad en cuestión era Rodsal Company Limited, registrada por Mossack Fonseca el 5 de agosto de 2010 en Islas Vírgenes Británicas. “La compañía está autorizada a emitir un máximo de 50.000 acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”, estableció el registro de la empresa, cuyo accionista hasta julio de 2013 fue Leonardo González Dellán. Previamente hubo un cambio de directores y finalmente se emitió un certificado con las 50 mil acciones en favor de Weltrust, una compañía suiza, cuyo agente registrador pasó a ser el bufete Python & Peter hasta que la sociedad fue disuelta en noviembre de 2015. Los documentos de Mossack Fonseca prueban que el ex presidente del BIV también adquirió en julio de 2011 la sociedad Gran Rex Alliance, registrada en Panamá el 11 de mayo de 2010, con un capital autorizado de 10 mil dólares, divido en 10 mil acciones de un dólar al “portador”. En este caso los papeles muestran que el bufete uruguayo Estudio Posadas & Vecino Consultores Internacionales traspasó a Mossack Fonseca toda la documentación relacionada con el origen de la sociedad. No fue posible contactar a González Dellán para este trabajo. Fuentes consultadas indican, sin embargo, que hace vida en Europa. En 2012 la prensa del corazón reseñó ampliamente su boda en Las Vegas, Estados Unidos, con la ex miss y modelo venezolana, Aida Yéspica. En las informaciones se refieren al expresidente del BIV como un “abogado venezolano” sin mayores referencias, pero sí muestran las fotos del enlace, así como otras divulgadas por su esposa en las redes sociales en las que aparecen disfrutando de lugares paradisíacos como Saint Tropez, Islas Baleares y Sicilia.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
